Los Planes Nacionales de Desarrollo se convirtieron para los gobiernos neoliberales, en la gran oportunidad de profundizar su política de privatización y concesiones.El PND está regulado en los artículos 339 al 344 de la CP de 1991 y en una Ley Orgánica, y los 50 artículos de facultades extraordinarias otorgadas al gobierno de Santos por el PND, hacen del Congreso un eunuco y dejan al desnudo un adefesio antidemocrático.
La política del PND rige el país desde hace 21 años por mandato del FMI. Devastó la industria y la agricultura y nos llevó al desempleo mayor de toda América.
Santos funda su mandato en 5 locomotoras. A criterio del PDA no existen tales locomotoras en educación, vivienda, infraestructura ni en el agro, porque parecen carros de balineras.
La minería no es una locomotora, sino una aplanadora contra el ambiente, los trabajadores, el agro y la industria nacional.
Se impusieron artículos punitivos contra los pequeños y medianos mineros, a los que se castiga con multas y decomisos y con quitarles los títulos, además de las acciones penales, en beneficio de las trasnacionales mineras.
La bancada del PDA, como único partido de oposición, en un análisis bien sustentado, lo glosó por cuanto, según afirma, “tiene una carga emotiva que vende un país inexistente”, y votó negativamente por considerar que constituye una hoja de ruta que ahonda el inequitativo modelo neoliberal en Colombia y con ello se abre aún más la brecha de la injusticia social.
Es antinacional y anti popular, construido mediante el método “palaciego” de la politiquería y la exclusión, fragmentado y disperso, y modifica más de 20 leyes de la República.
No representará alivio para la realidad cotidiana de millones de colombianos pobres, desamparados, indigentes, muy vulnerables, asediados y desplazados a la fuerza.
Hay aumentos explícitos y directos de los impuestos a la población tales como el predial y de catastro, las tasas por circular en las áreas urbanas, mayores costos de la vivienda de interés social y amplía la expropiación de la vivienda a través del sistema hipotecario.
Preserva los costos de los combustibles y la gasolina, disminuye los subsidios en servicios públicos domiciliarios y desregula las condiciones laborales al imponer el trabajo por horas y días, y afectar aún más de lo que ya lo están, las garantías prestacionales.
Entrega las infraestructuras y el patrimonio de los acueductos comunitarios y municipales a operadores privados a través de los Planes Departamentales de Agua.
Piensa en los pobres en términos de formación y oferta de mano de obra barata y cada vez menos calificada para las empresas, impulsa el asistencialismo y la focalización a través del fortalecimiento de la Red Juntos y de las políticas asistencialistas masivas.
Llama como un fenómeno novedoso a las bandas criminales “Bacrim”, algo que reconocemos como paramilitarismo reciclado y tolerado.
Hay venta de todo, inclusive de la riqueza cultural, la biodiversidad, el ambiente y el conocimiento ancestral, sustituyéndolos por las preferencias de los consumidores, vendedores y compradores de los mercados globales.
Las organizaciones sociales tenemos el deber de no dejarnos confundir por términos rebuscados, que en nada resuelven el problema estructural de la inequidad y la injusticia social.
*CUT BOLÍVAR
cutbolivar@gmail.com
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