Columna


Muchas gentes informadas alzaron su voz para gritar contra la llamada reforma judicial y, en especial, contra las normas adicionadas en la conciliación aprobada.
El gobierno que imparte al Congreso órdenes, envueltas en burocracia y presupuesto, y, cuando le viene en gana lo prosterna a sus pies como en el caso del fuero militar, prefirió ser silente unas veces, ausente otras, cuando no cooperador eficaz en esta malhadada andadura. Antes de la conciliación un exultante Ministro de Justicia exclamaba ante senadores y representantes: “Desde el fondo del corazón, en mi nombre y en el del Gobierno, a todos ustedes muchas gracias.”
Luego, expresa “su acuerdo con el informe de conciliación que finalmente se adoptó”, según narra, Simón Gaviria, cándido presidente de la Cámara y Jefe Único del Partido Liberal quien “leyó por encima”, el texto y, como gobiernista obsecuente, se rindió ante el parecer del Ministro.
Sobrevenido el escándalo nacional, el Ministro concernido brega por borrarse como actor y, sin rubor, pretende transmutarse en víctima: “no soy culpable, pero asumo la responsabilidad política”.
El astuto presidente Santos guarda cómoda conformidad hasta cuando atisba que el rechazo de la sociedad civil puede lesionar su imagen y entorpecer su calculada reelección. Entonces entra al escenario para actuar como la voz de los escarnecidos ciudadanos de bien y quedar ante el país como el guardián de la compostura política. Anuncia que su gobierno objetará la reforma por contener micos “inaceptables para el país y para el Gobierno”.
¿Cómo creerle Presidente, si su Ministro de Justicia estuvo presente en el Congreso y dio la seña, según el Jefe del Partido Liberal, para que se aprobara la conciliación?
Los que votaron las conciliaciones son santistas obsecuentes, miembros todos de la Unidad Nacional. Allí estaba el Partido Liberal, con los pupilos del ministro Rafael Pardo, codo a codo con los seguidores del también ministro Vargas Lleras y acompañados de los conservadores todos y de la mayoría inmensa de la U.
No fueron miembros de la oposición ni enemigos de Santos quienes presentaron la funesta propuesta de conciliación: fueron los buenos amigos del Presidente, apoyados por sus mejores amigos.
Tenemos derecho a pensar que había una sutil y estratégica concordancia entre gobierno, partidos y congresistas para fabricar el hoy rechazado disparatorio. Sólo que la sociedad civil dio al traste con el laborioso empeño.
Ahora el Gobierno ensaya medidas violatorias de la Constitución para deshacer lo torcido. Mientras, los autores del ultraje a la nación pugnan por aparecer como buenos componedores de las malas decisiones.
Todo esto refleja un alto grado de descomposición política que legitima sentir desconfianza con el Gobierno y con el Congreso. Les salió mal la jugada porque la sociedad civil insurgió enhiesta para rechazar la afrenta. Y es esa sociedad civil la que fuerza al Presidente, más asustado que indignado, a intentar desesperadas fórmulas para desbaratar la construcción de sus amigos, aun en desafío de la doctrina de la Corte Constitucional sobre la materia. Con un error se quiere enmendar otro.
Pero allí quedaron retratados Gobierno y partidos políticos gobernantes: ya se sabe quiénes son y que no están del lado de los grandes intereses éticos nacionales.

*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena


h.hernandez@hernandezypereira.com

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