Mientras el gobierno del presidente Santos alardea el gol que se está anotando en el escenario internacional con la Ley de víctimas y el reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia, las alcaldías y las gobernaciones se muerden las uñas sin saber cómo van a afrontar los nuevos desafíos y cómo van a articularse con el Gobierno central en el logro de los objetivos.
En el marco de la reglamentación, la pregunta del panorama inmediato llega en medio de la transición electoral, en la que los entes territoriales se preparan para asumir lo que dicta la ley, pero al mismo tiempo se mueve la política y se preparan los asientos para los nuevos gobernantes.
Los candidatos, sin embargo, con el afán de no caer en las mismas prácticas políticas demagógicas, olvidaron que el gran acierto del Gobierno nacional se quedó por fuera de sus programas de gobierno. Es una muestra absoluta de nuestro pensamiento inmediatista que ni siquiera es capaz de visionar un escenario tan predecible y tan visible como el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el ojo del huracán del debate nacional.
Casi el 10% de la población colombiana es víctima del conflicto armado. Diez de cada cien colombianos (mujeres y hombres) han padecido en la propia piel las consecuencias de la guerra. La paz, la democracia y la reconciliación son imposibles al margen de este sector.
Sin embargo, los programas de gobierno, a lo largo del territorio nacional, parecen vivir en otro mundo. Los más coherentes siguen nombrando sólo a las personas en situación de desplazamiento, y dejan de lado el universo de víctimas que la ley pretende contemplar –víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, desapariciones, víctimas de minas antipersona, entre otras tantas-.
Los menos coherentes brillan por lo absurdo, con la idea de que los desplazados son un tumor que se debe extirpar o al que se debe beneficiar con estrategias asistencialistas por fuera del marco del enfoque de derechos. Son limosnas que se dan de mala gana, obligaciones fastidiosas.
Los programas de gobierno son el primer compromiso que los gobernantes –futuros por ahora– hacen ante la ciudadanía. Y sin embargo, los candidatos de ciudades como Cartagena, receptora de población desplazada, y de departamentos como Bolívar, Sucre y Córdoba, tan maltratados por el conflicto armado, evidencian una ceguera colectiva sobre la tarea titánica que emprenderán los entes territoriales, no sólo con respecto a la ejecución y la articulación, sino con la asignación presupuestal y los escenarios legítimos de participación de las víctimas.
Los planes de desarrollo de los próximos alcaldes y gobernadores deben advertir el compromiso que no se reveló en sus programas de gobierno. La sociedad civil, en especial las víctimas, las universidades y los defensores de derechos humanos, tienen un papel fundamental en la visibilización del problema, prioritario en la construcción de los planes, y en su seguimiento estricto.
*Psicóloga
claudiaayola@hotmail.com
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