Y perderá otra vez la comunidad

El Alcalde de Cartagena parece reacio a pagar más de siete mil millones de pesos que reclaman concejales y exconcejales como complemento de su remuneración. Y uno de sus asesores saca a relucir que nuestro Distrito carga el pesado fardo de cinco mil millones de pesos mensuales en nómina paralela que el eufemismo burocrático rotula como órdenes de prestación de servicios (OPS), y que el alcalde Terán Dix, y así éste lo ratifica, se propone acabar con ese exorbitante gasto mensual. Y añade el asesor que uno de los concejales preferidos de la pasada administración, mostrado como el paradigma de la corrección, patrocina la quinta parte de esa enorme suma.
El Concejo, malquisto con el Alcalde, se desquita privándolo de facultades de contratación, esto es, lo obliga a solicitar autorización de la corporación para los pasos importantes de su plan de desarrollo. Así, el Concejo retiene en sus manos una llave del manejo presupuestal.
Atenido a las apariencias, un buen ciudadano leería que el Alcalde se propone desligarse de la compra de los apoyos políticos con cargo al erario, propósito loable en sumo grado, y que el Concejo se propone cumplir con su deber de ejercitar control político, decisión digna de alto encomio. Diría ese ciudadano que ingresamos en el buen camino.
Empero, la realidad, habida cuenta de nuestra tradición política y de los móviles que alimentan tanto a la administración, a sus validos y padrinos, como a los concejales, aleja la ilusión de estar ante una búsqueda afanosa de la pureza pública. Lejos de ello, aflora que la divergencia fundamental es la distribución del presupuesto: quién toma la mayor tajada.
El Alcalde atina en tocar puntos muy sensibles para los concejales. Es cierto que las órdenes de prestación de servicios en muchos casos tienen justificación plena y se entregan a personas serias. Pero en otros muchos casos no es así. Es de común conocimiento que las OPS son la fuente principal de financiación de concejales. ¿Acaso no oímos decir, con harta frecuencia, que lograr uno de esos contratos impone la insoslayable obligación de convertirse en contribuyente de la causa del concejal recomendante?
Además, en abundantes situaciones se producen contratos para tareas que debe cumplir la administración con su personal de planta y en otras se trata de simples despilfarros, de necesidades inventadas para trasladar el dinero del Estado a un bolsillo particular.
Ahora bien, es posible que el Concejo contraataque y desnude los errores y pasos falsos de la administración, así como la corrupción por todos sabida. Tarea que para un concejal no debe ser difícil y genera ablandamiento de la alcaldía.
Y ya conocemos la volubilidad de nuestro Alcalde y su capacidad de dar reversa sin sonrojo. Tan grande como su capacidad de repetirnos la mentira de no haber recibido apoyos políticos para su elección, cuando justamente ese fue el error que repetidamente se le enrostró: procurarse costosos patrocinios que no necesitaba.
Por eso, entreveo un pronto arreglo de reparto del presupuesto entre Alcalde y concejales que luego nos presentarán como un democrático acuerdo de gobernabilidad, como si los ciudadanos fuéramos tan tontos para no ver que, otra vez, perderá Cartagena.

Abogado – Docente Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com