Cartagena de Indias, Colombia Cartagena de Indias - Colombia
Miércoles 08 Junio de 2016
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Obligatoriedad de las tarjetas profesionales



Resumen del caso: 
Señora Consultante: Pregunta usted si “es viable que se discrimine la contratación de un profesional que cuenta con experiencia general en la labor a contratar por el hecho de no tener la tarjeta profesional y en que casos es este un requisito obligatorio”. Al respecto, le manifiesto que ese es un punto debidamente aclarado por sendas sentencias de la Corte Constitucional, la cual ha concluido respecto a los títulos de idoneidad profesional que: “El artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a quienes quieran desempeñar actividades que impliquen riesgo social y también, para establecer mecanismos de inspección y vigilancia con el fin de evitar que resulten lesionados derechos de terceras personas. Impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades” Ya concretamente con relación estricta a las TARJETAS PROFESIONALES, ha juzgado lo siguiente: “La exigencia de títulos de idoneidad y tarjetas profesionales, constituye una excepción al principio de libertad e igualdad en materia laboral y, por lo tanto, es necesario demostrar que la formación intelectual y técnica requerida es un medio idóneo y proporcional para proteger efectivamente el interés de los asociados”. Ahora bien, la exigencia de las tarjetas profesionales, según la Corte Constitucional colombiana, se restringe a aquellos eventos en que el trabajo a realizar sea de aquellos que impliquen un riesgo social, o como la misma corte dice: generar con la labor a realizar, unas “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”. Así las cosas, y resumiendo, tenemos que del artículo 26 de la Constitución nacional, surge el deber del estado de regular las profesiones y oficios que impliquen repercusiones sociales con un riesgo colectivo para la sociedad, pudiendo –o mejor, debiendo- exigir el legislador, títulos de idoneidad y/o tarjetas profesionales para tales eventos con la finalidad de que se pueda demostrar la adecuada aptitud del aspirante, sin que ello conlleve necesariamente a vulnerar los derechos a la igualdad. Tal es el caso de profesiones como la Ingeniería, el Derecho, ciencias de la salud, etc. En ese sentido, ha dicho la corte en su reiterada jurisprudencia: La disposición (art. 26 Constitución Nacional) faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo, por el uso del verbo “podrá”, que tal potestad es una mera posibilidad y no una obligación. Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una simple facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la exégesis aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los servicios, por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los atienden. La razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud. Cabe entonces distinguir entre la tarjeta profesional y los títulos de idoneidad. Por la primera debe entenderse el medio físico debidamente registrado con un número que acredita que una persona es apta para realizar una labor determinada, por regla general de carácter profesional, y como se dijo, con repercusiones sociales que impliquen riesgo colectivo. Por los segundos, entiéndanse complementariamente, el conjunto de estudios académicos debidamente aprobados por una entidad reconocida oficialmente para expedir las correspondientes certificaciones con la finalidad de garantizar a la sociedad la adecuada prestación de las labores ofrecidas. Por ello, entonces usted tendrá que analizar si su labor es de aquellas que conllevan “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”, las cuales se predican de profesionales como los abogados, ingenieros, contadores públicos, médicos, etc, para determinar si en efecto, es obligatorio para usted demostrar con la correspondiente tarjeta profesional, su aptitud académica y legal para ejercer la labor a la que se dedica, o por el contrario si se trata de actividades meramente comerciales que no implican riesgo social para las cuales se encuentra suficientemente preparada de manera empírica y/o académica (como sucede con la mayoría de comerciantes, o con los agentes de viajes, etc), caso este último en el cual la exigencia de “tarjeta profesional”, podría vulnerar su derecho a la igualdad. Atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad San Buenaventura Cartagena
Respuesta a la consulta: 

Señora Consultante:

Pregunta usted si “es viable que se discrimine la contratación de un profesional que cuenta con experiencia general en la labor a contratar por el hecho de no tener la tarjeta profesional y en que casos es este un requisito obligatorio”.

Al respecto, le manifiesto que ese es un punto debidamente aclarado por sendas sentencias de la Corte Constitucional, la cual ha concluido respecto a los títulos de idoneidad profesional que:

“El artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a quienes quieran desempeñar actividades que impliquen riesgo social y también, para establecer mecanismos de inspección y vigilancia con el fin de evitar que resulten lesionados derechos de terceras personas. Impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades”

Ya concretamente con relación estricta a las TARJETAS PROFESIONALES, ha juzgado lo siguiente:

“La exigencia de títulos de idoneidad y tarjetas profesionales, constituye una excepción al principio de libertad e igualdad en materia laboral y, por lo tanto, es necesario demostrar que la formación intelectual y técnica requerida es un medio idóneo y proporcional para proteger efectivamente el interés de los asociados”.

Ahora bien, la exigencia de las tarjetas profesionales, según la Corte Constitucional colombiana, se restringe a aquellos eventos en que el trabajo a realizar sea de aquellos que impliquen un riesgo social, o como la misma corte dice: generar con la labor a realizar, unas “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”.

Así las cosas, y resumiendo, tenemos que del artículo 26 de la Constitución nacional, surge el deber del estado de regular las profesiones y oficios que impliquen repercusiones sociales con un riesgo colectivo para la sociedad, pudiendo –o mejor, debiendo- exigir el legislador, títulos de idoneidad y/o tarjetas profesionales para tales eventos con la finalidad de que se pueda demostrar la adecuada aptitud del aspirante, sin que ello conlleve necesariamente a vulnerar los derechos a la igualdad. Tal es el caso de profesiones como la Ingeniería, el Derecho, ciencias de la salud, etc.

En ese sentido, ha dicho la corte en su reiterada jurisprudencia:

La disposición (art. 26 Constitución Nacional) faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo, por el uso del verbo “podrá”, que tal potestad es una mera posibilidad y no una obligación. Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una simple facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la exégesis aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los servicios, por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los atienden. La razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud.

Cabe entonces distinguir entre la tarjeta profesional y los títulos de idoneidad. Por la primera debe entenderse el medio físico debidamente registrado con un número que acredita que una persona es apta para realizar una labor determinada, por regla general de carácter profesional, y como se dijo, con repercusiones sociales que impliquen riesgo colectivo. Por los segundos, entiéndanse complementariamente, el conjunto de estudios académicos debidamente aprobados por una entidad reconocida oficialmente para expedir las correspondientes certificaciones con la finalidad de garantizar a la sociedad la adecuada prestación de las labores ofrecidas.

Por ello, entonces usted tendrá que analizar si su labor es de aquellas que conllevan “repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”, las cuales se predican de profesionales como los abogados, ingenieros, contadores públicos, médicos, etc, para determinar si en efecto, es obligatorio para usted demostrar con la correspondiente tarjeta profesional, su aptitud académica y legal para ejercer la labor a la que se dedica, o por el contrario si se trata de actividades meramente comerciales que no implican riesgo social para las cuales se encuentra suficientemente preparada de manera empírica y/o académica (como sucede con la mayoría de comerciantes, o con los agentes de viajes, etc), caso este último en el cual la exigencia de “tarjeta profesional”, podría vulnerar su derecho a la igualdad.

Atentamente,

CESAR FARID KAFURY BENEDETTI
Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad San Buenaventura Cartagena

Respondida: 
Si

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