El debate inicial sobre el anuncio del presidente de entregar 100.000 casas gratis a los más pobres de Colombia estuvo mal planteado pues se concentró en aspectos políticos e ideológicos. El problema no es si es una propuesta populista, ni si servirá para la reelección del Presidente o para la candidatura de Vargas Lleras. Las preguntas pertinentes son: ¿se necesita un programa así? ¿Cuáles son los mecanismos para realizar esta propuesta de la manera más eficiente y equitativa?
La primera no tiene discusión. El país necesitaba urgentemente un cambio en las políticas de subsidio de vivienda para que lleguen a los más necesitados. Uno de los grandes obstáculos al esquema de subsidios parciales que se utilizaba hasta ahora era la necesidad de completarlos con créditos bancarios. Entonces, para ser beneficiario del subsidio había que demostrar que se era pobre, pero para recibir crédito había que demostrar que no se era tan pobre, sino que había recursos para pagarlo.
La nueva política permitirá tener vivienda a las familias sin capacidad de endeudamiento, o los más pobres de los pobres. Es un avance importante en equidad, que ayudará a disminuir un poco las grandes desigualdades de la sociedad colombiana. Es una política de clara estirpe liberal y progresista, otra sorpresa positiva para quienes temíamos que Santos solo continuaría las políticas conservadoras de su antecesor.
El proyecto de Ley presentado al Congreso cambia el anuncio inicial pues plantea que las viviendas no serán totalmente gratuitas, sino que el Gobierno podrá exigir alguna compensación monetaria o en especie a los beneficiarios. Contrario a algunos críticos, creo que este cambio es muy conveniente porque al tener que pagar algo por la vivienda se genera sentido de propiedad y pertenencia, y porque permite distribuir la plata de los subsidios entre más familias pobres.
En cuanto a cómo ejecutar la propuesta sí hay mucha tela por cortar: ¿cómo asegurar la disponibilidad de terrenos para la construcción? ¿Cómo evitar la especulación con la tierra? ¿Cómo abaratar las viviendas sin que sean pocilgas? ¿Cómo asegurar que los beneficiarios sean los más necesitados y no se cuelen oportunistas? ¿Cómo garantizar la calidad de las construcciones?
La respuesta a estos y otros interrogantes está en la vieja tesis de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Se requieren instituciones estatales sólidas, competentes técnicamente y blindadas contra la corrupción para que administren con eficiencia los recursos y los asignen con equidad. Pero también se necesitan al mercado y sobre todo buscar que haya la mayor competencia posible en todas las fases del proceso.
En este sentido, por ejemplo, no parece convenir que la construcción de las viviendas que comprará el gobierno se haga solo mediante subastas o licitaciones entre constructores. Son bien conocidos los riesgos de manipulación y falta de transparencia en las licitaciones públicas, y también se cierra la puerta a otras alternativas como constructores pequeños o, sobre todo, la autoconstrucción, que ha mostrado ser eficiente en la construcción de las viviendas y del tejido social indispensable en estas comunidades.
Es mejor alternativa que el Estado asigne los subsidios y los beneficiarios elijan la vivienda que quieren y el constructor a quien se la compran, o si prefieren hacerla por autoconstrucción. La mayor competencia mejora la asignación de recursos escasos.
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