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Comienzan los juicios en Ecuador contra responsables de rebelión policial

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Una semana después de la rebelión de policías en Ecuador, que la OEA y el presidente Rafael Correa denunciaron como un intento de golpe de Estado, los juicios contra los supuestos responsables comenzaron con la detención de 13 uniformados y un político.

Una jueza ordenó este jueves prisión preventiva contra 13 policías, medida que también afecta al ex militar y político Fidel Araujo, cercano al ex mandatario Lucio Gutiérrez, a quien Correa culpa de la intentona golpista que dejó diez muertos y 274 heridos.

Durante una audiencia de formulación de cargos, la juez también sustituyó el arresto a 20 agentes por medidas alternativas y dejó libres sin imputación a dos, según la Fiscalía, que investiga a un grupo de militares que tomó la pista del aeropuerto de Quito durante los desórdenes.

Otros once uniformados están prófugos desde el martes, cuando la Fiscalía ordenó la captura de un total de 46.

Los policías y Araujo -acusado de incitar a la revuelta- permanecerán detenidos durante los tres meses que demorará la instrucción de la Fiscalía, explicó a la AFP el fiscal Marco Freire.

Los agentes se sublevaron para exigir la derogatoria de una ley -en vigencia desde el lunes- que eliminó bonificaciones para la fuerza pública, llegando a retener durante varias horas al presidente socialista, que fue rescatado en un violento operativo militar en una clínica.

Para este viernes está previsto que termine el estado de excepción declarado hace una semana, por el cual los militares asumieron tareas de la Policía.

Sin embargo, grabaciones de la central de radio de la Policía revelaron que supuestos agentes instigaban a matar al gobernante y afirmaban que no le permitirían salir del hospital -donde se refugió tras ser agredido- mientras no derogara la ley.

La rebelión fue apoyada por congresistas como la indígena Lourdes Tibán y el político Carlos Vera -que promueve un referendo para revocar el mandato de Correa-, mientras que el también legislador Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio Gutiérrez, planteó una amnistía para los insurrectos en medio de la revuelta.

El ex gobernante, derrocado en 2005 y que el miércoles regresó a Quito desde Brasil donde fue observador en las presidenciales del domingo, volvió a negar la acusación en su contra y anunció una demanda contra Correa por "daño moral".

En un ambiente caldeado por el cruce de versiones, el Legislativo controlado por el oficialismo reanudó sus sesiones este jueves, tras ser tomado por policías durante la sublevación.

Entretanto, el canciller Ricardo Patiño reiteró la denuncia de Correa sobre la existencia de un presunto escuadrón paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), que habría participado en la insubordinación.

"Hay un grupo que se llama GAP y son grupos que aparentemente estarían formándose, grupos paramilitares; esto sería terrible para la seguridad de la sociedad ecuatoriana", declaró el ministro a la televisión pública.

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