La justicia colombiana viola frecuentemente lo que los sociólogos conocen como el principio de justicia distributiva. En la Yidispolítica condenó a cárcel e ignominia a los dos congresistas que vendieron su voto para reelegir a Uribe, pero los que utilizaron recursos públicos y abusaron de su poder como funcionarios para comprarlos, duermen tranquilos en sus casas. Al menos castigó los que cobraron por pecar.
Pero ahora hay otro caso en el que se le aplica la ley con rigor a unos jóvenes que trabajaban en el Ministerio de Agricultura y diseñaron la operación Agro Ingreso Seguro, a quienes un juez de “Garantías” envió a la cárcel supuestamente por no prever que ese programa tendría las consecuencias que tuvo, o por fallas de procedimiento en la contratación de su ejecución con una agencia de la OEA, procedimiento amparado en un concepto legal de un ex Procurador General de la Nación.
Si la política anticorrupción vigente no da castigos ejemplares a los culpables sino a unos pocos técnicos y abogados para que los responsables sigan su carrera política sin inconvenientes, este es un logro del que puede ufanarse el Gobierno en sus reuniones con el Partido Conservador. Pero la justicia aplica la ley con toda severidad a quienes no merecen tanto rigor. Los cuatro jóvenes encarcelados por su intervención en las etapas de diseño del programa Agro Ingreso Seguro y la contratación del IICA como asesora del programa no tienen récord criminal, ni son un peligro para la sociedad, ni se volarán a Panamá. Creyeron contribuir a un gobierno que admiraban y en el que confiaban. Pueden haber cometido errores, o pueden haber violado normas, y esto puede tener consecuencias penales, pero ninguno se quedó con el dinero del programa ni se benefició personalmente o políticamente de la asignación de los créditos, ni intervino aparentemente en su asignación.
Encarcelarlos y someterlos al oprobio es excesivo, mas si se tiene en cuenta que quienes concibieron el programa lo ejecutaron y lo utilizaron mal, en algunos casos con aparente intención de obtener beneficios políticos, no han sido acusados y andan por ahí discretamente libres, con el Twitter guardado.
Esto no solamente habla muy mal del sistema colombiano de justicia, que es severo con los de abajo y complaciente con los de arriba, sino que da una señal equivocada a los jóvenes que están iniciando sus carreras técnicas o profesionales. Lo que esta decisión judicial les dice a ellos es “no vayan a cometer el error de trabajar para el Gobierno”, a menos que tengan malas intenciones o no puedan conseguir algo mejor. En el DNP están aterrados los funcionarios de que los pueden encarcelar por no haber previsto alguna consecuencia de las políticas que llevan a discutir en el CONPES, o por recomendar algo que un abogado competente ha dicho que se puede hacer. Los vice ministerios han pasado a ser considerados cargos de alto riesgo, riesgo que se incrementa sustantivamente cuando el ministro es Ph.D. en economía con ambiciones presidenciales.
Involucrar a los jóvenes técnicos o profesionales en actividades que tengan riesgos jurídicos para evadir responsabilidad debería ser un delito porque les arruina la vida a personas promisorias para escudarse detrás de ellas y condena al Gobierno a trabajar con los peores.
rhommesr@hotmail.com
Comentarios ()