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Vivienda gratuita

Ya era hora que el país se decidiera a dar una solución de fondo al gravísimo problema de la falta de vivienda para aquellas personas en incapacidad absoluta de adquirirla.

Podían existir variantes para su solución, pero al final se llega a una conclusión: asumir el estado la dotación de vivienda digna para aquellos compatriotas que se encuentran en incapacidad de hacerlo.



Cien mil viviendas es un buen comienzo. Si el programa es continuo y se ejecuta en plazos cortos, el país tendrá nueva cara y nuevo clima social en poco tiempo. Ojalá esta sea una política de estado, cuya continuidad se garantice así como los recursos propios para ello.



Desde luego, el anuncio del presidente Santos suscita algunas inquietudes, de las cuales considero prioritarias éstas: ¿dónde, para quiénes, cómo?



Sería frustrante que en su primera etapa buen número de estas casas se quedara en la capital de la república o en las grandes ciudades. La solución debe empezar por los sitios apartados y zonas rurales en que se vive en condiciones primarias, en especial a aquellos que por la proximidad a ríos y corrientes de agua o volcanes se encuentran en peligro constante o recurrente. El programa de Santos bien ejecutado permitiría además olvidar para siempre la tragedia repetida de los pueblos que cada año sufren devastación por efectos de las aguas. En los pequeños municipios, por la pobreza de éstos, es imposible que se piense en planes de vivienda; a esos conglomerados pobres debe dirigirse la mirada del estado en sus primeras realizaciones.



En otra arista, la vivienda gratuita debe empezar por lo más profundo de la pobreza. El título que da mayor legitimidad para reclamar del estado una vivienda sin paga es la insuperable carencia de medios para obtenerla y para pagar un arrendamiento. Quien puede pagar arrendamiento así sea de una precaria vivienda tiene capacidad para esperar un segundo turno y aún para aportar algo en un sistema de pagos pequeños y a largo plazo. Aquí sí que hay que temerle al inveterado empleo electorero de los dineros oficiales, máxime cuando este programa –por nacido a mitad de período y cuando se habla de aspiraciones reeleccionistas no desmentidas- constituirá un irresistible y jugoso motor de la conducta política del pueblo.



Otro aspecto fundamental es la calidad de la vivienda que debe significar el rescate de la dignidad de los futuros propietarios y moradores. Es afrentoso que se continúe con el sistema de producir hacinamientos carentes de buenas y amplias vías, generosas zonas verdes y de esparcimiento, escuelas, centros de salud, estación de policía y su pequeño mercado que impida que al poco tiempo las casas se transmuten en locales de negocios. Así evitaremos que los nuevos barrios o poblados, por la estrechez de la vivienda y su entorno que generan diarios roces, nazcan con precaria convivencia.



Un país de propietarios tiene un pensar y un comportamiento distintos al de un país de destechados y arrendatarios. Y esa debe ser la meta: que todo hogar colombiano sea dueño de una vivienda verdaderamente digna. Cuando se logre, habremos construido una sociedad enaltecida y robustecido los valores de convivencia, de respeto mutuo y de civismo.





Abogado – Docente Universidad del Sinú - Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com

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