Cartagena de Indias, Colombia Cartagena de Indias - Colombia
Miércoles 08 Junio de 2016
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Civil y Comercial

    Reembolso de crédito educativo

    Resumen del caso: 
    Indica usted en la consulta virtual, que sirvió de codeudora a un sobrino para un crédito estudiantil, el cual fue aprobado y desembolsado a la entidad educativa. Comenta que su sobrino decidió no matricularse, y en razón a ello le solicitaron a la Universidad que regresará el dinero desembolsado a la entidad de crédito, sin existir respuesta alguna, estando usted reportada a las centrales de riesgo. Consulta usted, que puede hacer.

    Prestamo por parte de Cooperativa

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que realizó un préstamo a una cooperativa por valor de $1.200.000 pesos, pero que por cuestiones económicas hizo un nuevo préstamo de dinero a otra entidad. Nos informa que la primera cooperativa le quiere hacer un embargo y que ellos le informan que su deuda actual es de $10.000.000 pesos, todo eso porque hizo un nuevo préstamo.

    Restitución de Local Comercial Arrendado

    Resumen del caso: 
    Usted consulta cómo debe hacer una señora que es propietaria y arrendadora de un local comercial para dar por terminado dicho contrato de arriendo, pues tal local ha sido vendido hace varios meses atrás. Usted desea saber cuál es la normatividad aplicable en este caso y qué debe hacer para obtener la restitución del local comercial.

    Prescripción de Obligaciones

    Resumen del caso: 
    El usuario consulta, se transcribe, “¿cómo se yo cuando esta prescrita una obligación ejecutiva? Si de acuerdo al siguiente artículo se establece un término diferente al que determinan otros títulos ejecutivos, como son los títulos valores.

    PAGO DE OBLICACION CREDITO BANCARIO

    Resumen del caso: 
    PAGO DE OBLIGACION DE CREDITO BANCARIO PUEDE SUOERAR EL 50% DE MI SALARIO.

    Embargo y Secuestro de Bienes

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que adquirió una obligación con un almacén por la compra de un mueble, para ser cancelado en cuarenta cuotas, de las cuales ha cancelado catorce y tiene pendiente cuatro. Producto de ello el almacén realizó una diligencia de embargo y secuestro. Pregunta usted, si esto es legal.

    Incumplimiento de una Obligación en Dinero

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que tiene una deuda hace 12 años con una entidad bancaria. Informa que esta deuda fue vendida por esa entidad bancaria a otra y que esta última le propuso conciliar sobre la deuda. Usted pregunta si debe pagar los intereses de todos esos años y si es legal llegar a un acuerdo en este caso.

    Prescripción Extraordinaria de Bien Inmueble

    Resumen del caso: 
    Manifiesta usted que construyó una casa en un terreno que perteneció a su madre, del cual no posee ninguna clase de documentos que demuestren Derecho de Dominio sobre el terreno y la casa. Pregunta usted de qué manera puede obtener la escritura pública de la casa.

    Contrato de prenda

    Resumen del caso: 
    Usted manifiesta haber dado un dinero cuyo pago fue garantizado con la entrega de una camioneta hace dos años y cuya persona no aparece, consulta que debe hacer para recuperar el dinero, dado a que no puede vender el vehiculo por no estar a su nombre.

    Proceso ejecutivo hipotecario

    Resumen del caso: 
    Usted manifiesta haber hipotecado su casa seis años atrás, y la persona a quien se la hipotecó cedió la misma a favor de otro, quien presentó proceso ejecutivo hipotecario para cobrar la obligación. En la actualidad está en una etapa de desalojo, consulta usted que puede hacer para que no se produzca.

    Obligación con entidad bancaria

    Resumen del caso: 
    Manifiesta usted haber adquirido un crédito hace veintitrés años, del cual en su momento canceló en su totalidad, pero a la fecha la entidad bancaria le comunica que tiene un saldo pendiente. Pregunta usted, si la entidad bancaria puede ejercer una acción legal para el cobro.

    Pago de servicios públicos por parte de los herederos del suscriptor y/o usuario

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que su tío falleció el día 5 de Octubre de 2011, igualmente que dejó una obligación pendiente de cancelar con la Empresa de Teléfono de Bogotá de la cual desconocemos el valor de la obligación. Sus interrogantes se enmarcan en saber: 1. Si los hijos o esposa de su tío tienen que cancelar la deuda existente con la empresa de teléfonos. 2. Si no tienen que cancelar, a que normas se pueden acoger para que dicha deuda sea eliminada teniendo en cuenta que el causante o suscriptor no dejó bienes

    Cobro de intereses de tarjeta de crédito

    Resumen del caso: 
    Manifiesta tener una tarjeta de crédito, que al utilizarla le cobran unos intereses sobre los artículos y servicios adquiridos, y además el cobro mensual de una cuota de manejo sobre la misma.

    Acción reivindicatoria para recuperar la posesión inmobiliaria

    Resumen del caso: 
    Qué hacer para que un propietario inscrito de un bien inmueble, pueda recuperar la posesión del mismo, perdida por la intromisión de un tercero.

    Embargabilidad de pensiones por cooperativas

    Resumen del caso: 
    El consultante constituyó título valor a favor de una persona natural y este a su vez endosó la letra a una cooperativa. La cooperativa está haciendo exigible al consultante la obligación que incorpora la letra de cambio mediante un proceso ejecutivo singular y pidiendo como medida cautelar del embargo de su pensión.

    División de Bien Común

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que desea que se reconozca su cuota parte de un inmueble que tiene con sus cuatro hermanos.

    Los contratos son para cumplirlos

    Resumen del caso: 
    Se cuenta en la consulta, que una vez celebrado un contrato de prestación de servicios educativos con una entidad encargada de enseñar inglés, el estudiante quedó sin empleo y por lo tanto no pudo seguir pagando las mensualidades correspondientes y ahora se siente presionado para su cancelación, so pena de que sea reportado en las centrales de riesgo. Dice, a título de justificación, que de todas formas no ha asistido a ninguna clase.

    Erronea inscripción en Agustín Codazzi

    Resumen del caso: 
    Narra el consultante que hace algún tiempo funcionarios del Agustín Codazzi hicieron un senso en un barrio de invasión con la finalidad de tomar las medidas de sus lotes y llevar el registro de sus poseedores. Dice que le preocupa que el día realizaron tal actividad sobre un inmueble que se encontraba bajo su tenencia y el de su ex compañera sentimental -pero cuyo mejor derecho reconocían en cabeza de un tercero-, esta, en ausencia del primero manifestó a los funcionarios que el titular del bien era su novio ahora consultante, pues le habían informado que la visita era solo para la instalación de servicios públicos. Pregunta entonces qué puede hacer para que el lote se encuentre a nombre del verdadero poseedor y si es legal que el Agustín Codazzi valide información suministrada por su ex compañera sin contar con su firma o aval.

    Responsabilidad derivada del acto médico

    Resumen del caso: 
    Narra la consultante, que hace un año, y luego de una cesarea de la cual resultó el bebé muerto, le retiraron la sutura de la herida, la cual se le abrió por completo, lo que motivó una nueva sutura que también tuvo problemas para cerrar, quedando en últimas una cicatriz que, dice, ha perjudicado su vida pesonal y laboral. Adjudica el problema a un aparente error médico de procedimiento.

    TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

    Resumen del caso: 
    USTED HA MANIFESTADO QUE HACE UN AÑO APROXIMADAMENTE VIVE ARRENDADA, FIRMO UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALIZADO S.A.S., INMUEBLE QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MANOS DE LA INMOBILIARIA BOZIMBETH, Y QUE NECESITA UNAS REPARACIONES POR FILTRACIÓN DE AGUA Y AGRIETAMIENTO DE LAS PAREDES, Y QUE DICHA INMOBILIARIA HA EXPRESADO QUE NO PUEDE HACERLE LAS RESPECTIVAS REPARACIONES.

    DILIGENCIA DE SECUESTRO

    Resumen del caso: 
    USTED HA MANIFESTADO QUE EN SU CONTRA SE ADELANTO UNA DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENES MUEBLES, EN LA CUAL EXPRESA QUE HUBO UN MAL PROCEDIMIENTO.

    Parámetros para el cobro de honorarios de abogado

    Resumen del caso: 
    El cliente de un abogado, manifiesta que le parece exagerado el cobro de los honorarios del mismo, en la realización de un recurso de caracter administrativo y pregunta si existen algunas tarifas oficiales para establecerlos.

    Embargo de vehículo pignorado, por un tercero

    Resumen del caso: 
    Un vehículo automotor que se encuentra pignorado por una financiera fue embargado por una tercera persona natural. La consulta radica en saber si el carro puede ser inmovilizado por el embargo o si primero se debe esperar a que se levante la prenda para que este pueda ser llevado a cabo.

    Incumplimiento de contrato de permuta de automotor

    Resumen del caso: 
    Narra el consultante, que hizo un negocio de permuta de un carro de su propiedad y que el obligado a entregar el vehículo equivalente -pero de mejores condiciones que el qué él entregó-, le ha incumplido en sus obligaciones.

    Prescripción de acción ejecutiva derivada de una obligación comercial

    Resumen del caso: 
    Se consulta si una obligación asumida a título de fiador hace 8 años, pueda dar lugar a un embargo o si por el contrario ya se encuentra prescrita.

    TERMINACION UNILATERAL DEl CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO

    Resumen del caso: 
    Con el fin de despejar sus dudas sobre la inquietud presentada a nuestro consultorio virtual sobre si usted debe pagar los días de plazo mientras encuentra otra vivienda, por el deterioro que presenta su sitio de arrendamiento, le respondemos lo siguiente:

    EMBARGO DE SUELDO

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que fue embargado por servir como fiador a un compañero de trabajo y este no pago la cantidad que fue de $1´441.000 desde el año 2.007 hasta la fecha, por lo que se dirigió al juzgado 21 del centro cívico de la ciudad de Barranquilla para ver si ya había terminado el descuento, del cual no obtuvo respuesta alguna.

    Pago de impuestos sobre automotores

    Resumen del caso: 
    El tenedor de un vehículo automotor manifiesta que debe impuestos desde hace 7 años y que no los ha podido pagar, razón por la cual pregunta si es posible realizar un convenio de pago para hacer el traspaso, agregando que si a pesar de que el carro esta matriculado en Turbaco (Bolívar), el convenio se puede llevar a cabo en Barranquilla, lugar de su domicilio.

    Imposibilidad de seguir pagando arriendo

    Resumen del caso: 
    Una señora que arrendó un inmueble para llevar a cabo una actividad de atención a personas de la tercera edad, pregunta si es posible que se obligue a la arrendadora a que le condone o perdone los cánones de arriendo dejados de pagar y al mismo tiempo que se le exonere de reconocer la cláusula penal por incumplimiento.

    DERECHO DE RESTITUCION

    Resumen del caso: 
    Usted manifiesta que quiere saber como hacer para que pueda solicitar una restitución de inmueble.

    Recuperación de inmueble por invasión

    Resumen del caso: 
    Aunque no entrega muchos detalles en su consulta, importantes para una adecuada respuesta, el consultante desea saber qué puede hacer para recuperar la posesión de un inmueble que ha perdido por invasión.

    Diferencia principal entre los contratos de donación y de compraventa

    Resumen del caso: 
    Una persona que, según dice, donó sus derechos del 33.33% sobre un inmueble a favor de sue hermanos, manifiesta que ahora desea hacer efectivo un "acuerdo verbal", según el cual ellos debían solidariamente reconocerle "en dinero, un valor que compensara la donación efectuada", acuerdo que los hermanos no han cumplido. Dice, además, que alguien le ha recomendado que, como quiera que no se hizo el trámite notarial de la insinuación de la donación, por ser superior a 50 salarios mínimos, demande a los hermanos la nulidad de la misma.

    Embargo de pensión por cuenta de cooperativa acreedora

    Resumen del caso: 
    Una señora beneficiaria de la pensión de su esposo, que resultó embargada como fiadora o codeudora por parte de una cooperativa acreedora, pregunta qué puede hacer para evitar los efectos del embargo.

    Dudas sobre monto de capital e inteseses de obligación dineraria

    Resumen del caso: 
    Una persona que ha celebrado entre los años 2007 y 2008 dos créditos con una cooperativa por el sistema de libranzas -descuentos sobre nómina o sobre pensión-, pregunta si el monto cobrado es adecuado, como quiera que le parece exagerado, además de criticar el procedimiento del acreedor que ha juntado ambas deudas para realizar su cobro conjunto.

    Reconocimiento de mejoras en arriendo de caracter comercial

    Resumen del caso: 
    En ejercicio de un contrato de arrendamiento de caracter comercial celebrado por el término de un año, próximo a vencerse, y por tanto, requerida la arrendataria para la restitución del bien, se consulta si tiene derecho a que el arrendador le devuelva o reconozca el valor de la inversión económica realizada en el inmueble para poder llevar a cabo el giro de la actividad mercantil, consistente en un módulo de vidrio y aluminio ubicado dentro de un centro comercial, para la venta de aparatos y planes de telefonía celular.

    embargos pordeudas bancarias

    Resumen del caso: 
    para este caso en particular el señor por medio de una peticion respetuosa solicitar a la entidad encargada, es decir, a DAVIVIENDA, solicitando el valor total de la deuda, un mecanismo de finaciacion y el numero de cuenta donde pueda depositar el 50% del valor total que usted adeuda, esto a travez de un derecho de peticion el cual esta amparado por el articulo 23 de la constitucion nacional y el codigo contencioso administrativo articulo 5º y ss

    Devolución de dinero por compraventa terminada por el comprador

    Resumen del caso: 
    Un comprador por vía internet y teléfono, que canceló o terminó unilateralmente la adquisición de unos productos cuando ya había consignado la mitad de su valor ($2.000.000) a la empresa proveedora, pretende que se le devuelva este dinero, aclarando que dichos productos no serían empezados a fabricar hasta pagar la totalidad de su valor y que ya ha intentado conciliar infructuosamente porque la empresa citada no se presentó a la audiencia.

    Deuda asumida por quién ahora presenta dificultades de pago

    Resumen del caso: 
    Qué puede hacer una persona que luego de asumir una deuda se queda desempleado, para evitar que lo embarguen en perjuicio de los intereses mínimos de su familia?

    Venta de inmueble de interés social hipotecado

    Resumen del caso: 
    Qué trámites se deben seguir para vender un inmueble de interés social que se encuentra hipotecado?Aunque la consultante no es clara en ese punto, da a entender que un menor de edad es propietario del mismo y que el bien constituye afectación a vivienda familia.

    Responsabilidad médica

    Resumen del caso: 
    Una madre de familia pregunta qué clase de resonsabilidad le asiste a una empresa prestadora de servicios médicos que inyectó equivocadamente a su hija de 2 años, un medicamento para hipertensos.

    REVISION DEL PROCESO DISCIPLINARIO INTERNO

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que en el caso que fue sancionado por 2 años, producto de unas irregularidades que se cometieron con unos parciales en lo cual usted no cometió dicha irregularidad sino que la cometió el representante estudiantil en turno sino que la cometió el representante estudiantil en turno con su parcial ocasionando esto una sanción drástica para usted continuar en su carrera de derecho y se cometieron irregularidades en el procedimiento del disciplinario ya que usted dice que el reglamento dice que cuando se tiene conocimiento de los hechos solo hay 6 días para investigar y culminar la investigación dentro de los mismos 6 días.

    Cancelación de Hipoteca asumida con el antiguo Instituto de Crédito Territorial

    Resumen del caso: 
    Relata la consultante que hace más de 15 años adquirió una casa con el antiguo Instituto de Crédito Territorial, inmueble que resultó hipotecado a este para garantizar el préstamo de su adquisición. Una vez liquidado el INSCREDIAL, afirma, la deuda fue condonada y pregunta ante quién acudir para cancelar jurídicamente la garantía hipotecaria, ya que dicho instituto desapareció

    Deuda de arriendo y retención de bienes por arrendadora

    Resumen del caso: 
    Una pensionada, que reconoce adeudar varios meses de renta a la arrendadora, manifiesta que esta ha retenido sus bienes y pertenencias con el fin de presionar el pago. Además, dice que la acreedora ha llevado a cabo toda suerte de conductas violentas contra ella, motivando la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía y la solicitud de amparo policivo.

    DERECHO DE AUTOR

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que está elaborando una página web en donde se pueda comercializar artesanía de la costa y que para ello se necesita hacer un contrato de propiedad intelectual, donde el artesano se comprometa hacer un diseño y su empresa se dedique a comercializarlo y ha comprárselo a él exclusivamente, que es el fabricante. Porque en realidad según su relato cada artesano hace su creación y los otros los plagian, cuando ven que el producto se vende lo reclaman como si tal diseño fuera suyo; así mismo según nos informa estos artesanos plagian el producto de una marca y lo vende sin marca a precios desleales a otras páginas que tratan de copiar el modelo de imagen de exclusividad

    Deuda con ICETEX por credito ACCES

    Resumen del caso: 
    La consultante manifiesta su inconformidad con un Crédito ACCES asumido con el ICETEX en el 2003 para el financiamiento de sus estudios profesionales, porque considera que el valor del capital y sus intereses son exagerados y se cuestiona sobre la legalidad del cobro.

    EMBARGO DE BIENES PERSONALES Y PATRIMONIO FAMILAR

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que era socio de una empresa limitada y quebró. Los trabajadores demandaron, su inquietud es si los trabajadores pueden embargar sus bienes personales?. Por otra parte también ha dicho que si su bien tiene patrimonio familiar puede ser embargado?

    Deudas hasta el cuello

    Resumen del caso: 
    La consultante manifiesta tener varias deudas de caracter civil y comercial, entre ellas una derivada de un crédito bancario, y otras dos de un contrato de arriendo incumplido y de un préstamo realizado que, dice, contiene intereses usureros. Desea saber qué puede hacer para asumir esa carga económica.

    Responsabilidad médica

    Resumen del caso: 
    Luego de un accidente automovilístico, en el que sufrió lesiones en la nariz, la paciente es operada por un médico a instancias de la empresa de transporte responsable. Sin embargo, esta aduce que la operación no resultó idónea, teniendo que ser nuevamente intervenida. A la postre, quedó insatisfecha con los resultados y con dolores en su rostro.Se pregunta si procede una demanda contra el galeno.

    Prescripción adquisitiva entre cónyuges separados no divorciados

    Resumen del caso: 
    La inquietud radica en saber qué se puede hacer si entre una pareja de esposos se adquirió un inmueble que figura a nombre de ambos, cuando uno de ellos abandonó el hogar hace 35 años -que actualmente vive fuera del país- y el que ha quedado en el inmueble ha asumido todos los gastos del mismo pagando, inclusive, las cuotas períódicas durante largo tiempo al Instituto de Crédito Territorial.

    BIENES

    Resumen del caso: 
    Una pareja de esposos que no tenian hijos, uno de ellos muere, pero tampoco tenia padres solo hermanas, pero que da el conyugue. a quien le corresponde los bienes?

    asesoria comercial

    Resumen del caso: 
    Hace quince (15) se arrendo un local comercial y nunca se firmo un contrato, hasta este mes el propietario le notifico al arrendatario que en febrero del próximo año debe desocupar el inmueble y pagar retroactivo por los meses de enero y hasta la fecha, cuando nunca se notifico del aumento, ¿se tiene derecho a una indemnización por todo ese tiempo de arriendo en el local comercial?

    pago de una deuda a una prestamista

    Resumen del caso: 
    Hice un préstamo a una vecina por valor de $1.735.000 pesos, al 8% mensual, para pagar mensualmente interés y capital, de toso esto no hay nada firmado. ahora le quiero cancelar, pero en el momento solo le puede pagar el capital; pero no todo de una vez, si no por abonos de $200.000 pesos y los interese serian cancelados al finalizar el pago total del capital, pero la acreedora no acepta esta forma de pago ¿Que debo hacer?

    Límite de inembargabilidad de cuenta de ahorro

    Resumen del caso: 
    Con relación a los topes de embargos de cuentas de ahorro practicados por la jurisdicción coactiva (cobro de impuestos), el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006 establece: "Límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. (...)

    cuota 50% de 01 casa

    Resumen del caso: 
    Compre el 50% de una casa por un remate quiero saber si tengo el derecho exclusivo para comprar toda la casa pero no quiero pagar un sobrecosto si no lo justo lo que esta en el avaluo, o si puedo dividir en dos la casa par quedar con mi parte independiente

    PROPIEDAD HORIZONTAL

    Resumen del caso: 
    Problema Jurídico: El problema jurídico que se plantea en el caso, se refiere fundamentalmente en el no pago de las expensas comunes por parte de la arrendataria, la cual se encuentra al día con los pagos, en el que incluye las expensas y viola sus derechos como arrendataria. SOLUCIÓN: Estimada usuraria como requisito de procedibilidad, una de mis sugerencias es hacer una conciliación donde usted pueda citar, a la arrendadora, propietaria y quien haga sus veces de administrador, y usted logre mostrar pruebas de que esta al día con el canon de arrendamiento donde incluye el pago a la administración, en la cual se deje claro que usted cumple con su obligaciones y no le sigan violando sus derechos como arrendataria, en el cual usted puede certificar que no tomen medidas contra usted sino contra la arrendadora por el incumplimiento de sus obligaciones, además logren llegar a un acuerdo con la administración de la propiedad pertinente en la conciliación, cabe decir a su favor lo establecido en el artículo 1609 del código civil: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos” Y corresponde de acuerdo a el Articulo 29 de la ley 675 de 2001: para efecto de las expensas comunes ordinaria, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier titulo de bienes de domino privado. Resta decir que los consultorios jurídicos están diseñados para asesorar y orientar de manera gratuita a todas aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para la contratación de un profesional del derecho. En consecuencia es recomendable para el asunto consultado por el usuario virtual, dar uso a esta importante herramienta con el objeto de lograr el acompañamiento que requiere, bien sea para desarrollar una conciliación extrajudicial o si lo desea y ante un eventual desacuerdo, iniciar la correspondiente acción judicial. LEONELA MARÍA BLANQUICETT ORTIZ ESTUDIANTE VIII SEMESTRE CONSULTORIO JURÍDICO UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA- CARTAGENA

    LETRA DE CABIO

    Resumen del caso: 
    en la nomina del mes de junio me aparece un descuento de 362.000 pesos de un aparente embargo. Al consultar con los encargados de la nomina me dicen que es un embargo del juzgado sexto civil de Neiva. Me dirijo al juzgado a confirmar esto y me sacan un proceso de deuda de dos letras de cambio por un millón de pesos (200 y 800 mil respectivamente) las cuales había adquirido con un señor prestamista que falleció hace dos años aproximadamente, sin embargo las letras fueron llenadas en unos espacios en blanco y firmada por la señora esposa del difunto aunque las cantidades si se mantuvieron y a la vez endosada a una tercera persona quien es la que aparece como demandante, el proceso no tiene fechas por ningún lado y me hicieron firmar un documento de fecha abril, que ahora recuerdo falle porque no coloque fecha ni hora del recibido. En este aparece que se adeuda ese millón de pesos, más los intereses causados desde mencionada fecha. frente a este contexto, mi consulta radica en las siguientes inquietudes: - porque me inician a descontar este dinero y como dice el oficio de manera indefinida -No tenía a que fuera notificado para una eventual conciliación antes de entrar el descuento -Porque es indefinido y no aparece un numero de cuotas, -porque la letra aparece con datos de la esposa del difunto -si la letra es de enero de 2008 esta no prescribe? -Si yo le pagaba el interés al día al finado quien fallece en el 2010, porque me corren intereses desde el 2008 -porque el sustanciador del juzgado me hace firmar y de una vez me entrega un numero de celular del demandante para que haga contacto - que debo hacer para impedir estos descuentos porque considero que no hay un debido proceso

    SOCIEDAD SIN ANIMO DE LUCRO

    Resumen del caso: 
    Isabel Álvarez Consulta virtual 2 de septiembre de 2012 Caso: Hace más de 23 años compramos unos lotes de terreno con el fin de crear un club social para empleados de nuestra entidad en que laboramos, dicha entidad fue liquidada y todos los trabajadores quedamos cesantes y sin entrada mensual para sostener la sede, quedando ahí esos predios baldíos, en esa época año 1988, cada uno de los socios aportamos la suma de cincuenta mil pesos, mas unos créditos que nos financio la entidad por seiscientos mil pesos, que nos descontaban de nuestro sueldo mensualmente, que pasa, en reunión extraordinaria que efectuamos a principio del año 2011acordamos vender presentándose varios compradores el cual uno lleno las expectativas de la junta directiva, efectuándose felizmente el negocio de nuestros terrenos y dichos dineros los depositaron en una entidad bancaria manifestándonos que no pueden devolver ni un peso porque esa plata es de una sociedad sin ánimo de lucro la cual no nos manifestaron en el año 1988 cuando cancelamos de nuestros bolsillos la cuota pactada y los créditos que efectuamos y poder comprar esos lotes. Les pregunto ¿Qué se puede hacer para que nos devuelvan nuestro dinero que abonamos en esa época? ¿ si un socio se retira de la sociedad tienen que devolverle sus acciones? Gracias por la atención y espero pronta respuesta de la presente. Atte.: Isabel Álvarez Problema jurídico: ¿el problema que se plantea en este caso la liquidación de la entidad sin ánimo de lucro es viable? Solución: En este caso y teniendo en cuenta las causales expuestas en la cámara de comercio Por terminación del patrimonio Cuando en las fundaciones se extingue su patrimonio o se produce la destrucción de los bienes destinados a su manutención, y los asociados declaran en asamblea la disolución de la entidad. Respondiendo a las dos preguntas Por carecer de ánimo de lucro, esta entidad no podrá contemplar la repartición entre sus asociados del remanente del patrimonio social, no se pueden repartir bienes tampoco dineros IVAN VALEST BUSTILLO ASESOR JURIDICO UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

    Contrato de Mutuo

    Resumen del caso: 
    Manifiesta usted en su consulta virtual, que prestó la suma de cuatrocientos mil pesos, los cuales el deudor no ha cancelado a pesar de varios cobros que ha realizado. Manifiesta tener un titulo valor a su favor, letra de cambio, y pregunta como se puede hacer exigible.

    Patrimonio de Club de Empleados

    Resumen del caso: 
    Manifiesta usted en su consulta virtual que hace más de 23 años adquirieron un lotes para fundar un Club de Empleados de una entidad bancaria que a la fecha está liquidada, dicha entidad les realizó en su momento prestamos para pagar la compra del bien, en cuotas mensuales que todos los socios, doscientos en total, cancelaron, quedando como socios fundadores del Club. Nos refiere que como la empresa fue liquidada, todos los trabajadores socios del Club quedaron cesantes y por lo tanto no pudieron continuar sosteniendo el Club, no se pudo realizar ninguna de las obras que tenían proyectada. Consulta usted, si existe un modo o forma para que se le devuelvan a los socios la participación en dicho Club.

    PAGO DE CREDITO ICETEX

    Resumen del caso: 
    CASO: En el mes de Junio del presente año recibo una llamada de alguien que me dice que tengo que pagar mi obligación con el ICTEX argumentando que si no lo hago me expongo a un cobro jurídico y su consecuente reporte ante las entidades de riesgo. Mi inquietud es que después del último pago que fue el 31 de septiembre del 2007 (5 años a la fecha) no volví a recibir ningún tipo de comunicación ya sea por teléfono, correo electrónico, etc. por parte de dicha entidad o firma de abogados, hasta hace apenas un mes vuelvan a aparecer realizando dicho cobro. Teniendo en cuenta los 5 años, mi pregunta es que si ya venció el termino legal para hacer dicha acción y si es viable cualquier acción legal en mi contra por dicha deuda.

    seguro de vida

    Resumen del caso: 
    Desde hace tiempo mi papá compro un seguro de vida, los descuentos realizados al pago de estos se hacían por descuentos de nomina, no sabemos que paso si la empresa desapareció o cambio de razón social, mi padre murió en noviembre del 2011, la empresa nos escribió y nos dice que mi madre no tiene derecho porque al póliza fue comprada en septiembre de 2010 y a mi padre le diagnosticaron la enfermedad en julio, pero hemos encontrado descuentos al seguro de muchos años atrás, que podemos hacer?

    deuda

    Resumen del caso: 
    Hace mas de 10 años adquirí una obligación con un banco que se llamaba Lloyds Bank, hice una sociedad con alguien que cobro los cheques que giré para pagos, se puso la denuncia en al fiscalía por estafa y abuso de confianza, eso nunca prospero en dicha fiscalía, luego no supe mas de ese banco, un día cualquiera luego de mas de 10 años el banco me llama a cobrar y le dije lo que paso y el proceso de la fiscalía, me puedo acoger a una habeas data?

    irregularidades en e pago de un préstamo

    Resumen del caso: 
    El señor manifiesta que presta dinero con interés del 5 %, un cliente le prestó una suma considerada de dinero y hace dos meses se está negando a pagar el capital e interés.

    PROCESO DE ALIMENTOS

    Resumen del caso: 
    Usted nos manifiesta que la madre de su hijo le inició dos acciones, la primera una denuncia por inasistencia alimentaría ante la fiscalia en Bogotá, y otra en un juzgado de familia (suponemos) de Ibagué, donde se practicó una medida de embargo, vigente hoy día. Sobre la primera logró demostrar que había cumplido correctamente y por tanto la fiscalia solicitó la preclusión al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento

    INCONGRUENCIA EN LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA Y EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO.

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que existe diferencia en la fecha de nacimiento de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, lo cual le impide realizar trámites legales.

    INCONGRUENCIA EN LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA Y EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO.Ciudadanía

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que existe diferencia en la fecha de nacimiento de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, lo cual le impide realizar trámites legales

    DOMINIO Y POSESION

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que se su padre hace mas de 27 años compro una vivienda a la cual la escritura, colocó a nombre de su hermano mayor porque era quien poseía el documento idóneo para tramitar dicha compra, ya que la intención de su padre era la de rebajar los costos en que incurriera el negocio jurídico. además manifiesta que su hermano nunca ha habitado la casa y usted con el transcurrir de los años la ido transformando y pagando los impuesto, cosa que su hermano mayor nunca ha hecho, además que usted ha habitado la casa por mas de 27 años.

    EMBARGO DE BIENES PERSONALES Y PATRIMONIO FAMILAR

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que era socio de una empresa limitada y quebró. Los trabajadores demandaron, su inquietud es si los trabajadores pueden embargar sus bienes personales?. Por otra parte también ha dicho que si su bien tiene patrimonio familiar puede ser embargado?

    PERSONERIA JURIDICA IGLESIA

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado en su consulta que solicitó la Personería Jurídica Religiosa de la iglesia de su comunidad ante el Ministerio del Interior y de Justicia y ésta ha sido negada, argumentando que no es procedente por incluir en su nombre la palabra CATOLICA – Iglesia Católica Apostólica Nacional Colombiana .

    Remate de bien Inmueble

    Resumen del caso: 
    REMATE DE INMUEBLES De acuerdo a la consulta que usted realizo a través de nuestro servicio de asesorias virtuales, en virtud de la cual manifestó que se trata de los porcentajes de remate de un inmueble le respondemos a sus inquietudes de la siguiente manera:

    reclamacion por no terminar con la construccion de un subsidio de vivienda

    Resumen del caso: 
    RESUMEN: El esposo de la señora Gloria sirvió de fiador a su compadre y en vista de que este último no canceló su deuda con el banco lo embargaron por un término de 3 años; ahora, luego de cancelar esa obligación forma de exigirle a su compadre el pago de la misma, puesto que el único bien que posee se encuentra gravado con hipoteca.

    Terminación unilateral del contrato de arriendo de vivienda urbana cuando el arrendatario ha cumplido cabalmente sus obligaciones

    Resumen del caso: 
    Si un arrendador de un bien inmueble destinado a vivienda urbana desea terminar el contrato de arrendamiento de manera unilateral estando el arrendatario dentro de las prórrogas del contrato y habiendo cumplido este de manera cabal con las obligaciones emanadas del mismo, deberá según el artículo 22 numeral 7 de la ley 820 de 2003 avisar al arrendatario la terminación del arriendo mediante escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. De no cumplirse bajo los supuestos antes dichos con los requisitos enunciados en la ley, el arrendador no podrá terminar con el contrato, de allí que se haga imperioso para éste cumplir al pie de la letra con lo requerido por el numeral 7 del artículo 22 de la ley 820 de 2003. Ahora bien, si el arrendatario no ha cumplido con sus obligaciones de manera puntual - pago de la renta, servicios públicos etc.-, no será necesario cumplir con el aviso escrito ni con el pago de indemnización alguna, ya que el arrendatario estará incurso en otra causal de terminación del contrato, cual es la del incumplimiento de sus obligaciones, quedando facultado el arrendador para requerir incluso por la vía judicial el inmueble arrendado. El hecho de que el contrato se hubiere celebrado de manera verbal no implica mayores problemas, ya que la ley le otorga la misma validez que la de los contratos escritos, solo que de no existir documento, deberá acudir a una notaría con mínimo dos testigos a quienes les conste la celebración del contrato y los demás aspectos relevantes, para que el notario levante las actas que servirán para iniciar los trámites judiciales pertinentes. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Contrato de arrendamiento

    Resumen del caso: 
    El arrendamiento es un contrato en que el arrendador por una parte, se obliga a conceder el goce de una cosa, y por la otra el arrendatario, a pagar el precio que toma el nombre canon. Surgen obligaciones reciprocas, en su caso que es la arrendataria, de conformidad a la legislación Civil Colombiana esta obligada a efectuar las reparaciones locativas por deterioro que ordinariamente se producen por culpa suya, como son la pintura del inmueble, arreglo normal de las paredes. Igualmente surgen obligaciones con relación al arrendador, la principal entregar la cosa arrendada al arrendatario, mantener en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. El arrendador tiene la obligación de mantener en buen estado consiste en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas las cuales corresponden al arrendatario. El arrendador puede ser obligado a hacer las reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho necesariamente provinieren de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. En conclusión los daños a que usted se refiere por el tiempo que tiene en arriendo el inmueble, como se la pintura es por su cuenta y los desgaste que sean normales. Debemos tener en cuenta lo pactado contrato, con relación a estos daños Normas legales. Art. 1974, 1977, 1982, 1996, 1998 del Código Civil Colombiano FABIO LÓPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Prescripción adquisitiva de dominio

    Resumen del caso: 
    En una consulta bastante escueta, se pregunta un lector qué beneficios tiene después de vivir 25 años en un lote. Creemos que se refiere a la posibilidad de convertirse en propietario del inmueble que detenta por el transcurso del tiempo y la posesión, figura que jurídicamente se llama prescripción adquisitiva de dominio. Ante eso, es pertinente analizar las siguientes hipótesis: Si el tenedor del bien ha asumido esa calidad en virtud de un contrato de arriendo, o de comodato, o de un acuerdo previo con el propietario o con quien se acepta que tiene un mejor derecho sobre el mismo, es decir, es un simple poseedor en nombre ajeno, no podrá en principio aspirar a convertirse en dueño del inmueble por el transcurso del tiempo, pues dicho contrato o acuerdo indica necesariamente que el tenedor reconoce a otra persona como dueña y la ley civil colombiana establece como requisito para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio el hecho de que se desconozca a otra persona que pueda tener un mejor derecho sobre la cosa (posesión en nombre propio), sumado al tiempo que exige la ley para el efecto prescriptivo. Si, por el contrario, el tenedor del bien lo es en nombre propio y con el ánimo de convertirse en dueño porque jamás ha reconocido a otro como propietario y ha asumido la conducta típica de este (pagado impuestos, realizado mejoras, explotaciones económicas, pago de servicios públicos, etc), entonces, una vez cumplido el término legal, podrá presentar la correspondiente demanda de prescripción adquisitiva de dominio para que el Juez competente lo declare propietario del inmueble. En cuanto al término para prescribir tratándose de bienes inmuebles, este será de 20 o 10 años, o de 10 o 5 años, dependiendo de la época en que se inició la posesión y de la clase de posesión ejercida (regular, irregular, urbana, rural o de interés social). Para mayores informes, es importante la asesoría de un abogado especialista en asuntos civiles y procesales. CAROLINA VERGARA SOTO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Efectos de la fianza

    Resumen del caso: 
    La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple. Se consulta, si es pertinente que el fiador que se encuentra pagando la obligación en virtud de la omisión del deudor principal de satisfacerla, pueda “quitar” a este último, el bien comprado –cuyo valor se encuentra garantizado precisamente con la fianza-, para apropiárselo y continuar él asumiendo el pago del crédito ante el acreedor. En principio, y salvo que exista un acuerdo expreso y ojala por escrito entre comprador, vendedor y fiador en ese sentido, no creemos recomendable esa conducta por cuanto es común que los establecimientos de comercio se reserven el dominio de las cosas vendidas a crédito hasta tanto se les cancele la totalidad de la obligación. Si se aceptara que el fiador se pudiera quedar con el bien bajo los supuestos mencionados, se daría una disparidad de situaciones, en la que el contrato celebrado con el establecimiento de comercio, jurídicamente hablando establecería una cosa, y la realidad otra. ROSA MACIA SEGUANES Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Terminación unilateral del contrato de arriendo de vivienda urbana por parte del arrendador durante las prórrogas

    Resumen del caso: 
    ¿Puede un arrendador dar por terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del arrendatario, cuando el contrato se encuentra prorrogado? La respuesta es positiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 numeral 7 de la ley 820 de 2003, siempre y cuando el arrendador avise su intención de terminación del contrato por escrito remitido al arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación anterior no menor de 3 meses con relación a la fecha de terminación y el pago de una indemnización al arrendatario, equivalente al valor de tres meses de renta. Cumplidos estos requisitos, el arrendatario estará obligado a terminar y restituir el inmueble al arrendador. Es bueno aclarar, sin embargo, que el beneficio de los tres meses de plazo otorgado para la restitución, y el pago de la indemnización mencionada, es exclusiva para el arrendatario que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones durante la vigencia del contrato (pago de la renta, servicios públicos, etc.), pues si este ha incumplido o ha cumplido pero de manera imperfecta, el arrendador se legitima en otras de las causales de terminación inmediata del contrato tipificadas en los numerales 1, 2 y subsiguientes de la norma antes mencionada, pudiendo el arrendador instaurar la demanda judicial de restitución de inmueble arrendado. Es obvio que en estos eventos no cabe la indemnización ni el término de gracia, por cuanto la ley no puede premiar a los incumplidos. RAYZA AHUMADA OCHOA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Deudor de crédito bancario que incurre en imposibilidad de cumplimiento de la obligación

    Resumen del caso: 
    Las obligaciones contraídas con instituciones financieras tienen su sustrato en contratos firmados por las partes, donde se establecen las condiciones, forma de pago, el valor de las cuotas que generalmente se componen de los abonos a capital y el monto de los intereses, que generalmente están determinados por los topes de mínimos y máximos que fija la Súper Intendencia Financiera de Colombia. En ese orden de ideas, a pesar del buen comportamiento que el deudor haya mantenido, la mora en que se encuentra la obligación actualmente se configura como un incumplimiento de contrato, lo cual le da al acreedor todo la potestad de exigir su cumplimiento y ejecutar las medidas cautelares necesarias para garantizar el pago de la obligación originaria más los intereses moratorios causados según las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de mutuo o hipotecario según el crédito contraído La opción a aplicar en este caso es intentar llegar a un acuerdo con el banco acreedor en lo concerniente a una eventual reliquidación del crédito y un acuerdo de pago en las cuotas con un monto que puedan ser cumplidas, lo cual, obviamente quedará a su mera liberalidad, pues no es posible obligar al acreedor a que acepte acuerdo de pago alguno, pues él está en la libertad de exigir su crédito de acuerdo con las estipulaciones pactadas. En ningún caso es admisible la razón del desempleo –o cualquier otra causa- para justificar el incumplimiento en el pago de las obligaciones, pues poco o nada importa al acreedor DIANA HIGUERA TORRES Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Qué hacer cuando se es victima de una captadora de dinero

    Resumen del caso: 
    La primera alternativa consiste en denunciar penalmente a la captadora por medio de su representante legal e inmediatamente acreditar dentro del proceso penal, la calidad de víctima, lo cual se podrá llevar a cabo directamente o por medio de apoderado (que sería lo ideal), aportando toda la información que se tenga sobre el fraude de manera que pueda ser tenida en cuenta por los investigadores a título de prueba de la comisión del delito. Como este proceso penal queda supeditado a lo reglamentado en la ley 906 de 2004, nuevo código de procedimiento penal que consagra el sistema penal acusatorio, en el momento procesal pertinente, la víctima podrá promover el incidente de reparación integral con el objeto de que se le indemnicen los perjuicios ocasionados con el delito, que es en últimas, lo que realmente se quiere. NIXON CARRASQUILLA Asesora Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Letra de cambio llenada irregularmente por el acreedor para su cobro judicial

    Resumen del caso: 
    Cuando el título ejecutivo utilizado por el acreedor para demandar al deudor es firmado por este con espacios en blancos, dichos vacíos documentales deben ser llenados por el tenedor del título (letra de cambio según la consulta), de acuerdo con la carta de instrucciones suscrita por las partes. El problema radica cuando no se ha firmado carta de instrucciones para el llenado del título ejecutivo, lo que puede conllevar a que el acreedor complete el documento con información que no concuerda con la realidad, principalmente en lo que corresponde a los espacios de las sumas adeudadas y de la fecha de exigibilidad de la obligación. Esto no dejará de ser un problema probatorio dentro del proceso ejecutivo ya que en principio el documento que soporta la obligación se presume ajustado a la legalidad, lo que no significa que no se pueda controvertir dentro del proceso con testigos y demás elementos probatorios tendientes a demostrar las irregularidades que el mismo posea. Por ejemplo, en el caso en el que la letra de cambio se hubiere llenado con un monto exagerado porque se capitalizaron intereses usureros con el objeto de encubrirlos, el deudor demandado podrá proponer “excepciones cambiarias” en la oportunidad pertinente del proceso, con el fin de demostrar al Juez la irregularidad cuyo efecto jurídico es la pérdida de todos los intereses sin perjuicio de las acciones penales ante las autoridades competentes por el delito de usura, fraude procesal o falsedad en documento privado. Obviamente, en virtud de que el debate probatorio es bastante dispendioso como quiera que se deberá desvirtuar la presunción de legalidad del título ejecutivo, es recomendable la asesoría de un abogado que represente los intereses del demandado. PATRICIA ORDOÑEZ Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena.

    Deudor moroso que desea salir de la lista negra de datacrédito

    Resumen del caso: 
    Con la entrada en vigencia de la ley de habeas data (1266 del 31 de diciembre de 2008), empezó a correr el término de 6 meses de la amnistía concedida a los deudores morosos para que, una vez paguen sus créditos, poniéndose a paz y salvo con sus acreedores, solo permanezcan por un año más en la lista de las centrales de riesgo o bancos de datos como Datacrédito. Cumplido este término, el reporte negativo de la mora deberá ser excluido. Dice la mencionada norma en su artículo 21: (…) Los titulares de la información que cancelen sus obligaciones objeto de reporte dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha información negativa en los Bancos de Datos por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de cancelación de tales obligaciones. Cumplido este plazo de un (1) año, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los Bancos de Datos. El beneficio previsto en este artículo se perderá en caso que el titular de la información incurra nuevamente en mora, evento en el cual su reporte reflejará nuevamente la totalidad de los incumplimientos pasados, en los términos previstos en el artículo 13 de esta ley. PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Derecho a indemnización por deterioro de automotor retenido injustamente por autoridades judiciales

    Resumen del caso: 
    Narra el consultante, que en el mes de junio de 2007, la Fiscalía General de la Nación le inmovilizó su motocicleta –es mensajero-, porque otra persona la reclamaba como suya. Un año después de la investigación penal, se la devolvieron deteriorada y desvalijada, aclarando que durante ese año estuvo retenida en un parqueadero de la Fiscalía custodiada por una empresa de vigilancia privada. Manifiesta que tiene pruebas del estado anterior y posterior de la conservación de la moto, y que en varias oportunidades ha solicitado a la Fiscalía que le respondan por lo que él considera un atropello sin obtener respuesta adecuada, razón por la cual solicita orientación jurídica relacionada con dicho asunto. Al respecto es importante aclarar, que así como los particulares deben responder por los daños antijurídicos que ocasionen a otras personas, de acuerdo con las normas del código civil, las entidades o autoridades públicas, también son responsables de las acciones u omisiones que causen detrimento patrimonial. En ese sentido, el código contencioso administrativo, consagra la “acción de reparación directa”, como el mecanismo judicial adecuado para lograr, mediante una demanda cuya competencia en el caso que analizamos corresponde a los jueces administrativos, la condena a las entidades responsables del daño, a pagar las indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales y morales derivados de las acciones o las omisiones generadas por los responsables de la custodia del automotor en el tiempo en que estuvo retenido. Como existe una pluralidad de responsables de la custodia de la motocicleta (Fiscalía General de la Nación y Empresa de vigilancia), los dos deben responder de manera solidaria por los daños derivados de su imprudencia, negligencia o impericia en las labores de custodia del bien retenido, pues mientras la misma estuvo a su cargo, debieron haberla mantenido en el mismo estado en que les fue entregada, sin que el afectado tenga porqué soportarlos. De manera concordante, el artículo 65 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, prevé expresamente la responsabilidad judicial, en los siguientes términos: ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. De manera, pues, que en el caso planteado se puede perseguir la reparación del daño mediante las vías judiciales tal como se expresó, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el afectado se percató del mismo, para lo cual requerirá de la asistencia de un abogado especialista en asuntos contencioso administrativos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 la ley 1285 de 2009, recién expedida y que modificó algunas de las normas de la ley estatutaria de la administración de justicia, contempla una novedad importante en lo que toca con el intento conciliatorio como requisito previo para poder demandar. Por todo lo anterior, es recomendable que el afectado intente la correspondiente conciliación administrativa –lo cual puede hacer en la procuraduría delegada ante lo contencioso administrativo-, para luego, si no hay acuerdo con los responsables del daño, instaurar la demanda ante los jueces administrativos, lo cual se debe llevar a cabo, como se afirmó, dentro de los dos años siguientes al conocimiento del daño, so pena de que prescriba el derecho a reclamar. Muy cordialmente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Contrato de arrendamiento

    Resumen del caso: 
    La ley 820 del 2003 que reglamenta los contratos de arrendamiento, en su articulo 9º numeral 1º el arrendatario esta obligado a pagar en los plazos estipulados en el contrato los cánones estipulados, en ninguna parte de la ley dice que no esta obligados a pagar los últimos días que ocupo el inmueble, luego tiene que cancelar los días que vivió. Gracias FABIO LOPEZ Director Consultorio Jurídico U de Cartagena

    Contrato de arrendamiento

    Resumen del caso: 
    La ley es terminante en cuanto a los derechos del arrendatario, si este último es notificado con tres (3) meses de anticipación de no prorrogar el término del contrato, el arrendador esta cumpliendo su deber y el tenedor del inmueble arrendado, debe desocupar inmediatamente. En consecuencia al no entregar el inmueble tendrá que hacer frente al proceso de restitución de inmueble. Y pagar los gastos del proceso El articulo 2005 del Código Civil, El arrendatario esta obligado a restituir el inmueble al fin del arrendamiento. La ley 820 del 2003, en su articulo 7º faculta al arrendador para dar por terminado el contrato de arrendamiento, mediante aviso dirigido al arrendatario a través del servicio postal, con antelación no menor de tres meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres meses de arrendamiento.. FABIO LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad de Cartagena

    Contrato de arrendamiento

    Resumen del caso: 
    El arrendamiento es un contrato en que el arrendador por una parte, se obliga a conceder el goce de una cosa, y por la otra el arrendatario, a pagar el precio que toma el nombre canon.

    Prescripción adquisitiva de dominio

    Resumen del caso: 
    En una consulta bastante escueta, se pregunta un lector qué beneficios tiene después de vivir 25 años en un lote.

    Efectos de la fianza

    Resumen del caso: 
    La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.

    Terminación unilateral del contrato de arriendo de vivienda urbana por parte del arrendador durante las prórrogas

    Resumen del caso: 
    ¿Puede un arrendador dar por terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del arrendatario, cuando el contrato se encuentra prorrogado?

    Deudor de crédito bancario que incurre en imposibilidad de cumplimiento de la obligación

    Resumen del caso: 
    Las obligaciones contraídas con instituciones financieras tienen su sustrato en contratos firmados por las partes, donde se establecen las condiciones, forma de pago, el valor de las cuotas que generalmente se componen de los abonos a capital y el monto de los intereses, que generalmente están determinados por los topes de mínimos y máximos que fija la Súper Intendencia Financiera de Colombia.

    Título ejecutivo complejo contra entidades públicas

    Resumen del caso: 
    Las obligaciones asumidas por las entidades públicas, como una gobernación, pueden ser cobradas por la vía judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (juzgados o tribunales administrativos) en los casos en que estas no cumplan con las mismas de manera voluntaria, de acuerdo con lo que se pactó dentro de los respectivos contratos. En ese sentido es importante recalcar, que para llevar a cabo la correspondiente demanda ejecutiva ante las autoridades judiciales mencionadas, debe el acreedor constituir el título ejecutivo complejo, es decir el conjunto de documentos que aunados servirán para que prospere la acción, ya que no es suficiente el contrato porque se hará imprescindible aportar también las cuentas de cobro, pólizas de cumplimiento o de garantía, certificado de disponibilidad presupuestal, actas de cumplimiento, etc. Además de la vía judicial, y con el mismo rigorismo documental anotado, el acreedor de una entidad de derecho público puede intentar llevar a cabo una conciliación administrativa en la procuraduría delegada ante lo contencioso administrativo para que esta cite al representante de la entidad pública deudora, e intente un acuerdo de pago amigable, el cual se hará constar en un acta que luego se remitirá al juez o tribunal administrativo para su aprobación. El interesado en cualquiera de los dos trámites anteriores, deberá obrar acompañado de abogado titulado que asuma su representación. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Jornada ordinaria laboral, horas extras y trabajo en días festivos La jornada ordinaria de trabajo según la ley colombiana es de 8 horas semanales, las cuales, se supone, deben ser laboradas durante el día, de manera que si excepcionalmente se laboran horas por fuera de la jornada ordinaria de trabajo, o resulta excedida la misma (horas extras), o se trabaja dominicales o festivos, el empleado deberá pagar un recargo por esos factores de acuerdo con el código sustantivo del trabajo. En ese sentido, se entiende por "hora extra", aquella que se trabaja adicional sobre la jornada de 8 horas antes mencionada, entendiendo que estas tienen un límite según la legislación colombiana de 2 horas extras diarias, o 12 semanales, como máximo. Existen también los recargos nocturnos, los cuales hacen referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora ordinaria, por el hecho de laborar en horas nocturnas. Este recargo corresponde al 35% adicional sobre la hora ordinaria y se paga después de las 10 de la noche. En ese sentido, el recargo nocturno corresponde al solo hecho de trabajar de noche a partir de las 10 de la noche, puesto que las 8 horas diarias se pueden trabajar o bien de día o bien de noche, pero en este último caso se debe pagar un recargo del 35% y a partir de las 10 p.m., ya que no actualmente no se reconoce recargo nocturno entre las 6. p.m. y las 9: 59 p.m. Con relación a los recargos dominicales o festivos, es importante aclarar que si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, el empleador deberá pagarle correlativamente un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, por el sólo hecho de trabajar en esos días. Ahora bien, es importante también aclarar que es posible que además de lo anterior existan combinaciones entre los diferentes conceptos o fenómenos antes explicados, de acuerdo con las necesidades del servicio de la empresa. Así por ejemplo, es posible que se den, también: 1.Horas extras nocturnas; 2. Horas extras diurnas, dominicales o festivas; 3. Horas extras nocturnas, dominicales o festivas; 4. Hora dominical o festiva nocturna. Hay que recordar, como se dijo, que el tome máximo de horas extras permitidas por la ley es de 2 horas diarias o 12 semanales sobre la jornada ordinaria laboral. De acuerdo con lo anterior, la consultante deberá analizar su caso concreto para determinar bajo qué circunstancias está laborando de forma que pueda concluir si el pago de su sueldo se ajusta a la legalidad. En caso de dudas, es recomendable que asista a la oficina del trabajo, o a la sede del sindicato de la empresa, si lo tiene, o de otro sindicato similar, o a un consultorio jurídico de una facultad de derecho, donde de manera completamente gratuita le darán asesoría específica sobre el punto. En la siguiente dirección, podrá consultar más sobre el tema: http://www.gerencie.com/horas-extras-y-recargos-nocturnos-dominicales-y-festivos.html SARA ASHOOK HADDAD Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Trámites para el divorcio Existen, reconocidas por la ley colombiana, dos formas de llevar a cabo los trámites para el divorcio (en cuanto al matrimonio civil) o para la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso (con relación a los matrimonios celebrados por iglesias con personería jurídica reconocida por el estado, como la católica): 1. Los trámites que corresponden cuando existe ACUERDO MUTUO entre los cónyuges para el divorcio o la casación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, que son dos: a) El Notarial y b) el Judicial de jurisdicción voluntaria, los cuales se caracterizan por ser bastante rápidos ya que solo basta que tanto el notario como el juez aprueben el acuerdo de las partes en lo que se relaciona con el divorcio, la cuota alimentaria de los hijos menores si los hay, la custodia y régimen de visitas de los mismos, y la liquidación de la sociedad conyugal, o la forma como se repartirán los bienes. En ambos casos se requiere abogado que asuma la representación de las partes. 2. El trámite correspondiente al DIVORCIO CONTENCIOSO, cuando no hay mutuo acuerdo para el mismo. Este trámite solo se puede llevar ante un juez de familia mediante la presentación de la demanda pertinente en la cual tendrá que probarse la justa causa para que el juez lo declare. La más práctica de demostrar, es la que corresponde a la separación de hecho de los cónyuges, cuando esta tiene más de dos años, ya que es una casual objetiva, mucho más fácil de probar que por ejemplo las infidelidades del cónyuge. En esta hipótesis, en la sentencia que decrete el divorcio, el juez deberá declarar disuelta la sociedad conyugal y ordenará su liquidación (distribución de los bienes) la cual se podrá hacer como un trámite posterior a la sentencia del divorcio. Obviamente esta clase de procesos también requiere representación de abogado titulado. De estar interesada, obtenga la asesoría directa de un abogado titulado especialista en asuntos de familia que la represente en los trámites respectivos. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Cuota alimentaria insuficiente Aclarando previamente que la obligación de mantenimiento económico de los hijos menores de edad o mayores pero incapacitados para trabajar por problemas físicos o mentales o por motivos de estudio -hasta los 25 años en este último caso-, corresponde a AMBOS PADRES de acuerdo con sus capacidades económicas. Jurídicamente, el porcentaje máximo que puede ser embargado por este concepto es el 50% del salario o de la pensión y demás prestaciones sociales, a discreción del juez teniendo en cuenta las circunstancias. Así, si considera que el padre de los hijos menor de edad no está cumpliendo suficientemente con sus obligaciones económicas para con ellos, aportando lo que se llama "cuota alimentaria", lo que comprende una suma de dinero que cubra los gastos de los niños relacionados con educación, alimentación, vestido, diversión, etc., puede llevar a cabo las siguientes actuaciones: 1. intentar el diálogo directo con el padre del menor, para que con ese diálogo, se llegue a un acuerdo en cuanto a la cuota mensual para los gastos del niño. 2. acudir a un centro de conciliación de una facultad de derecho de una universidad, para que el padre de los menores sea citado a una audiencia de conciliación, con el fin de que el conciliador, que es una tercera persona neutral que interviene, ayude a ambos a llegar a un acuerdo amistoso. 3. acudir a un juzgado de familia para demandar por inasistencia alimentaria al padre del menor, con el objeto de que ante el juez se determine la cuota a la cual resulta obligado el padre de los menores. Usted en este caso puede acudir directamente al juzgado de familia en turno para que de manera verbal presente su demanda. NO IMPORTA QUE EL PADRE DE LOS NIÑOS VIVA FUERA DE LA CIUDAD DONDE ESTOS VIVAN, YA QUE LA LEY PERMITE LA DEMANDA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LOS MENORES. IGUAL ANOTACIÓN LE HAGO CON RELACIÓN A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION. 4. No es recomendable en su caso presentar denuncia penal por inasistencia alimentaria contra el padre del niño, ante la sala de denuncias de la fiscalía general de la nación, que es la otra vía, porque sea lo que sea, usted manifiesta que el padre colabora con una cuota, solo que es insuficiente, y la denuncia penal por inasistencia procede cuando hay falta absoluta en el pago de su cuota. Usted deberá, por tanto, escoger una de esas opciones de acuerdo con las circunstancias propias. En todo caso le sugiero agotar las instancias de la conciliación, ya que en ella se puede llegar a un acuerdo más rápidamente, evitando el desgaste propio de la contienda ante los jueces o fiscales. Por otro lado, es bueno que sepa que el padre que incumple con sus obligaciones con relación a los hijos, o lo hace de manera insuficiente, no puede exigir sus derechos como tal, como los relacionados con las visitas, custodia, patria de potestad, etc. hágale ver esta situación. Para finalizar, creo que el hecho de que le hubiere dejado una moto para que la utilice como moto taxi -que dicho sea de paso entraña serios riesgos por los daños que puede causar-, no significa que usted no pueda reclamar su cuota alimentaria al padre, si lo que la moto le genera no es suficiente, teniendo en cuenta que el señor tiene una pensión con la cual asumir una cuota un poco más real de acuerdo con las necesidades de los menores. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad San Buenaventura Cartagena Incompatibilidad entre la sociedad conyugal matrimonial y la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho La ley 979 de 2005, que conjuntamente con la ley 54 de 1990 regula las uniones maritales de hecho, establece la incompatibilidad de las dos sociedades patrimoniales: la que surge con el matrimonio con la que nace de las uniones maritales de hecho. Así las cosas, si al menos uno de los miembros de la pareja que constituye la unión marital de hecho -por más tiempo que convivan- no ha disuelto y liquidado la correspondiente sociedad conyugal derivada de un matrimonio por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho, o conserva un impedimento para contraer matrimonio, no se constituirá entre ellos la sociedad patrimonial de hecho, de tal forma que los bienes adquiridos por el compañero que se encuentra bajo esos supuestos entrará a la sociedad conyugal derivada del matrimonio. Por lo anterior, urge que se inicien las actuaciones propias del divorcio y de la liquidación de la sociedad conyugal con el cónyuge con el objeto de que luego de los dos años de encontrarse disuelta y liquidada dicha sociedad, se constituya una nueva con el compañero permanente, momento a partir del cual se entenderá que los bienes que compre cada uno de ellos hará parte de la nueva sociedad patrimonial de hecho. En el evento en que el otro cónyuge no esté interesado en el divorcio no impide que este se lleve a cabo por el compañero permanente interesado, ya que si tiene más de dos años de haberse separado de su cónyuge, tendrá configurada una justa causal para presentarle la demanda de divorcio, para lo cual, obviamente requerirá de la asesoría personal de un abogado inscrito especialista en asuntos de familia. De no llevarse a cabo los trámites anteriores -se reafirma-, todos los bienes adquiridos por el compañero que tiene vigente el matrimonio anterior según lo que se explicó, harán parte de la sociedad conyugal conformada con la esposa y no tendrá derecho alguno sobre ellos la compañera permanente. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Reajuste anual de la renta de locales comerciales depende del acuerdo de las partes En materia de arriendos comerciales, hay un problema que no existe con relación a los arriendos de inmuebles destinados a vivienda urbana de acuerdo con lo consagrado en la ley 820 de 2003, y es que la ley no prevé para el arriendo de locales comerciales los topes máximos de reajuste anual de la renta como si sucede con la renta de vivienda urbana donde el aumento debe corresponder como máximo al porcentaje de aumento del costo de la vida. En el arriendo de locales comerciales, por el contrario, el porcentaje de reajuste anual dependerá del mutuo acuerdo de las partes, de manera que si no hay acuerdo, será el juez civil el que deberá decidir al respecto, pero en ningún momento se justificará para el arrendador que obre de hecho y bajo la amenaza de la policía, quien no tiene nada que hacer sin una orden judicial. Si el arrendatario no ha pagado de manera puntual su renta ni cumplido a cabalidad sus demás obligaciones, se arriesga -eso sí- a ser demandado ante los jueces competentes por esas causas, así que las explicaciones anteriores se hacen bajo la hipótesis de que se hubiere cumpliendo religiosamente con dichas cargas. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena No se puede renunciar al derecho de esclarecer la paternidad Es pertinente dejar en claro, que el derecho a la personalidad y a llevar un nombre y un apellido es de carácter fundamental con asidero en la misma constitución política, dada la importancia que genera no solo desde el punto de vista jurídico, sino también patrimonial o económico y hasta psicológico. Por ello, toda persona -y mucho más si se trata de un menor de edad- tiene el ineludible derecho a que se le determine quiénes son sus verdaderos padres, y para ello cuenta, en cualquier momento, con el proceso judicial de investigación de la paternidad o de filiación extra matrimonial, dentro del cual, el juez de familia ordenará la práctica de la prueba de ADN de tal forma que se pueda salir de las dudas relacionadas con la paternidad -o la maternidad, según el caso-. Por lo anterior, le recomendaría ampliamente que se defina el aspecto de la paternidad de la niña, pero ojalá ante un juez de familia para que crezca con todos sus derechos fundamentales íntegros de tal forma que algún día se lo agradezca, y no por el contrario que le saque en cara el hecho de no hacer lo posible por ello. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Título ejecutivo complejo contra entidades públicas Las obligaciones asumidas por las entidades públicas, como una gobernación, pueden ser cobradas por la vía judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (juzgados o tribunales administrativos) en los casos en que estas no cumplan con las mismas de manera voluntaria, de acuerdo con lo que se pactó dentro de los respectivos contratos. En ese sentido es importante recalcar, que para llevar a cabo la correspondiente demanda ejecutiva ante las autoridades judiciales mencionadas, debe el acreedor constituir el título ejecutivo complejo, es decir el conjunto de documentos que aunados servirán para que prospere la acción, ya que no es suficiente el contrato porque se hará imprescindible aportar también las cuentas de cobro, pólizas de cumplimiento o de garantía, certificado de disponibilidad presupuestal, actas de cumplimiento, etc. Además de la vía judicial, y con el mismo rigorismo documental anotado, el acreedor de una entidad de derecho público puede intentar llevar a cabo una conciliación administrativa en la procuraduría delegada ante lo contencioso administrativo para que esta cite al representante de la entidad pública deudora, e intente un acuerdo de pago amigable, el cual se hará constar en un acta que luego se remitirá al juez o tribunal administrativo para su aprobación. El interesado en cualquiera de los dos trámites anteriores, deberá obrar acompañado de abogado titulado que asuma su representación. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Terminación de contrato de arriendo por incumplimiento del arrendatario En el evento en que los arrendatarios no cancelen de manera puntual la renta, o en la omitan definitivamente, se configura una causal de terminación unilateral del contrato que faculta al arrendador para iniciar la demanda de restitución de inmueble arrendado con el objeto de que sea el juez el que ordene la terminación del contrato por incumplimiento y la consecuencial restitución del inmueble a manos del arrendador, inclusive con el uso de la fuerza pública. Se aclara que cualquier otro medio que se utilice al margen del judicial mencionado, constituirá una vía de hecho que iría contra la ley y que podría poner en aprietos al arrendador (corte arbitrario de servicios públicos como medida de "presión", penetración por la fuerza en el inmueble del arrendatario con actitud amenazante, etc.), razón por la cual la única opción ajustada a derecho que tiene el arrendador es presentar con la asesoría de un abogado, la demanda referida, revestido con la paciencia requerida. Es requisito indispensable para la demanda de restitución de inmueble arrendado, anexar el contrato de arriendo si este se celebró por escrito. Si se llevó a cabo de manera verbal, se deberá demostrar la existencia del contrato con dos o más testigos -a quienes les conste la existencia del contrato-, que deberán declarar ante notario con el objeto de que las actas levantadas por este se aporten a la demanda. También se puede probar el contrato, de la manera indicada en el parágrafo primero del artículo 424 del código de procedimiento civil. Adicionalmente, en la demanda, se podrá pedir al juez el embargo del sueldo o demás bienes del arrendatario para garantizar el pago de los arriendos adeudados. Otra Vía legal para evitar la presentación de la demanda antes descrita, es la citación del arrendatario a un centro de conciliación para que se llegue con éste a un acuerdo amistoso en cuanto a la restitución del inmueble y al pago de la deuda, todo, con la presencia de un tercero neutral denominado conciliador, el cual levantará el acta en la que constará el acuerdo respectivo. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Los pactos son para cumplirlos "Pacta sunt servanda", reza el viejo adagio jurídico latino: Los pactos son para cumplirlos. Toda deuda asumida deberá ser cumplida de acuerdo con los términos y condiciones pactados, so pena de que faculte al acreedor para iniciar las acciones judiciales pertinentes contra el deudor para obtener el pago de lo adeudado más los perjuicios ocasionados con la mora. En realidad, y desde el punto de vista jurídico, al acreedor le importaran poco los motivos por los cuales el deudor le dejó de pagar, lo cual no influirá para nada en sus posibilidades de acceder a las instancias judiciales. Lo que sí está claro, es que el acreedor no podrá cobrar la deuda por otras vías diferentes a las judiciales, por lo que no es ajustado a derecho el que se vaya por los caminos de hecho, como constreñir indebidamente y mediante el uso de la fuerza física o sicológica al deudor, en virtud de que nadie puede perseguir un resultado legítimo mediante el uso de opciones ilegítimas. De la misma forma, resulta antijurídico el cobre de intereses por encima de los topes legales. Los deudores deberán tener especial cuidado cuando se trate de deudas derivadas del famoso "paga diario", o como se le denomina ahora "gota a gota", porque muchas veces las amenazas terminan en tragedias tal como se pude observar en las páginas de los diarios locales. Por lo anterior, lo mejor es que trate de llegar a un acuerdo amistoso con el acreedor de forma tal que le otorgue un refinanciamiento de la deuda, pero eso solo quedará al libre albedrío del acreedor. Si las presiones indebidas y las amenazas continúan, acuda ante la fiscalía general de la nación o ante los juzgados de pequeñas causas a presentar la correspondiente denuncia penal por constreñimiento ilegal. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Expropiación por motivos de utilidad pública En realidad, cualquier propietario de bienes inmuebles puede ser objeto de expropiación por vía judicial o administrativa, si su predio resulta determinante para llevar a cabo alguna obra pública para la cual el interés general de la comunidad deberá primar sobre el particular de su propietario. Lo anterior encuentra su fundamento no solo en Leyes expedidas expresamente para ello (Capítulo III de la Ley 9 de 1989 y los capítulos VII y VIII de la Ley 388 de 1997), sino también en la constitución política, que es norma de normas, y cuyo espíritu social ordena que el interés público prevalece sobre el individual. Sin embargo, la expropiación implica una serie de trámites administrativos y judiciales y por ende el cumplimiento de un debido proceso que debe ser oportunamente notificado a los propietarios de los inmuebles involucrados so pena de nulidad. Inclusive, antes de iniciar los trámites anteriores, la nación, el departamento o el distrito o municipio, según el caso, deberá ofertar a los propietarios, la compra de los inmuebles, para que si estos acceden voluntariamente, se obvie los engorrosos trámites expropiatorios, que, de llevarse a cabo, deben implicar, por regla general, el pago correlativo de indemnizaciones para los propietarios de los inmuebles. Diríjase a la Alcaldía de su municipio o distrito mediante un derecho de petición, solicitando información sobre si en la dirección de ubicación del predio se adelanta o pretende adelantar obra alguna que implique expropiaciones de los inmuebles circundantes. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Obligación alimentaria a favor de los padres Las obligaciones alimentarias, se predican no solo de padres a favor de hijos menores o mayores impedidos para trabajar por motivos de estudio -hasta los 25 años-, o que sean incapaces física o mentalmente, si no también de los hijos -que ya cuentan con una independencia económica- a favor de sus padres imposibilitados para sostenerse económicamente por sus propios medios, máximo cuando estos ya pertenecen a la tercera edad. Es apenas la justa y natural retribución de la que deben gozar los padres por todo el esfuerzo afectivo y económico invertido en sus hijos. De acuerdo con lo anterior, las personas mayores incapacidades para mantenerse económicamente por sí mismas, están facultados por la ley para exigir de sus descendiente -y en primer orden a sus hijos-, el suministro periódico de una cuota alimentaria para su sostenimiento integral que incluya lo esencial para su alimentación, vivienda, salud, esparcimiento, etc. Es obvio, por otro lado, que los obligados deben poseer la suficiente capacidad económica para cumplir con su obligación, pues de no ser así, no estarán obligados a cumplir lo imposible. Para la fijación de la cuota alimentaria, es recomendable acudir a un centro de conciliación -que puede ser el de una facultad de derecho-, para que se cite a los obligados a cumplir con la cuota alimentaria -los hijos del necesitado-, con el objeto de que con la ayuda de un tercero neutral denominado conciliador, se fije la correspondiente cuota. De esa forma, si los citados no comparecen el día y hora fijado, o compareciendo no llegan a un acuerdo conciliatorio, se podrá presentar una demanda de fijación de cuota alimentaria a favor de mayor de edad, ante un juez de familia, el cual valorará la necesidad del beneficiario por un lado, y la capacidad de cumplimento del obligado por el otro. Si la persona que requiere la cuota alimentaria no puede valerse por sí mismo, podrá iniciar los trámites quién lo tenga a su cargo. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Terminación unilateral del contrato de arriendo de vivienda urbana cuando el arrendatario ha cumplido cabalmente sus obligaciones Si un arrendador de un bien inmueble destinado a vivienda urbana desea terminar el contrato de arrendamiento de manera unilateral estando el arrendatario dentro de las prórrogas del contrato y habiendo cumplido este de manera cabal con las obligaciones emanadas del mismo, deberá según el artículo 22 numeral 7 de la ley 820 de 2003 avisar al arrendatario la terminación del arriendo mediante escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. De no cumplirse bajo los supuestos antes dichos con los requisitos enunciados en la ley, el arrendador no podrá terminar con el contrato, de allí que se haga imperioso para éste cumplir al pie de la letra con lo requerido por el numeral 7 del artículo 22 de la ley 820 de 2003. Ahora bien, si el arrendatario no ha cumplido con sus obligaciones de manera puntual - pago de la renta, servicios públicos etc.-, no será necesario cumplir con el aviso escrito ni con el pago de indemnización alguna, ya que el arrendatario estará incurso en otra causal de terminación del contrato, cual es la del incumplimiento de sus obligaciones, quedando facultado el arrendador para requerir incluso por la vía judicial el inmueble arrendado. El hecho de que el contrato se hubiere celebrado de manera verbal no implica mayores problemas, ya que la ley le otorga la misma validez que la de los contratos escritos, solo que de no existir documento, deberá acudir a una notaría con mínimo dos testigos a quienes les conste la celebración del contrato y los demás aspectos relevantes, para que el notario levante las actas que servirán para iniciar los trámites judiciales pertinentes. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena Incumplimiento en pago de liquidación laboral Las obligaciones de pagar liquidaciones laborales -asumiendo que usted tenía una relación laboral con su patrono-, surgen desde el mismo momento en que se terminó el trabajo, de allí que si han transcurrido tres meses desde dicha terminación y no le han pagado lo que le adeudan haga incurrir al empleador en mora, lo que lo legitimaría para presentar la correspondiente demanda ordinaria ante los jueces laborales, para lo cual deberá asesorarse de un abogado. También puede intentar solicitar ante la oficina del trabajo de su domicilio, una conciliación con el deudor para que ante el inspector del trabajo se trate de llegar a un acuerdo amistoso, que de lograrse evitaría los trámites engorrosos de un proceso judicial. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Pérdida de derecho a pensión de sobrevivencia por divorcio Según la normatividad vigente, en Colombia, tienen derecho a la pensión de sobrevivencia, las siguientes personas, desde el momento del fallecimiento del pensionado: -El cónyuge o compañero(a) permanente con dos años de convivencia. -Los hijos menores de 18 años, lo hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que, en el momento de la muerte del afiliado o pensionado dependan económicamente de éste. -Los hijos inválidos con dependencia económica del fallecido. -Los padres, si dependían económicamente del causante, cuando no haya hijos ni cónyuge. -Los hermanos inválidos que dependían económicamente del pensionado o afiliado (sólo en el régimen de prima media). Desde esa óptica, no es posible aspirar a tener derecho alguno sobre la pensión que devenga una persona viva, ya que el requisito para ello es que el pensionado hubiere fallecido. Como en el caso concreto el cónyuge presentó la demanda de divorcio, desde el momento en que este se decrete por el juez, la ex-cónyuge perderá cualquier posibilidad futura sobre la pensión, ya que uno de los requisitos legales, además del fallecimiento del pensionado, es que el vínculo matrimonial se encuentre vigente al momento de la muerte. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Bienes futuros del deudor pueden perseguirse por el acreedor Desde que el deudor entra en mora, faculta al acreedor para iniciar las acciones ejecutivas contra éste y sus codeudores o fiadores, tendientes a garantizar el pago de la deuda, siendo viables, obviamente las medidas de embargos y secuestros sobre los bienes muebles, inmuebles, salarios y demás derechos patrimoniales presentes y/o futuros del deudor, es decir sobre aquellos que llegare a tener. En realidad a los acreedores -mucho menos a las entidades bancarias-, poco les interesan los motivos por los cuales no se ha podido saldar la obligación, y mientras el estado de mora se mantenga, la sanción de aparecer reportado en las bases de datos se sostendrá. De allí, la recomendación para que trate de llegar a un acuerdo de pago con el acreedor que le permita cumplir de acuerdo con sus posibilidades económicas. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Obligación de recibir derechos de petición Toda entidad pública o empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, debe recibir los derechos de petición que sus usuarios -o cualquier persona-, les remitan. El derecho de petición tiene rango constitucional fundamental, y por ende, si no es respondido dentro de los términos legales -15 días hábiles por regla general-, facultará al interesado para presentar una acción de tutela de manera que el juez obligue al representante legal de la entidad a responder dentro del plazo que se le fije, so pena de imponer las sanciones legales que para el efecto consagra nuestro sistema jurídico. Por ello, si se radicó una petición de cancelación de línea telefónica que hasta la fecha no se ha respondido a pesar de transcurrir el término anterior, es posible presentar la acción de tutela para obtener los efectos mencionados. Con relación a la segunda petición, que no quiso ser recibida por la empresa de servicios públicos con el pretexto de que no ha cancelado las facturas posteriores a la solicitud de cancelación de la línea, es pertinente sugerirle que lo remita por correo certificado -de manera que le quede constancia de su recibo-, pues si bien es cierto que para realizar reclamaciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios se deben cancelar aquellos aspectos de las facturas que no se discuten, usted está reclamando por la totalidad de la misma, como quiera que solicitó su cancelación, razón por la cual no debieron rechazarle su derecho de petición. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena Codeudor que paga se subroga en las acciones y derechos del acreedor Cuando un codeudor asume el pago de la deuda del deudor principal, opera por mandato del artículo 1579 del código civil un caso de subrogación, según el cual, el codeudor asumirá el mismo lugar del acreedor con relación a las acciones que este tendría contra el deudor. De esa forma, y si asumimos que la acción que tendría el acreedor contra el deudor es la EJECUTIVA, como el pago lo realizó el codeudor, y este se SUBROGA en los derechos y acciones del acreedor, concluimos que la vía jurídica adecuada para realizar el recobro o la repetición de la deuda es precisamente la ejecutiva. Es obvio que para ello se requerirá por un lado la entrega del título a manos del codeudor con la expresa constancia de que quien realizó el pago fue el codeudor, de manera que se integre adecuadamente el título ejecutivo que sirve de fundamento para la demanda de acuerdo con el artículo 488 del código de procedimiento civil. Dice la norma antes mencionada: "Subrogación: El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda….". Subrogar, significa, según el DRAE (diccionario de la lengua española), sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Deudora de microcrédito que no puede cancelar la deuda al banco

    Resumen del caso: 
    Cordial saludo: Con relación a su consulta jurídica, le sugiero precisamente lo que le están proponiendo: CONCILIE. Así evitaría usted que el banco que les realizó el crédito proceda a demandar y embargar, con la consecuente agravación de su situación por el cobro de sanciones, intereses, honorarios de abogado, etc. A los bancos poco o más bien nada les importan las causas por las cuales usted no ha podido cumplir con su obligación. Recuerde que "los pactos son para cumplirlos". Cuando usted aceptó el crédito firmo un contrato de mutuo o préstamo de dinero con intereses, que tiene que ser cumplido en los términos estipulados. Por eso, aventurarse a la ligera en el mundo de los negocios resulta bastante peligroso si no se tiene experiencia mínima en ellas, y sobre todo, en el mundo de los créditos bancarios. Se da usted cuenta que no es como lo pintan a nivel presidencial, donde quieren imponer como sea los créditos bancarios con la excusa de que el éxito económico está en las micro empresas. Eso solo busca, en mi concepto favorecer a los bancos. Sin embargo, como se dice vulgarmente, "el daño está hecho", usted aceptó el crédito, y solo le queda tratar de llegar a un arreglo de pago, o refinanciación de la deuda. Montar un negocio implica que de manera anticipada se vislumbren los riesgos -de toda clase- que puedan afectarlo, previendo siempre la posibilidad de que no sea la "gallinita de los huevos de oro", como se esperaba. Eso sí, si su novio también hacía parte del crédito, y este no se encuentra, usted para evitar mayores perjuicios podrá pagar la deuda, y luego cobrarle a él, la porción de la misma que le correspondía, siempre y cuando, como le dije, aparezca el también firmando los pagarés en el banco. Tenga en cuenta lo anterior, y trate de conciliar, ya que los bancos no perdonan cuando de recuperar cartera vencida se refiere. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura de Cartagena

    Obligación de juzgado de expedir copias al interesado en un proceso determinado

    Resumen del caso: 
    Es recomendable acercarse a las instalaciones del juzgado respectivo y solicitar le sea mostrado el expediente sobre el cual se tiene interés, y de recibir por segunda vez una negativa, con fundamento en el articulo 115 del Código de Procedimiento Civil que adelante se trascribe, solicitar copias a sus costas del expediente. Posteriormente seria conveniente asesorarse con un abogado para hacer un estudio detallado del caso quién le hará las recomendaciones propias del proceso de acuerdo con lo que pueda estudiar de las copias. "ARTÍCULO 115. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES: De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes: (…) 5. A petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copia no tendrán valor probatorio de ninguna clase. " PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Reticencia del deudor para el pago del capital de obligación dineraria

    Resumen del caso: 
    La respuesta a la consulta, relacionada con la intención de no querer pagar el capital de un crédito, como quiera que se vienen pagando periódicamente los réditos del mismo, a pesar de las exigencias del acreedor, admite varias posturas cuya elección de la acertada, dependerá del interesado. 1. Si el crédito derivado de un contrato de mutuo o préstamo de consumo de una suma de dinero tiene una fecha concreta o cierta pactada para el pago del capital y esta ya se venció, lo prudente es recomendar que la obligación (capital) sea pagada en el menor tiempo posible para evitar que el acreedor instaure una demanda ejecutiva con el título que debe tener en su poder, lo que a la larga generaría mayor carga económica derivada de la mora en el pago. Sin embargo, y aunque el acreedor tenga todo el derecho para hacer judicialmente efectivo el título donde consta la deuda, este no podrá constreñir al deudor de formas diferentes a las legales para tratar de obtener el pago (llamadas insultantes, amenazas a través de terceros, etc.), porque estas podrían constituir un delito de constreñimiento ilegal digno de ser denunciado ante la fiscalía general de la nación. 2. Si el mencionado crédito en cuanto al capital, no contiene una fecha cierta para su pago, el acreedor podrá hacer uso del artículo 1164 del código de comercio para que sea el juez civil el que se encargue de fijar un término concreto para su satisfacción, mediante la utilización de un proceso verbal, y con base en la fecha fijada por el juez, entonces exigir el cumplimiento del deudor por la vía voluntaria o judicial, según el caso. 3. Si el deudor suscribió o aceptó un título valor como letra de cambio, pagaré, etc. en blanco, se arriesga a que el acreedor llene los espacios con las fechas y los montos de su conveniencia para demandar, resultando muy difícil al deudor demostrar la mala fe en el llenado, y arriesgándose a pagar más de lo realmente debido. 4. Si ambas partes pactan de mutuo acuerdo una fecha de pago del capital, sería ideal, pues se termina con la incertidumbre al respecto y se ahorran molestias. En este sentido, recomendaría la conciliación ante un centro de conciliación para que con la ayuda de un tercero neutral se convenga a establecer el momento de pago de forma tal que todos queden satisfechos. Se debe recordar que al acreedor no se le puede obligar a no exigir -por los medios legales-, el pago de su capital. PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Cobro exagerado de intereses por cooperativa

    Resumen del caso: 
    Lo primero a recomendar en el asunto, es instaurar una acción de tutela para proteger el derecho fundamental de petición del consultante en virtud que no se han contestado las solicitudes presentadas a la cooperativa con el fin de que le respondan de manera concreta los cuestionamientos relacionados con un aparente cobro exagerado de cuotas por concepto de un crédito otorgado por esta. De esa forma, y con base en una orden judicial, la cooperativa se verá al menos, forzada a responder todos sus cuestionamientos. Aclaramos que la acción de tutela no persigue orden de pago de sumas de dinero, sino de respuesta a las peticiones incoadas. Una vez sean contestadas las peticiones, el consultante deberá verificar con esa información que efectivamente se esta incurriendo por parte de la cooperativa en un cobro exagerado de intereses que posiblemente constituya un delito de usura, consagrado en el articulo 305 del código penal colombiano para una vez cerciorado de ello, instaure una denuncia penal en las instalaciones de la fiscalía general de la nación. Igualmente puede, para lograr la devolución de lo que resulte exagerado, acercarse a un centro de conciliación y solicitar una audiencia de conciliación para tratar el asunto con el representante de la cooperativa para llegar así a un acuerdo con respecto al dinero a restituir como quiera que el acta de acuerdo le servirá como titulo ejecutivo en caso de incumpliendo de tal forma que pueda reclamarlo judicialmente. Sin embargo, se insiste en que antes de tomar ese camino, el interesado deberá cerciorarse de que ha pagado dinero en exceso, para lo cual un abogado especialista en asuntos civiles o comerciales o un contador público, lo puede asesorar, de manera que no se vaya de bruces con un reclamo infundado. PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Derecho de renovación a favor de arrendatario de local comercial

    Resumen del caso: 
    El Articulo 518 del código de comercio, contempla que "El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 1.Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato; 2.Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, 3.Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. En los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario podrá solicitar el desalojo al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. El mismo código en su Artículo. 519. Resuelve que:" Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos." Sin embargo, en el caso planteado es recomendable la asesoría de un abogado experto en cuestiones mercantiles que pueda tener en cuenta con más detalles, las particularidades de su caso. PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    La muerte del deudor no extingue los embargos practicados sobre bienes de su propiedad

    Resumen del caso: 
    La muerte o el desaparecimiento de una persona no extinguen el embargo sobre un bien de propiedad de la desaparecida, pues incluso después de eso, los bienes siguen garantizando las obligaciones de los acreedores para las cuales fueron constituidas, asumiendo los herederos la carga económica dejada por el muerto o declarado ausente. No solo se heredan los activos, sino también los pasivos. En cuanto al supuesto contrato realizado con relación al inmueble embargado y de propiedad de la desaparecida, el comprador esta en todo su derecho a pedir su resolución y por tanto la restitución del dinero ya cancelado, pues jurídicamente es imposible hacer el traspaso si el bien se encuentra embargado, y lo que es peor, es realmente imposible desde el punto de vista jurídico que una persona pueda vender un inmueble que aparece a nombre de otra persona. Ahora, si usted ha gastado gran parte del dinero pagado por el comprador puede acudir a un Centro de Conciliación para llegar a un acuerdo de forma amistosa como le va a restituir el dinero, de lo contrario él podría demandarla e incluso pedir indemnización por los perjuicios causados. ROSAURA CHISCO TORRES Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Cobro exagerado de intereses en crédito hipotecario

    Resumen del caso: 
    El código civil colombiano y el código de comercio, establecen los topes máximos del interés convencional remuneratorio (es decir, el pactado por las partes) y el del interés moratorio. Cualquier porcentaje que sobrepase los topes máximos constituye delito de usura de acuerdo con el artículo 305 del código penal colombiano y puede ser denunciado ante la fiscalía general de la nación, además que justificaría la pérdida de los intereses para el acreedor en caso de que proceda a su cobro por la vía judicial. En el caso consultado, intuimos que la hipoteca no se celebró con una entidad financiera, porque estas se cuidan en extremo de no sobrepasar los topes máximos de intereses como quiera que son entidades que presumen de seriedad y que son vigiladas por la superintendencia bancaria, aunque muchos de sus créditos hipotecarios son tasados en UVR (Unidad de Valor Real, antiguo UPAC) que ha demostrado por la experiencia que hace gravosa la situación de los deudores. Por lo anterior, se debe verificar que los porcentajes de interés que se cobran mensualmente no son exagerados. De manera mensual los topes de los intereses varían de acuerdo con las certificaciones expedidas por la Superintendencia Financiera, pero en todo caso, difícilmente llegan al 2% mensual por concepto de los corrientes y al 3% en lo que toca con los moratorios. Consideramos conveniente, antes de dar una opinión concreta, aconsejarle al interesado que verifique en sus extractos mensuales para determinar el valor de la tasa que se le esta cobrando, ya que, de ser mayor a los topes de la superintendencia financiera (que puede consultar en Internet), la entidad o persona que le otorgó el préstamo estaría incurriendo en usura. De ser así, creemos que se debe solicitar a la persona o entidad correspondiente el ajuste de la tasa de interés a la legalmente establecida al momento de realizar el crédito sin perjuicio de que pueda presentar las denuncias respectivas conforme se advirtió o acudir ante la superintendencia financiera (caso de que el crédito se hubiere celebrado con una institución bancaria) entidad encargada de vigilar a las entidades financieras, para imponer las sanciones a que hubiere lugar. BEATRIZ EUGENIA MATORELL BATISTA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura

    Arriendo de inmueble a su vendedor

    Resumen del caso: 
    Si se compra un inmueble -con todas las formalidades legales, es decir, escritura pública y registro de esta en la oficina de registro de instrumentos público-, se puede posteriormente arrendar ese mismo inmueble al anterior dueño y vendedor del mismo, sin ningún problema, aunque es recomendable que el contrato de arriendo se celebre por escrito. Lo anterior, por cuanto el hecho de que se tenga un "título de mera tenencia" como el arrendamiento, excluye la posibilidad de que el simple tenedor (arrendatario) se pueda creer poseedor del inmueble para posteriormente pretender prescribirlo. En ese sentido es claro el código civil. El único evento en que un simple tenedor, llámese arrendatario en el caso concreto, puede convertir su mera tenencia del bien en posesión en nombre propio, sería en el evento excepcional en que el arrendador (en el caso narrado el comprador del inmueble) se desentienda por completo de sus derechos derivados de su carácter de tal (cobro de la renta, pago de los impuestos, realización de mejoras necesarias, si es del caso, etc) y las obligaciones del propietario los tenga que asumir directamente el arrendatario, quien termina comportándose como propietario, pero esta es una situación verdaderamente fuera de lo común. BEATRIZ MATORELL BATISTA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Exigibilidad de letra de cambio firmada en blanco

    Resumen del caso: 
    Si la letra fue llenada en su totalidad, se debe tener en cuenta que no hayan transcurrido más de tres años a partir de la fecha de su vencimiento, por cuanto este es el término de prescripción señalado por la ley comercial, para efectos de iniciar el cobro judicial de la letra. Si la letra tiene espacios en blanco, usted puede llenarlos de acuerdo con la carta de instrucciones de llenado o con las estipulaciones pactadas con el acreedor, en cuanto al monto máximo de intereses –que no puede ser superior al legal- , a la fecha de exigibilidad de la obligación y de suscripción de la letra. Si a la fecha no se ha cancelado el valor adeudado, se puede iniciar un proceso ejecutivo basándose en el titulo (la letra de cambio). Si es llenada por el acreedor, debe dejar constancia en la demanda, como se dijo antes, que ha sido llenada de conformidad a las instrucciones ( al menos verbales) que se pactaron con el deudor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de no haber sido cobrada dentro del término de prescripción, el deudor demandado puede solicitar al juez la terminación del proceso ejecutivo por esa causal. BEATRIZ EUGENIA MATORELL BATISTA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura

    Bienes dentro de la unión marital de hecho

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado:” que desde el año 1989 inicio una relación en unión libre con un señor, de tal unión nacieron 2 hijas una de estas tiene 18 años y la otra 14, en el año 1992 adquieron una vivienda de interés social la cual presenta afectación de patrimonio de familia, hace mas de 8 años usted se separo de cuerpo del señor y presenta muchos dudas sobre el estado actual de la vivienda y la situación de sus hijas. Señora Ivon con respecto al primer interrogante por usted planteado, sobre que si es posible que el gobierno le haya entregado el subsidio de vivienda sin tenerla en cuenta a usted, no podemos darle una respuesta, es usted quien debe investigar como fue el proceso para adquirir el subsidio de vivienda. Con respecto a la segunda pregunta, si el señor utilizó medios fraudulentos, no estamos en capacidad de responderle, este interrogante tiene usted que ir a la entidad correspondiente de notariado y registro para que le de un informe como fue el tramite. Con respecto a al tercera pregunta usted señora Ivon no tiene ningún derecho toda vez que el termino para iniciar el proceso de Unión Marital de Hecho se tiene que iniciar dentro del año siguiente a su separación, y como usted lo manifiesta ya han pasado 8 años, lo que quiere decir que la acción ya le prescribió. Para finalizar sus hijas en estos momentos tienen la expectativa de poder heredar cuando el padre fallezca siempre y cuando este no venda el bien inmueble, antes de su muerte. Haciendo la salvedad que el señor tiene pleno dominio y autonomía para disponer de este bien. Si se le presenta otra inquietud usted podrá dirigirse al consultorio jurídico de la CURN ubicado en el Centro calle Estanco del Tabaco # 35-16, Teléfono 6602015, o a cualquiera de su ciudad de residencia. Cordialmente, JUAN FRANCISCO ATENCIO CONTRERAS Estudiante del Consultorio Jurídico - Corporación Universitaria Rafael Núñez - X Semestre

    Proceso de interdicción por disipación

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que son dos hermanos extramatrimoniales y que su padre biológico durante largos años nunca ha respondido por ustedes, que tiene propiedades de las cuales ya vendió una de estas y el dinero lo distribuyó entre sus hijos matrimoniales. Pregunta usted: ¿ Mi hermano y yo tenemos derecho a esa distribución? De acuerdo con el caso planteado, Su padre mientras viva es el titular de todos sus bienes y puede disponer de ellos cuando quiera, ya que si usted observa que está malgastando en forma exagerada el patrimonio, podrá iniciar un Proceso de Interdicción por Disipación, para evitar que siga malgastando. Usted puede acercarse al edificio cuartel del fijo y el juzgado de familia que se encuentre en turno le brindara la asistencia para su caso y además interpondrán la demanda sin necesidad de abogado y sin ningún costo. Si se le presenta otra inquietud usted podrá dirigirse al consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez ubicado en el Centro calle Estanco del Tabaco # 35-16, Teléfono 6602015. o a uno cualquiera de su ciudad de residencia. Atentamente, HILDA ARRIETA VARGAS Estudiante de Derecho de X Semestre Nocturno

    Algunas aclaraciones sobre la sucesión

    Resumen del caso: 
    Los herederos deben en principio respetar los actos jurídicos o contratos realizados en vida por el causante, por cuanto estos se presumen ajustados a la legalidad y a la buena fe, ya que mientras una persona esté viva y conciente de sus actos puede disponer libremente de su patrimonio. Sin embargo, si los contratos de disposición de la propiedad que llevó a cabo el causante antes de su muerte pretendía causar un detrimento en el patrimonio de sus potenciales herederos para favorecer a algunas personas en particular, y ese fue en efecto el motivo para ello, los herederos tendrán la posibilidad de demandar la rescisión de esos contratos mediante una acción judicial de simulación o por las vías de una acción pauliana, para obtener el regreso de los bienes al patrimonio del vendedor o donante, para que los herederos hagan luego valer sus derechos sobre ellos. Según lo anterior, entonces, es posible que si los herederos presumen que los bienes que el causante cedió en vida a un tercero fueron enajenados por este con el fin de causarles un detrimento económico en la herencia, queden legitimados para iniciar una de las acciones antes mencionadas con el objeto de que los bienes en discusión hagan parte de la herencia y se les distribuya de acuerdo con las reglas generales de la sucesión. Sin embargo, esto dependerá en efecto, de que los herederos puedan probar dentro del juicio respectivo, la mala fe tanto del vendedor o cedente (causante) y el tercero comprador o adquirente, con los fines explicados. MARIO REVOLLO Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    ¿Es posible deducir de prestaciones sociales sumas de dinero por concepto de deudas con el fondo de empleados?

    Resumen del caso: 
    En cuanto a la respuesta de esta inquietud, sí es posible que el empleador retenga sumas de dinero de las prestaciones sociales de un empleado al momento de terminar la relación laboral, por concepto de deudas asumidas por este con el fondo de empleados de la empresa. Sin embargo, para que esta retención de dinero opere, se requiere expresa autorización del empleado, lo que usualmente se lleva a cabo al momento de suscribir la documentación relacionada con la deuda, pues es una práctica legal bastante común para garantizar el pago de las obligaciones asumidas. En ese sentido, el artículo 150 del código sustantivo del trabajo indica: “son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de (…) cooperativas y cajas de ahorros autorizadas de forma legal…”. Por otro lado, y ya con relación a la duda de si las prestaciones extralegales se pierden por la renuncia del empleado, la respuesta en este caso es negativa, como quiera que por este concepto solo es posible que se pierda el derecho a solicitar la correspondiente indemnización por despido injusto ya que el motivo de la terminación del contrato laboral es la renuncia, un hecho imputable al empleado. YANIA VILLERO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Las letras de cambio son documentos idóneos para ejecutar al deudor

    Resumen del caso: 
    Las letras de cambio son desde el punto de vista jurídico, títulos valores que legitiman a su tenedor de buena fe, para presentar las acciones judiciales ejecutivas contra el deudor cuando quiera que este no hubiere pagado de forma voluntaria las obligaciones contenidas en ella. Sin embargo, conviene aclarar que la letra de cambio, de ser firmada en blanco, lo cual es muy usual, debe ser llenada al momento de su presentación al juez, de acuerdo con las estipulaciones reales pactadas por las partes, porque cualquier alteración, además de constituir mala fe podría dar lugar a la presentación, por parte del demandado, de las excepciones cambiarias pertinentes e incluso, de las acciones penales a que hubiere lugar. Adicionalmente, se advierte que no es posible ni recomendable llenar la letra de cambio con intereses usureros, es decir, que excedan los topes máximos establecidos en la ley, al igual que la capitalización de intereses exagerados, con el objeto de encubrirlos y dificultar su prueba, lo cual podría no solo dar lugar a que el deudor presente las acciones penales y las excepciones civiles y comerciales tendientes a demostrar lo anterior, sino también a que el acreedor pierda la totalidad de los intereses como sanción adicional por el cobro de réditos usureros. MELLY DAYANA PUERTA MATHEUS Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Deudor con bienes muebles embargados dejados en depósito que evade su obligación y cambia de residencia sin conocimiento del acreedor

    Resumen del caso: 
    Según la consulta, un deudor dentro de un proceso ejecuto a quien se le embargan los bienes muebles que detenta dentro de su residencia, dejándoselos a él en calidad de depósito, se muda de su lugar de habitación sin previo aviso al acreedor, perdiéndose su rastro y por ende la garantía a favor de este último. Se pregunta en qué delito incurrió el deudor, y que se puede hacer para solucionar el problema. En efecto, la ley procesal civil prevé como posible el hecho de que los bienes muebles embargados para garantizar el resultado de un proceso ejecutivo, se dejen en calidad de depósito a su propietario, con el objeto de no hacerle más gravosa su situación económica con el retiro de los mismos para ser guardados por un secuestre en una bodega. Sin embargo, el dueño –depositario de los bienes, asume las obligaciones propias del secuestre y se hace responsable sea de su deterioro, de su pérdida o de su evasión. En caso de defraudar los intereses del acreedor por su obrar irresponsable, el deudor puede ser denunciando penalmente por abuso de confianza, pues muya a pesar de ser el dueño de los bienes, estos, por orden de autoridad competente se le entregaron en calidad de deposito por encontrarse embargados. Además de lo anterior, también es viable el informe de lo sucedido al juez del conocimiento del caso, con el objeto de que le haga rendir cuentas al deudor por su conducta contraria a la lealtad procesal. Como asumimos que usted tiene abogado que representa sus intereses en el caso objeto de la consulta, puede asesorarse con él para el efecto. SENDY VANEGAS CARDOZO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Trámite para obtener la separación de bienes

    Resumen del caso: 
    El código civil en su artículo 197 define lo que es la separación de bienes como la que se efectúa sin divorcio, en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley. Por su parte, en el artículo 200 enumera las causales de separación de bienes. Pero antes de entrar a mirar las causales, debemos determinar si en su caso existe mutuo consentimiento con su esposa o si usted quiere adelantar el proceso por iniciativa propia aduciendo alguna de las siguientes causales que taxativamente consagra el código civil. Las causales son: 1.Por haber incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio en forma que menoscabe gravemente los intereses del demandante en la sociedad conyugal. 2.por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez competente Y las contempladas en el Art. 154 del código civil, las mismas del divorcio: 1.Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges 2.El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 3.Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 4.La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 5.El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. 6.Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 7.Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. 8.La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. 9.El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia. En cuanto a la parte procesal, y como ya lo había mencionado, si la separación de bienes es por mutuo acuerdo el tramite a seguir es el de jurisdicción voluntaria según la ley 446 de 1998, ante un juez de familia. El procedimiento a seguir se encuentra descrito en los Art. 651 y siguientes del código de procedimiento civil. Por otro lado si el asunto es contencioso, porque no existe mutuo acuerdo de los cónyuges para la separación de bienes, el proceso a seguir –más dispendioso que al anterior que explicamos-, es el verbal Art. 427 num. 1 del código de procedimiento civil. La demanda contendrá: designación del juez, datos completos de las partes, y del apoderado judicial, indicación de la clase de proceso, hechos, pretensiones, fundamentos de derecho, indicación de los medios reprueba y cuantía. Los anexos se presentaran conforme lo dispone el Art. 77 del C.P.C y comprenden, el poder, la prueba de la representación legal del demandante, los documentos y pruebas anticipadas entre otras. También se podrá acumular pretensiones según el Art. 82 del C.P.C. Para terminar debo decir que la separación de bienes por mutuo acuerdo es igualmente viable por el tramite notarial, conforme a la permisión del ordinal quinto del Art. 25 de la ley 1 de 1976. WILMAR DIAZ Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Apertura de proceso de sucesión sobre inmuebles “traspasados” a terceras personas sin la debida autorización

    Resumen del caso: 
    Se consulta, sobre cómo abrir un juicio de sucesión en el que se encuentran involucrados dos inmuebles que fueron “traspasados” a terceras personas sin la debida autorización. En ese sentido, es importante precisar que la respuesta depende de la situación concreta que se pueda dar en la realidad. Así por ejemplo, tendremos que distinguir: 1.Si el propietario inscrito de los inmuebles, ya fallecido, antes de su deceso dispuso jurídicamente de la propiedad de los mismos, enajenándolos a terceras personas, dicho acto jurídico solo podría invalidarse en el evento en que los herederos interesados demostraran la mala fe del vendedor, es decir, el ánimo de causarles un perjuicio patrimonial, razón por la cual dispuso del inmueble antes de morir. Para este caso –que es excepcional, y que no constituye por ende la regla general- existe la acción simulatoria, con el objeto de demostrar al juez que la venta de los bienes no tuvo otro fin que el de causar detrimento patrimonial a los herederos. 2.Si el dueño de los bienes murió sin disponer de los mismos, es decir, dejando los inmuebles a su nombre, será muy difícil que bajo estas circunstancia que dichos bienes puedan ser “traspasados” a terceras personas, porque el régimen de la propiedad raíz impide que alguien que no sea la propietaria inscrita –en la oficina de registro de instrumentos públicos- de un inmueble pueda enajenarlos, como quiera que esto le corresponde solo al dueño del mismo, y como este ya está muerto, será requisito previo para su venta o disposición jurídica, la adjudicación formal de los inmuebles a los herederos para que estos, una vez inscritos como propietarios, puedan disponer libremente de las partes que les correspondan. 3.Si el “traspaso” de los inmuebles al que se refiere el consultante no es más que la entrega material de los mismos a terceras personas por parte de alguno de los herederos sin el conocimiento o consentimiento de los otros, y sin que esto implique la tradición jurídica a que nos referimos en el punto anterior por lo allí explicado, el proceso de sucesión podrá ser abierto por cualquiera de los interesados demostrando al juez de familia o al notario según el caso, que los bienes objeto de la herencia se encuentran a nombre del causante, pero los poseedores actuales de los inmuebles podrán oponerse dentro de su trámite alegando que adquirieron de buena fe la posesión material –no la propiedad como tal-, de uno o varios de los herederos, lo cual podría, en últimas complicar un poco el resultado del proceso de sucesión. En todo caso, resulta ampliamente recomendable la asesoría personal de un abogado especialista en asuntos de familia, para que con base en el estudio concreto y en la revisión de títulos y documentos relevantes, realice un dictamen jurídico acorde con la realidad jurídica del asunto, y con las expectativas del consultante. PATRICIA ORDOÑEZ Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Modificación en la tradición de automotores

    Resumen del caso: 
    Como consecuencia de las recomendaciones contenidas en la respuesta del 20 de septiembre de 2007 proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el Ministerio de Transporte emitió la resolución 003275 del 12 de agosto de 2008 mediante la cual derogó el artículo 84 de la resolución 051 de 1993, aboliendo el Formato Único Nacional (FUN) con el que se verificaba la tradición o cambio de propietario de vehículos automotores, comúnmente denominado “traspaso”, luego de la celebración de contratos que implicaran su enajenación. Hoy sólo se exige para el cambio de propietario de los automotores, la inscripción en las oficinas del Tránsito del contrato de compraventa –o de cualquier otro negocio jurídico que implique su enajenación-, acompañado del resto de documentos necesarios según la norma mencionada, tales como: paz y salvo de infracciones de tránsito, fotocopia del recibo de pago de retención en la fuente, pago de los derechos causados a favor de la Nación-Ministerio de Transporte y organismos de tránsito, etc. Se pretende con esta reforma facilitar tanto al comprador como al vendedor del vehículo la realización de las diligencias de traspaso de la propiedad vehicular ante las oficinas competentes porque el sistema anterior del Formato Único Nacional, además de exigir formalidades exageradas que atentaban contra el principio constitucional de presunción de la buena fe (impresión de los números de chasis y de motor del vehículo –improntas- protegidas con papel plastificado, autenticación de firmas, etc.), se prestaba para que se tornara imposible la tradición, ya que el comprador -poseedor del formato en blanco-, en veces jamás hacía los trámites pertinentes, enajenando a su vez el automotor a terceras personas a la postre muy difíciles de localizar. Ejemplos de los efectos negativos de la omisión del registro, que se quieren evitar con la reforma del sistema de tradición vehicular, son: 1. El embargo del vehículo por parte de un acreedor del vendedor, porque aun aparece a nombre de éste, a pesar de que lo hubiere vendido; 2. La demanda por responsabilidad civil extracontractual que termina vinculando al vendedor, cuando el siniestro se cometió estando el carro en posesión del comprador amparado en el contrato de compraventa; 3. La vinculación del vendedor a un juicio penal por una conducta punible cometida con el vehículo estando éste ya en posesión del comprador; 4. El inicio de acciones propias de la jurisdicción coactiva motivadas por la mora en el pago de impuestos adeudados por el comprador, contra el vendedor que aun aparece inscrito como propietario, etc. La conducta negligente en este sentido puede afectar tanto al comprador como al vendedor. Aunque la reforma del Ministerio de Transporte tiene la mejor de las intenciones, ya que ahora cualquiera de los contratantes con el solo contrato escrito y sus anexos puede hacer los trámites para la tradición vehicular, la omisión de estos puede generar los problemas mencionados, pues en la práctica es común la celebración verbal de contratos de compraventa y otros negocios sobre carros y motos sin la toma de las precauciones contractuales mínimas que a la postre garantizan el cambio jurídico de propietario y la publicidad de los actos a terceras personas. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Codeudores

    Resumen del caso: 
    El prefijo Co es equivalente a con y que indica unión o compañía. Entonces, codeudor indica más de un deudor. En su caso, usted y su amiga son deudores del acreedor, en el grado y proporción pactado. Los acuerdos negóciales son bilaterales, es decir, que las partes prestan el concurso real de su voluntad En consecuencia, el contrato de préstamo a que usted se refiere, es una ley para las partes y no podrá ser modificado, si no por acuerdo de las partes o por voluntad de la ley ante autoridad correspondiente. ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Derechos sucesorales

    Resumen del caso: 
    En relación con la primera pregunta, le respondemos que si tienen derecho sucesora les sobre la casa, su tía y la peticionaria de este concepto, porque la casa fue adquirida con posterioridad al matrimonio de sus padres y dentro de la sociedad conyugal conformada por el matrimonio, su tía tiene derecho como presunta heredera de su abuela y usted en representación de su difunta madre En cuanto a los CDT, solamente tienen derecho sobre los valores que en ellos se incorporaron, las personas que aparecen como beneficiarios de los mismos, por voluntad de quien los constituyo ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Del Consultorio Jurídico De La Universidad De Cartagena

    Acta de conciliación- mérito ejecutivo

    Resumen del caso: 
    Toda conciliación dentro de un proceso judicial deberá constar en un acta de acuerdo conciliatorio que contendrá los requisitos legales, dentro de los cuales esta, que a las partes de la conciliación les entregaran copia autentica del acta con la constancia de que se trata de la primera copia y que presta merito ejecutivo. En caso de incumplimiento a las obligaciones pactadas de algunas de las partes, con la copia autentica primera podrá iniciar proceso ejecutivo contra la parte incumplidora y pedir simultáneamente con la demanda, medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes del demandado Podrá acudir a un consultorio Jurídico para que le presten ese servicio ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Del Área Civil Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Derecho fundamental de petición

    Resumen del caso: 
    En relación con este caso, manifiesto que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por medio de interés general o particular y obtener pronta resolución Las autoridades o las personas privadas que ejercen actividades de interés general, tienen el deber de resolver o contestar las peticiones dentro del término de 15 días, conforme al art. 6º del C.C.A La falta de atención a las peticiones con arreglo a los principios orientadores de las actuaciones administrativas y dentro del término legal para resolver, constituye causal de mala conducta para el funcionario y dará lugar para las sanciones correspondientes En su caso, usted podrá presentar acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición, con el fin de recibir del funcionario correspondiente respuesta a su petición o presentar quejas disciplinarias contra el funcionario infractor ante la procuraduría de la nación Observamos, que deberá comunicar la resolución de la Fiscaliza acompañada de la prueba documental de la exclusión a la empresa de celulares que fue quien la reporto a Data crédito. Para efectos de la acción de tutela o disciplinaria, podrá acudir a un consultorio Jurídico de una Universidad o a la personería Municipal y defensoría del Pueblo. ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Sociedad de hecho

    Resumen del caso: 
    La sociedad sea de derecho o de hecho es un contrato, esto es un acuerdo de voluntades entre dos o mas personas destinados a producir obligaciones. La sociedad de derecho es un contrato solemne, que requiere otorgamiento de escritura pública y otras formalidades, y la de hecho adolece de estas formalidades. Los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho, conforme lo estable el artículo 499 del Código de Comercio. Por cualquier medio probatorio se puede demostrar la existencia de la sociedad de hecho. Si no tienen intereses en seguir con la sociedad de hecho, pueden solicitar la disolución y liquidación de la sociedad FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Unión marital de hecho

    Resumen del caso: 
    La ley 54 del 90 en su artículo 1º define la unión marital de hecho “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, se denomina compañero o compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho Le recomendado acercarse a un Centro de Conciliación en las Universidades en gratuito el servicio para declarar la existencia de la unían marital de hecho y su posterior disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Si el contrato de arrendamiento esta a su nombre como arrendataria puede hacer la entrega del apartamento notificándole al arrendador con tres meses de anticipación antes del vencimiento del contrato, o de llegar a un acuerdo con el arrendador para la entrega. FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Separación de hecho por más de dos años, causal de divorcio

    Resumen del caso: 
    Presunción de muerte por desaparecimiento Los artículos 96 y 97 del Código Civil, y el 107 del mismo código, que reglamentan la presunción de muerte por desaparecimiento, dicen que pasado dos años se puede presentar la demanda, con los requisitos que establece el artículo 657 del Código de procedimiento civil, usted debe asesorarse de un abogado titulado para que le presente la correspondiente demanda. Este es un procedimiento bastante demorado. Le recomendamos mejor presentar su demanda de divorcio, invocando la causal 8ª de la ley 25 de 1.992 que dice: la separación de cuerpo judicial o de hecho que haya perdurado más de dos años. FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad de Cartagena

    Sociedad conyugal surge con el matrimonio

    Resumen del caso: 
    Desde el momento de la celebración del matrimonio, se constituye, salvo la celebración, antes del matrimonio de capitulaciones matrimoniales, la sociedad conyugal entre los cónyuges, cuyo patrimonio está integrado por activos y pasivos adquiridos por los consortes, durante la vigencia del matrimonio, y que salvo los bienes expresamente excluidos por la ley, están destinados a repartirse entre ellos por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad, sea por separación de bienes, por el divorcio o cesación de los efectos civiles del matrimonio o por muerte de uno de los cónyuges. Sin embargo, es importante aclarar, que cuando la causa de la disolución de esta sociedad es la muerte de uno de los consortes, será preciso liquidar conjuntamente la herencia y el haber de la sociedad conyugal, en proporciones del 50% para ser distribuidos entre los herederos y 50% para el cónyuge supérstite. RANDY WATTS Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Prueba de la propiedad inmobiliaria

    Resumen del caso: 
    La propiedad inmobiliaria se demuestra con el certificado de libertad y tradición expedido por la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, luego de la inscripción de la correspondiente escritura pública protocolizada en la correspondiente notaría que sirve de título (compraventa, permuta, donación, etc.). En el caso propuesto, la consultante solo tiene una promesa de compraventa celebrada con su padre hace dos años relacionada con el inmueble de propiedad de este, pero que desde hace 10 años posee su hermano, lo que hace deducir que no existe el perfeccionamiento del contrato de compraventa mediante la suscripción de las escrituras públicas, y por ende, mucho menos la inscripción de estas en la oficina de registro de instrumentos públicos. Por ello, no se puede afirmar que la interesada es aun propietaria, por no cumplir con los requisitos legales para ello. Sin embargo, lo único cierto es que el hermano de la consultante, que vive hace 10 años en el inmueble de propiedad del padre, asume, si tiene animo de señor y dueño, la calidad de poseedor del mismo, situación que de mantenerse por un mayor tiempo, puede dar lugar a legitimarlo como propietario por el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio. La única solución que se vislumbra, si la interesada desea demostrar un mejor derecho sobre el inmueble, es formalizar lo antes posible la escritura pública de compraventa, con base en la promesa ya suscrita, para luego inscribirla en el correspondiente registro de instrumentos público de manera que se pueda demostrar jurídicamente la propiedad con el fin de presentar un proceso civil reivindicatorio tendiente a que se le otorgue la posesión que hoy en día tiene un tercero, sin que se pueda garantizar que en efecto, este proceso tenga feliz término. Ahora bien, todo lo anterior se entiende asumiendo que la consultante en realidad celebró una promesa de venta con su padre con el ánimo verdadero de comprar el inmueble (habiendo pagado en efecto el precio correspondiente), pues resultaría reprochable que este negocio se hubiera hecho con la sola intención de burlar los derechos de los demás hermanos sobre una eventual y futura herencia sobre el inmueble objeto de la consulta para favorecer a uno de ellos, lo cual sería, obviamente, un acto antijurídico y de mala fe con relación a los demás. Atentamente, ESMERALDA CURI Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Cobro excesivo de intereses

    Resumen del caso: 
    En el caso planteado, se expresa que a un familiar del consultante le cobraron una tasa de interés mensual de 6.3 % sobre un crédito de libranza. Lo primero que se debe establecer es si existe total seguridad de que la tasa pactada es efectivamente MENSUAL –como se deja entrever- , o si se trata del pacto de intereses ANUALES. Si estamos ante el cobro de intereses mensuales en ese porcentaje, es probable que se estén violando los topes legales establecidos en el código de comercio, de acuerdo con las certificaciones de la Superintendencia Financiera, pues hoy día ni siquiera el interés moratorio se acerca al 3% mensual como sanción por el no pago oportuno de las obligaciones dinerarias. Por lo anterior, un interés de plazo convencional mucho menos podría ser del 6.3% mensual. La cantidad que debería o debió pagar el deudor, es el capital de dos millones de pesos ($2’000.000), correspondientes al crédito (capital), más los intereses corrientes o remuneratorios durante el plazo otorgado para el pago, de acuerdo con los topes máximo establecidos, pues si bien es cierto las partes de común acuerdo pueden pactar el porcentaje de intereses, estos no pueden exceder los limites legales. Si la obligación, asumiendo que los intereses fueron exagerados, ya se hubiere pagado, deberá obtener la asesoría de un abogado para que este le recomiende las vías legales para obtener la restitución de lo pagado en exceso. DIANA HIGUERA TORRES Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Terminación del contrato de arriendo de local comercial por incumplimiento de los deberes del arrendatario

    Resumen del caso: 
    La ley prevé la posibilidad de iniciar contra el arrendatario que ha incumplido con sus obligaciones contractuales de pagar la renta dentro de los periodos estipulados o los servicios públicos y demás asuntos a su cargo, un proceso judicial de restitución de bien inmueble arrendado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de que se declare terminado el contrato por incumplimiento del arrendatario y se obligue a este a llevar a cabo la restitución del bien. Dentro del trámite mencionado se podrán practicar medidas de embargo y secuestro sobre el patrimonio del arrendador para garantizar el pago de las sumas de dinero adeudadas. Es pertinente aclarar, que cuando se está en presencia del incumplimiento de las obligaciones de una de las partes dentro del contrato de arriendo, no es necesario otorgar término de gracia ni plazo alguno para obtener la restitución, por cuanto la causal de terminación del contrato es precisamente el incumplimiento y este legitima la presentación inmediata del proceso antes dicho. Si el contrato de arriendo se llevó a cabo por escrito, tanto mejor, por cuanto ya se posee la prueba del mismo. Si se celebró de manera verbal, se le dará aplicación al parágrafo primero de la norma referenciada, con el objeto de preconstituir su prueba. ROSA MERCADO VERGARA Asesora Jurídica Consultorio jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Requisito para la constitución de una empresa de transporte

    Resumen del caso: 
    Si se desea constituir una empresa que se dedique a la actividad transportadora se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 91 de 1998 emanado del Ministerio de Transporte, “por medio del cual se establecen normas para la habilitación y la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor”. Para constituir la empresa de transporte, por ende, se deberán seguir los lineamientos planteados en dicha norma, y se requerirá la habilitación por parte de la autoridad competente, es decir, por las siguientes entidades de acuerdo con el artículo 5 de la mencionada norma, como quiera que esta actividad se encuentra intervenida por el estado en virtud de los riesgos que implica: "ARTÍCULO 5o. La habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor, se expedirá por las siguientes autoridades: a) Por el Ministerio de Transporte -Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor, de acuerdo con la distribución interna de competencias sobre el particular, cuando la actividad transportadora se desarrolle en el radio de acción nacional. El servicio de transporte público fronterizo e internacional se regirá por lo establecido en el artículo 54 de la Ley 336 de 1996; b) Por los alcaldes o por los organismos de transporte en los que aquellos deleguen tal atribución, cuando la actividad transportadora se desarrolle en los radios de acción distrital o municipal." Entre los requisitos formales para lograr la habilitación mencionada, el Decreto exige los indicados en sus artículos 8 y 9, a saber: "ARTÍCULO 8o. CONDICIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN. El operador o empresa deberá tener una estructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a optimizar la calidad de los servicios ofrecidos al usuario. Para los efectos aquí previstos, la empresa, a través del representante legal, deberá adjuntar los siguientes documentos: 1. Certificado de existencia y representación legal de la empresa y de las sucursales o agencias, según el caso, expedido por autoridad competente, con una anterioridad no superior a treinta (30) días calendario. Si se trata de empresa constituida por persona natural, certificado de registro de la calidad de comerciante y de los libros y documentos respecto de los cuales se les exija esta formalidad. 2. Título de propiedad o contrato de tenencia de los inmuebles en donde funcionará la empresa, las sucursales o agencias. 3. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal mediante la cual se establezca la existencia de los contratos de trabajo de conductores asalariados y el cumplimiento de las normas de vinculación de los trabajadores al sistema de seguridad social integral. Para las empresas que no están obligadas a contar con revisor fiscal, bastará la certificación suscrita por el representante legal. Para el caso del transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, las empresas tendrán la obligación de implantar sistemas de control periódico sobre la actividad de los conductores en relación con la utilización de los vehículos. 4. Descripción del programa de salud ocupacional que implantará la empresa para asistir a sus empleados y operarios. 5. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. En todo caso, deberá mantener en sus archivos para verificación, la siguiente documentación: a) Reglamento de funcionamiento; b) Manual de funciones y métodos de selección del personal; c) Reglamentos de trabajo e higiene y seguridad social, actualizados y aprobados por la autoridad competente." "ARTÍCULO 9o. CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. El operador o empresa deberá tener una infraestructura de recursos físicos y humanos que permita la prestación eficiente del servicio, con sistemas de información y medios para la implementación de los mismos. Con el fin de verificar su cumplimiento, deberá adjuntar los siguientes documentos: 1. Certificación sobre la preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesionales y tecnólogos vinculados a la empresa. 2. Certificación sobre la implementación o realización de programas de capacitación a través del SENA o entidades especializadas cuyos programas sean autorizados por el Ministerio de Transporte, con una intensidad mínima de ochenta (80) horas, con el fin de garantizar la eficiencia y tecnificación del personal operativo vinculado a la empresa. 3. Relación de los sistemas de información en la operación con los que contará la empresa, detallando las características de los equipos y programas de aplicación. 4. Relación del equipo con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes. 5. Certificación de inscripción en el Registro Nacional Automotor del equipo de propiedad de la empresa, expedido con anterioridad no superior a treinta (30) días. 6. Certificación firmada por el representante legal y por el revisor fiscal mediante la cual se establece la existencia de los contratos de vinculación del parque automotor de la empresa. Para las empresas que no están obligadas a contar con revisor fiscal, bastará la certificación suscrita por el representante legal. En ningún caso, las empresas podrán cobrar valor alguno a los propietarios del equipo, por concepto de las asignaciones de cupos disponibles dentro de su capacidad transportadora. Las empresas de transporte, deberán adoptar formas de vinculación que les permitan tener el control efectivo del vehículo para efectos de garantizar la eficiente prestación del servicio. Adicionalmente el operador o empresa deberá: a) Contar con una capacidad transportadora, la cual se regirá por los siguientes parámetros: 1. Para el transporte colectivo de pasajeros y mixto con radio de acción nacional, distrital o municipal, el parque automotor mínimo y máximo se establecerá únicamente de conformidad con los servicios autorizados. 2. Para el transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, con radio de acción distrital o municipal, el parque automotor se fijará con base en los siguientes niveles, teniendo en cuenta las cifras del último censo poblacional adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Nivel I: Para distritos o municipios de más de 1.800.000 habitantes, se requiere un mínimo de 80 vehículos. Nivel II: Para distritos o municipios entre 900.001 y 1.800.000 habitantes, se requiere un mínimo de 60 vehículos. Nivel III: Para distritos o municipios entre 400.001 y 900.000 habitantes, se requiere un mínimo de 40 vehículos. Nivel IV: Para distritos o municipios entre 100.001 y 400.000 habitantes, se requiere un mínimo de 20 vehículos. Nivel V: Para distritos o municipios de menos de 100.001 habitantes, se requiere un mínimo de 5 vehículos. 3. Para el transporte de carga, teniendo en cuenta el radio de acción nacional, se deberá acreditar un parque automotor mínimo de 20 vehículos. Salvo la excepción consagrada en el artículo 84 de este decreto, el modelo del parque automotor ofrecido corresponderá, por lo menos, al mismo año en el cual se otorgue la habilitación; b) Tener la propiedad del parque automotor, en un porcentaje no inferior al que se establece a continuación, sobre la capacidad transportadora total de la empresa: 1. Para el transporte colectivo de pasajeros y mixto con radio de acción nacional, el 10%. 2. Para el transporte colectivo de pasajeros y mixto con radio de acción distrital o municipal, el 5%. 3. Para el transporte individual de pasajeros en vehículos taxi, con radio de acción distrital o municipal, el 5%. 4. Para el transporte de carga, el 3%. El resultado de aplicar los anteriores porcentajes, deberá aproximarse a la unidad inmediatamente superior; c) Implementar un plan de utilización de los vehículos que permita la distribución y rotación equitativa y racional del equipo; d) Disponer de las terminales adecuadas para el despacho de los equipos en los lugares en donde no exista una terminal pública de transporte, con una infraestructura que permita disponer de un área mínima para el parqueo de los vehículos y un área de servicio al usuario, de acuerdo con el volumen de operaciones que realice. Si existe terminal pública de transporte, mantener el título de propiedad o contrato de arrendamiento del local en donde realizará sus operaciones. En el caso del transporte distrital o municipal, la autoridad competente deberá definir lo concerniente a la ubicación y características de las terminales para la prestación de este servicio, teniendo en cuenta las condiciones mínimas requeridas para el despacho de los vehículos." Es recomendable, además que se consulte la totalidad de la norma cuyos apartes se transcribieron, con el objeto de tener conocimientos plenos sobre los demás requisitos y exigencias legales para la constitución de la empresa de transporte. Con relación a la duda concreta relacionada con la naturaleza jurídica de la empresa o sociedad que se dedicará a la actividad transportadora, es el mismo interesado el que tendrá que valorar de acuerdo con sus posibilidades económicas, entre otras, si decide constituir una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, unipersonal, etc. que sustente las actividades a las cuales se dedicará. Muy cordialmente, ANDREA CAMACHO GONZALEZ Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Venta de moto sin traspaso ante las autoridades de tránsito

    Resumen del caso: 
    El articulo 47 del código nacional de transporte terrestre establece que la tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de transito correspondiente, quien lo reportara en el registro nacional automotor en un termino no superior a quince (15) días. También establece que la inscripción ante el organismo de transito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehiculo. De acuerdo con lo anterior, como no hizo la tradición de la moto como lo establece la ley, por lo tanto aun aparece el consultante como titular de la propiedad del automotor, en principio deberá cancelar el valor de los impuestos del mismo, pues el registro automotor tiene precisamente la función de otorgar publicidad a todos los actos o contratos que afectan los vehículos, y es la forma como se verifica por terceras personas, la titularidad de su propiedad, de manera que, como se dijo, quien aparezca registrado en el mismo, como tal, será el propietario. En ese sentido, el artículo 2 del código de tránsito terrestre, define el REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR, como "el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros" (se subraya con intención de resaltar lo que se considera importante) También debe ser tenido en cuenta lo establecido en el articulo 901 del código de comercio, el cual establece que será inoponible ante terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija. Debido a esto no podrá alegar que vendió la moto para así no pagar sus impuestos, pues como se dijo, formalmente, ante terceras personas y por expreso mandato de la ley, el consultante sigue siendo a pesar de la venta, el propietario inscrito del automotor, lo cual no obsta para que intente, sin que se le pueda garantizar resultado favorable, presentar un derecho de petición ante las oficinas de impuestos aportando copia autenticada del contrato de compraventa, aduciendo que en la actualidad ya no detenta la tenencia de la moto. Si no se celebró el contrato de compraventa por escrito el problema será mayor, por cuanto no tendrá forma de probar el acto de venta. Por todo lo anterior, es importante que ANTES de celebrar contratos o actos jurídicos que afecten un bien sujeto a registro (inmuebles, carros, motos, naves acuáticas, etc.), el interesado se asesore previamente con un abogado que le haga las recomendaciones jurídicas pertinentes de manera que le eviten futuras molestias como la que se plantea. Es preferible pagar una consulta que pasar el resto de la vida lamentándose por una omisión importante como la consultada. DAIRO ANDRÉS GUERRERO DÍAZ Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Comprador de vehículo automotor que no hace traspaso ante las autoridades de tránsito

    Resumen del caso: 
    Siquiera tuvo el consultante la previsión de firmar contrato de compraventa del vehículo automotor por escrito, pues mucha gente se limita a celebrarlo de manera verbal, lo que complica aun más la situación. Para poder obligar al comprador del vehículo a realizar de manera ajustada a derecho el traspaso del mismo ante las oficinas de tránsito, como quiera que ha sido negligente en su cumplimiento voluntario, será menester que con la asesoría directa de un abogado, presente un proceso ejecutivo por obligación de suscribir documentos, o por obligación de hacer, de acuerdo con los artículos 500 y 5001 del C.P.C., para lo cual deberá utilizar como prueba el contrato escrito de compraventa del automotor. Es importante recomendar que cuando se lleven a cabo contratos de compra venta sobre esta clase de bienes, en la medida de lo posible, no se haga la entrega material del vehículo al comprador, hasta tanto no se realice la correspondiente inscripción del cambio de propietario en las oficinas de tránsito, pues en la práctica es muy común el caso en el que comprador deja pasar el tiempo sin realizar las diligencias del traspaso del vehículo, conllevando su conducta omisiva riesgos innecesarios para el vendedor. No resultan viables por no ser ajustadas a la ley, las denuncias por hurto del vehículo o de “auto embargo” del mismo para presionar al comprador, ya que este, sea lo que sea, es el tenedor legítimo del carro, en virtud del contrato de compraventa llevado a cabo Atentamente, JUAN CAMILO CARBONELL Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Incumplimiento de crédito otorgado por entidad financiera

    Resumen del caso: 
    Las obligaciones civiles y comerciales, deben ser cumplidas en los términos pactados por las partes, so pena de legitimar al acreedor a hacerlas cumplir por las vías jurídicas. Comenta la consultante en su caso, que la obligación se celebró en el año 2004 y que ha incumplido las cuotas, llevándole esto a solicitar a la entidad crediticia, una refinanciación de la deuda, la cual, según el tenor de la consulta le aprobaron primeramente para luego no tenérsela en cuenta. Según lo anterior, es aconsejable que realice las averiguaciones en el banco para determinar si el acuerdo de refinanciación de la deuda se realizó por escrito, para que con base en él pueda exigir a dicha institución el cumplimiento de la misma. Si el replanteamiento de la deuda no se celebró por escrito, no tendrá la forma de probarlo por lo que lo más recomendable entonces sería intentar una nueva negociación en ese sentido, pero tomando la previsión de dejar las constancias documentales pertinentes para hacerlas valer de manera posterior de ser el caso. Recuerde que en estos asuntos, y como se dice de manera prosaica: “los papelitos hablan”. CAROLINA SOFÍA VERGARA SOTO. Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Terminación unilateral del contrato de arriendo por parte del arrendatario.

    Resumen del caso: 
    El artículo 24 de la ley 820 de 2003, mediante la cual se expidió el régimen aplicable a los arrendamientos de vivienda urbana, señala las causales para la terminación unilateral de estos contratos por parte de los arrendatarios. En ese sentido, el numeral 4 de esa norma, establece que “El arrendatario podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente a tres (3) meses de arrendamiento (…)”. Por otra parte, el numeral 5 indica: “El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el arrendatario no estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al arrendador (…)”. Si se analizan detenidamente las dos hipótesis anteriores, se puede concluir que existe una diferencia marcada entra las mismas, por cuanto en la que corresponde al numeral 4 trascrito se hace necesario preavisar al arrendador con no menos de 3 meses de antelación, la intención de terminar el contrato en cualquier momento de la ejecución del mismo, razón por la cual, a título de indemnización, se debe pagar al arrendador, además, el equivalente a tres meses de renta por la decisión unilateral e inconsulta de terminar el arriendo, mientras que la hipótesis que se refiere al numeral 5 antes mencionado, solo exige el preaviso de terminación al arrendador con no menos de tres meses de anticipación con relación a la fecha de terminación del contrato, sin necesidad de pagar indemnización alguna como quiera que en este evento la terminación unilateral se da por la llegada del vencimiento del término –sea el inicial o el de la prórroga- del contrato. Sin embargo en ambas hipótesis, el envío del aviso se deberá hacer por medio de correo certificado, so pena de que no se entienda enviado, y sin que valga siquiera la entrega personal al arrendador, pues la ley es clara en su tenor literal. Ahora bien, si la causa que induce al arrendador a la terminación del contrato de arriendo es el incumplimiento de los deberes del arrendador, como los procederes que afecten gravemente el disfrute cabal del arrendatario sobre el inmueble, que sean llevados a cabo directamente por el arrendador o la suspensión de su propia mano de los servicios públicos, por ejemplo, serán aplicables el resto de causales señaladas en el artículo 25 de la ley 820 (es decir la 1ª, la 2ª, y la 3ª ) para las cuales no será menester remitir comunicación alguna al arrendador ni mucho menos pagar indemnización, por cuanto facultan de inmediato al arrendador a iniciar el correspondiente proceso judicial de restitución de inmueble arrendado de acuerdo con lo autorizado por el artículo 426 del código de procedimiento civil. A pesar de todo lo anterior, es bueno aclarar que en cualquier momento de ejecución del contrato pueden las partes de mutuo acuerdo, terminar el contrato de arriendo, tal como lo autoriza el artículo 21 de la ley 820 de 2003, caso en el cual no se requiere aviso previo, ni mucho menos indemnización por razones obvias. Como en el contrato que motiva la consulta, y según el tenor literal de esta, se desprende que la intención de las partes era declarar la terminación de mutuo acuerdo del contrato de arriendo con la llegada del término inicial (17 de agosto de 2008), se entiende que es aplicable el artículo 21 de la ley 820, razón por la cual no se hace necesario realizar el preaviso ni pagar la indemnización, por cuanto la causal invocada corresponde a la del mutuo acuerdo. No otra cosa quiere decir la cláusula transcrita del contrato en la consulta que dice: “el arrendatario restituirá el inmueble al arrendador a la terminación del contrato el 17 de agosto de 2008 en el mismo estado en que lo recibe…..”. La sola firma de las partes plasmada en el contrato da fe de la aceptación del mutuo acuerdo de los contratantes, de dar por terminado el contrato con la sola llegada del término inicial, desde el mismo momento de la celebración del arriendo. Muy atentamente, DEYRIS RAMOS Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Cancelación de patrimonio de familia

    Resumen del caso: 
    Toda familia puede constituir un patrimonio especial con la calidad de no embargable, bajo la denominación de patrimonio de familia. Quien lo establece se denomina constituyente. Aquél en cuyo favor se constituye se llama beneficiario, y salvo que se estipule lo contrario en el acto de constitución, se considera establecido no sólo a favor del beneficiario designado, sino del cónyuge y de los hijos que lleguen a tener en un futuro. Al caso en concreto usted para colocar el bien inmueble como garantía o respaldo de una obligación deberá de iniciar la cancelación del patrimonio de familia, esta se realiza mediante un proceso de jurisdicción voluntaria; de acuerdo con lo previsto por la Ley 70 de 1931, los propietarios pueden enajenar libremente el patrimonio de familia o cancelar su inscripción, de manera que el bien ingrese a su patrimonio particular sometido al régimen de derecho común, siempre y cuando si es casado se tenga el consentimiento del cónyuge y si tienen hijos menores consientan ellos mediante la intervención de un curador si lo tienen, o un curador ad hoc designado por el Juez con conocimiento de causa. Quiere decir esto que en su caso es necesario interponer una demanda de cancelación de patrimonio de familia, en la cual se solicitará el nombramiento de un curador ad hoc para que en nombre de los hijos menores otorgue su consentimiento si lo cree conveniente, teniendo en cuenta las razones de conveniencia que en este caso tiene el negocio que va a realizar, igualmente el Juzgado decretará el levantamiento del patrimonio de familia, con lo cual ante Notario se procederá al otorgamiento de una escritura publica en la cual se cancela dicho patrimonio. En la demanda debe invocarse la causa por la cual el inmueble afectado con el patrimonio de familia inembargable debe enajenarse; puede ser el cambio de domicilio de la familia o la estrechez de la casa por el nacimiento de otros hijos por ejemplo. Si el inmueble sobre el cual recae el patrimonio de familia fue adjudicado por el Instituto de Crédito Territorial (hoy Inurbe) y aun hay saldo pendiente, es necesario que el representante legal de dicha entidad exprese su consentimiento a la cancelación. La cancelación, una vez autorizada la correspondiente escritura pública debe ser inscrita en el registro de instrumentos públicos competente. O sea, aquél en el cual se encuentra abierto el folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble afectado. Si no se hace esta inscripción no tendrá ningún efecto la cancelación del patrimonio de familia, ya que esta debe anotarse en dicho folio y aparecerá en el certificado de tradición del inmueble, con lo cual puede vender la casa sin problema El trámite para la cancelación del patrimonio de familia debe hacerse por intermedio de abogado, ya que los Consultorios Jurídicos de las Universidades no tienen competencia para adelantar estos asuntos. Con la entera satisfacción de prestar un servicio social a la comunidad, nos encontramos ubicados en el centro calle del cuartel No 36-48, teléfono 6600671 Ext. 117. Cordialmente ELLA CECILIA RUYDIAZ EBRATT Asesor jurídico - Consultorio jurídico – Centro de Conciliación TECNAR

    Instalación de aire acondicionado en propiedad horizontal

    Resumen del caso: 
    Usted como propietario de un bien inmueble que hace parte de propiedad horizontal debe de buscar los reglamentos, estatutos de la copropiedad. La legislación que puede consultar con mayor precisión en el caso de la referencia es consultar el Régimen de Propiedad Horizontal. (Ley 675 de 2001) Artículo 1º. Objeto. La presente Ley regula la forma especial de dominio denominada Propiedad Horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la Propiedad. Artículo 58. Solución de conflictos. Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de esta ley y del reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir a: 1. Comité de Convivencia. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la participación en él será ad honorem. 2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solución de conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la materia. Le sugiero agotar estas alternativas antes de proceder a la vía jurisdiccional. Recuerde que el Régimen de Propiedad Horizontal tiene como principios: Convivencia pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. Con la entera satisfacción de prestar un servicio social a la comunidad, nos encontramos ubicados en el centro calle del cuartel No 36-48, teléfono 6600671 Ext. 117. Cordialmente ELLA CECILIA RUYDIAZ EBRATT Asesor jurídico - Consultorio jurídico – Centro de Conciliación TECNAR

    Mora en cuotas de administración en propiedad

    Resumen del caso: 
    Usted como propietaria de un bien inmueble que hace parte de propiedad horizontal debe de buscar los reglamentos, estatutos de la copropiedad y verificar que si en algunos de sus apartes menciona la situación de cuando se encuentra en mora con la cuota de administración. La legislación que puede consultar con mayor precisión en el caso de la referencia es consultar el Régimen de Propiedad Horizontal. (Ley 675 de 2001) Artículo 1º. Objeto. La presente Ley regula la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la Propiedad. Artículo 30. Incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de que la asamblea general, con quórum que señale el reglamento de propiedad horizontal, establezca un interés inferior. Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el edificio o conjunto. El acta de la asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora. Parágrafo. La publicación referida en el presente artículo solo podrá hacerse en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes, garantizando su debido conocimiento por parte de los copropietarios. Cordialmente: ELLA CECILIA RUYDIAZ EBRATT

    Derechos sucesorales

    Resumen del caso: 
    En relación con la primera pregunta, le respondemos que si tienen derecho sucesora les sobre la casa, su tía y la peticionaria de este concepto, porque la casa fue adquirida con posterioridad al matrimonio de sus padres y dentro de la sociedad conyugal conformada por el matrimonio, su tía tiene derecho como presunta heredera de su abuela y usted en representación de su difunta madre En cuanto a los CDT, solamente tienen derecho sobre los valores que en ellos se incorporaron, las personas que aparecen como beneficiarios de los mismos, por voluntad de quien los constituyo ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Del Consultorio Jurídico De La Universidad De Cartagena

    Acta de conciliación- mérito ejecutivo

    Resumen del caso: 
    Toda conciliación dentro de un proceso judicial deberá constar en un acta de acuerdo conciliatorio que contendrá los requisitos legales, dentro de los cuales esta, que a las partes de la conciliación les entregaran copia autentica del acta con la constancia de que se trata de la primera copia y que presta merito ejecutivo. En caso de incumplimiento a las obligaciones pactadas de algunas de las partes, con la copia autentica primera podrá iniciar proceso ejecutivo contra la parte incumplidora y pedir simultáneamente con la demanda, medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes del demandado Podrá acudir a un consultorio Jurídico para que le presten ese servicio ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Del Área Civil Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Sociedad de hecho

    Resumen del caso: 
    La sociedad sea de derecho o de hecho es un contrato, esto es un acuerdo de voluntades entre dos o mas personas destinados a producir obligaciones. La sociedad de derecho es un contrato solemne, que requiere otorgamiento de escritura pública y otras formalidades, y la de hecho adolece de estas formalidades. Los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho, conforme lo estable el artículo 499 del Código de Comercio. Por cualquier medio probatorio se puede demostrar la existencia de la sociedad de hecho. Si no tienen intereses en seguir con la sociedad de hecho, pueden solicitar la disolución y liquidación de la sociedad FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Unión marital de hecho

    Resumen del caso: 
    La ley 54 del 90 en su artículo 1º define la unión marital de hecho “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, se denomina compañero o compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho Le recomendado acercarse a un Centro de Conciliación en las Universidades en gratuito el servicio para declarar la existencia de la unían marital de hecho y su posterior disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Si el contrato de arrendamiento esta a su nombre como arrendataria puede hacer la entrega del apartamento notificándole al arrendador con tres meses de anticipación antes del vencimiento del contrato, o de llegar a un acuerdo con el arrendador para la entrega. FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    Separación de hecho por más de dos años, causal de divorcio. Presunción de muerte por desaparecimiento

    Resumen del caso: 
    Los artículos 96 y 97 del Código Civil, y el 107 del mismo código, que reglamentan la presunción de muerte por desaparecimiento, dicen que pasado dos años se puede presentar la demanda, con los requisitos que establece el artículo 657 del Código de procedimiento civil, usted debe asesorarse de un abogado titulado para que le presente la correspondiente demanda. Este es un procedimiento bastante demorado. Le recomendamos mejor presentar su demanda de divorcio, invocando la causal 8ª de la ley 25 de 1.992 que dice: la separación de cuerpo judicial o de hecho que haya perdurado más de dos años. FABIO LOPEZ LOPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad de Cartagena

    La sucesión de los sobrinos

    Resumen del caso: 
    Es frecuente la consulta de cuando fallece el último de los hermanos intestados, dejando como únicos herederos a sus sobrinos, hijos de sus hermanos muertos con anterioridad. Hay en este caso una controversia entre los sobrinos que consideran que deben heredar por partes iguales, o por cabezas, es decir dividir la masa herencial entre el número de sobrinos, y aquellos que consideran que cada grupo de sobrinos o estirpe deberá heredar lo que le hubiese correspondido a su padre si viviera y hubiese podido heredar. Afortunadamente la legislación, la doctrina y la jurisprudencia dan claridad y permiten resolver dentro de los cauces legales. En primer lugar, el Código Civil Colombiano, en su Artículo 1043, Modificado por la Ley 29 de 1982, Art. 3º, ha definido que “siempre hay lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de los hermanos”. Es decir, de acuerdo con la ley, con solo invocar el derecho, los sobrinos siempre podrán representar a sus padres, hermanos del difunto, y heredar en el tercer orden por representación. El mismo Código Civil aclara la representación en su artículo 1042: “los que suceden por representación heredan en todos casos (sic) por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiere cabido al padre o madre representado”. Esta decisión del legislador ha debido ser interpretada en varias ocasiones, siendo quizá los casos más comentados, la demanda de casación interpuesta contra la decisión de un juez de adjudicar la herencia por estirpes, demanda que atendió la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Eduardo García Sarmiento, en mayo 17 de 1990. La corte desestimó por ilegales las pretensiones de los impugnantes de dividir la herencia por cabezas, o sea por partes iguales entre los sobrinos. (Para más detalles, ver Manual de Derecho Sucesoral de la Dra. Carlota Verbel Ariza, Ed. Leyer 2007, Págs. 240-241). Otro caso importante de mencionar es el de la demanda de inconstitucionalidad, instaurada contra el artículo 1042 del Código Civil, en la que un ciudadano acusa a esta norma de violar el derecho fundamental a la igualdad, al decidir que la herencia entre los representantes se adjudica por estirpes y no por cabezas. La corte, en sentencia de octubre 24 de 2001, con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas, declaró la constitucionalidad del artículo demandado, sentando doctrina sobre la diferencia entre suceder por representación y suceder en forma directa. Así que si al morir A, le sobreviven seis sobrinos, tres de su hermano B, dos de su hermano C y uno de su hermano D, todos muertos con anterioridad a A, la herencia de A se repartirá en tres tercios, los cuales se distribuirán: un tercio para los tres hijos de B, un tercio para los dos hijos de C y un tercio para el hijo de D, ya que lo que hacen los sobrinos es representar a sus correspondientes padres y recibir lo que ellos hubiesen recibido de estar vivos. Otra cosa es que por acuerdo de todos, decidan heredar directamente en el cuarto orden, caso en el cual la división será por cabezas. ROROLFO DÍAZ WRIGHT* *Egresado Consultorio Jurídico Universidad de Cartagena

    Codeudores

    Resumen del caso: 
    El prefijo Co es equivalente a con y que indica unión o compañía. Entonces, codeudor indica más de un deudor. En su caso, usted y su amiga son deudores del acreedor, en el grado y proporción pactado. Los acuerdos negóciales son bilaterales, es decir, que las partes prestan el concurso real de su voluntad En consecuencia, el contrato de préstamo a que usted se refiere, es una ley para las partes y no podrá ser modificado, si no por acuerdo de las partes o por voluntad de la ley ante autoridad correspondiente. ALBERTO MERCADO HERNANDEZ Docente Consultorio Jurídico Universidad De Cartagena

    ¿Cómo se declara la existencia de la unión marital de hecho para que surta efectos patrimoniales?

    Resumen del caso: 
    Por ser una unión marital de hecho, anteriormente llamada de manera común "unión libre", cualquiera de los compañeros permanentes que la conforman podrá separarse sin más preámbulos, sin quedar sujeto a los condicionamientos formales del matrimonio, en el cual, si uno de los cónyuges decide de hecho tomar esa actitud de manera injustificada, estaría incurriendo en una causal de divorcio por el incumplimiento de sus obligaciones nacidas del contrato matrimonial. Así las cosas, y si el compañero permanente decide separarse solo le bastará llevar a cabo su propósito sin que exista un efecto legal que censure la conducta. Sin embargo, si se desea generar los efectos patrimoniales derivados de la Unión Marital de Hecho o "unión libre" en el sentido de disolver y liquidar la sociedad patrimonial de hecho que surge con ella luego de los dos años de convivencia, será menester tener en cuenta que desde el momento de la separación de hecho, se cuenta con el término de un año para que se declare la existencia jurídica de la unión marital de hecho y la posterior disolución y liquidación de la sociedad patrimonial existente. ya que de no hacerse estos trámites dentro del término indicado, caducará o se perderá cualquier posibilidad de exigir la parte del patrimonio que por esa sociedad se constituye (50% para cada ex compañero) La declaratoria de la existencia de la unión marital de hecho y la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que con ella se conforma, se puede hacer de las siguientes maneras -dentro del año siguiente a la separación o el fallecimiento de uno de los compañeros, como se dijo-: 1. Mediante la suscripción de un acta de conciliación como resultado de un acuerdo voluntario entre los ex compañeros, el cual se hace constar en un acta avalada por un centro de conciliación -que puede ser el de una facultad de derecho- con la presencia de un conciliador imparcial. Esta forma, requiere, obviamente la disponibilidad de ambas partes para lograr el acuerdo, pero es necesario agotar el trámite conciliatorio, para que, no habiendo acuerdo o disponibilidad entre los ex compañeros, o no asistiendo el citado se intente la segunda opción, que es la: 2. Vía Judicial: Una vez intentada dentro del término indicado la conciliación para declarar la existencia de la unión marital de hecho y la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sin que hubiere acuerdo, o sin que asista el citado, con la constancia respectiva que de esa circunstancia dejará sentado el conciliador, se podrá presentar una demanda ante un juez de familia correspondiente al último domicilio común de la pareja, para que sea este el que declara los efectos mencionados. 3. Similar al punto 1, la declaratoria de la existencia de la unión marital podrá intentarse ante notario, pero también requerirá el acuerdo de los ex compañeros permanentes. En el caso concreto, sería recomendable intentar primero la cita del compañero ante un centro de conciliación para que si no asiste o asistiendo no llega a un acuerdo, pueda presentar en su contra posteriormente una demanda, de acuerdo con el punto 2 antes mencionado. Se recuerda que el término para iniciar esos trámites es de un año contado desde el día siguiente de la separación y que hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho -susceptible de dividirse por partes iguales entre los ex compañeros-, no solo los activos, sino también los pasivos, como las deudas adquiridas luego de los dos años de la convivencia, razón por la cual el interesado deberá ponderar si los activos son más que los pasivos para determinar si le favorece o no la liquidación antes dicha. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    No hay prohibición de salir del país por deudas civiles o comerciales

    Resumen del caso: 
    Las deudas civiles o comerciales de dinero como las que se asumen con las entidades financieras, e inclusive el cobro judicial de las mismas, NO impiden al deudor salir del país -ya que a la larga lo que responde es EL PATRIMONIO DEL DEUDOR-, como quiera que esta limitante a la libertad de circulación -que tiene fundamento constitucional-, solo es aplicable como sanción penal, en los casos expresamente señalados en la ley y como una pena accesoria de una principal o como una medida de aseguramiento durante un proceso penal, con el objeto de garantizar la comparecencia ante las autoridades judiciales. En el ámbito de las obligaciones derivadas de los vínculos de parentesco o familiares -como es el caso de los Alimentos que se deben a ciertas personas como los hijos-, también existe una justificante legal para la prohibición de salir del país, ya que el juez de familia que conozca del proceso de alimentos -iniciado porque el obligado no paga la cuota que le corresponde de manera voluntaria ni oportuna-, podrá dar aviso a las autoridades de emigración del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, es obvio que aunque las deudas civiles no generan el efecto de la sanción mencionada, creemos que las responsabilidades hay que asumirlas con seriedad, porque de lo contrario quien abandone el país con la intención de evadir sus obligaciones civiles o comerciales verá completamente desacreditado y con justa razón- su nombre, para futuras transacciones. Además, se recuerda que en estos eventos, el patrimonio del evasor, es el que en últimas garantiza el cumplimiento de sus obligaciones. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Menor de edad que no es aceptado para jugar campeonato de fútbol por realizar su registro civil “extemporáneo”

    Resumen del caso: 
    Desde el punto de vista jurídico, no se encuentra razón alguna para negar la inscripción en un campeonato por parte de la escuela de fútbol, de un jugador de la misma, porque el registro civil de nacimiento se hubiere llevado a cabo en tal o cual fecha, pues sea cual sea el momento en que se verifique, este debe manifestar la fecha veraz y exacta del nacimiento. Entiendo que lo que le interesa a la escuela es que se le pruebe la fecha del nacimiento, porque las categorías (infantil, junior, juvenil, mayores, o sus equivalentes) se juegan en determinados rangos de edad que imposibilitan inscribir jugadores por fuera de los mismos. Por ello, es recomendable que mediante una petición escrita a la escuela, se le exija una explicación oficial del porqué motivo, a pesar de encontrarse registrado -aunque sea "tardío" el registro, lo cual es irrelevante-, y por ende demostrar su fecha veraz de nacimiento no se permite al niño inscribirse en el campeonato, para que con su respuesta, de resultar inconsistente o poco satisfactoria, se pueda dialogar con las directivas, de manera que se logre la inclusión del menor en dicho campeonato. No es recomendable, por el contrario, dar suma de dinero alguna para "arreglar" la situación, como lo han propuesto, pues legalmente, lo que está inscrito en el registro se presume completamente legal y es suficiente para demostrar la edad de la persona ANTE CUALQUIER ENTIDAD O AUTORIDAD PUBLICA O PRIVADA Y POR EL RESTO DE LA VIDA. Antes por el contrario, si alguien considera que no es legal el registro, tendrá la necesidad -y la carga- de demostrar lo contrario ante las entidades competentes (fiscalía, juzgados de familia). Resumiendo: La fecha del registro no tiene nada que ver con la FECHA DE NACIMIENTO, de la cual siempre se deberá dejar exacta constancia ante el notario, YA QUE HAY QUE DEMOSTRARSELA sea cual sea el momento en que se haga tal registro. Esa fecha de nacimiento, es la que le debe interesar -y ser suficiente por presumirse ajustada a la legalidad- a la escuela para demostrar si el niño es apto o no para jugar en determinada categoría, so pena de que pueda incurrir en violación de derechos fundamentales constitucionales del menor. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Legitimación para iniciar tramite de sucesión

    Resumen del caso: 
    Al momento del fallecimiento de una persona su patrimonio se transmite a sus herederos, a titulo universal o singular. Como en el caso no se menciona testamento se entiende que se da una sucesión intestada pues se hará en virtud de lo que dispone la ley para repartir los bienes dejados por el fallecido entre los herederos, que en el caso planteado será el esposo que aun vive en una porción del 50% de los bienes, y los hermanos, quienes entre todos, y por partes iguales se repartirán entre todos el 50% restante. Entonces, cuando fallece una persona cualquiera de los interesados antes mencionados puede pedir la apertura del proceso de sucesión. Inclusive uno solo de ellos podrá abrir la sucesión si los demás son reacios a ello. Deben presentar una demanda en cualquier momento, ante un juez de familia, aunque lo aconsejable es que se haga lo más pronto posible. La misma requerirá abogado y deberá contener los requisitos establecidos por la ley especialmente la prueba de defunción del causante y los correspondientes registros civiles de nacimiento y de matrimonio al igual que la relación de los bienes que se heredan. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – C/gena

    ¿Bajo qué supuestos se comparte la pensión de sobrevivencia entre la esposa y la compañera permanente?

    Resumen del caso: 
    La jurisprudencia de las altas cortes de nuestro país, ha conllevado a concluir con relación a las pensiones de sobrevivencia, que estas son susceptibles de ser compartidas entre el cónyuge sobreviviente y la compañera permanente, en aquellos casos en que el pensionado convivió o tuvo vida de hogar con los respectivos apoyos económicos, con ambas personas de manera simultanea. Así las cosas, para determinar si en efecto el cónyuge sobreviviente tiene algún derecho a la pensión del esposo fallecido, a pesar de haber dejado este una compañera permanente con la cual convivió durante sus últimos años de existencia, es menester determinar si el pensionado aun -y a pesar de la otra relación-, mantenía vínculos afectivos, hogareños y económicos con su esposa. De ser negativa la respuesta, lo más probable es que quién tenga derecho a sustituir la pensión, sea la compañera con quien terminó viviendo sus últimos días y no la esposa por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial. En ese sentido una reciente posición del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2007 establece: "En otras palabras, el criterio material de convivencia y no el criterio formal de un vínculo ha sido el factor determinante reconocido por la reciente jurisprudencia de la Sala para determinar a quién le asiste el derecho a la sustitución pensional. Lo fundamental para determinar quién tiene el derecho a la sustitución pensional cuando surge conflicto entre el cónyuge y la compañera es establecer cuál de las dos personas compartió la vida con el difunto durante los últimos años, para lo cual no tiene relevancia el tipo de vínculo constitutivo de la familia afectada por la muerte del afiliado". Así las cosas, y para resumir, en el caso de personas que a pesar de mantener vigente el vínculo matrimonial, conviven con otra a título de compañero permanente, será fundamental tener en cuenta para efectos de determinar derechos sobre su pensión los vínculos afectivos vigentes al momento de su muerte. Como según el texto de la consulta se puede extraer que la consultante no convivía con el esposo pensionado al momento de su fallecimiento, y que muy por el contrario la relación interpersonal con él no era compatible, la conyuge sobreviviente no tendría derechos sobre la pensión, como quiera que le correspondería a la persona con la que ha hecho vida en común (su compañera) hasta el momento de su muerte. Sin embargo, y si asisten dudas al respecto, al momento del fallecimiento la esposa que se encuentra en esa situación, podría realizar la solicitud de sustitución pensional ante la entidad correspondiente, para que sea ésta en definitiva la que defina a quien le corresponde el derecho sobre la pensión. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cgena

    Daños generan obligación de indemnizar

    Resumen del caso: 
    Todo daño ocasionado por una persona, y que sea debido a su imprudencia, impericia o negligencia, debe ser reparado por esta, según lo establece el código civil colombiano. Para la reparación del daño, bajo los supuestos dichos, se puede utilizar una de tres vías: 1. Presentando la correspondiente demanda de parte civil o incidente de reparación dentro del proceso penal que se sigue como consecuencia del daño, en el caso en que este hubiere llegado al punto de constituir un hecho ilícito, como cuando el mismo genera el fallecimiento de una persona. En este evento, dentro del mismo proceso penal y en el momento oportuno para ello, cabe la posibilidad de hacerse parte con el objeto de que las víctimas del daño puedan solicitar la reparación integral de manos del victimario o de las personas que deban asumirlo (aseguradoras, patronos, etc). Habrá entonces, una condena penal por un lado y una condena a pagar los perjuicios económicos por otro, dentro del mismo trámite. 2. Mediante el ejercicio de una demanda de responsabilidad extracontractual que se debe presentar ante los jueces civiles con el objeto de que se vincule a la misma a quien cometió el daño y a los terceros civilmente responsables como las aseguradoras, patronos etc. a fin de que se declare la existencia del hecho dañoso, la responsabilidad civil de su causante y las indemnizaciones por perjuicios materiales y morales. En este evento, no se determinan responsabilidades de índole penal. 3. La conciliación, como mecanismo alterno de solución de conflictos, que persigue lograr un acuerdo amigable con la presencia de un tercero neutral llamado conciliador. Esta puede ser utilizar de la siguiente manera: a) dentro del proceso penal y luego de iniciado el incidente de reparación integral mencionado en el numeral 1 anterior se deberá agotar el intento conciliatorio sobre la suma de dinero a ser reconocida por concepto de indemnización. Si el intento conciliatorio no funciona por que las partes no llegan a un acuerdo voluntario, continuará el trámite del incidente, el cual será decidido por el funcionario judicial competente. b) Como requisito previo a la presentación de la demanda civil de responsabilidad extracontractual. En el 2 punto antes mencionado es obligatorio intentar antes de instaurar la demanda, la conciliación con las personas que se consideran responsables del daño, y de no mediar acuerdo voluntario, la correspondiente constancia expedida por el centro de conciliación servirá para instaurar la demanda civil mencionada. c) Como mecanismo alternativo de solución de conflictos en cualquier momento se puede intentar la conciliación en un centro de conciliación avalado por el ministerio del interior y justicia, con el objeto de evitar la presentación engorrosa de una demanda, con todas las desventajas de tiempo y dinero que esta genera. En cuanto a las personas legitimadas para reclamar la indemnización derivada de los daños ocasionados, es bueno aclarar que cualquiera que tenga un vínculo patrimonial y/o afectivo con el fallecido, con el lesionado o con la cosa que resultó averiada, podrá iniciar las acciones correspondientes. Así las cosas, y en el evento de un accidente de tránsito en que fallezca una persona por la imprudencia de otra, podrá el cónyuge, hijos, padres, compañero permanente, hermanos, e incluso amigos cercanos hacer la reclamación por indemnización por alguna de las vías enunciadas, siempre y cuando exista entre ellos y la víctima, al menos una dependencia afectiva y/o patrimonial que amerite reparación. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Codeudor que paga se subroga en las acciones y derechos del acreedor

    Resumen del caso: 
    Cuando un codeudor asume el pago de la deuda del deudor principal, opera por mandato del artículo 1579 del código civil un caso de subrogación, según el cual, el codeudor asumirá el mismo lugar del acreedor con relación a las acciones que este tendría contra el deudor. De esa forma, y si asumimos que la acción que tendría el acreedor contra el deudor es la EJECUTIVA, como el pago lo realizó el codeudor, y este se SUBROGA en los derechos y acciones del acreedor, concluimos que la vía jurídica adecuada para realizar el recobro o la repetición de la deuda es precisamente la ejecutiva. Es obvio que para ello se requerirá por un lado la entrega del título a manos del codeudor con la expresa constancia de que quien realizó el pago fue el codeudor, de manera que se integre adecuadamente el título ejecutivo que sirve de fundamento para la demanda de acuerdo con el artículo 488 del código de procedimiento civil. Dice la norma antes mencionada: "Subrogación: El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda….". Subrogar, significa, según el DRAE (diccionario de la lengua española), sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Beneficiarios de pension de sobrevivencia

    Resumen del caso: 
    Es difícil afirmar que su señora madre tenga derechos sobre la pensión de sobreviviente de su padrastro, como quiera que la misma no asumió al momento de la muerte y con relación a él, la calidad de cónyuge ni de compañera permanente de acuerdo con la legislación vigente al momento del fallecimiento. Según la legislación actual, se entiende que son beneficiarios que pueden solicitar la pensión de sobrevivientes las siguientes personas: -El cónyuge o, a falta de éste, el compañero permanente del fallecido, quienes recibirán la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia. -Serán también beneficiarios los hijos menores de 25 años que dependan económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando estén incapacitados para trabajar por razón de sus estudios. -También, los hijos inválidos de cualquier edad si existe dependencia económica, mientras subsistan las condiciones de invalidez. -A falta de cónyuge, compañero permanente e hijos con derecho, podrán ser beneficiarios: -Los padres del causante, si dependían económicamente de éste. -Los hermanos inválidos del causante, si dependían económicamente de éste. Ahora bien, es bueno aclarar que se entiende que es compañero permanente cada uno de los miembros de la "Unión Marital de Hecho", que es la conformada por un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Para que esta nazca a la vida jurídica debe tener como mínimo dos años o más de existencia. Aparentemente, y según el dicho de su consulta, su padrastro falleció siendo el compañero permanente de su madre, lo que al podría hacer creer que tendría derecho a la sustitución pensional. Sin embargo, como quiera que la muerte ocurrió en el año 1989, antes de la vigencia de la ley 54 de 1990 que le dio existencia legal a las uniones maritales de hecho, y teniendo en cuenta que esta norma no tiene efectos retroactivos, debemos concluir que la señora NO tiene derecho a la pensión dejada por su compañero. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Obligación de recibir derechos de petición

    Resumen del caso: 
    Toda entidad pública o empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, debe recibir los derechos de petición que sus usuarios -o cualquier persona-, les remitan. El derecho de petición tiene rango constitucional fundamental, y por ende, si no es respondido dentro de los términos legales -15 días hábiles por regla general-, facultará al interesado para presentar una acción de tutela de manera que el juez obligue al representante legal de la entidad a responder dentro del plazo que se le fije, so pena de imponer las sanciones legales que para el efecto consagra nuestro sistema jurídico. Por ello, si se radicó una petición de cancelación de línea telefónica que hasta la fecha no se ha respondido a pesar de transcurrir el término anterior, es posible presentar la acción de tutela para obtener los efectos mencionados. Con relación a la segunda petición, que no quiso ser recibida por la empresa de servicios públicos con el pretexto de que no ha cancelado las facturas posteriores a la solicitud de cancelación de la línea, es pertinente sugerirle que lo remita por correo certificado -de manera que le quede constancia de su recibo-, pues si bien es cierto que para realizar reclamaciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios se deben cancelar aquellos aspectos de las facturas que no se discuten, usted está reclamando por la totalidad de la misma, como quiera que solicitó su cancelación, razón por la cual no debieron rechazarle su derecho de petición. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Obligación del juez de convocar a personas que se crean con derechos sobre bien que se pretende prescribir

    Resumen del caso: 
    El artículo 407 del Código de Procedimiento Civil regula el proceso de declaración de pertenencia, y en su numeral 6 se ordena al juez, además de la inscripción de la demanda en el registro de instrumentos públicos, el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el bien, para que concurran al proceso de pertenencia a defender sus derechos a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que quedó surtido el emplazamiento. Por lo anterior, y como quiera que usted indudablemente tiene un derecho que defender sobre el inmueble, debe hacerse parte dentro del proceso de pertenencia, con el objeto de que sea el juez de conocimiento de éste, el que defina en realidad el problema de la propiedad del inmueble. Para ello es ineludible la asesoría profesional directa de un abogado. SARA ASHOOK HADDAD Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Efectos del crédito asumido por codeudores

    Resumen del caso: 
    1. EL VINCULO CONTRACTUAL FRENTE AL BANCO: Cuando dos o más personas asumen en común un crédito hipotecario para compra de vivienda con una institución bancaria, ambos serán deudores solidarios frente a esta, de manera que la mora en el pago de las cuotas respectivas, dará lugar a que se pueda embargar el inmueble hipotecado y rematarlo en pública subasta, aunque se encuentre a nombre de ambos, y en el evento en que el valor del bien no alcance a cubrir la totalidad de la deuda, el banco podrá perseguir los patrimonios de los dos contratantes, con el objeto de satisfacer completamente la parte del crédito no saldada. Para el banco lo importante es que se le pague la deuda, independientemente de cual de los codeudores sea el que en realidad cumpla con la obligación, quedando facultado para iniciar las acciones ejecutivas frente a ambos deudores en el caso del no pago, con los efectos antes mencionados. 2. EL VINCULO CONTRACTUAL ENTRE LOS CODEUDORES: Al margen del vínculo contractual entre los codeudores con el banco con relación al crédito hipotecario asumido, se puede observar un vínculo contractual entre los dos codeudores con relación al patrimonio invertido, al inmueble adquirido y al provecho que ambos hubieren estipulado entre sí con relación al bien una vez este ingresó a su patrimonio. Así las cosas, si el pacto de ambos implicó el disfrute común del inmueble comprado, resulta obvio, que el copropietario que asumió en realidad el pago de las cuotas frente al acreedor, podrá no solo exigir la parte del inmueble que le corresponde al otro de los deudores, sino además, el reembolso de la mitad de la deuda pagada, pues de lo contrario éste se estaría enriqueciendo sin justa causa, a costas de quien paga en su beneficio. En realidad este último es el punto que a usted le interesa, pues con relación al primero, es decir en cuanto al vínculo con el banco, no puede evitar que este le siga descontado de su sueldo las cuotas periódicas asumidas, por lo que lo más recomendable es que llegue a un acuerdo con el otro deudor, con relación a: 1. Los derechos sobre el inmueble adquirido en conjunto y 2. el reembolso de la mitad de los dineros pagados al banco por haber asumido una deuda que en realidad le correspondía a ambos. Le recomiendo para ello, intentar una conciliación ante un centro de conciliación -que puede ser el de una facultad de derecho-, para que con la ayuda de un conciliador se logre el acuerdo que les evite los trámites judiciales engorrosos que tendría que llevar a cabo con la asesoría de un abogado ante un juzgando competente en caso de no prosperar un arreglo amistoso. NATHALY SUAREZ Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Terminación unilateral del contrato de arriendo de vivienda urbana cuando el arrendatario ha cumplido cabalmente sus obligaciones

    Resumen del caso: 
    Si un arrendador de un bien inmueble destinado a vivienda urbana desea terminar el contrato de arrendamiento de manera unilateral estando el arrendatario dentro de las prórrogas del contrato y habiendo cumplido este de manera cabal con las obligaciones emanadas del mismo, deberá según el artículo 22 numeral 7 de la ley 820 de 2003 avisar al arrendatario la terminación del arriendo mediante escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. De no cumplirse bajo los supuestos antes dichos con los requisitos enunciados en la ley, el arrendador no podrá terminar con el contrato, de allí que se haga imperioso para éste cumplir al pie de la letra con lo requerido por el numeral 7 del artículo 22 de la ley 820 de 2003. Ahora bien, si el arrendatario no ha cumplido con sus obligaciones de manera puntual - pago de la renta, servicios públicos etc.-, no será necesario cumplir con el aviso escrito ni con el pago de indemnización alguna, ya que el arrendatario estará incurso en otra causal de terminación del contrato, cual es la del incumplimiento de sus obligaciones, quedando facultado el arrendador para requerir incluso por la vía judicial el inmueble arrendado. El hecho de que el contrato se hubiere celebrado de manera verbal no implica mayores problemas, ya que la ley le otorga la misma validez que la de los contratos escritos, solo que de no existir documento, deberá acudir a una notaría con mínimo dos testigos a quienes les conste la celebración del contrato y los demás aspectos relevantes, para que el notario levante las actas que servirán para iniciar los trámites judiciales pertinentes. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Efectos del cobro prejudicial de una deuda por parte de abogado

    Resumen del caso: 
    Una vez asumida una deuda, esta debe cumplirse dentro de los términos estipulados, so pena de legitimar al acreedor a cobrar los intereses moratorios sobre cada una de las cuotas periódicas que se encuentren vencidas. Adicionalmente, y cuando se trata de créditos o préstamos asumidos con entidades financieras o fondos de empleados, debe tenerse presente que estas suelen entregar la cartera morosa a sus abogados con el objeto de llevar a cabo los cobros prejudiciales o judiciales, de acuerdo con las circunstancias, casos en los cuales, los pagos realizados bajo esos supuestos se imputarán de manera prevalente, a los honorarios del abogado, a los intereses y luego al capital. En cuanto a la porción del pago que corresponde a los honorarios del abogado a quien han contratado para el cobro, es bueno aclarar que su porcentaje puede oscilar entre el 10 y el 15%, si el cobro es prejudicial, es decir, anterior a la presentación del proceso ejecutivo, y entre el 20 y el 30%, si el pago se realiza después de la presentación de la demanda. De manera que una vez incurso en la mora, y asumido el cobro por parte del abogado, las sumas canceladas solo amortizarán el capital una vez descontados los porcentajes anteriores correspondientes a sus honorarios y los intereses causados por la mora, lo cual encuentra su razón de ser en el hecho de que el acreedor no tiene porque asumir el perjuicio económico generado por el retardo o la mora de deudor. Ahora bien, en el caso concreto, es probable que la entidad acreedora hubiere pasado el crédito en mora a manos de un abogado para el cobro prejudicial sin que el deudor se hubiere percatado de ello, por lo que éste le realizó el pago directamente al acreedor, y no al abogado. En este caso, resulta recomendable, entonces, negociar con el acreedor el monto del pago imputable a los honorarios de abogado, aduciendo precisamente que éste no tuvo nunca comunicación con el deudor para cobrarle la deuda, y que por tal razón el pago se realizó directamente al acreedor. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Los pactos son para cumplirlos

    Resumen del caso: 
    "Pacta sunt servanda", reza el viejo adagio jurídico latino: Los pactos son para cumplirlos. Toda deuda asumida deberá ser cumplida de acuerdo con los términos y condiciones pactados, so pena de que faculte al acreedor para iniciar las acciones judiciales pertinentes contra el deudor para obtener el pago de lo adeudado más los perjuicios ocasionados con la mora. En realidad, y desde el punto de vista jurídico, al acreedor le importaran poco los motivos por los cuales el deudor le dejó de pagar, lo cual no influirá para nada en sus posibilidades de acceder a las instancias judiciales. Lo que sí está claro, es que el acreedor no podrá cobrar la deuda por otras vías diferentes a las judiciales, por lo que no es ajustado a derecho el que se vaya por los caminos de hecho, como constreñir indebidamente y mediante el uso de la fuerza física o sicológica al deudor, en virtud de que nadie puede perseguir un resultado legítimo mediante el uso de opciones ilegítimas. De la misma forma, resulta antijurídico el cobre de intereses por encima de los topes legales. Los deudores deberán tener especial cuidado cuando se trate de deudas derivadas del famoso "paga diario", o como se le denomina ahora "gota a gota", porque muchas veces las amenazas terminan en tragedias tal como se pude observar en las páginas de los diarios locales. Por lo anterior, lo mejor es que trate de llegar a un acuerdo amistoso con el acreedor de forma tal que le otorgue un refinanciamiento de la deuda, pero eso solo quedará al libre albedrío del acreedor. Si las presiones indebidas y las amenazas continúan, acuda ante la fiscalía general de la nación o ante los juzgados de pequeñas causas a presentar la correspondiente denuncia penal por constreñimiento ilegal. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Ley de violencia contra la mujer

    Resumen del caso: 
    Es una norma que de ser sancionada marcará un hito en la historia de la mujer en Colombia. Estudios por las personas que trabajaron en su redacción concluyeron que la violencia contra las mujeres asciende a un 80%, frente al 20% sobre los hombres; en Colombia 2 de cada 5 mujeres que han vivido en pareja han sido agredidas, así: 61.482 casos de violencia intrafamiliar, 37.660 son entre la pareja, y solo 22% de ellas los denuncia. El texto de la ley define la violencia contra la mujer como cualquier omisión o acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer, así como cualquier amenaza. Por violencia económica se entendería la que ocurre sobre las finanzas propias de la mujer, como el régimen de sociedad conyugal y patrimonial, y sobre el relacionado con el nivel salarial. En Colombia, por cada $100 que gana un hombre, la mujer gana $40, llevando a cabo las mismas funciones. En amenazas sobre la mujer, la más común es la de ser abandonada, sigue la de quitarle los hijos, para llegar a la de suprimirle el apoyo económico en unos porcentajes de 21, 18 y 16%, respectivamente, con consecuencias tan graves que del 85% de las mujeres encuestadas, el 42,5% reportó que ha perdido la autoestima y sienten que valen nada; el 40% somatizó enfermedades; 36% tuvo descenso en la productividad; al 31% le afectó la relación con los hijos, y muy grave: el 24% ha sentido deseos de ¡suicidarse! Se incluye un nuevo delito llamado Acoso Sexual, que consiste en el acoso, persecución, hostigamiento, asedio verbal o físico de quien ostente superioridad manifiesta, relaciones de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, sobre otra persona, con beneficios sexuales, en beneficio suyo o de otro, no consentidos por el acosado. Entre parejas ocurre este delito, y ya es hora de hacer algo al respecto. Encima de los ultrajes a la mujer, se suma el abandono en que se le pone por no acceder a los deseos del marido, compañero o novio, o el caso del abandono sufrido por María Edith Calderón, mujer violada por su padre durante años, de quien tuvo 7 hijos. El abandono se traduce a conductas como la violación de los derechos patrimoniales que surgen con ocasión del divorcio creando un tipo de violencia; así como también todo tipo de abandono por parte de los padres hacia los hijos, sin querer esto decir que no sea importante lo no abordado aquí. Esto produce estados de depresión severa. La norma alerta a la mujer sobre su deber de crear conciencia, que es dueña de su dignidad y debe hacerse respetar aplicando la ley, ya que la Corte Constitucional afirma que no se puede invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contras las mujeres en las relaciones privadas y domésticas (C-408/96), y no vivir a la saga de relaciones que hacen perdurable el daño violento poniéndole fin al más silencioso de ellos: el abandono afectivo, descrito magistralmente por el poeta Ramón de Campoamor así: “Sin el amor que encanta, la soledad de un ermitaño espanta. Pero más espantosa es todavía la soledad de dos en compañía”. TULIA BARROZO OSORIO Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, de la Universidad Libre sede Cartagena.

    Terminación de contrato de arriendo por incumplimiento del arrendatario

    Resumen del caso: 
    En el evento en que los arrendatarios no cancelen de manera puntual la renta, o en la omitan definitivamente, se configura una causal de terminación unilateral del contrato que faculta al arrendador para iniciar la demanda de restitución de inmueble arrendado con el objeto de que sea el juez el que ordene la terminación del contrato por incumplimiento y la consecuencial restitución del inmueble a manos del arrendador, inclusive con el uso de la fuerza pública. Se aclara que cualquier otro medio que se utilice al margen del judicial mencionado, constituirá una vía de hecho que iría contra la ley y que podría poner en aprietos al arrendador (corte arbitrario de servicios públicos como medida de "presión", penetración por la fuerza en el inmueble del arrendatario con actitud amenazante, etc.), razón por la cual la única opción ajustada a derecho que tiene el arrendador es presentar con la asesoría de un abogado, la demanda referida, revestido con la paciencia requerida. Es requisito indispensable para la demanda de restitución de inmueble arrendado, anexar el contrato de arriendo si este se celebró por escrito. Si se llevó a cabo de manera verbal, se deberá demostrar la existencia del contrato con dos o más testigos -a quienes les conste la existencia del contrato-, que deberán declarar ante notario con el objeto de que las actas levantadas por este se aporten a la demanda. También se puede probar el contrato, de la manera indicada en el parágrafo primero del artículo 424 del código de procedimiento civil. Adicionalmente, en la demanda, se podrá pedir al juez el embargo del sueldo o demás bienes del arrendatario para garantizar el pago de los arriendos adeudados. Otra Vía legal para evitar la presentación de la demanda antes descrita, es la citación del arrendatario a un centro de conciliación para que se llegue con éste a un acuerdo amistoso en cuanto a la restitución del inmueble y al pago de la deuda, todo, con la presencia de un tercero neutral denominado conciliador, el cual levantará el acta en la que constará el acuerdo respectivo. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Reajuste anual de la renta de locales comerciales depende del acuerdo de las partes

    Resumen del caso: 
    En materia de arriendos comerciales, hay un problema que no existe con relación a los arriendos de inmuebles destinados a vivienda urbana de acuerdo con lo consagrado en la ley 820 de 2003, y es que la ley no prevé para el arriendo de locales comerciales los topes máximos de reajuste anual de la renta como si sucede con la renta de vivienda urbana donde el aumento debe corresponder como máximo al porcentaje de aumento del costo de la vida. En el arriendo de locales comerciales, por el contrario, el porcentaje de reajuste anual dependerá del mutuo acuerdo de las partes, de manera que si no hay acuerdo, será el juez civil el que deberá decidir al respecto, pero en ningún momento se justificará para el arrendador que obre de hecho y bajo la amenaza de la policía, quien no tiene nada que hacer sin una orden judicial. Si el arrendatario no ha pagado de manera puntual su renta ni cumplido a cabalidad sus demás obligaciones, se arriesga -eso sí- a ser demandado ante los jueces competentes por esas causas, así que las explicaciones anteriores se hacen bajo la hipótesis de que se hubiere cumpliendo religiosamente con dichas cargas. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Incompatibilidad entre la sociedad conyugal matrimonial y la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho

    Resumen del caso: 
    La ley 979 de 2005, que conjuntamente con la ley 54 de 1990 regula las uniones maritales de hecho, establece la incompatibilidad de las dos sociedades patrimoniales: la que surge con el matrimonio con la que nace de las uniones maritales de hecho. Así las cosas, si al menos uno de los miembros de la pareja que constituye la unión marital de hecho -por más tiempo que convivan- no ha disuelto y liquidado la correspondiente sociedad conyugal derivada de un matrimonio por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho, o conserva un impedimento para contraer matrimonio, no se constituirá entre ellos la sociedad patrimonial de hecho, de tal forma que los bienes adquiridos por el compañero que se encuentra bajo esos supuestos entrará a la sociedad conyugal derivada del matrimonio. Por lo anterior, urge que se inicien las actuaciones propias del divorcio y de la liquidación de la sociedad conyugal con el cónyuge con el objeto de que luego de los dos años de encontrarse disuelta y liquidada dicha sociedad, se constituya una nueva con el compañero permanente, momento a partir del cual se entenderá que los bienes que compre cada uno de ellos hará parte de la nueva sociedad patrimonial de hecho. En el evento en que el otro cónyuge no esté interesado en el divorcio no impide que este se lleve a cabo por el compañero permanente interesado, ya que si tiene más de dos años de haberse separado de su cónyuge, tendrá configurada una justa causal para presentarle la demanda de divorcio, para lo cual, obviamente requerirá de la asesoría personal de un abogado inscrito especialista en asuntos de familia. De no llevarse a cabo los trámites anteriores -se reafirma-, todos los bienes adquiridos por el compañero que tiene vigente el matrimonio anterior según lo que se explicó, harán parte de la sociedad conyugal conformada con la esposa y no tendrá derecho alguno sobre ellos la compañera permanente. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura – Cartagena

    Trámites para el divorcio

    Resumen del caso: 
    Existen, reconocidas por la ley colombiana, dos formas de llevar a cabo los trámites para el divorcio (en cuanto al matrimonio civil) o para la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso (con relación a los matrimonios celebrados por iglesias con personería jurídica reconocida por el estado, como la católica): 1. Los trámites que corresponden cuando existe ACUERDO MUTUO entre los cónyuges para el divorcio o la casación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, que son dos: a) El Notarial y b) el Judicial de jurisdicción voluntaria, los cuales se caracterizan por ser bastante rápidos ya que solo basta que tanto el notario como el juez aprueben el acuerdo de las partes en lo que se relaciona con el divorcio, la cuota alimentaria de los hijos menores si los hay, la custodia y régimen de visitas de los mismos, y la liquidación de la sociedad conyugal, o la forma como se repartirán los bienes. En ambos casos se requiere abogado que asuma la representación de las partes. 2. El trámite correspondiente al DIVORCIO CONTENCIOSO, cuando no hay mutuo acuerdo para el mismo. Este trámite solo se puede llevar ante un juez de familia mediante la presentación de la demanda pertinente en la cual tendrá que probarse la justa causa para que el juez lo declare. La más práctica de demostrar, es la que corresponde a la separación de hecho de los cónyuges, cuando esta tiene más de dos años, ya que es una casual objetiva, mucho más fácil de probar que por ejemplo las infidelidades del cónyuge. En esta hipótesis, en la sentencia que decrete el divorcio, el juez deberá declarar disuelta la sociedad conyugal y ordenará su liquidación (distribución de los bienes) la cual se podrá hacer como un trámite posterior a la sentencia del divorcio. Obviamente esta clase de procesos también requiere representación de abogado titulado. De estar interesada, obtenga la asesoría directa de un abogado titulado especialista en asuntos de familia que la represente en los trámites respectivos. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Derecho y Economía: un matrimonio

    Resumen del caso: 
    El Derecho Civil en la aplicación de la Ley no secunda con agrado la unión entre el Derecho y la Economía. Pero este matrimonio encuentra su apogeo en el Derecho anglosajón, traspasando las fronteras del Derecho económico hacia una investigación que entrelaza la economía y el derecho, y la consolidan como una vertiente de pensamiento denominada Análisis Económico del Derecho. Aristóteles, Platón, Tomas Hobbes, Adam Smith, Cesare Beccaria, William Blackstone, Jeremy Bentham, Karl Marx, Federico Engels, Jeremías Bentham, Ronald Cose, Douglas North, Richard Postner, por mencionar algunos, fundamentaron las bases de la diferencia entre el Análisis Económico del Derecho y el Derecho Económico. La diferencia es de “naturaleza, no de grado”, señala Antonio José Núñez, maestro de Análisis Económico del Derecho en la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia; señala que el Derecho Económico es un Conjunto de normas que el Estado adoptó para intervenir determinados sectores de interés particular, regulándolos desde diversas ramas del Derecho. El derecho laboral, la propiedad intelectual, el derecho tributario, la hacienda pública, el derecho de la competencia son ámbitos donde el Estado reemplaza la autonomía de las partes para imponerles reglas y producir determinados resultados, permitiendo analizar todos los ámbitos del Derecho con diferentes aplicaciones y adaptaciones. El Análisis Económico del Derecho tiene herramientas de análisis poderosas para entender la economía y la ley; en cambio, el Derecho Económico es la ley elaborada y aplicada al campo de lo económico. En este punto, es importante resaltar la posición del distinguido profesor de Derecho Económico Fernando Álvarez Rojas, quien afirma que: Derecho Económico y Análisis Económico del Derecho son lo mismo porque ambos se nutren y se alimentan de manera recíproca. Particularmente, me suscribo a la posición de Núñez, dado que, una cosa es el análisis y otra el derecho económico; la primera es una metodología, la segunda, una arista filosófica y sociológica de la economía. Sin embargo, es loable mezclar una nueva rama del Derecho que trasciende al Derecho Público y al Derecho Privado, como es el Derecho Económico con una línea de investigación como es el Análisis Económico del Derecho. Por medio del Derecho Económico, el Estado regula, interviene, establece pautas normativas del quehacer económico cotidiano dentro de su ámbito legal, territorial y soberano. Con el Análisis Económico del Derecho analizamos la normatividad que impone el Estado y sus órganos reguladores y las consecuencias económicas que tales normas generan en los individuos que conforman la sociedad. En materia de Conciliación Extrajudicial en Derecho, un reflejo del Derecho Económico es el Decreto 4089 de 2007 que reglamenta las tarifas en conciliación y arbitraje con tarifas máximas. A la luz de este decreto, se pregunta ¿qué sucederá con los usuarios que consumen el servicio de conciliación de los consultorios jurídicos cuyas tarifas son cero? De no ser por este y otros convenios, ¿dónde buscan la paz? MARÍA TERESA HERAZO MAYA Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR.

    “Contrato de Outsourcing”

    Resumen del caso: 
    Con cierta frecuencia, es común atender usuarios en el Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, envueltos en asuntos relacionados con el incumplimiento de prestaciones económicas y estipulaciones contractuales, derivadas de la ejecución y desarrollo de Contratos de Outsorcing, suscritos estos generalmente entre particulares y empresarios con demanda de servicios especializados. Las pretensiones formuladas por los usuarios, versan en la mayoría de los casos en el reconocimiento de derechos laborales a cargo del prestador y basados en el principio de la solidaridad laboral que se genera en ocasión a la celebración del Contrato de Outsorcing y por la concurrencia de los elementos propios de una relación de tipo laboral. Este contrato es considerado como una herramienta que permite reducir los costos y mantener, simultáneamente, la calidad en la administración de los recursos vinculados al desarrollo del establecimiento de comercio, pues se cuenta con personal especializado. Adicionalmente, permite que la empresa enfoque sus energías en el objeto de su actividad económica. El Outsourcing es una estrategia de administración por la cual una compañía delega la ejecución de ciertas actividades a empresas o personas altamente especializadas. En términos de Derecho Laboral, el presente contrato abre todo un debate encaminado a establecer si la responsabilidad laboral es compartida entre el empleador y la empresa temporal o contratista. Esta se constituye entonces en una de las más comunes pretensiones que solicitan los usuarios y que ruegan por su reconocimiento ante las diversas instancias judiciales, sin escapar el escenario conciliatorio que ofrecen los diversos Consultorios Jurídicos universitarios de la ciudad. Interesante análisis debemos hacer hoy al comportamiento en que incurren muchos patronos, en preferir los servicios externos tipificados en un contrato de Outsorcing, que a un empleado en misión, suministrado o remitido simplemente por un establecimiento dedicado a proporcionar trabajadores. El motivo de este proceder, de seguro acude, a los costos y deducciones legales que implicaría tener a cargo por la vinculación de este ultimo tipo de trabajadores. Manifestaciones como la antes aludida, amplían las posibilidades para que un empresario opte por la celebración de este tipo de contrato, ya que hay una especialidad en el servicio, visiblemente certificado, y con aparente exoneración laboral por renuncia expresa del prestador en el mismo texto del contrato, a requerimientos y subordinación laboral, lo que permite la constante suscripción de este tipo contractual. Señor usuario Ud. puede ser vinculado a través del contrato de outsourcing ya que éste tipo de contratación es legal y permitida, solo que al momento de hacerlo y por su propia seguridad, verifique que el contrato en cuestión que Ud. está suscribiendo, se ajuste a los requisitos exigidos por ley y le otorgue las herramientas legales para hacer valer sus derechos. Outsourcing no es un contrato de tipo laboral pero se entiende la presencia de los tres elementos del contrato de trabajo – subordinación, prestación efectiva de labor y remuneración - lo que hace suponer la existencia de una relación laboral, argumento a favor del portador del servicio llámese trabajador; mientras que el empleador o empresario defiende la cláusula de la no subordinación laboral para evitarse los costos propios de una relación de trabajo. MANUEL A. SEDÁN M. Egresado Consultorio Jurídico Corp. Universitaria Rafael Núñez

    Varios trámites para el divorcio

    Resumen del caso: 
    Si alguien pretende terminar legalmente con el vínculo matrimonial, debe determinar cual es el trámite de divorcio que le conviene o que es pertinente, ya que existen varios caminos para llegar al mismo punto, según la ley colombiana, en ese sentido: Por ejemplo: de estar el actual cónyuge de acuerdo en llevar a cabo el divorcio, pueden intentar ambos el proceso de divorcio de mutuo acuerdo ante el juez de familia o el notario competente, el cual implica que previamente se sienten a dialogar sobre las cuotas alimentarias de los menores hijos, su custodia, cuidado personal, disolución y liquidación de la sociedad conyugal habida dentro del matrimonio, etc., requisito este que se hace ineludible para intentar el trámite de divorcio de mutuo acuerdo. Este tiene la ventaja de que como el acuerdo ya viene declarado por los interesados, es muy rápido y menos dispendioso que el otro trámite, que es el denominado divorcio contencioso, en el cual uno de los cónyuges no quiere dar su acuerdo para la declaratoria del divorcio, y que, por ende resultará mucho más demorado y engorroso, como quiera que el interesado en el divorcio, tendrá que demostrar la causal invocada para que el juez lo decrete. De optar por el divorcio de mutuo acuerdo, los mismos interesados serán quienes dispongan, además de lo anotado, de la forma como se repartirán los activos y pasivos que se obtuvieron dentro de la vigencia del matrimonio y que hacen parte, por tanto, de la sociedad conyugal. Si el trámite que se lleva a cabo es el del divorcio contencioso el juez deberá declarar en la sentencia que decida el divorcio la disolución de la sociedad conyugal, y posteriormente, en trámite conexo con el anterior, el o los interesados podrán iniciar el proceso liquidatorio de los activos y pasivos de la sociedad conyugal, para determinar que bienes o deudas, según el caso quedan en cabeza de cada uno de ellos. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asistente Docente Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Proceso de sucesión

    Resumen del caso: 
    Una vez fallecida una persona, es pertinente iniciar por parte de sus herederos, el correspondiente proceso de sucesión con la finalidad de que el patrimonio del primero, se transmita formal y jurídicamente a los segundos. Es la misma ley la que consagra quienes son herederos, y los ordenes sucesorales, y la que determina las reglas para la sucesión testada, en el caso de las personas que hubieren fallecido dejando testamento. El trámite de la sucesión por causa de muerte, admite dos trámites: el Judicial, en el evento en que no todos los herederos se encuentran de acuerdo en llevar a cabo la sucesión, el cual se instaura ante los jueces de familia, y el notarial –mucho más expedito-, cuando los herederos de consuno acuerdan la forma como se van a distribuir los bienes que hacen parte del haber sucesoral. No resulta pertinente que alguno de los herederos, o todos al unísono, dispongan de bienes que hacen parte de la sucesión, sin antes haberse estos adjudicado formalmente dentro del respectivo proceso de sucesión, advertencia que se recalca principalmente en tratándose de inmuebles, pues mientras no se realice la adjudicación de los mismos a los herederos dentro del trámite que nos ocupa, sencillamente dichos bienes seguirán en cabeza de los fallecidos en las oficinas de registros de instrumentos públicos, resultando entonces inadecuado el acto de compra venta realizado de esa manera. En todo caso, la asesoría de un abogado experto en cuestiones de familia es imprescindible en estos asuntos. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asistente Docente Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cgena.

    Apartamento adquirido en remate judicial con deuda de administración de propietario anterior

    Resumen del caso: 
    El artículo 29 de la ley 675 de 2001, que reglamenta la propiedad horizontal, establece en su tercer inciso que existirá solidaridad para el pago de las expensas comunes entre el propietario anterior y el propietario actual de un inmueble supeditado a este régimen de propiedad, cuando quiera que el primero no las hubiere pagado, llegando al punto de exigir al notario encargado de protocolizar las escrituras de venta, la verificación de los paz y salvos por concepto de las contribuciones y expensas comunes expedidos por el representante legal de la copropiedad, so pena de dejar constancia en la respectiva escritura de la carencia de dichos paz y salvos y de la consecuencial solidaridad que surge entre el anterior propietario y el actual. El efecto más importante de la solidaridad, desde el punto de vista legal, es que convierte a ambos –anterior y actual propietarios-, en deudores de las sumas correspondientes a expensas comunes de administración, otorgándole al acreedor –la copropiedad-, la ventaja de perseguir el pago de la deuda de manos de cualquiera de ellos, o de ambos, según le convenga, así la obligación se hubiere generado antes de la venta. Una discusión jurídica surge entonces, en torno a si la norma en mención es también aplicable a los casos en los cuales la adquisición del bien moroso se lleva a cabo en pública subasta dentro de un proceso ejecutivo en el que se remató el inmueble, discusión que ha sido zanjada en el sentido de aceptar su extensión a la hipótesis planteada, no solo como resultado de la interpretación literal del artículo 29 de la ley 675 de 2001 ya que el adquirente en pública subasta es un “nuevo propietario”, que quedaría cobijado por el efecto de la ley, sino también porque sendas decisiones de la corte constitucional (Sentencias C-408 de 2003 y C-376 de 2004) mantuvieron vigente la norma, fundamentadas en que al aspirante a ser nuevo dueño de un inmueble supeditado al régimen de propiedad horizontal le asiste la obligación o diligencia previa de escudriñar el estado de cuentas del inmueble no solo en cuanto a impuestos –cuyos paz y salvos son igualmente necesarios para la escrituración y posterior registro-, sino también en lo relacionado con su estado jurídico en general y las deudas derivadas de las expensas comunes o administración que se constituyeren con anterioridad a la compra, haciendo presumir que de presentarse estas, e insistir en el negocio, el comprador las asumiría en el mismo nivel que el propietario anterior frente al acreedor, teniendo siempre la posibilidad de desistir del negocio si una vez se ha percatado de la deuda, esta no le conviene o hace muy gravosa su situación económica. Lo anterior se agrava para el comprador en pública subasta, si con anterioridad a su adquisición pesa una demanda ejecutiva del acreedor para perseguir la deuda derivada de las expensas comunes o administración del inmueble que pretende adquirir, como quiera que constituye un hecho ineludible que le otorga al nuevo propietario el pleno conocimiento de la deuda mencionada. El aspirante a nuevo propietario de un inmueble cuya situación se enmarca en el problema planteado, debe solicitar antes de la adquisición del mismo, los correspondientes paz y salvos por los conceptos anotados e insistir en el negocio, solo si está seguro que el remanente producido en el proceso en el que pretende adquirir el inmueble resulta suficiente para pagar el valor de las expensas comunes, porque de no ser así, resultará fatalmente vinculado como deudor solidario con el propietario anterior de las expensas comunes generadas antes de la compra. Sin embargo, consideramos que si el rematante dentro del proceso en que el inmueble se pretende adquirir en pública subasta, es una institución financiera, esta debe garantizar antes de la diligencia de remate, que el inmueble se encuentra libre de deudas, ya que desde el momento en que estas instituciones se apoderan de dichos inmuebles, deben asumir el pago de las expensas derivadas de su administración. De no tocarle al nuevo propietario otra opción diferente de la de pagar el valor de las cuotas de administración referidas, con tal de no verse perjudicado en su patrimonio, podrá, en todo caso, repetir lo pagado contra el propietario anterior que dejó la deuda pendiente, ya que sería un caso concreto de subrogación legal. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cgena.

    Acreedor desprovisto de prueba documental de su crédito, ¿qué debe hacer?

    Resumen del caso: 
    El hecho de haber prestado una suma de dinero a una persona, sin haber dejado constancia escrita del préstamo (contrato, pagaré, letra de cambio, por ejemplo), no significa que no se pueda perseguir el cobro de la deuda en el evento en que el deudor no la hubiere pagado de manera voluntaria en el plazo estipulado. Es decir, el hecho de no haber guardado la previsión de dejar constancia documental de la acreencia, no significa que esta sea inexistente. Este es un fenómeno bastante común cuando se trata de negocios que se ventilan entre personas con aparentes nexos sentimentales, fraternales, o familiares, que sin embargo, a la hora del pago, terminan defraudando la confianza depositada por el acreedor. Sin embargo, sí existe, obviamente, un problema probatorio que entorpecerá seriamente la prueba de la obligación asumida por el deudor, ya que su acreedor estará en desventaja probatoria frente a él, al momento de intentar perseguir la acreencia por las vías judiciales. Reza el artículo 488 del Código de procedimiento civil al definir lo que jurídicamente se conoce como "título ejecutivo": "pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...". En ese orden de ideas, es claro que el hecho de no existir documento escrito con los requisitos legales que constituya prueba de la obligación (título ejecutivo), implicará la imposibilidad de que el acreedor pueda presentar un proceso ejecutivo contra el deudor, para lograr directamente el embargo de las sumas de dinero adeudadas, frente al patrimonio del deudor, pero no evitará que el acreedor pueda demandarlo ordinariamente (mediante un proceso ordinario), con el objeto de lograr demostrar al juez, por cualquier medio (testigos, confesión, declaración de parte, etc.) la existencia de la obligación a su favor, y posteriormente, con la sentencia favorable dictada dentro de este proceso ordinario iniciarle el ejecutivo que permite los embargos. Será entonces más dispendioso el camino para el acreedor que no tiene documento idóneo que respalde la deuda y que persigue su pago, pues primero tendrá el arduo trabajo de demostrar ante el juez la existencia de la obligación, para luego ejecutar al deudor, como una forma de preconstituir el título ejecutivo. Además del proceso ordinario mencionado -que es bastante dispendioso cuando de demostrar la existencia de la obligación se trata-, existen otras formas aptas para lograr preconstituir el título ejecutivo y por ende la existencia de la obligación, las cuales son: 1. La conciliación: el acreedor podrá citar al deudor por medio de un centro de conciliación -universitario, de una cámara de comercio o de una notaría-, para que ante el conciliador, el deudor se comprometa a pagar la suma adeudada en las condiciones que se pacten, compromiso que se hará constar por el conciliador en un acta que en caso de incumplimiento facultará al acreedor para presentar directamente el proceso ejecutivo, como quiera que ya la deuda consta por escrito, con el lleno de sus requisitos. 2. La declaración de parte como prueba anticipada, mediante la cual el acreedor, puede hacer citar a su deudor ante un juez civil para que ante este confiese la existencia de la obligación, confesión que se hará constar en un acta suscrita por el juez, que servirá posteriormente para iniciar el proceso ejecutivo respectivo. De manera que según lo analizado, el acreedor desprovisto de prueba documental que respalde la existencia de la obligación a su favor, podrá escoger, de las arriba anotadas, y según su conveniencia, la vía jurídica que considere más ajustada a sus necesidades con tal de no ver menguado su patrimonio. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Avalista de letra de cambio adquiere los derechos derivados de la misma contra la persona garantizada

    Resumen del caso: 
    Al firmar como "codeudor", o mejor "avalista" una letra de cambió, se acepta expresamente garantizar al acreedor el pago de la obligación que recae sobre el deudor. En ese sentido, el artículo 636 del código de comercio, establece que "el avalista quedará obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado, y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo sea". Por lo anterior, cabe la posibilidad de que el acreedor le demande ejecutivamente al avalista garante de la obligación, la deuda del avalado, ya que dicho acreedor siempre tendrá la opción de escoger si demanda al deudor principal, al garante (avalista o "codeudor"), o a ambos al mismo tiempo, según le convenga. Sin embargo, es claro que al no ser la obligación directa del avalista -ya que garantiza una obligación ajena-, la ley le permite que en caso de hacer el pago en nombre del deudor principal, pueda perseguir su reembolso de manos de este, ya que de no ser así se incurriría en una flagrante injusticia. Esta posibilidad de repetir lo pagado –subrogación-, lo consagra el artículo 638 del código de comercio: "el avalista que pague, adquiere los derechos derivados del título valor contra la persona garantizada....". Por eso, es importante entonces, que el avalista que canceló la deuda ajena contenida en la letra de cambio, exija su devolución de manos del acreedor, con la correspondiente anotación de pago a nombre del deudor, para que pueda, posteriormente, iniciar contra este, el proceso de repetición de lo pagado. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Varios trámites para el divorcio

    Resumen del caso: 
    Si alguien pretende terminar legalmente con el vínculo matrimonial, debe determinar cual es el trámite de divorcio que le conviene o que es pertinente, ya que existen varios caminos para llegar al mismo punto, según la ley colombiana, en ese sentido: Por ejemplo: de estar el actual cónyuge de acuerdo en llevar a cabo el divorcio, pueden intentar ambos el proceso de divorcio de mutuo acuerdo ante el juez de familia o el notario competente, el cual implica que previamente se sienten a dialogar sobre las cuotas alimentarias de los menores hijos, su custodia, cuidado personal, disolución y liquidación de la sociedad conyugal habida dentro del matrimonio, etc., requisito este que se hace ineludible para intentar el trámite de divorcio de mutuo acuerdo. Este tiene la ventaja de que como el acuerdo ya viene declarado por los interesados, es muy rápido y menos dispendioso que el otro trámite, que es el denominado divorcio contencioso, en el cual uno de los cónyuges no quiere dar su acuerdo para la declaratoria del divorcio, y que, por ende resultará mucho más demorado y engorroso, como quiera que el interesado en el divorcio, tendrá que demostrar la causal invocada para que el juez lo decrete. De optar por el divorcio de mutuo acuerdo, los mismos interesados serán quienes dispongan, además de lo anotado, de la forma como se repartirán los activos y pasivos que se obtuvieron dentro de la vigencia del matrimonio y que hacen parte, por tanto, de la sociedad conyugal. Si el trámite que se lleva a cabo es el del divorcio contencioso el juez deberá declarar en la sentencia que decida el divorcio la disolución de la sociedad conyugal, y posteriormente, en trámite conexo con el anterior, el o los interesados podrán iniciar el proceso liquidatorio de los activos y pasivos de la sociedad conyugal, para determinar que bienes o deudas, según el caso quedan en cabeza de cada uno de ellos. CAROLINA LOPEZ PAJARO Asistente Docente Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Proceso de sucesión

    Resumen del caso: 
    Una vez fallecida una persona, es pertinente iniciar por parte de sus herederos, el correspondiente proceso de sucesión con la finalidad de que el patrimonio del primero, se transmita formal y jurídicamente a los segundos. Es la misma ley la que consagra quienes son herederos, y los ordenes sucesorales, y la que determina las reglas para la sucesión testada, en el caso de las personas que hubieren fallecido dejando testamento. El trámite de la sucesión por causa de muerte, admite dos trámites: el Judicial, en el evento en que no todos los herederos se encuentran de acuerdo en llevar a cabo la sucesión, el cual se instaura ante los jueces de familia, y el notarial –mucho más expedito-, cuando los herederos de consuno acuerdan la forma como se van a distribuir los bienes que hacen parte del haber sucesoral. No resulta pertinente que alguno de los herederos, o todos al unísono, dispongan de bienes que hacen parte de la sucesión, sin antes haberse estos adjudicado formalmente dentro del respectivo proceso de sucesión, advertencia que se recalca principalmente en tratándose de inmuebles, pues mientras no se realice la adjudicación de los mismos a los herederos dentro del trámite que nos ocupa, sencillamente dichos bienes seguirán en cabeza de los fallecidos en las oficinas de registros de instrumentos públicos, resultando entonces inadecuado el acto de compra venta realizado de esa manera. En todo caso, la asesoría de un abogado experto en cuestiones de familia es imprescindible en estos asuntos. MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA Asistente Docente Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cgena.

    Apartamento adquirido en remate judicial con deuda de administración de propietario anterior

    Resumen del caso: 
    El artículo 29 de la ley 675 de 2001, que reglamenta la propiedad horizontal, establece en su tercer inciso que existirá solidaridad para el pago de las expensas comunes entre el propietario anterior y el propietario actual de un inmueble supeditado a este régimen de propiedad, cuando quiera que el primero no las hubiere pagado, llegando al punto de exigir al notario encargado de protocolizar las escrituras de venta, la verificación de los paz y salvos por concepto de las contribuciones y expensas comunes expedidos por el representante legal de la copropiedad, so pena de dejar constancia en la respectiva escritura de la carencia de dichos paz y salvos y de la consecuencial solidaridad que surge entre el anterior propietario y el actual. El efecto más importante de la solidaridad, desde el punto de vista legal, es que convierte a ambos –anterior y actual propietarios-, en deudores de las sumas correspondientes a expensas comunes de administración, otorgándole al acreedor –la copropiedad-, la ventaja de perseguir el pago de la deuda de manos de cualquiera de ellos, o de ambos, según le convenga, así la obligación se hubiere generado antes de la venta. Una discusión jurídica surge entonces, en torno a si la norma en mención es también aplicable a los casos en los cuales la adquisición del bien moroso se lleva a cabo en pública subasta dentro de un proceso ejecutivo en el que se remató el inmueble, discusión que ha sido zanjada en el sentido de aceptar su extensión a la hipótesis planteada, no solo como resultado de la interpretación literal del artículo 29 de la ley 675 de 2001 ya que el adquirente en pública subasta es un “nuevo propietario”, que quedaría cobijado por el efecto de la ley, sino también porque sendas decisiones de la corte constitucional (Sentencias C-408 de 2003 y C-376 de 2004) mantuvieron vigente la norma, fundamentadas en que al aspirante a ser nuevo dueño de un inmueble supeditado al régimen de propiedad horizontal le asiste la obligación o diligencia previa de escudriñar el estado de cuentas del inmueble no solo en cuanto a impuestos –cuyos paz y salvos son igualmente necesarios para la escrituración y posterior registro-, sino también en lo relacionado con su estado jurídico en general y las deudas derivadas de las expensas comunes o administración que se constituyeren con anterioridad a la compra, haciendo presumir que de presentarse estas, e insistir en el negocio, el comprador las asumiría en el mismo nivel que el propietario anterior frente al acreedor, teniendo siempre la posibilidad de desistir del negocio si una vez se ha percatado de la deuda, esta no le conviene o hace muy gravosa su situación económica. Lo anterior se agrava para el comprador en pública subasta, si con anterioridad a su adquisición pesa una demanda ejecutiva del acreedor para perseguir la deuda derivada de las expensas comunes o administración del inmueble que pretende adquirir, como quiera que constituye un hecho ineludible que le otorga al nuevo propietario el pleno conocimiento de la deuda mencionada. El aspirante a nuevo propietario de un inmueble cuya situación se enmarca en el problema planteado, debe solicitar antes de la adquisición del mismo, los correspondientes paz y salvos por los conceptos anotados e insistir en el negocio, solo si está seguro que el remanente producido en el proceso en el que pretende adquirir el inmueble resulta suficiente para pagar el valor de las expensas comunes, porque de no ser así, resultará fatalmente vinculado como deudor solidario con el propietario anterior de las expensas comunes generadas antes de la compra. Sin embargo, consideramos que si el rematante dentro del proceso en que el inmueble se pretende adquirir en pública subasta, es una institución financiera, esta debe garantizar antes de la diligencia de remate, que el inmueble se encuentra libre de deudas, ya que desde el momento en que estas instituciones se apoderan de dichos inmuebles, deben asumir el pago de las expensas derivadas de su administración. De no tocarle al nuevo propietario otra opción diferente de la de pagar el valor de las cuotas de administración referidas, con tal de no verse perjudicado en su patrimonio, podrá, en todo caso, repetir lo pagado contra el propietario anterior que dejó la deuda pendiente, ya que sería un caso concreto de subrogación legal. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cgena.

    Deudora de crédito que no puede cancelar la deuda a entidad crediticia

    Resumen del caso: 
    A los bancos y demás entidades crediticias, poco o más bien nada les importan las causas por las cuales sus deudores no han podido cumplir con sus obligaciones. Recuerde que "los pactos son para cumplirlos". Cuando se acepta un crédito, se firma un contrato de mutuo o préstamo de dinero con intereses que tiene que ser cumplido en los términos y con las condiciones estipuladas. Por eso, aventurarse en el mundo de los créditos resulta bastante peligroso si se toman a la ligera los previos y juiciosos análisis que se deben llevar a cabo sobre la capacidad de endeudamiento, la cual debemos ponderar con las otras obligaciones que se poseen a fin de concluir si en efecto nuestro patrimonio es capaz de soportar el nuevo crédito. Contrario a lo que se suele pensar, las personas idóneas para endeudarse, son precisamente aquellas que tienen patrimonio o respaldo económico suficiente para pagar los créditos asumidos. Sin embargo, como se dice coloquialmente, llegado el momento de la mora inducida por la imposibilidad de pagar, “el daño está hecho”, y solo le queda tratar de llegar a un arreglo de pago, o refinanciación de la deuda con la entidad acreedora a quién el banco le cedió el crédito si quiere evitar una segura demanda. Sobre este punto, sería bueno antes que nada, insistir en el diálogo con el acreedor a fin de lograr un punto de equilibrio - que los satisfaga a ambos- en las cuotas refinanciadas que sirvan para aliviar paulatinamente las atrasadas, lo que requerirá en todo caso, la voluntad del acreedor, pues una vez el deudor haya incurrido en mora, el primero se legitima para iniciar las demandas ejecutivas pertinentes contra el segundo. En ese sentido, el acreedor puede perseguir judicialmente todos los derechos patrimoniales del deudor, sean presentes –al momento de la deuda-, o sean futuros -que ingresen posteriormente a su patrimonio-, contando entre ellos además de los inmuebles y vehículos, los bienes muebles que se posean en la residencia del deudor, las cuentas corrientes y de ahorros, las acciones o participaciones en empresas y sociedades, los salarios devengados, etc. Dichos bienes pueden ser embargados por el acreedor dentro de un proceso ejecutivo iniciado ante el juez civil competente, aclarando que si se trata de embargo de sueldo, este se debe limitar por orden legal a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, de manera que si el sueldo por ejemplo, es de $700.000 se deduce el salario mínimo –que es inembargable por deudas civiles-, y lo que le exceda, se dividirá entre cinco, dando como resultado el porcentaje del salario susceptible de ser embargado, el que seguramente será perseguido por el acreedor. Tenga en cuenta lo anterior, y trate de conciliar o de llegar a un acuerdo para el pago de las cuotas atrasadas, pues mantenerse en mora, además de perpetuar el riesgo de su patrimonio, le significará mantenerse reportada en las centrales de riesgos como datacrédito, lo que implica, prácticamente, una muerte civil o comercial. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura de Cartagena

    Imposibilidad de concurrencia de sociedades patrimoniales derivadas del matrimonio y de las uniones maritales de hecho

    Resumen del caso: 
    La ley que reglamenta las uniones maritales de hecho -ley 979 de 2005-, establece como requisito para su configuración -lo que comúnmente se denomina "unión libre"-, el hecho de que los compañeros hubieren convivido por más de dos años, y no tengan impedimento para contraer matrimonio, o que teniendo impedimento para contraer matrimonio, se hubiere disuelto o liquidado las sociedades conyugales anteriores con por lo menos, un año de anterioridad a la fecha del inicio de la unión marital. El matrimonio anterior de uno de los compañeros permanentes, es, en efecto, un IMPEDIMENTO para contraer matrimonio, lo que determina que si uno de los compañeros permanentes - o ambos, según el caso - , no se divorció antes de iniciar la unión marital con el nuevo compañero, o no disolvió y liquidó la sociedad conyugal nacida del anterior matrimonio con mínimo un año de anticipación a la fecha de inicio de la nueva convivencia, no se configurará con el actual compañero la denominada SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, y por tanto, los bienes que se adquieran por cada uno de los compañeros durante la vigencia de la unión marital de hecho, serán de propiedad exclusiva de cada uno de ellos, y no serán susceptibles de ser divididos por partes iguales. Lo anterior, por cuanto la ley colombiana y su jurisprudencia, prohíbe la concurrencia de sociedades patrimoniales derivadas sea de matrimonios o de uniones maritales, por lo cual de estar vigente un matrimonio anterior, sin haberse liquidado, como se dijo, la sociedad conyugal, la actual vigencia de esta excluirá cualquier posibilidad de que se forme la segunda con el compañero permanente. Con mucho gusto, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Acción para exigir cumplimiento de obligación prescribe por el transcurso del tiempo

    Resumen del caso: 
    Toda acción judicial que pretenda ejecutar una obligación contraída a favor de otra, es susceptible de prescribir por el transcurso del tiempo, si el acreedor no la ejerce dentro del término que la misma ley consagra. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la obligación que se contrajo en 1989 con la empresa editora de libros, derivada de la compra de una enciclopedia no se ha exigido judicialmente en todo este tiempo, el acreedor muy probablemente tendrá prescrita la posibilidad de ejercer las acciones ejecutivas en para proceder a realizar el cobro judicial de las sumas adeudadas. En efecto, la Ley, por regla general, consagra términos de prescripción de las acciones ejecutivas de 10 años (según el código civil colombiano), 5 años (según la modificación de la ley 791 de 2002), ó 3 años (según el código de comercio), dependiendo de la clase de título ejecutivo suscrito con el agente vendedor (contrato, pagaré, letra de cambio, por ejemplo). Se deja de lado la prescripción de la acción que se deriva de un cheque no pagado, ya que no viene a cuento En todo caso, dichos términos, deberán contarse desde el momento en que se incurrió en mora, para determinar precisamente la prescripción. De manera, que resulta más que probable que una obligación de esa clase, asumida desde hace 18 años, tenga las acciones de exigibilidad judicial fenecidas por el transcurso del tiempo. Preocupa, eso sí, el hecho de que el deudor aparezca reportado en las centrales de riesgo, por la supuesta mora que motiva la consulta. Veamos entonces tres hipótesis que se pueden derivar del caso planteado: 1. si el acreedor en efecto presentó demanda ejecutiva para el cobro de dicha obligación, encontrándose dicha acción prescrita por el transcurso del tiempo, como se dijo, se podrá dentro del término de presentación de excepciones, luego de notificada la demanda, alegar al juez la prescripción de la acción, a fin de evitar el cobro judicial; 2. en el evento en que hasta ahora no se hubiere presentado demanda ejecutiva alguna, pero se le estuviere realizando el cobro prejudicial de la deuda, usted podrá acudir personalmente o por escrito ante los acreedores a manifestarles que por el transcurso del tiempo la acción para el cobro se encuentra prescrita a fin de obtener el consecuente paz y salvo que sirva para descargarla del sistema de la central de riesgo en la que se encuentra reportada; 3. si a pesar de lo anterior, la empresa acreedora de manera voluntaria no procede a obrar de conformidad, tendrá la posibilidad, creada por el artículo 2 de la ley 791 de 2002, de acudir a los estrados judiciales, para que el juez declare la existencia de la obligación, y consecuencialmente la prescripción de la acción ejecutiva del acreedor al ser negligente con la exigibilidad judicial de la deuda. En este caso, la sentencia que declare la prescripción de la acción ejecutiva, le debe servir para que la descarguen del sistema de la central de riesgos en la que aparece reportada. Esta última opción es obviamente mucho más dispendiosa y demorada. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cgena.

    Divorcio en la legislación colombiana

    Resumen del caso: 
    En nuestro derecho, a partir de 1821 hasta la vigencia de la Ley 1/74, se mantuvo el principio de la indisolubilidad del matrimonio, a pesar de que ya antes se había acogido el divorcio vincular, como ocurrió entre 1853-1856. Durante este período se institucionalizó el divorcio en Colombia, contemplando dos causales: el delito y el consentimiento mutuo. Las causales de origen delictual fueron el adulterio de la mujer; el amancebamiento del marido; y las graves y frecuentes injurias, los maltratamientos de obra, sevicia de uno de los cónyuges hacia el otro, solo si con ello peligraba la vida del cónyuge agredido o que hicieran imposible la paz y sosiego domésticos; abandono de un cónyuge al otro por más de tres años. El divorcio de mutuo acuerdo ya existía con anterioridad a la vigencia de la Ley 25/92, y no prosperaba cuando el varón era menor de 25 y la mujer menor de 21; cuando no hubieren transcurrido 2 años después de celebrado el matrimonio; si se intentaba después de 20 de matrimonio; cuando la mujer hubiera cumplido 40 años; o cuando los padres del cónyuge menor no convinieran en que se llevara a cabo el divorcio. Si bien lo que se perseguía era preservar la unidad conyugal y familiar, no dejan de admirarnos los grandes desmanes de situaciones increíbles, por no llamarlas injustas, que contemplaba la ley y que no se podían soslayar en los casos en que la situación conyugal fuera insostenible. Como ilustración de la anterior afirmación, veamos que en el divorcio por mutuo acuerdo de la época mencionada, a pesar de ello, los hijos menores de 7 años y las mujeres quedaban bajo la potestad de la madre, y los mayores de 7 años bajo la potestad del padre. Existía una remarcada potestad marital machista, y en ese sentido se legislaba. En el divorcio de origen delictual, los hijos mayores de 3 años pasaban a la potestad del cónyuge inocente. Lo bueno de esto era que el cónyuge culpable quedaba en la obligación de correr con gastos de crianza y educación de los hijos. ¿Qué pasaba entonces con los hijos menores de 3 años? ¿Por qué para solucionar un conflicto eminentemente conyugal, la norma trascendía una especie de sanción sobre la distribución de los hijos en común, como si se tratasen de objetos, y establecía rangos de edad, como si los hijos durante la edad que fuera, no necesitaran de un padre y del otro? Es decir, con el contenido de estas normas se terminaba de desintegrar la unidad familiar, convirtiendo a los hijos en trofeo que ganaba un padre u otro, y no separaba la mala relación de los padres, de la relación entre padres e hijos, la cual debía permanecer independiente de toda esta batalla de los mayores. El hecho es que esta institución desaparece, y vuelve a surgir en el año 1859 en las provincias como Bolívar, Magdalena, Panamá y Santander, y en las demás se conservó la indisolubilidad. Bajo la presidencia de Alfonso López M., se intentó establecer nuevamente el divorcio vincular en los matrimonios civiles, y dejar la indisolubilidad de los católicos, respetando el contenido del Concordato que ya regulaba esta materia. Ello no resultó. Esta indisolubilidad se mantuvo hasta 1976. La Constitución de 1991 introdujo la Cesación de Efectos Civiles de matrimonio religioso, y se readaptaron las causales de divorcio de acuerdo a la realidad colombiana, y que se desarrollan en la L 25/92, como se tratarán en próximas publicaciones. TULIA BARROSO Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre

    Embriaguez habitual

    Resumen del caso: 
    No siempre fue causal de Divorcio en nuestra legislación. Apareció por primera vez en la ley 84/1873, y establecía: “La embriaguez habitual de uno de los cónyuges”; no sufrió modificación alguna, por lo que en la Ley 25/92 se reguló igual. Lo anterior quiere decir que se necesita para su estructuración la Embriaguez propiamente dicha, entendida como la “turbación pasajera de las potencias”, resultado de haber consumido licor en abundancia; y la Habitualidad, que significa consumirlo de manera bastante regular y continua, hasta poderse calificar como consuetudinaria. Con ello se deduce que el consumo moderado, aunque habitual, siempre que no perturbe la normalidad del individuo no evidencia embriaguez, y con la habitualidad el fenómeno se convierte en una carga intolerable en la persona del cónyuge inocente. Los resultados de la embriaguez habitual suelen ser en su mayoría dañinos para la relación conyugal, toda vez que se traducen en los efectos nocivos para los intereses económicos y hereditarios, falta de paz y sosiego doméstico, ausencia moral del cónyuge amigo, cómplice, amante, padre, y responsable del elemento o rol instrumental del hogar. No siempre tiene la misma incidencia en todos los hogares, ya que hace más daño en el cónyuge inocente, en cuyo seno familiar de origen y manejo de escala de valores personales no vivió estas conductas, que en aquel cuyo hogar de origen se prestó para que desde su infancia se familiarizara con estos comportamientos. Los comportamientos se deben a que una parte del alcohol consumido es transportado por la corriente sanguínea al cerebro y al sistema nervioso, donde produce efectos hipnóticos parecidos a los de los barbitúricos. Los efectos se producen cuando se ataca el equilibrio normal entre dos fuerzas, como son los impulsos mentales que le son propios a la personalidad básica de la persona, y una fuerza opuesta, como son las inhibiciones; o sea, las que mantienen al individuo bajo control, ya que son las reguladoras de los impulsos. El hombre prehistórico vivía de impulsos, pero fueron mermando con el curso de la vida de acuerdo al uso de normas y comportamientos legales, reglas de etiqueta o sociales y personales; los impulsos son propios de las características hereditarias de la persona y si estos permanecieran sin control, la persona viviría en constante conflicto, y es eso lo que precisamente sucede en la relación conyugal, cuando se toma alcohol en forma desmedida, poniendo en peligro la paz y sosiego doméstico y familiar en general. De allí el por qué se tradujo en causal de divorcio: por los grandes estragos que puede ocasionar. Por ello, antes de “morder cabuya” debe tenerse en cuenta el sabio refrán “in vino veritas”, o sea en el vino está la verdad. Y es bien cierto, el vino encierra una gran verdad, porque detrás de los tragos y la farra se devela la verdadera personalidad del individuo. Para evitar problemas en el matrimonio por esta costumbre habitual, bien valdría la pena hacer uso de todo el acopio de la voluntad y disminuir la tentación, en aras de mantener a la familia unida. El aspecto probatorio de esta causal es de trascendencia delicada, ya que basta probar la habitualidad, mas no el alcoholismo como enfermedad y sin mediar dictamen pericial alguno. Si bien la evaluación de esta causal debe ser prudente, mesurada por parte del juez, fue una causal creada para librar al cónyuge del simple fastidio que ésta produce. TULIA DEL CARMEN BARROZO OSORIO Directora Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre sede Cartagena

    Los derechos políticos de las mujeres en Colombia

    Resumen del caso: 
    Si tomamos como punto de partida la Constitución centralista de 1886, los derechos políticos, que consisten especialmente en los derechos de voto y de ser elegido, y para cuyo ejercicio se exige la calidad de ciudadano, se otorgaban sólo a los varones. El artículo 15 de dicha Constitución estableció: “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. El Acto Legislativo No. 3 de 1910, reformatorio de la Constitución de 1886, mantuvo el sufragio, calificado, en cabeza de los ciudadanos varones. La Reforma constitucional de 1936, la más importante desde el punto de vista ideológico, institucionalizó el sufragio universal para los varones, sin restricciones de orden económico, y las mujeres adquirieron el derecho a ser nombradas, no elegidas, para desempeñar empleos públicos, aunque llevaran anexa autoridad o jurisdicción. La Reforma de 1945 (Acto Legislativo No.1), le otorgó a la mujer la ciudadanía, pero la función del sufragio y la capacidad para ser elegido popularmente se reservó a los varones. El Congreso, por medio del Acto Legislativo No. 1 de 1952, convocó una Asamblea Nacional Constituyente “ANAC” para reformar la Constitución, pero el 13 de junio de 1953, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla dió un golpe de Estado militar, frustrándose esa reforma. Reunió la ya convocada ANAC, la que lo legitimó como Jefe de Estado por el resto del período presidencial en curso (Acto Legislativo número 1 de 1953), y después lo reeligió mediante el Acto Legislativo No.1 de 1954 para el período 1954–1958. Por Acto Legislativo No.3 de 1954, la ANAC modificó el artículo No. 171 de la Constitución Nacional, en cuanto restringía el sufragio a los ciudadanos varones. Pero este derecho político no pudo ser ejercido por las mujeres, pues el General Rojas nunca convocó a elecciones populares. Gobernó con Decretos Legislativos de Estado de Sitio y actos de la ANAC. El 10 de mayo de 1957 cayó del poder y salió del país, dejando el gobierno en manos de una Junta Militar. Como el Congreso no sesionaba desde 1949, salvo la Legislatura 1951–1952 para el trámite del Acto Legislativo No. 1 de 1952, se acudió al constituyente primario, mediante la convocatoria a un Plebiscito, para reformar la Constitución conforme los acuerdos bipartidistas. El Plebiscito del primero de diciembre de 1957, al expresar que la Constitución de Colombia era la de 1886, con las reformas introducidas hasta el Acto Legislativo numero 1 de 1947, inclusive, quedaron derogados los posteriores, entre ellos el No.3 de 1954, así que se dispuso en el artículo primero: “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones”, y se les convocó también a ellas para votar esa reforma. Las mujeres salieron ese día a votar alegre y masivamente. Desde entonces vienen ejerciendo plenamente sus derechos políticos en igualdad con los varones y tienen acceso a todos los cargos de elección y nombramiento en las tres ramas del Poder Público y en los órganos autónomos e independientes. Las mujeres deben participar más en el ejercicio del derecho de elegir y ser elegidas, así como los hombres, pensando en el bien del país, del Departamento, del Municipio o del Distrito, según el caso, y recordar para el efecto que el voto es un derecho y un deber ciudadano. ANTONIO ALVARADO CABRALES Profesor Titular Facultad de Derecho Universidad de Cartagena. Consultorio Jurídico.

    Consulta responsabilidad Eps

    Resumen del caso: 
    El derecho que tiene un afiliado a la seguridad social en salud, contempla cuatro (4) servicios que deben ser prestados integralmente: PREVENCION DE LA ENFERMEDAD, PROMOCION DE LA SALUD, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, independientemente del tipo de seguro, ya sea contributivo, subsidiado, cotizante o beneficiario, como es el caso de su hija. El tratamiento aplicado hasta el momento no ha cumplido con el último de los servicios: REHABILITACION, es decir, que la contingencia sufrida en su salud, sea superada y pueda volver a desempeñar o usar su miembro en forma satisfactoria; por lo que usted debe pedir a la EPS que le haga una valoración o evaluación del actual estado de la lesión y si esta es superable o no, en éste último caso, qué tipo de minusvalía funcional, orgánica o estética tendría la niña en adelante. Una vez hecha la mencionada valoración, la EPS, responde por todo el tratamiento y rehabilitación, incluyendo los exámenes de diagnóstico y pronóstico, terapias, cirugías, médicamente y demás elementos necesarios, transporte para su tratamiento, hasta cuando el dictamen sea total recuperación o término de la secuela; la cual es susceptible de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causados. Si existe un concepto médico por escrito y fundamentado sobre negligencia o impericia del médico que inicialmente atendió a la paciente, éste es responsable personalmente desde el punto de vista civil y eventualmente penal; como últimamente han venido estableciendo los jueces de la república de Colombia. Cualquier complementación o aclaración al respecto, la podemos absolver por éste mismo medio o en nuestras instalaciones ubicadas en la Calle Estanco del Tabaco Nº 35-16, 2o. piso, teléfono 6643320, Cartagena D. T. y C. MILTON BUELVAS MENDOZA Coordinador Área Laboral - Consultorio Jurídico Facultad de Derecho -Universidad Rafael Núñez

    Venta de inmueble que está a nombre de esposo fallecido por parte de la cónyuge supérstite requiere proceso de sucesión

    Resumen del caso: 
    Solicita la consultante información para poder vender una casa que su marido, fallecido hace más de un año, dejo a su nombre. Adicionalmente, indica que los servicios públicos domiciliarios de uno de los inmuebles se encuentra a nombre del cónyuge fallecido, pretendiendo que queden a nombre de ella o de su hijo mayor. Debemos primero que todo aclarar, que nadie puede transferir más allá de los derechos que formalmente tiene sobre una cosa, de manera que con relación a la intención de vender un bien inmueble que aun aparece inscrito a nombre del esposo, no podrán los herederos realizar jurídicamente esa venta, hasta tanto no se realicen las gestiones tendientes a lograr que la titularidad del dominio o propiedad del mencionado inmueble se transmitan a ellos, que para el caso mencionado, se trata de la cónyuge supérstite o sobreviviente, en porcentaje de 50% derivado de la sociedad conyugal; y de los hijos habidos dentro del matrimonio y extramatrimoniales –si los hubiere-, en el 50% restante. Con relación a los bienes inmuebles, la cuestión es aun más rigurosa, ya que se tiene como propietario, exclusivamente, a quien aparezca inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar en el que se encuentra ubicado, siendo este el único legitimado para firmar escrituras públicas de venta y no otra persona extraña a esa situación. De manera que es imperativo que se inicien los trámites de la sucesión, para que se determinen los bienes muebles e inmuebles que hacen parte de la herencia del cónyuge fallecido y de su sociedad conyugal, que van a ser objeto de adjudicación. Este proceso admite dos trámites: 1. si todos los herederos se encuentran de acuerdo en la distribución de los bienes dejados por el fallecido se puede utilizar la vía Notarial, que es la más rápida; 2. en el evento en que alguno o algunos de los herederos no estuvieren de acuerdo en la distribución de los bienes, no se tendrá otra opción diferente a la de presentar una demanda de sucesión ante un juez de familia, para que sea este el que decida sobre la adjudicación de los mismos. Es de recordar que en el caso planteado, como el señor dejó descendencia, los herederos serán sus hijos y la cónyuge, en virtud de la sociedad conyugal, si no se encuentra previamente disuelta y liquidada. Si el señor dejó testamento con todas las formalidades legales hay que estarse a las disposiciones que contienen su última voluntad, siempre y cuando el testamento esté acorde con los lineamientos legales. En el evento en que de manera equivocada la cónyuge supérstite o alguno de sus hijos proceda a “vender” alguno de los inmuebles que formalmente aparecen todavía a nombre del fallecido, sencillamente no existirá desde el punto de vista jurídico, una real compraventa inmobiliaria, ya que no podrán firmar las correspondientes escrituras públicas por no ser los titulares del derecho de propiedad, y por ende, no podrán llevar a cabo la inscripción del cambio de propietario en la oficina de registro de instrumentos públicos, por la misma razón. De allí la importancia de llevar a cabo los trámites de la sucesión. Otra cosa –esta sí perfectamente válida desde el punto de vista jurídico-, es que tanto la cónyuge como los hijos herederos, pueden vender sus DERECHOS HERENCIALES –no la propiedad misma-, legitimando a los terceros compradores para que sean ellos los que inicien el proceso de sucesión, de manera que la titulación de la propiedad salga directamente a nombre de ellos. Obviamente, en este caso los adquirentes de los derechos herenciales no van a pagar el mismo valor comercial de los inmuebles que hacen parte de la herencia, ya que, además de que no comprarían la propiedad misma de ellos, deben asumir los naturales riesgos que entraña el proceso de sucesión (pago de deudas herenciales que pudieran aparecer, la molestia misma que genera el trámite judicial o notarial, etc.). Para finalizar, y ya en lo tocante con los servicios públicos domiciliarios cuyas facturas aun llegan a nombre del fallecido, es pertinente, primero, que se termine el trámite de la sucesión, para, luego que el cambio de la propiedad se hubiere realizado de la forma mencionada, se presenten las correspondientes solicitudes a las empresas prestadoras de esos servicios indicándoles los cambios en la titularidad de la propiedad y en consecuencia, la variación de las personas a las cuales se le expedirán en el futuro las facturas de los servicios públicos. Obviamente, se deberá anexar a esas solicitudes los correspondientes certificados de instrumentos públicos de los inmuebles en los que consten las inscripciones de los nuevos propietarios derivados de la adjudicación de la herencia. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad de San Buenaventura Cartagena

    ¿Qué hacer cuando el obligado a cumplir un fallo de tutela no lo acata?

    Resumen del caso: 
    Relata la usuaria, que presentó por intermedio de la Personería, una acción de Tutela contra el Hospital Universitario de Cartagena, para obtener la pensión que por ley le corresponde, la cual fue fallada a su favor, y muy a pesar de ello, la entidad demandada no ha cumplido con el fallo del Juez. Se trata de un típico caso de incumplimiento de sentencia judicial, que para el caso de la acción de tutela, daría lugar, según lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, a que la beneficiada con el fallo de la tutela, pueda presentar, ante el juez que conoce de su trámite lo que se denomina jurídicamente “incidente de desacato”, que no es más que una manifestación escrita de la interesada, dirigida al juez, informándole que muy a pesar de que se profirió un fallo favorable a sus intereses, no fue cumplido por la entidad obligada. El juez procederá entonces a notificar a la demandada del incidente de desacato exigiéndole la explicación del incumplimiento, y si la respuesta de la demandada no es satisfactoria, o esta no responde, podrá imponer sanción de arresto al representante legal de la entidad demandada, sin perjuicio de que reporte la omisión del cumplimiento del fallo a la Fiscalía General de la Nación, para que inicie la investigación penal por el posible delito de fraude a resolución judicial en que hubiere incurrido el responsable. Por lo anterior, usted podrá presentar su incidente de desacato ante el juez que conoce de la tutela, informándole la situación ya mencionada. Como ha sido atendida por la Personería, esta deberá redactarle el escrito, aunque usted misma podría hacerlo. Dice el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela: ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. DAVID ANTONIO MENDEZ CUETO Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Derechos herenciales de hija extramatrimonial en sociedad paterna

    Resumen del caso: 
    Una hija extramatrimonial pregunta qué derechos le asisten sobre una sociedad –no indica la clase de sociedad-, que dejó su padre fallecido hace poco, y que había constituido con su esposa y sus dos medios hermanos menores de edad: Es importante recalcar, que en la actualidad jurídica colombiana, los hijos heredan por igual los derechos patrimoniales de sus padres, sin distingo de si son habidos dentro del matrimonio o extramatrimoniales, para lo cual dichos derechos se dividirán por partes iguales entre todos ellos, en el 50% que les correspondería de la herencia. El resto, es decir, el otro 50% se le adjudicaría a la cónyuge. Lo anterior, en el evento en que el fallecido no hubiere dejado testamento que modifique de acuerdo con la ley, lo que acabamos de decir. En su caso concreto, consideramos que sí tiene derechos conjuntamente con sus hermanos, a las cuotas o acciones de la sociedad que estaban a nombre de su padre fallecido, pues los derechos y obligaciones susceptibles de heredarse, son aquellos que precisamente tienen connotación patrimonial o económica, y la participación en una sociedad corresponde a esta clase de derechos. Obviamente, y desde el punto de vista formal, no tendría derecho a reclamar las cuotas o acciones que de manera exclusiva poseen sus hermanos y la esposa en la sociedad que menciona, salvo que en un proceso aparte y anterior de la sucesión, usted demuestre que su padre tuvo la intención de defraudarla a usted económicamente, estando vivo, afectando todo su patrimonio a dicha sociedad, para favorecer exclusivamente a sus hermanos y su cónyuge. Atentamente, HERNEY SIERRA PUCCINI Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    La acción de tutela no es procedente para exigir el cumplimiento de obligaciones civiles o comerciales

    Resumen del caso: 
    Se pregunta el usuario, si el mecanismo judicial de la acción de tutela, es viable para poder exigir el cumplimiento de una obligación civil o mercantil, y en el caso concreto, la derivada de la venta de un automotor. La acción de tutela –que tiene carácter constitucional-, fue una innovación de la constitución política de 1991, con la finalidad exclusiva de proteger los derechos fundamentales –como el de la vida, integridad física, igualdad, debido proceso, etc-, cuando quiera que estos se encuentren amenazados por las entidades públicas, o por algunos particulares de manera excepcional. El derecho que tiene un acreedor a que le cumplan una obligación emanada de un contrato como la derivada de la compraventa de un automóvil, no es considerado fundamental, de manera que no sería útil la acción de tutela para hacer cumplir dicho contrato. Lo anterior, además, por el carácter residual de la acción de tutela, según el cual esta no es viable, cuando para la reclamación de un derecho existe otra vía jurídica idónea, como el proceso ejecutivo antes los jueces civiles, para el cumplimiento forzoso de la obligación, o el ordinario ante los mismos para resolver, es decir, dejar sin efectos el contrato incumplido, según la elección del acreedor. Por lo anterior no es procedente la acción de tutela en el caso planteado, como quiera que para satisfacer la obligación, posee otras vías judiciales, que si bien no son tan rápidas como la tutela, si son perfectamente idóneas para ello. En el futuro, es recomendable tener un poco más de diligencia al momento de celebrar un contrato que implique adquisición de bienes sujetos a registro, como inmuebles o automotores, pues es casi que obligatorio para el comprador, tomarse el pequeño trabajo de solicitar antes de la firma de cualquier documento, el correspondiente certificado de libertad y tradición actualizado, para por un lado tener la certeza de que el vendedor es en efecto el dueño, y por otro, de que no se encuentra gravado el bien con cualquier clase de garantía a favor de terceras personas, como la prenda o la hipoteca. Este pequeño detalle, evita grandes inconvenientes posteriores SANDRA ORTEGA OROZCO Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Poste de luz con transformador “impertinente”

    Resumen del caso: 
    Relata en su consulta el usuario, el caso según el cual, una persona construye en el casco urbano una casa, y se vio en la necesidad de elevar un derecho de petición a la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica ya que en el frente del inmueble –entrada principal-, le quedó ubicado un poste de energía con su correspondiente transformador. Desea saber el consultante que acción se puede tomar en ese caso, ya que la respuesta de la empresa fue que el poste estaba allí ubicado antes de la casa por él construida, y que por ende, no puede removerlo. Para resolver la inquietud planteada, se debe tener en cuenta: Atendiendo las normas urbanísticas vigentes a nivel local, hay que determinar si el poste se encuentra dentro del área permitida de las construcciones, es decir, dentro del área del inmueble sin sobrepasar los límites que la ley o norma local trae para ello, o no. Esto para poder concluir si el poste se encuentra en espacio público o privado, de lo que dependerá el camino a seguir. Si la mole de cemento se encuentra en espacio público, la empresa quizá no este obligada a removerlo, pero si se encuentra dentro del área de propiedad privada o exclusiva del dueño del inmueble, entonces lo recomendable es adelantar desde cero el trámite ante la empresa de servicio público adjuntando al derecho de petición las escrituras públicas donde constan las especificaciones de la construcción, sus medidas y linderos, ojala acompañada de una visita ocular y técnica al inmueble que determine el hecho (las alcaldías podrían tener competencia para ello), solicitando la remoción o reubicación del poste, en una zona que no perturbe la propiedad privada o ponga en peligro la vida o integridad de los vecinos. En todo caso, es importante clarificar la situación de la propiedad, a fin de determinar quién fue el que incurrió en la “ligereza”: el edificador de la propiedad privada, o la empresa de energía eléctrica, a fin de tratar de dar una solución idónea al caso. Por otro lado, es de recordar, que la ley 142, reguladora de los servicios públicos domiciliarios, en concordancia con otras normas, establecen las servidumbres de servicios públicos a favor de estas, con la finalidad de la expansión de redes que conlleven una adecuada cobertura del servicio a la comunidad, lo que en todo caso conlleva a la indemnización económica de los propietarios privados que deben soportar ese gravamen. Sin embargo, considero que de verse en inminencia amenazados los derechos fundamentales de los vecinos, por la ubicación del mencionado poste –para lo cual tendrá que analizar muy en concreto la situación-, sería procedente la acción de tutela contra la empresa, siempre y cuando al momento de construir el inmueble, el propietario de este no haya obrado con imprudencia, impericia o negligencia, o con la violación de normas urbanísticas. Atentamente, SUAD ELENA LOPEZ Estudiante Asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    ¿Hay en Colombia cárcel por deudas civiles o comerciales?

    Resumen del caso: 
    La duda de la usuaria, va encaminada a saber si en nuestro país, existe pena de cárcel o prisión, por el no cumplimiento de obligaciones patrimoniales derivadas de negocios civiles o comerciales. En ese sentido, es importante traer a colación, el artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país, el cual indica, en su parte final que “…En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.” De lo anterior señalado en la constitución política, se deduce la imposibilidad para el acreedor de las obligaciones civiles y comerciales de iniciar acciones penales tendientes a imponer sanciones de arresto o prisión por el mero incumplimiento de las mismas por parte del deudor, como quiera que tendrá para satisfacer su crédito, las acciones civiles idóneas para lograr de manera forzosa su cumplimiento, lo que envuelve obviamente, el derecho para el acreedor de pedir al Juez civil el decreto de medidas de embargo y secuestro sobre los derechos patrimoniales susceptibles de dicha medida, y que se radiquen en cabeza del deudor, además de aquellas sanciones “administrativas” que consisten en reportar al deudor en las centrales de riesgos que contienen las historia crediticias de los ciudadanos, y que en últimas generan una mayor contundencia en sus efectos, como quiera que generan grandes efectos negativos en contra del deudor, cuando de adquirir un nuevo crédito se trata. No se deben confundir las simples deudas u obligaciones meramente patrimoniales de carácter civil o comercial, que como dijimos su incumplimiento otorga al acreedor acciones civiles, pero no penales, con otras obligaciones cuya sustracción de cumplimiento por parte del deudor, sí podría generar el efecto de la prisión o el arresto, como sucede con las obligaciones alimentarias incumplidas por aquellas personas que, por ley, deben alimentos a otras (padres y madres con relación a sus hijos, o viceversa, por ejemplo), ya que este tipo de obligaciones no tienen el carácter de ser civiles o comerciales, y se tienen como de orden público. Considero que muy indirecta y tangencialmente, las obligaciones civiles y comerciales tienen efectos penales –sin alterar las acciones civiles para lograr su pago forzoso- que podrían conllevar a una sanción de prisión o arresto, en los siguientes casos: a) como sanción para el que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, según el artículo 248 del código penal; b) cuando para hacerse a la obligación, el deudor se ha valido de maniobras engañosas o fraudulentas, con la plena intención de ocasionar un desmedro económico en el acreedor y un correlativo incremento o beneficio patrimonial suyo, caso típico de la estafa. Pero, en cualquiera de estos dos casos, lo que se penaliza con la prisión no es en sí el hecho del incumplimiento de la obligación, sino situaciones previas o indirectas relacionadas con ella. Sea cual sea su caso, lo recomendable es que haga todo lo posible por ponerse al día con sus deudas civiles o comerciales, pues, aunque no tenga pena de prisión por su incumplimiento, afrontar un embargo, con todas las incomodidades que este genera, o peor aun, un reporte en las centrales de riesgo, que le cerraría las puertas para futuros negocios, y que equivale a una verdadera “muerte comercial o civil”, no vale la pena. SIXTO PIÑERES LAMBIS Estudiante Asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Cuota de administración de propiedad horizontal idéntica para todos los copropietarios

    Resumen del caso: 
    La señora consulta si tiene derecho a realizar reclamación a la administración de un edificio que constituye propiedad horizontal, para obtener la devolución de los dineros pagados en exceso por este concepto, como quiera, que es propietaria de uno de los apartamentos más pequeños, y el edificio no tiene en cuenta el coeficiente por área de los apartamentos, al momento de fijar la cuota de expensas ordinarias. Sea lo primero dejar en claro que los propietarios de inmuebles supeditados al régimen de propiedad horizontal de un edificio, están obligados a contribuir con los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación de la edificación, ya que la propiedad no se restringe al goce exclusivo de un bien privado, ya que también conlleva la utilización de ciertas zonas de uso común que ameritan su cuidado, y el pago de empleados indispensables para el buen funcionamiento de la edificación. Ahora, el artículo 25 de la ley 675 de 2001, que contiene el estatuto de la propiedad horizontal en Colombia, estatuye que: “…Todo reglamento de propiedad horizontal deberá señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el conjunto o edificio, los cuales se calcularán de conformidad con lo establecido en la presente ley. Tales coeficientes determinarán: 1. La proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de bienes privados sobre los bienes comunes del edificio o conjunto. 2. El porcentaje de participación en la asamblea general de propietarios. 3. El índice de participación con que cada uno de los propietarios de bienes privados ha de contribuir a las expensas comunes del edifico o conjunto, mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración, salvo cuando éstas se determinen de acuerdo con los módulos de contribución en la forma señalada en el reglamento. De lo anterior, se deduce que lo primero que hay que observar, es lo que dispone el reglamento de propiedad horizontal con relación a los módulos de contribución, estos son los índices de participación porcentual de los propietarios de bienes de dominio particular en las expensas causadas en relación con los bienes y servicios comunes cuyo uso y goce corresponda a una parte o sector determinado del edificio. En todo caso, lo que consagre el reglamento de propiedad horizontal, deberá estar acorde con lo establecido en la ley, pues dicho reglamento se encuentra jerárquicamente, supeditado a ella. Sería ilógico, y además injusto, que todos los propietarios de inmuebles supeditados al régimen de propiedad horizontal tuvieran la misma carga económica por expensas ordinarias o comunes y extraordinarias, ya que puede que muchos de ellos no usen determinados bienes comunes y por ende no perciban ningún beneficio de ellos (ascensores, zonas verdes, pasillos, etc), además que no debe ser igual el gasto por estas expensas para el dueño de un apartamento de 3 habitaciones, con 120 mts2 y un parqueadero, que para uno de un estudio de una alcoba que no posee zona de parqueo. Por ello, y ya con relación directa a la pregunta, es posible que tenga derecho a reclamar retroactivamente devoluciones relacionadas con los pagos en exceso derivados de tal concepto, siempre y cuando se demuestre que su cuota excede con lo que le correspondería pagar teniendo en cuenta su coeficiente de copropiedad, y comparándolo con el de los demás copropietarios. Pero en este punto surge una duda. ¿Que sucedería, en el evento en que, al contrario de lo que usted cree, todas las cuotas de administración –incluyendo la suya- se encuentran mal deducidas –por debajo de los coeficientes mínimos- y a todos los copropietarios les corresponda más bien cancelar las diferencias a favor de la administración?. Quizás no sea así, pero es una probabilidad matemática que puede surgir de la imprecisión o impericia de quienes se dieron a la tarea de calcular los coeficientes de copropiedad, y hay que tenerla en cuenta al momento de hacer cualquier clase de reclamo. Es importante que se aclaren los puntos con la administración, y se realicen las reformas reglamentarias –si corresponde-, a fin de ajustar el reglamento de su edificio, con lo establecido en la ley de propiedad horizontal, a fin de no llegar a ocasionar por un lado desmedro económico a algunos copropietarios, y beneficios inmerecidos a otros. Atentamente, BEATRIZ EUGENIA MATORELL BATISTA Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Obligación de la EPS

    Resumen del caso: 
    Habiendo estudiado y analizado su caso, en el que EPS se negó a proporcionar y aplicar vacunas específicas a su menor hijo, me permito informarle que las vacunas hacen parte de los Programas de Prevención y Promoción de Salud regulados por la Ley 100 de1993 y ratificados por la Ley 1122 de 2007, por tal motivo es obligación de la Empresa Promotora de Salud (EPS) a la cual está usted vinculado, proveérsela a través de la entidad prestadora del servicio con la cual esté contratando. Por otro lado, nuestra Constitución Política en su artículo 44, establece que “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integración física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada...”. Se establece que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro y no le es dable a las EPS negarle la aplicación de las vacunas Neumococo y Rotarix, por no estar contempladas en Plan Obligatorio de Salud (POS). La Prevención y Promoción establecidos por el legislador en la Ley 100 de1993 y mantenidos en la Ley 1122 de 2007, no han sido resultado del azar o del querer del legislador; por el contrario, se persigue con ello y así se puede observar en el Principio de Protección Integral consagrado en el articulo 153 No 3° de la Ley 100-1993, que a la letra dice “El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad y eficiencia....” Cobra gran importancia el caso en estudio, por ser Colombia un Estado Social de Derecho, expresión que lleva consigo el deber que tiene de suministrarle a sus asociados condiciones mínimas para gozar de una vida digna y dentro de dichas condiciones se encuentran la alimentación, vivienda y la Seguridad Social; es decir, que el Estado debe convertirse en un ente garantizador de estos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de los individuos. Con la negativa de la EPS a suministrar las vacunas solicitadas por usted para su niño, no sólo está atentando contra el Derecho a la salud, sino que atenta contra el Derecho Fundamental de la Vida y si la negativa pone en peligro la vida del niño, este derecho de la salud alcanza las características de Derecho Fundamental y está pretermitiendo la prevalencia de sus derechos respecto del equilibrio financiero de la aseguradora de salud. Así las cosas y habiendo hecho claridad en los aspectos anteriores, le aconsejo volver a solicitarle a su EPS las vacunas argumentado lo aquí expuesto porque está obligada hacerlo por mandato constitucional y legal y su negativa es contraria a los fines del Estado. Aún cuando las EPS sean entidades privadas, tienen un deber social que cumplir del cual no se pueden sustraer como es el suministro de vacunas no sólo a la población infantil sino a cualquier sector poblacional que lo requiera como mecanismo de prevención, que persigue precisamente evitar que más tarde surjan enfermedades que no sólo pongan en riesgo la vida de los individuos, sino que hagan mella en el sistema, originando su deterioro. En el evento que la EPS siga negándose a suministrarle la atención debida para su niño, es procedente la instauración de la tutela como mecanismo idóneo para solicitar a través de los estrados judiciales el suministro de dichas vacunas, para lo cual le ofrecemos nuestros servicios gratuitos. ELENITA RUÍZ MARRUGO Estudiante de Derecho XII semestre Consultorio Jurídico Corporación Universitaria Rafael Núñez

    Divorcio en la legislación colombiana

    Resumen del caso: 
    En nuestro derecho, a partir de 1821 hasta la vigencia de la Ley 1/74, se mantuvo el principio de la indisolubilidad del matrimonio, a pesar de que ya antes se había acogido el divorcio vincular, como ocurrió entre 1853-1856. Durante este período se institucionalizó el divorcio en Colombia, contemplando dos causales: el delito y el consentimiento mutuo. Las causales de origen delictual fueron el adulterio de la mujer; el amancebamiento del marido; y las graves y frecuentes injurias, los maltratamientos de obra, sevicia de uno de los cónyuges hacia el otro, solo si con ello peligraba la vida del cónyuge agredido o que hicieran imposible la paz y sosiego domésticos; abandono de un cónyuge al otro por más de tres años. El divorcio de mutuo acuerdo ya existía con anterioridad a la vigencia de la Ley 25/92, y no prosperaba cuando el varón era menor de 25 y la mujer menor de 21; cuando no hubieren transcurrido 2 años después de celebrado el matrimonio; si se intentaba después de 20 de matrimonio; cuando la mujer hubiera cumplido 40 años; o cuando los padres del cónyuge menor no convinieran en que se llevara a cabo el divorcio. Si bien lo que se perseguía era preservar la unidad conyugal y familiar, no dejan de admirarnos los grandes desmanes de situaciones increíbles, por no llamarlas injustas, que contemplaba la ley y que no se podían soslayar en los casos en que la situación conyugal fuera insostenible. Como ilustración de la anterior afirmación, veamos que en el divorcio por mutuo acuerdo de la época mencionada, a pesar de ello, los hijos menores de 7 años y las mujeres quedaban bajo la potestad de la madre, y los mayores de 7 años bajo la potestad del padre. Existía una remarcada potestad marital machista, y en ese sentido se legislaba. En el divorcio de origen delictual, los hijos mayores de 3 años pasaban a la potestad del cónyuge inocente. Lo bueno de esto era que el cónyuge culpable quedaba en la obligación de correr con gastos de crianza y educación de los hijos. ¿Qué pasaba entonces con los hijos menores de 3 años? ¿Por qué para solucionar un conflicto eminentemente conyugal, la norma trascendía una especie de sanción sobre la distribución de los hijos en común, como si se tratasen de objetos, y establecía rangos de edad, como si los hijos durante la edad que fuera, no necesitaran de un padre y del otro? Es decir, con el contenido de estas normas se terminaba de desintegrar la unidad familiar, convirtiendo a los hijos en trofeo que ganaba un padre u otro, y no separaba la mala relación de los padres, de la relación entre padres e hijos, la cual debía permanecer independiente de toda esta batalla de los mayores. El hecho es que esta institución desaparece, y vuelve a surgir en el año 1859 en las provincias como Bolívar, Magdalena, Panamá y Santander, y en las demás se conservó la indisolubilidad. Bajo la presidencia de Alfonso López M., se intentó establecer nuevamente el divorcio vincular en los matrimonios civiles, y dejar la indisolubilidad de los católicos, respetando el contenido del Concordato que ya regulaba esta materia. Ello no resultó. Esta indisolubilidad se mantuvo hasta 1976. La Constitución de 1991 introdujo la Cesación de Efectos Civiles de matrimonio religioso, y se readaptaron las causales de divorcio de acuerdo a la realidad colombiana, y que se desarrollan en la L 25/92, como se tratarán en próximas publicaciones. TULIA BARROSO Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre

    Afectación a vivienda familiar

    Resumen del caso: 
    Se entiende afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia. Esta es llamada la ley de la doble firma que consiste en que los inmuebles afectados a vivienda familiar solo podrán enajenarse, o constituirse gravamen u otro derecho real sobre ellos con el consentimiento libre de ambos cónyuges, el cual se entenderá expresado con su firma. Para el LEVANTAMIENTO de la afectación ambos cónyuges podrán hacerlo en cualquier momento, de común acuerdo y mediante escritura pública sometida a registro. Podrá levantarse la afectación, a solicitud de uno de los cónyuges pero solo en virtud de providencia judicial en los siguientes eventos: 1. Cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habrá; circunstancias éstas que serán calificada por el juez. 2. Cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. 3. Cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges. 4. Cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los cónyuges. 5. Cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges. 6. Cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley. 7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación, a solicitud de un cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectación. Entonces se podría hacer el levantamiento de la afectación si el usuario encuentra que su caso esta dentro de estas causales. También la afectación a vivienda familiar se extinguirá de pleno derecho, sin necesidades de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, esto en caso de que sea así. Debe quedar claro que en todo caso de venta de bien inmueble afectado bajo la ley de la doble firma, este debe hacerse por escritura pública debidamente otorgada y registrada en su respectivo Registro de Instrumentos Públicos. JOSE ANDRES HERNADEZ MUÑOZ DERECHO X SEMESTRE UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CARTAGENA

    Dos puntos sobre la conciliación

    Resumen del caso: 
    Dos tipos de solicitudes de audiencia de conciliación están congestionando los Centros de Conciliación de la ciudad de Cartagena, ambas con fundamento legal. La primera tiene ciertas limitantes que motivan una sana critica a las autoridades de tránsito por la displicencia en su manejo y la segunda, que se ha constituido con la expedición de la Ley 640 de 2001 en requisito obligatorio o de procedibilidad por tratarse de un futuro proceso judicial, con otro serio cuestionamiento a las entidades bancarias por el desdén de su actuación dentro de la conciliación que ha generado que en los centros de estudios, privemos a los estudiantes conciliadores de su participación para que estos no se levanten con el dogma que en estas audiencias nunca se concilia, y que una figura jurídica útil para la resolución de los conflictos, sirva única y exclusivamente para agotar un requisito más de la norma. La Ley 769 de 2002, Código Nacional De Transito Terrestre, al referirse a los accidentes de transito cuando hay daños materiales, en su articulo 143 dispone: “Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de transito que presencia la conciliación, la cual tiene calidad de cosa juzgada, y prestará merito ejecutivo”. En este punto los centros de conciliación conocen de innumerables accidentes de tránsito, y con el auge del mototaxismo aun más, pero las autoridades de tránsito y de policía locales están remitiendo a estos centros personas involucradas en los accidentes sin tener en cuenta que hay lesionados y sin observar que cuando estos existen la competencia es de la Fiscalía General. Lo anterior creemos es realizado con el propósito de liberar a la mayor brevedad los vehículos involucrados en los accidentes, lo que se presta para que los afectados mientan en sus afirmaciones de si hay lesionados y para que oculten pruebas como el croquis expedido por la autoridad competente, con el fin de cumplir con su breve propósito. Es necesario que la autoridad de tránsito, reviva la función del inspector, ante quien se practicarán pruebas y se determinarán responsabilidades administrativas derivadas de dichos accidentes con un procedimiento breve, porque las audiencias de conciliación, para este tipo de eventos, se están caracterizando por tratar aspectos de índole subjetiva donde nadie quiere asumir la responsabilidad de sus actos al no encontrar un pronunciamiento de autoridad que de una u otra forma la determine y, por ende, en la práctica no se materializan los acuerdos. El otro punto es atinente a las solicitudes de conciliación con las entidades bancarias, las cuales han aumentado con las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado por las liquidaciones de los créditos hipotecarios del sistema UPAC hoy UVR. Los usuarios traen a colación toda una gama de dificultades que han padecido durante la ejecución de su crédito. La critica radica en la actitud de algunas entidades bancarias que no hacen estudios específicos de cada problema, presentándose a las audiencias solamente con la disposición de no acuerdo, sin darle a sus usuarios y a los conciliadores el trato que merecen, desnaturalizando la figura de la Conciliación. Por ello es justo que se revise el tema del requisito de procedibilidad para este tipo de procesos o que las mismas Cortes sienten jurisprudencia al respecto y entonces sí saber a qué se atienen las partes involucradas en este tipo de conflictos. CARLOS EDUARDO PAREJA EMILIANI Coordinador de Conciliaciones del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena.

    Persona a quien le faltan 20 semanas de cotización para pensionarse

    Resumen del caso: 
    Cordial saludo: Aunque parece que usted consulta a nombre de otra persona que es la directamente interesada en la problemática -tenga en cuenta que este medio exige la consulta de manera personal-, procedo a contestar su duda, no sin antes realizar las siguientes anotaciones: 1. En principio es curioso que usted diga que hagan faltas semanas de cotización (20 semanas), en el caso concreto con la Caja Nacional de Previsión social, si el interesado cotizante laboró durante más de 20 años como usted dice, es decir, de 1973 hasta 1995, ya que precisamente lo que exige la ley es que se coticen los veinte años y se cumpla la edad de 55 años para tener derecho a la pensión. Quizá interpretaría más bien, que el interesado cotizó entre 1973 y 1995, teniendo cierta interrupción laboral en ese lapso que conllevó a que le hicieran falta las veinte semanas que usted menciona. 2. Aun más curiosa la situación del interesado, al dejar pasar tanto tiempo en indefinición su expectativa de pensión, y apenas ahora -por interpuesta persona- vislumbra algo de interés en el asunto. Creo que desde que dejó de laborar y cotizar en la caja de previsión, debió prestar atención a la continuidad de los aportes de pensión, para que lo contrario no llevara a hacerle perder valioso tiempo de cotización, y lo que es peor, de pensión. Dicho lo anterior, procedo de manera concreta, a responder su inquietud: El interesado debe acercarse, en nuestro concepto, a las oficinas de pensiones del ISS, de manera que continúe la cotización de las semanas requeridas por la ley para obtener la pensión, pero como trabajador independiente, acompañando a su afiliación, una carta o derecho de petición, en la que solicite a esta entidad, que tenga en cuenta los aportes consignados por pensión en la caja nacional de previsión social, acompañándola de una certificación de semanas cotizadas emanada de la Caja y especificando sus circunstancias particulares tal como lo ha hecho ver en esta consulta. Eso es importante para que la Caja traslade al seguro social lo que se denomina el "bono pensional", y de esa forma, realice la unidad de semanas cotizadas que justifique, una vez terminadas las semanas de cotización la solicitud de pensión al ISS. Muy cordialmente, CARLOS GONZALEZ ENSUNCHO Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Competencia de la oficina del trabajo para asesorar en conflictos laborales

    Resumen del caso: 
    Estimado señor: En efecto puede usted apelar a los buenos oficios de la oficina del trabajo, de manera que esta sirva de mediadora en el problema que padece. Sin embargo, sería ideal que de manera previa y personal intente el diálogo directo con su empleador, recordándole la deuda que se encuentra pendiente, y acompañándola de un escrito en el que realice el requerimiento de lo adeudado, y ojala con una clara y concreta relación del número de horas extras causadas. Lo anterior, por cuanto usted aun se encuentra laborando, de manera que debe obrar con suma diplomacia de manera que no ponga en riesgo su actividad laboral. Tenga en cuenta que si por algún motivo le toca acudir a la vía judicial mediante la presentación de una demanda en la que incluya los factores adeudados, las horas extras hay que probarlas al juez una a una, ojala con los registros internos de horas extras que, asumo, debe llevar la empresa donde labora. De no ser así, su obtención por esa vía resultará bastante difícil. Cordial saludo CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura de Cartagena

    Vigilante que pretende inadecuadamente adquirir por prescripción o usucapión inmueble que vigila

    Resumen del caso: 
    Señor consultante: Lamento decirle, con relación a su duda, que jurídicamente usted no reúne los requisitos legales para adquirir por el proceso de prescripción o pertenencia el predio que tiene materialmente. Usted mismo lo ha dicho, lo recibió en calidad de lo que jurídicamente se llama "mera tenencia", desde hace aproximadamente 16 años cuando la junta cívica "le manifestó que podía vivir en dicho colegio a cambio de cuidarlo". El hecho de que dicho pacto se haya realizado verbalmente no indica que no sea válido, pues lo importante a la luz de la Ley es la intención que se tuvo desde el inicio, y tal intención no fue la de que usted se convirtiera en propietario. Es más, el solo hecho de que de manera alternativa usted piense en posibles o eventuales derechos laborales, es contradictorio con su intención de iniciar el proceso de pertenencia, pues lo hace confesar que en efecto siempre a reconocido que la propiedad del inmueble es ajena. En cuanto a este último punto -el relacionado con las pretensiones laborales- habría que entrar a analizar si se estructuran los requisitos para determinar que usted fue empleado. Estos son: 1. una actividad personal a la orden de otra persona o empresa; 2. SUBORDINACIÓN y 3. Remuneración o salario como contraprestación a su actividad. Y es aquí donde quizá tenga problemas, pues al parecer el provecho que usted sacaba era precisamente el de ahorrarse el dinero del arriendo -bastante provecho por cierto- ya que le han permitido vivir en el inmueble sin costo alguno durante todo este tiempo. si además de eso, usted recibía un sueldo mensual, tendríamos que analizar con más detenimiento si en efecto se configuró la relación mensual. Muy atentamente, JOHAN MIRANDA ACUÑA Estudiante Asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Vendedor de automotor que no verificó traspaso y le cobran impuestos

    Resumen del caso: 
    Estimado señor usuario: Lastimosamente, la respuesta a su consulta jurídica es un poco desanimante para sus intereses particulares. Efectivamente, ante las entidades recaudadoras de impuestos, y demás autoridades administrativas, será responsable de cualquier obligación pecuniaria o económica derivada del vehículo vendido, en virtud que sobre el mismo no se ha realizado el cambio formal de titular del derecho de propiedad mediante la inscripción correspondiente en el registro automotor, como lo ordena la ley. En ese sentido el código nacional de tránsito terrestre preceptúa en su artículo 2: "Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros". De la misma manera, el artículo 47 del mismo código ordena que: ARTÍCULO 47. TRADICIÓN DEL DOMINIO. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo. El registro automotor existe y se justifica, precisamente en virtud de la calidad especial que tienen los vehículos automotores y de la necesidad generada por el riesgo que crean, y por el pago de impuestos, de que las terceras personas puedan saber con base en sus informaciones quien aparece como propietario, los cuales, obrarán siempre de buena fe cuando hagan exigible algo relacionado con el mismo ya que no tienen porque presumir que el mismo ha sido enajenado o vendido a otras personas, siendo la única prueba admisible en ese sentido, el correspondiente certificado del registro automotor. No se puede ocultar que su anterior omisión o falta de cuidado, ahora le generan los consabidos problemas legales, previsión que se tuvo que tener en cuenta al momento de la venta del vehículo. en pocas palabras: la situación que vive hoy, es el pago de la ligereza de ayer. No le recomiendo que proceda a solicitar la cancelación de la matricula, pues a pesar de que NO se realizó el traspaso, que es lo que se llama jurídicamente TRADICIÓN -y que es lo que cambia la titularidad de la propiedad-, usted SI celebro un contrato de compraventa, que equivale a lo que jurídicamente se llama TÍTULO, por lo cual los tenedores actuales del vehículo no tienen porqué pagar los platos rotos de su omisión. De llegar a hacer esto, es posible que termine metiéndose en un lió penal, pues el tenedor actual del carro saldrá en la defensa de su patrimonio. Entre otras cosas, es posible que quien le compró a usted el vehículo lo haya vendido a otra persona, y así sucesivamente, lo cual agravaría su situación. Obviamente, usted podrá cancelar la deuda del vehículo para evitar futuros embargos de las entidades recaudadoras de impuestos, y luego podrá repetir lo pagado contra los tenedores del vehículo. Si tiene contrato escrito de venta, puede con la asesoría de un abogado, intentar una demanda ejecutiva por obligación de suscribir documentos, para que la persona que se lo compró, se obligue judicialmente a firmar el formato correspondiente y a realizar el registro del mismo, para exonerarse del pago de los impuestos FUTUROS a la fecha en que el mismo se realice. Con todo respeto, DAIRO GUERRERO Asesor Jurídico consultorio jurídico Universidad de San Buenaventura de Cartagena

    Requisitos para acceder a pensión de invalidez

    Resumen del caso: 
    Cordial Saludo: Con relación a su duda relacionada con la expectativa de pensión por invalidez teniendo en cuenta su estado de enfermo de trombosis, me permito decirle lo siguiente: El seguro social, a quien usted le está cotizando la pensión, será obligado a reconocerle una pensión por invalidez si reúne los siguientes requisitos: 1. que hubiere tenido 50 o más semanas cotizadas dentro de los últimos tres años de cotización, hasta la fecha en que se le originó la trombosis. Adicionalmente, debe tener al menos un 20% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones entre los 20 años de edad y la fecha de calificación de su estado de invalidez por el medico laboral de su fondo de pensiones, es decir que en ese lapso usted ha debido cotizar un 20% del tiempo señalado anteriormente. 2. con respecto a su incapacidad, es necesario la que misma se califique definitivamente como mayor de 50% de la pérdida de su capacidad laboral. Será el médico laboral del fondo de pensiones a la que se encuentra afiliado, el que deberá calificar su porcentaje de incapacidad, la que de no ser compartida por usted, podrá solicitar a la junta regional de invalidez que se la revise. Estamos atentos a sus mayores comentarios en la ciudad de Cartagena, Calle real de Ternera, No. 30-48, consultorio jurídico de la universidad de san buenaventura de Cartagena. Cordialmente, SIXTO PIÑERES LAMBIS Estudiante adscrito consultorio jurídico universidad de san buenaventura Cartagena

    Testamento otorgado en el extranjero para disponer de bienes en el territorio colombiano

    Resumen del caso: 
    Estimado señor consultante: Muy a pesar que sus condiciones económicas no permiten la atención en los consultorios jurídicos universitarios, ya que estos vierten su labor a personas de escasos recursos económicos según lo ordena la ley 583 de 2000, me permito dar respuesta a su duda, en atención a las condiciones sui generis de la misma: Sí es factible que usted pueda disponer de sus bienes poseídos en USA y Colombia mediante la celebración de UN SOLO ACTO TESTAMENTARIO. En ese sentido, el artículo 1084 del código civil colombiano establece: "ART.1084. TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO SEGUN LEY EXTRANJERA. Valdrá en los territorios el testamento escrito, otorgado en cualquiera de los Estados o en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades, se hiciere constar su conformidad a las leyes del país o Estado en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria". Por ende, según la doctrina jurídica colombiana, este testamento tendrá validez si reúne los siguientes requisitos: 1. que conste pos escrito, es decir, que sea solemne. 2. que se otorgue ante funcionarios públicos para que se pueda probar por documentos públicos, ya que los que consten en escrituras privadas no tendrán ningún valor en Colombia. 3. que el testamento reúna además, las formalidades propias de la ley del país en que se va a otorgar, en este caso de EU. 4. que tenga la "constancia de la conformidad con la legislación extranjera", esto es, que tenga la anotación expresa de que fue elaborado con todas las solemnidades propias del país en que se otorga. 5. que se pruebe su autenticidad y sea traducido legalmente, si fuera el caso. En todo caso es bueno que sepa que la eficacia del testamento -CON RELACION A LOS BIENES UBICADOS EN COLOMBIA- para efectos de su contenido se regulará por la ley colombiana ya sea por que el futuro proceso de sucesión se abra en Colombia, porque el causante tuvo su ultimo domicilio en Colombia, o porque SU APERTURA ES PARA FAVORECER A HEREDEROS COLOMBIANOS. Para mayor orientación al respecto, puede dirigirse al CONSUL de Colombia, que sea competente en la ciudad donde reside. Muy atentamente, CAROLINA LOPEZ PAJARO Estudiante asesora Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Empresa que realiza sus negocios ordinarios con mucha ligereza

    Resumen del caso: 
    Muy apreciada señora: Aunque en principio las consultas jurídica deben ser realizadas directamente por la persona interesada, por ser en efecto quien tiene legitimación para realizarla, de la manera más atenta me permito ofrecerle una modesta orientación relacionada con el problema de su señor esposo, no sin antes advertirle que los servicios que prestan los consultorios jurídicos universitarios se justifican para las personas de escasos recursos económicos, a la luz de la ley 583 de 2000, razón por la cual para cualquier actuación posterior, le recomiendo la asesoría directa de un abogado titulado. Es imprescindible, según lo narrado por usted, que se diferencie el aspecto estrictamente comercial y/o civil que se deriva del giro ordinario de los negocios de la empresa donde labora su señor esposo, de los posibles aspectos penales que pudieren derivarse del mismo, ya que son asuntos en mi concepto independientes. En cuanto al aspecto eminentemente comercial, es claro que se trata de un incumplimiento de una serie de contratos de venta, suministro, o de servicios, celebrados con una empresa clienta, la cual no ha satisfecho sus obligaciones, muy a pesar de la carencia de un idóneo soporte documental, puesto que esta clase de contratos son denominados jurídicamente "contratos consensuales", es decir, que se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades, sin más exigencias legales, y que por ese solo hecho, generan obligaciones recíprocas. Otra cosa diferente, es que se acostumbre comercialmente la suscripción de facturas cambiarias de venta como soporte probatorio de los mismos, cuya omisión solo generará entonces un mayor esfuerzo del acreedor para poder probar la existencia de la obligación, pero que en ningún momento evita que pueda ejercer el cobro judicial de la deuda por las vías del proceso civil ordinario. Así parece suceder en el caso planteado, cuando afirma que la Srta. de compras de manera espontánea lograba el vínculo contractual de manera telefónica, para luego la empresa contratista pasar por la mercancía. Es decir en ese momento ya la empresa donde labora su esposo se convirtió en acreedora, aunque no existiera factura alguna firmada -que como dije, solo dará lugar a un mayor trabajo probatorio, sin afectar para nada la validez o existencia del contrato-. Esta práctica espontánea de negocios es muy común comercialmente, cuando se lleva a cabo por empresas amigas y con cierto tiempo de confianza y relación mercantil, lo que no obsta para que el responsable del asunto haya debido tener un poco más de precaución al momento de contratar, lo cual obviamente podría acarrearle consecuencias laborales adversas. En ese evento, es claro que la empresa puede exigir el pago de la deuda -aunque no existan facturas o mayor soporte documental-, por cuanto el contrato es válido, solo que el camino jurídico será más largo en el evento en que la empresa deudora no reconozca voluntariamente la obligación, pues la demanda para su satisfacción será la ordinaria civil y no la ejecutiva, con base en las facturas, que suele ser mucho mas rápida. Por ello, no le recomendaría a su esposo la firma de letra alguna, ya que la obligación existe y está a cargo de la empresa deudora, que es la que debe cancelar, si en efecto se lucró de los contratos y le asiste un poco de sensatez. El segundo aspecto, es decir, el penal, cobra entonces importancia, si de parte de la empleada de compras o de cualquier otro involucrado, se han realizado maniobras fraudulentas y engañosas para obtener un lucro indebido con el correspondiente detrimento patrimonial de una persona o empresa, pero en este caso juega un papel importante la INTENCIÓN de quien ocasiona la presunta conducta ilícita, de manera que si no se obró con la intención de defraudar económicamente, sino por otro motivo como la inocencia, candidez, ineptitud, falta de conocimientos, etc., no sería viable la denuncia penal, y se tendría que aplicar más bien todo lo que le dije anteriormente. Traten de determinar, por ende, que fue lo que sucedió, si los hechos dan lugar a presumir una conducta delictual contra el patrimonio económico de su marido o de la empresa con la que trabaja, podrán instaurar la correspondiente denuncia penal en la Fiscalía. si por el contrario, lo que hubo fue una sería de malos entendidos comerciales en el giro ordinario de los negocios, que dio a lugar a celebrar contratos -que en realidad existen y se reconocen de ambas partes- sin la firma de las facturas, el problema no será entonces penal sino civil o comercial. Cualquier imputación o acusación a su señor esposo de conducta ilícita alguna, tendrá que ser demostrada judicialmente, ya que no vale la unilateral, ligera y vaga afirmación basada en meras suposiciones. Cordialmente, BELKYS WITHEKER LLAMAS Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad San Buenaventura

    Derechos herenciales a favor de hijos y esposa

    Resumen del caso: 
    Estimado señor consultante: En atención a sus inquietudes jurídicas, valga aclararle lo siguiente: Fallecida una persona, surgen derechos patrimoniales en cabeza de ciertas personas, como por ejemplo, de los HIJOS y del cónyuge supérstite, (esto es sobreviviente) en el evento en que estos se tengan. Estos son los famosos "derechos sucesorales", los cuales facultan a cada uno de los herederos para que de manera conjunta, y de mutuo acuerdo, que sería lo ideal, o separadamente, inicien ante un notario o un juez de familia el denominado "proceso de sucesión", de tal manera que los bienes muebles e inmuebles que dejó el fallecido, puedan transmitirse a dichos herederos y quedar a su nombre. Es bueno aclarar en este punto, que TODOS los hijos del fallecido tienen iguales derechos sucesorales sean habidos dentro del matrimonio o por fuera de él, como pasa con los mal llamados hijos "naturales". En su caso concreto, entonces, la herencia se repartirá entre todos sus hermanos, teniendo en cuenta tanto los de padre y madre como los demás que sean solo hijos del fallecido. Ahora bien, en cuanto a su señora madre, es bueno que sepa que si estaba CASADA con su papá al momento de la muerte de este, tendrá ella derecho al 50% del patrimonio dejado por él, en virtud de su calidad de Cónyuge. En este caso, entre todos los hijos solo se repartirán el 50% restante, ya que así lo establece la Ley. Igual sucederá si entre su mama y su papa fallecido no existía matrimonio pero si una "unión libre" o unión marital de hecho siempre y cuando la unión marital se hubiere declarado ante juez o notario dentro del año siguiente al fallecimiento. Con relación a la pensión, es bueno que sepa que sobre ella los hijos que ya sean mayores de edad, NO TIENEN DERECHO ALGUNO, pues este derecho solo se le concede al cónyuge o compañero permanente sobreviviente, y/o a los hijos menores de edad o mayores que se encuentren en incapacidad física o mental que no les permita valerse por sí mismos la cual debe ser declarada por un juez. Resalto que así como se heredan los ACTIVOS de una persona, también se heredan los PASIVOS, esto es, las deudas que la persona dejó al momento de su muerte, las cuales siguen las mismas reglas establecidas anteriormente. Para mayor información puede dirigirse al consultorio jurídico de su preferencia. Con todo gusto, CLAUDIA MUÑOZ MORON Estudiante adscrita Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Características del régimen de transición en materia pensional

    Resumen del caso: 
    Es necesario precisar ciertos detalles que ameritan detenimiento y reflexión, en cuanto a los distintos regímenes pensionales y sus diferentes características para acceder a ellos. Nos referimos a la expedición de la Ley 100 de 1993, en lo concerniente a pensiones, la que fija los senderos en los que se encausa el Artículo 48 de la Constitución Política Nacional. Esta norma es amplia y establece detalladamente las calidades que se deben acreditar para obtener el beneficio de la pensión en sus diferentes modalidades: Pensión de Vejez, de Invalidez y de Sobreviviente. Cada vez que exista en el ordenamiento jurídico tránsito legislativo, o cambio parcial de leyes, máximo en materia pensional, se ven afectadas y comprometidas ciertas situaciones particulares. En algunos casos, derechos personales que se encontraban en expectativa quedarían sin fundamento jurídico. Frente a esta situación, las normas pensionales contempladas en la Ley 100 de 1993 no son del todo ajenas, debido a que el Artículo 36 de la mencionada norma establece el conocido régimen de transición, concebido para proteger los efectos negativos que podría conllevar el cambio de una legislación a otra, a quienes sin estar cobijados por las condiciones del derecho adquirido, están dentro de algunas circunstancias de favorabilidad que por lo mismo el legislador no quiso desconocer. En tal sentido, es viable jurídicamente sostener que respecto a grupos particulares de trabajo o funcionarios, podrán causar su pensión con base en condiciones más favorables contempladas en anteriores regímenes pensionales vigentes, distintos al creado por la Ley 100 de 1993. En cuanto al caso concreto que nos ocupa: si una persona (mujer) de 53 años de edad, quien desde hace 18 años presta sus servicios personales de trabajo de manera continua en una empresa y además ha cotizado puntualmente al sistema pensional, definitivamente se encontrará cobijada por los beneficios del régimen de transición, y la edad para adquirir su derecho a pensión en este caso será de 55 años de edad y no de 57, como le había sido informado, debido a que el Artículo 36 de la Ley 100 preceptúa que la edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años de edad para las mujeres y 60 años de edad para los hombres, hasta el año 2014, cuando la edad se incrementará en dos años, es decir, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Para ser acreedor de este régimen es básico cumplir con algunos de los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003: para las mujeres que al 1º de abril de 1994 acreditaran 35 años de edad o más, y para los hombres 40 años de edad o más, ó en su defecto, 15 años o más de servicios prestados a la entidad. El monto de la pensión de la vejez será el establecido entonces en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada la persona. La expedición del acto legislativo 01 de 2005 introdujo cambios en el Artículo 88 de la Carta Magna en lo concerniente al régimen de transición, en donde se dispone que la transición no podrá extenderse más allá del 31 de junio de 2010, excepto para los trabajadores que, estando en dicho régimen, además tengan cotizadas 750 semanas al sistema o su equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo, a los cuales en su defecto se les mantendrá la extensión de la transición hasta el 31 de diciembre de 2014. JUAN PADILLA GARCÍA Egresado del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

    Persona separada de hecho, que requiere divorcio para legalizar su situación con actual compañera

    Resumen del caso: 
    Es importante su inquietud, y muy válida, porque hasta tanto no formalice el divorcio con su actual esposa –por mucho que hace rato no convivan-, nunca se formará sociedad patrimonial con otra pareja, ya que la ley colombiana prohíbe expresamente la constitución de dos sociedades patrimoniales vigentes al mismo tiempo. Su situación actual –la de no haberse divorciado-, genera riesgos económicos importantes. Todo bien –mueble o inmueble- que usted adquiera mientras se encuentre vivo el vínculo matrimonial, se encontrará sujeto al régimen de la sociedad conyugal con su actual esposa, pudiendo ella tener derecho al 50% del patrimonio de dicha sociedad. Por eso lo más sano y recomendable es que instaure el proceso de divorcio para luego de disuelta u liquidada la sociedad conyugal, se genere una nueva con su actual compañera. Esa es la única forma de definir, como usted lo pregunta, lo relacionado con su estado civil. Ahora, lo manifestado anteriormente no toca para nada las OBLIGACIONES suyas, ni sus derechos con relación a sus hijos, los cuales se mantienen intactos. En cuanto a donde puede acudir, en virtud de no tener medios económicos para pagar al abogado que debe representarlo en el juicio de divorcio, la respuesta no puede ser absoluta: aunque los consultorios jurídicos universitarios son los sitios ideales para prestar asesoría legal a personas de escasos recursos, estos no cuentan con la competencia legal para que sus estudiantes lleven a cabo esta clase de demandas, pues la ley 583 de 2000, no la consagra en su catálogo, razón por la cual no podrán ayudarlo en ese sentido, salvo que le lleve el caso de manera directa, un abogado profesor asesor del área de derecho de familia adscrito al consultorio. El problema es que muy pocos consultorios jurídicos de nuestro país operan bajo esa modalidad. Sin embargo, no está demás que averigüe. Otra salida sería que averiguara en la defensoría del pueblo para ver si ellos le pueden prestar la colaboración en ese sentido. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena

    Competencia desleal

    Resumen del caso: 
    En el caso planteado al consultorio virtual, el dueño de un restaurante en un centro comercial de Cartagena presenta inquietud con relación al restaurante vecino, que no siendo el mismo establecimiento de comercio, realiza una actividad comercial similar, poniéndole un nombre semejante al negocio de quien reclama. De conformidad con el comerciante afectado, con el transcurrir de los años, el nombre genera una disminución en sus ventas, afectando los ingresos de su establecimiento y con ello, los de su familia y sus empleados. El dueño del establecimiento comercial pone eslóganes similares, aduciendo que es libre de vender lo que él quiera, creando una confusión a los consumidores, quienes pueden pensar que es el mismo negocio. Nos preguntamos en el citado caso: ¿Se presenta competencia desleal? Si así fuera, ¿qué opciones tiene el comerciante afectado? De conformidad con lo planteado es posible que se presenten actos de competencia desleal, definida por la Ley 256 de 1996 como aquellas prácticas abusivas del comercio, consistentes en actividades desmedidas o arbitrarias de los comerciantes. Por ejemplo, usar un nombre o una publicidad semejante, ejecutadas por quien trata de desviar, en provecho propio, la clientela de una persona o de un establecimiento comercial. También se consideran prácticas desleales los actos de desorganización, confusión, engaño, descrédito, comparación, imitación, explotación de la reputación ajena. Por ello, creemos que la utilización de una misma palabra dentro del nombre comercial, con una actividad comercial similar y una cercanía física de los locales comerciales puede generar confusión en la clientela. En principio, sugerimos al comerciante dirigirse a la Cámara de Comercio competente, que en este caso es la de Cartagena, con el fin de solicitar un certificado de registro de la actividad mercantil inscrita por el presunto comerciante desleal, en aras de determinar si, en su objeto comercial, se encuentra la venta de comidas de forma similar a la de su establecimiento y si, con fecha posterior, ha sido inscrita con el mismo nombre del comerciante afectado. En esa medida, la utilización de un nombre o actividad similar puede ocasionar detrimento al “buen nombre” de su empresa por la competencia desleal que implica y, por ende, provocar un grave perjuicio económico. En consecuencia, el afectado por la supuesta competencia desleal puede iniciar las acciones judiciales pertinentes para que el juez declare la ilegalidad de los actos realizados contra sus intereses comerciales. En esa medida, se ordenaría al infractor reparar los detrimentos ocasionados al comerciante con la indemnización de daños y perjuicios. Lo anterior se adelantaría por la vía de un proceso abreviado, regulado por el Código de Procedimiento Civil, cuya competencia y conocimiento corresponde a los jueces especializados en Derecho Comercial creados por el Decreto 2273 de 1989 que, como en la actualidad, no se encuentran en funcionamiento, deberán –en su defecto –ser conocidos por los Jueces Civiles del Circuito. Estos actos de competencia desleal son regulados por la convención de París, ratificada mediante la ley 178 de 1994, que protege los derechos de los comerciantes en igualdad de condiciones ante actos de deslealtad, garantizando la libre pero leal competencia, entendiendo por libre competencia, el libre desarrollo de la actividad mercantil dentro de una sana competencia en el mercado. JEHIDY LILIANA AMAYA HENAO Estudiante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho Tecnar-CUC

    Los días con que cuenta el juez para fijación de audiencia, deben entenderse hábiles

    Resumen del caso: 
    El artículo 70 del código civil colombiano, modificado por el artículo 62 del código de régimen político y municipal, el cual se hace extensible a todo el ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto al cómputo de los plazos, establece: “en los plazos de días que se señalan en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de mese y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. Por lo tanto, debe entenderse que los términos procesales señalados para llevar a cabo audiencia de juzgamiento según su consulta, se tendrán como días hábiles, dejando de lado el juzgador, los días feriados y de vacancia en su cómputo, ya que la ley procesal penal de manera expresa no indica la voluntad contraria de que se tengan como días calendario, estando entonces acorde con la disposición legal antes transcrita. Sin embargo, es importante manifestar, que los 30 días que otorga la ley procesal penal, constituyen un PLAZO MÁXIMO, para la fijación de la audiencia de juzgamiento, pudiendo por ende el Juez si su agenda lo permite, fijarla para el día inmediatamente siguiente al de la celebración de la audiencia preparatoria. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena

    Efectos patrimoniales de la sentencia que declara la paternidad a favor de hijo extramatrimonial

    Resumen del caso: 
    El artículo 1326 del código civil, se refiere a los términos de prescripción de la acción de petición de herencia, que es la que tiene el heredero que ha sido preterido, es decir, “saltado”, en sus derechos herenciales por parte de los otros herederos. Dice dicha norma: “El derecho de petición de herencia expira en 30 años…” En ese sentido, es bueno aclarar que ese término fue rebajado, al igual que todos los términos prescriptivos treintenales contenidos originalmente en el código civil, a VEINTE AÑOS, por la ley 50 de 1936. A su vez, y ya de manera más reciente, la ley 791 de 2002, disminuyó los términos VEINTENALES de prescripción a 10 años. Sin embargo, cuando se trata de interpretar y aplicar nuevas normas que contienen términos prescriptivos, siempre hay que tener en cuenta el artículo 41 de la ley 153 de 1887, una vieja pero importante norma que aun mantiene plena vigencia, a pesar de haber sido acusada por inconstitucional, acusación certeramente rechazada por la Corte. Reza este artículo: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”. Por lo anterior, no puede concluirse que la acción de petición de herencia a la que hace referencia el artículo 1326 del código civil, prescribe a los 10 años como usted lo hace ver en su consulta, ya que el interesado puede optar, con fundamento en el artículo 41 de la ley 153 de 1887, por aplicar la norma modificada, que le es más benigna, por consagrar un término prescriptivo mucho más amplio (20 años), como quiera que los hechos que dan pie para accionar, tuvieron lugar en vigencia de la antigua ley. No obstante, lo manifestado anteriormente hace referencia a la ACCION DE PETICION DE HERENCIA en general (donde se incluyen como legitimados para ejercerla los hijos habidos dentro del matrimonio debidamente reconocidos como tales y que fueron saltados en sus derechos hereditarios), porque en tratándose de los derechos patrimoniales de los hijos EXTRAMATRIMONIALES no reconocidos a la muerte del causante, hay que tener en cuenta de manera ineludible los postulados de la ley 45 de 1936, que en su artículo 7, modificado por el artículo 10 de la ley 75 de 1968, establece lo siguiente: “ (…) muerto el presunto padre, la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge (…) (…) La sentencia que declare la paternidad en los casos que consagran los dos incisos precedentes, NO PRODUCIRÁN EFECTOS PATRIMONIALES SINO A FAVOR O EN CONTRA DE QUIENES HAYAN SIDO PARTE EN EL JUICIO, y UNICAMENTE CUANDO LA DEMANDA –de filiación- SE NOTIFIQUE DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A LA DEFUNCIÓN.” . Mayúsculas y negrillas fuera de contexto. Se concluye según esto último, que si el heredero preterido o “saltado” en sus derechos herenciales por parte de otros herederos es un hijo EXTRAMATRIMONIAL del causante no reconocido por este antes de su fallecimiento, el que se cree hijo extramatrimonial del causante deberá iniciar la demanda de investigación de la paternidad lo antes posible, a fin de que sea notificada a los demandados (cónyuge supérstite y demás herederos) dentro del término que indica el artículo antes trascrito (2 años contados desde la muerte o defunción del causante), so pena que de no hacerlo dentro de este lapso, le caduquen sus aspiraciones patrimoniales. Constituye este término, más que una prescripción, una verdadera caducidad del derecho del hijo extramatrimonial a tener la vocación hereditaria o patrimonial, como sanción por no haber notificado la demanda de investigación de la paternidad, dentro del termino aducido. Sin embargo, en el evento en que el hijo extramatrimonial hubiere iniciado y notificado a los demandados (cónyuge supérstite del causante y herederos) la demanda de investigación de la paternidad dentro del los dos años contados desde la muerte del causante, interrumpirá con ello la caducidad, y tendrá el término ordinario que trae el artículo 1326 del código civil, actualmente modificado por la ley 791, aunque sin dejar de tener vigencia, como se explicó, para iniciar la correspondiente demanda de petición de herencia, si no la ha acumulado con el proceso de filiación extramatrimonial desde el principio, como lo tiene autorizado la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia. Usted entonces, analice el caso planteado y ajústelo a las hipótesis que se trajeron a colación, para que pueda concluir cual es la solución jurídica real y adecuada para el mismo. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Sociedad conyugal matrimonial Vs. sociedad patrimonial de hecho

    Resumen del caso: 
    Cordial saludo: Con relación a sus fundadas dudas jurídicas, es importante hacer las siguientes precisiones: La Ley 979 de 2005, reglamentaria de las UNIONES MARITALES DE HECHO, mal llamadas "uniones libres", establece, como principal efecto de las mismas, el patrimonial, de manera similar a lo que sucede en el matrimonio. Así las cosas, unos compañeros permanentes que tengan más de dos años de convivencia, conformarán, si están acorde con la ley, la denominada "sociedad patrimonial", la cual es susceptible de ser liquidada por partes iguales al momento de terminar la unión marital, sea por mutuo acuerdo entre los compañeros, se por la muerte de uno de ellos. Sin embargo, la mismo Ley es clara, al establecer que NO HABRA LUGAR A CONSTITUIR SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES, cuando uno de ellos tiene IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO, siendo precisamente el principal impedimento para que los compañeros permanentes puedan contraer matrimonio, el hecho de que UNO DE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES TENGA UN MATRIMONIO VIGENTE CON OTRA PERSONA, pues en este caso, es de presumir que entre el compañero permanente casado y la esposa, se ha constituido una SOCIEDAD CONYUGAL DE CARACTER PATRIMONIAL, que se formó al momento de su matrimonio, y que perdurará, así los casados no vivan juntos ni tengan vida en pareja, hasta que se divorcien y/o disuelvan o liquiden dicha sociedad conyugal constituida con el matrimonio. Lo anterior prohibición es lógica, pues nuestro sistema jurídico prohíbe por motivos fundados, que existan dos SOCIEDADES PATRIMONIALES PARALELAS: LA DEL MATRIMONIO y LA DE LA UNION MARITAL DE HECHO. La única excepción legal, para que a pesar de ser uno de los compañeros permanentes casado, se pueda formar la sociedad patrimonial con el otro compañero, se daría cuando con relación al matrimonio, los cónyuges han disuelto y liquidado la sociedad conyugal (que es lo que se llama SEPARACIÓN DE BIENES) con no menos de UN AÑO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE SE INICIO LA UNION MARITAL DE HECHO. Este sería el caso en el cual el compañero casado mantiene el vínculo matrimonial, pero se ha separado de bienes, es decir, ha liquidado la sociedad conyugal con su consorte, pero para que se constituya la nueva sociedad patrimonial con el compañero permanente, la ley ha ordenado que dicha separación de bienes entre los casados se ha debido de hacer con no menos de un año de anticipación a la fecha en que comenzó la unión marital de hecho con el compañero permanente. En ese sentido, el artículo 2 de la Ley 979 establece: "Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho". Usted tendra que analizar su caso concreto, y de acuerdo con eso, deducir si con su compañero se ha constituido sociedad patrimonial muy a pesar de su matrimonio, de acuerdo con lo antes planteado. Si suponemos que entre su compañero y usted no se dan las hipótesis para constituir sociedad patrimonial de hecho, la esposa del señor tendrá derechos sobre el 50% de los bienes muebles e inmuebles que el señor compre o adquiera estando vigente el matrimonio, lo cual es obviamente peligroso si usted ha invertido dinero en bienes que luego a puesto a nombre del señor, pues estos se confundirían con los bienes de la sociedad conyugal que él tiene vigente con la esposa. Ahora bien, lo que no sería para nada viable es que la esposa trate de perseguir los bienes que se encuentran a su nombre. Si el inmueble que menciona está inscrito en la oficina de registro a nombre de su compañero y de usted, la esposa como mucho podrá perseguir el 50% de la porción de su compañero, pero para nada podrá perseguir su porcentaje inscrito, pues este no hace parte de la sociedad conyugal de él. De la misma manera, la esposa del señor tiene derecho a pedirle a él lo que se llama cuota alimentaria, en el evento en que ella no tenga lo mínimo para su subsistencia. Igual se predica de los hijos del señor con la esposa, y de sus hijos con él. Resumiendo: el señor debe responder de sus obligaciones alimentarias con el 50% de su sueldo, siendo beneficiarios de ella todos los hijos (tanto los suyos como los tenidos con la esposa), y la esposa, por tener vigente el vínculo matrimonial. En este caso, el 50% de su salario se dividirá entre el número de personas a quienes les deba alimentos, y resulta de esa manera la cuota para cada uno de ellos Es discutible que usted tenga derecho a cuota alimentaria por la razones anotadas. Es importante e imperioso que su compañero resuelva de una buena vez por todas su situacion jurídica con su esposa. Sería bueno que intente el divorcio para que una vez tenga disuelta y liquidada la sociedad conyugal, contados dos años más adelante se constituya con usted la nueva y justa sociedad patrimonial de hecho. Considere que solo los bienes que obtengan luego de esos dos años harán parte de dicha sociedad. Muy atentamente: CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Obligatoriedad de las tarjetas profesionales

    Resumen del caso: 
    Señora Consultante: Pregunta usted si “es viable que se discrimine la contratación de un profesional que cuenta con experiencia general en la labor a contratar por el hecho de no tener la tarjeta profesional y en que casos es este un requisito obligatorio”. Al respecto, le manifiesto que ese es un punto debidamente aclarado por sendas sentencias de la Corte Constitucional, la cual ha concluido respecto a los títulos de idoneidad profesional que: “El artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a quienes quieran desempeñar actividades que impliquen riesgo social y también, para establecer mecanismos de inspección y vigilancia con el fin de evitar que resulten lesionados derechos de terceras personas. Impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades” Ya concretamente con relación estricta a las TARJETAS PROFESIONALES, ha juzgado lo siguiente: “La exigencia de títulos de idoneidad y tarjetas profesionales, constituye una excepción al principio de libertad e igualdad en materia laboral y, por lo tanto, es necesario demostrar que la formación intelectual y técnica requerida es un medio idóneo y proporcional para proteger efectivamente el interés de los asociados”. Ahora bien, la exigencia de las tarjetas profesionales, según la Corte Constitucional colombiana, se restringe a aquellos eventos en que el trabajo a realizar sea de aquellos que impliquen un riesgo social, o como la misma corte dice: generar con la labor a realizar, unas “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”. Así las cosas, y resumiendo, tenemos que del artículo 26 de la Constitución nacional, surge el deber del estado de regular las profesiones y oficios que impliquen repercusiones sociales con un riesgo colectivo para la sociedad, pudiendo –o mejor, debiendo- exigir el legislador, títulos de idoneidad y/o tarjetas profesionales para tales eventos con la finalidad de que se pueda demostrar la adecuada aptitud del aspirante, sin que ello conlleve necesariamente a vulnerar los derechos a la igualdad. Tal es el caso de profesiones como la Ingeniería, el Derecho, ciencias de la salud, etc. En ese sentido, ha dicho la corte en su reiterada jurisprudencia: La disposición (art. 26 Constitución Nacional) faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo, por el uso del verbo “podrá”, que tal potestad es una mera posibilidad y no una obligación. Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una simple facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la exégesis aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los servicios, por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los atienden. La razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud. Cabe entonces distinguir entre la tarjeta profesional y los títulos de idoneidad. Por la primera debe entenderse el medio físico debidamente registrado con un número que acredita que una persona es apta para realizar una labor determinada, por regla general de carácter profesional, y como se dijo, con repercusiones sociales que impliquen riesgo colectivo. Por los segundos, entiéndanse complementariamente, el conjunto de estudios académicos debidamente aprobados por una entidad reconocida oficialmente para expedir las correspondientes certificaciones con la finalidad de garantizar a la sociedad la adecuada prestación de las labores ofrecidas. Por ello, entonces usted tendrá que analizar si su labor es de aquellas que conllevan “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”, las cuales se predican de profesionales como los abogados, ingenieros, contadores públicos, médicos, etc, para determinar si en efecto, es obligatorio para usted demostrar con la correspondiente tarjeta profesional, su aptitud académica y legal para ejercer la labor a la que se dedica, o por el contrario si se trata de actividades meramente comerciales que no implican riesgo social para las cuales se encuentra suficientemente preparada de manera empírica y/o académica (como sucede con la mayoría de comerciantes, o con los agentes de viajes, etc), caso este último en el cual la exigencia de “tarjeta profesional”, podría vulnerar su derecho a la igualdad. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad San Buenaventura Cartagena

    Banco que demanda a persona que se encuentra a paz y salvo con deuda

    Resumen del caso: 
    Cordial saludo: Ante su consulta, me permito recomendarle lo siguiente: Si usted se encuentra en completo PAZ y SALVO de la obligación económica con el Banco, y este muy a pesar de lo anterior la demandó, embargándole el inmueble de manera que ahora se encuentra casi en las puertas de un embargo, usted debe aclarar la situación no solo ante el banco, llevando las copias autenticadas de dicho paz y salvo, para que hablando con la sección jurídica del mismo den la orden de terminación del proceso, sino también en el juzgado en el cual se radicó la demanda. Para esto le sugiero que le otorgue poder a un abogado que le asesore dentro del proceso civil, de manera que pueda verificar el estado actual del proceso. Me preocupa que el proceso este para rematar el bien, sin que a usted le hayan notificado de la demanda, para que pudiera contestarla, defendiéndose de la misma, ya que la diligencia de embargo hace presumir que el estado del proceso que le siguen se encuentra muy avanzado, es más, casi que para finalizar. No se si quizá a usted le notificaron la demanda y dejo pasar el tiempo para contestarla, o si la notificaron de la misma por edicto y usted no se dio cuenta. Intente, con la presencia de un abogado, con carácter urgente, visitar el juzgado en el que se encuentra radicada la demanda, de manera que verifique los hechos que le sirven de fundamento, su estado actual, etc., y presente -con su abogado- un memorial en el que aporte las copias autenticadas de los paz y salvos, manifestando que la obligación se encuentra cancelada en su totalidad. POR NINGUN CASO ENTREGUE LOS ORIGINALES DE LOS PAZ Y SALVOS YA SEA AL BANCO O AL JUZGADO, consérvelos siempre, y entregue las copias autenticadas, si se requieren. Cerciórese que sea la misma deuda y/o de que la anterior se encuentra completamente pagada, ya que si dejó aunque sea un "pelo" pendiente de pago (intereses, honorarios de abogado, sanciones etc.) es posible que sea eso lo que hubiere motivado la demanda. En el evento en que el proceso se lo hubieren iniciado estando la deuda completamente saldada, es decir, si es injusta, usted podrá además de poder pedir la terminación del proceso y el desembargo de su inmueble, solicitar la liquidación de los perjuicios y costas que con ella le ocasionaron. Hable con el Banco, y busque la asesoría de un Abogado, tal como le recomendé. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Cuota alimentaria a favor de esposa e hijos menores

    Resumen del caso: 
    Muy atento saludo: Es curiosa su consulta. Por regla muy general, son las esposas, las que persiguen la cuota alimentaria del esposo, cuando estos nos las cumplen de manera voluntaria, siempre y cuando exista por un lado la posibilidad económica del esposo, y por otro lado, la necesidad económica de la esposa. Sin embargo, es bueno aclarar, que aunque aquello es la regla general, también se puede dar la hipótesis contraria, es decir, la del esposo que requiere cuota alimentaria de su esposa, para lo cual es necesario, que se den las mismas circunstancias mencionadas, es decir, la posibilidad por una parte, y la necesidad por la otra, pues si el cónyuge que solicita alimentos puede valerse por sí mismo, no tendrá derecho alguno para solicitar tal cuota. Igual sucedería, en el evento en que el cónyuge obligado no tenga la capacidad suficiente para su reconocimiento. Me preocupa el hecho de que usted hable de su "EX-ESPOSA", pues es bueno que sepa que los cónyuges o compañeros permanentes, según el caso, solo se deben alimentos, o cuota alimentaria, mientras mantengan vigente su vínculo matrimonial, o afectivos, respectivamente, ya que desde el momento en que los mismos se divorcian (para el caso de los casados) o se separan (para los compañeros permanentes), tales obligaciones recíprocas cesan. La única excepción, para el caso de los divorciados, se dará cuando el juez declarara como cónyuge culpable del divorcio a quien dio lugar para ello. En dicho evento, el cónyuge o esposo condenado por el divorcio, muy a pesar de encontrase divorciado será condenado por el juez a reconocer una cuota alimentaria a favor del denominado "cónyuge inocente", o que fue víctima de la conducta del culpable para efectos del divorcio. Es una especie de sanción legal, pero que en todo caso cesa, si el divorciado contrae nuevas nupcias. Si interpreto su término "MI EX ESPOSA", de acuerdo con lo anterior, usted no tendrá derecho ni siquiera a pedir cuota alimentaria, a no ser que se encuentre en la excepción planteada, es decir, que aunque sea divorciado, usted sea el cónyuge inocente, y su ex esposa, hubiere sido condenada en sentencia de divorcio a reconocerle una cuota alimentaria en su calidad de Cónyuge culpable del divorcio. Ahora bien, si entiendo sus palabras como que se encuentran separados de hecho, sin haberse divorciado, por lo que el vínculo matrimonial aun se encuentra vigente a pesar de no mantener vínculos matrimoniales, es posible que se mantengan las obligaciones recíprocas de los alimentos entre sí, siempre y cuando, como lo expresé antes existan las posibilidades económicas y las necesidades de los alimentos. Lo anterior, porque una de las obligaciones nacidas del matrimonio es precisamente la de ayuda recíproca. Asumiendo que es esta última su situación, es claro que podrá demandar por alimentos a su esposa (si tiene vigente el vínculo matrimonial) si se dan los presupuestos indicados. Lo anterior lo podrá ventilar de dos maneras judicialmente hablando: 1. por la vía penal mediante la correspondiente denuncia de inasistencia alimentaria, en cuyo evento se requiere que el obligado a dar alimentos no colabore en lo absoluto con el beneficiario, ya que si hay un cumplimiento parcial de cuota alimentaria, la postura de la fiscalía es asumir la incompetencia para su trámite, instando a una conciliación para que se fije una cuota alimentaria que satisfaga al beneficiario, y de no funcionar la conciliación, se abstienen de seguir el trámite para sugerir que se vaya por la vía de la jurisdicción de familia (ante los jueces de familia). Esto por cuanto la fiscalía considera que hay INASISTENCIA, cuando el incumplimiento del obligado es absoluto. En este proceso penal, de cumplirse con lo dicho, usted podrá constituirse como parte civil, presentando la correspondiente demanda de parte civil ante el fiscal que conoce del caso, en el que podrá pedir los perjuicios causados pudiendo inclusive solicitar medidas cautelares como las de embargo y secuestro. En este evento usted requerirá otorgar poder a un ABOGADO que lo represente, quien le explicará un poco más sobre el asunto. Le aclaro que los fiscales son bastante recelosos al decretar medidas cautelares en estos asuntos, ya que siempre intentan conciliarlos, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades estos procesos son el resultado del apasionamiento de los cónyuges por sus problemas familiares. 2. Por la vía de la jurisdicción de familia, es decir ante los jueces de familia (DEMANDA DE ALIMENTOS A FAVOR DE CÓNYUGE), para que sea este el que fije la cuota alimentaria de acuerdo con las necesidades y posibilidades recíprocas. Aquí usted deberá probar: a) la calidad de cónyuge, con el correspondiente certificado civil de matrimonio, o de ex cónyuge a cuyo favor el juez decretó en la sentencia de divorcio una cuota alimentaria, debiendo aportar en este evento la copia autenticada de la sentencia de divorcio; b) la necesidad de pedir cuota alimentaria (falta de trabajo, salario insuficiente, etc), c) la capacidad económica de su cónyuge es decir probar que esta posee mejor situación que la suya. Igualmente en este segundo punto usted deberá otorgar poder a un abogado para que lo represente. Dudo que en este proceso procedan las medidas de embargo, ya que las mismas, desde la sola presentación de la demanda solo proceden a favor de los HIJOS MENORES DE EDAD cuando el proceso de alimentos se instaura para fijar cuota alimentaria A FAVOR DE LOS MENORES, siendo este un proceso diferente al de fijación de cuota alimentaria a favor de cónyuge. En el evento en que el proceso de alimentos sea a favor de cónyuge, la medida de embargo se podrá solicitar en un posterior proceso ejecutivo de alimentos, en el que se podrá ejecutar el cumplimiento de la sentencia anterior decretada por el juez en el que fija la cuota de alimentos. Como usted no dejó muy claro en la consulta si la cuota alimentaria es a favor de usted mismo en calidad de cónyuge o a favor de algún hijo menor de edad que tiene bajo su custodia le aclaro: a) si el proceso es a favor del cónyuge, no procede la medida de embargo en el mismo proceso, sino en el posterior denominado "ejecutivo de alimentos", en el que se persigue ejecutar la cuota ya fijada por el juez en el proceso de fijación de cuota alimentaria. b) si el proceso de fijación de cuota alimentaria es a favor de un hijo menor de edad, aquí si podrá pedir el embargo del sueldo desde la sola presentación de la demanda (es lo que se llama ALIMENTOS PROVISIONALES). Es así, porque la misma ley establece la diferencia entre los procesos a favor de los hijos menores y el de los cónyuges, pues asume que los derechos de los niños son de carácter urgente. Al margen de todo lo anterior, usted puede -y es lo recomendable- citar a conciliar a su cónyuge, ya sea para solicitar una cuota alimentaria para usted o para un hijo menor de edad. En todo caso, recuerde que la ley obliga a intentar la conciliación de manera previa, cuando la demanda es a favor del cónyuge, procediendo entonces la demanda, solo cuando el citado no asiste a la conciliación, o si asiste y no se llega a un acuerdo voluntario en la conciliación. las demandas de alimentos a favor de los hijos menores de edad no requieren de manera obligatoria el intento de conciliación, pues en estos proceden, como le dije, las medidas cautelares de embargo y secuestro. Muy atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura

    Perjuicios ocasionados en accidente de transito

    Resumen del caso: 
    Apreciado consultante: Según su narración de los hechos, se determina que ya instauró la correspondiente denuncia penal en la fiscalía general de la nación. Eso era lo más urgente de realizar, pues las conductas ilícitas como las lesivas de la integridad física de las personas, justifican la apertura de la investigación correspondiente a fin de determinar quién fue el responsable de su causa. Sin embargo, hasta ahora usted quizá solo ha realizándola mitad del trabajo. Aunque la denuncia penal pone en actividad la fiscalía para la investigación correspondiente -con las consabidas demoras de la justicia, que obedecen a serios problemas de congestión judicial- usted debe conseguir los servicios de un abogado que lo represente dentro de dicha investigación, para que presente lo que se llama "demanda de parte civil", con la que podrá tener una participación más activa dentro del proceso penal, pudiendo aportar, pedir y practicar pruebas tendientes a demostrar los hechos tal como ocurrieron, solicitar el pago de los perjuicios causados con el hecho, intervenir en medicina legal para que lo vuelvan a valorar y poder determinar de manera exacta la gravedad de sus lesiones, lograr las remisiones de los exámenes de medicina legal de manera más ágil a la fiscalía de destino, etc. De manera que es altamente recomendable que otorgue poder a un abogado para que asuma directamente su representación dentro de la denuncia penal, ya que hasta ahora, al parecer no lo ha hecho. Con todo gusto. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

    Los contratos son para cumplirlos

    Resumen del caso: 
    Señor usuario: En atención a su inquietud, me permito responderle de la siguiente manera: Pregunta usted si es pertinente que una vez aceptada con una empresa prestadora de cursos de ingles sus servicios educativos, con la consecuencial suscripción de pagaré que garantice el pago de sus obligaciones económicas derivadas del servicio, se pueda dar la posibilidad de "retiro", o más bien terminación unilateral de dicho servicio por usted, en calidad de usuario del mismo. La respuesta es relativa: En principio, los contratos, que no son más que declaraciones bilaterales de voluntad que generan obligaciones correlativas entre los contratantes, están hechos para ser cumplidos por todos los que hagan parte del mismo, siendo la terminación unilateral, es decir la proveniente de una sola de las partes, inadecuada e improcedente cuando no ha habido una seria causa que la motive, de manera que dicha terminación unilateral pudiera ocasionar un perjuicio económico en la otra parte susceptible de ser indemnizado por quién se retractó. ¿Se imagina usted que cualquier contrato de esos que generamos a diario -hasta sin darnos cuenta muchas veces-, quedara al arbitrio de una sola de las partes para darlo por terminado en cualquier momento?, estaríamos en presencia de una "dictadura contractual". Ejemplo: compró un par de pantalones hoy, los usó, pero los devolvió en unos días, porque no le gusto como le quedaron, o porque el color no fue del agrado de la gente; de allí, que existe una famosa frase jurídica en latín: "pacta sunt servanda", que significa que los pactos son para cumplirlos, y que conlleva a que antes de celebrar cualquier pacto o contrato, analicemos todas sus consecuencias de conveniencia o inconveniencia de manera anticipada de manera que no haya lugar a posteriores e injustificados retractos. Sin embargo, pueden existir causas graves que habiliten a uno de los contratantes a solicitar la terminación del contrato, como cuando no se cumplen las estipulaciones contractuales tal como se ofrecieron, caso en el cual el otro contratante -que debe cumplir por su parte todo lo que le corresponde para reclamar-, podrá solicitar judicialmente la terminación del contrato, más la indemnización de perjuicios. Por ejemplo: usted compra un inmueble por escritura pública, como es debido, paga el precio del mismo, pero no le hacen entrega de la casa, como se obligaron en el contrato. en este evento, el otro contratante que ha cumplido todo lo que le correspondía, podrá, basado en el incumplimiento de la otra parte, solicitar al juez lo que se llama jurídicamente "resolución contractual", esto es que se declare la terminación del contrato por incumplimiento, con la consecuente devolución de las prestaciones. En su caso concreto, usted tendrá que analizar las causas para "retirarse" del contrato de prestación de servicios educativos de manera unilateral, como lo pretende. si las mismas obedecen a un mero querer suyo (porque se aburrió, no le quedó tiempo, se quedó sin plata para seguir pagando, etc.), sin que hubiere un incumplimiento en las obligaciones de la empresa con la que contrató, usted no podrá hacerlo, sin indemnizar los perjuicios que ocasione a dicha empresa, y lo más seguro es que le harán efectivo el mencionado pagaré. Si por el contrario, lo que lo motiva a usted a asumir esa conducta es la imperfección en el incumplimiento de la empresa que presta los servicios de ingles, o el incumplimiento de las obligaciones tal como se pactaron, usted podrá inclusive, demandar judicialmente la terminación del contrato, pero tenga en cuenta que además de tener que probar las causas, estas tienen que ser lo suficientemente serias para justificar la terminación. En todo caso es recomendable que intente la conciliación y exponga a la otra parte, su intención y motivos de terminar el contrato de manera que se llegue a un arreglo amistoso que evite los engorrosos trámites judiciales. Con todo gusto. CLAUDIA TORRES ESPINOZA Estudiante Consultorio Jurídico Universidad San Buenaventura Cartagena

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