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Una revolución contra el patriarcado

La imagen del asesino de Rosa Cely revelaba a un monstruo, una miseria humana, tan desagradable su presencia como sus actos.  

No expresaba culpa ni vergüenza. No se notó miedo en sus ojos. Nada podía compensar lo que le había hecho a su víctima, a la que le encontraron restos de material vegetal dentro de su abdomen. El tiempo entre la llamada de auxilio de Rosa y su hallazgo en el Parque Nacional, fue un tiempo maldito. Horas que la acercaron cada vez más a la muerte.

El infierno que vivió esta mujer, inimaginable quizá, es el infierno que han vivido y vivirán otras mujeres. El espectáculo mediático banaliza asuntos que requieren miradas de mayor profundidad. En lo estructural nada cambia.

Gloria Patricia Ruiz Bedoya es el nombre de la reciente víctima en la ciudad de Cartagena. La asesinó su pareja, un patrullero de la policía, que disparó sin piedad contra la mujer indefensa y contra sus hijos. Patrullero, de la Policía Nacional, la misma institución que debe velar por la seguridad de las mujeres.

Sabemos qué hizo este patrullero por arrancarle la vida a Gloria, pero no se sabe qué está haciendo la Policía por garantizar los derechos de las mujeres de la ciudad. Y no me refiero a un evento aislado del que se saca un boletín de prensa que luego se envía a los medios, me refiero a estrategias contundentes que se evidencien en la vida de las mujeres y no en informes ajustados.

El movimiento social de mujeres en Cartagena ha exigido, por años, un Consejo de Seguridad para mujeres, en el que se sienten periódicamente las distintas entidades competentes y tomen decisiones estructurales. Pero parece que las autoridades no tienen interés o no tienen la capacidad. Cuántas más tendrán que morirse para que la ley 1257 se aplique, y cuántos policías tendrán que ser los asesinos para que la institución comprenda que el problema va más allá de los mal llamados “crímenes pasionales”.

El asesino de Rosa Cely fue declarado inimputable por el asesinato de otra mujer, hechos que ocurrieron hacen 10 años. Sin embargo, no cumplió la pena porque fue declarado inimputable por Medicina Legal, por su supuesta condición mental. En Cartagena, el programa de Salud Mental tiene asignado mucho menos del 1% del presupuesto de salud. La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, y sin embargo no existen programas adecuados ni para las víctimas ni para los victimarios.

El reciente comunicado de la Ruta Pacífica de Mujeres, regional Bolívar, recuerda a Yanini Pérez y Paola Támara, ambas violadas, empaladas y asesinadas en Cartagena el 18 de agosto de 2011. Pocos recuerdan estos hechos. Muchos los justifican. Poco se judicializa. 

De cualquier modo, se emprenden acciones coyunturales, pero no se implementan políticas que detengan la barbarie. Se requiere una revolución que derribe los modelos sexistas y cuestione de frente al patriarcado. Nos están violando, torturando y matando.  ¿Cuántas más? El asesinato de una mujer es el de todas las mujeres del mundo.



*Psicóloga, activista, defensora de derechos humanos.



claudiaayola@hotmail.com

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