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Miércoles 08 Junio de 2016
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Impuesto vehicular sobre contaminación ambiental



Ciudad de residencia: 
cartagena
Resumen del caso: 
El usuario desea conocer, por qué a partir de febrero del 2012 la Gobernación de Bolívar cobra un alto impuesto de contaminación ambiental a los vehículos; además, quiere saber cúal es el fundamento jurídico para la creación de éste impuesto, ya que en otros Departamentos del país no existe. Él considera que no es legal, puesto que ya existe la revisión tecno mecánica.
Respuesta a la consulta: 

Problema jurídico:

El problema jurídico que se debe resolver ante el caso expuesto es el siguiente: ¿La Gobernación de Bolívar al crear el impuesto de Contaminación Ambiental para Vehículos, extralimita el alcance de la autonomía de las Entidades Territoriales?

Para resolver la problemática antes descrita, comenzaremos por referirnos al principio de autonomía de las entidades territoriales y su marco Constitucional; luego, se estudiará el alcance de la autonomía de las entidades territoriales a la luz de jurisprudencia de la Corte Constitucional; y por último, se procederá a analizar el caso planteado, teniendo en cuenta lo expuesto sobre el principio de autonomía de las entidades territoriales.

SOLUCION:

La Autonomía Territorial hace referencia a la capacidad de cada uno de los niveles territoriales para dirigir y gestionar todos aquellos asuntos y materias que se encuentren en el ámbito de sus intereses. En la autonomía territorial las entidades territoriales ejercen poderes y atribuciones propias.

Entonces, si determinado asunto o materia atañe e interesa exclusivamente a la instancia territorial, las competencias respectivas son atribuidas a los órganos estatales correspondientes al nivel local o departamental, para que las ejerzan de manera independiente; por el contrario, si el asunto en cuestión trasciende el interés meramente local o regional, su manejo se atribuye a la instancia territorial más amplia.

Existen cuatro manifestaciones fundamentales de la autonomía :

- Autonomía política, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales la capacidad para elegir a los propios gobernantes, como fuente directa de legitimidad democrática. Por ejemplo: alcaldes, concejales, gobernadores.

- Autonomía administrativa, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales las competencias para manejar de manera independiente los asuntos que se encuentren bajo su jurisdicción.

- Autonomía fiscal, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales para fijar tributos, participar en las rentas nacionales y administrar de manera independiente los propios recursos.

- Autonomía normativa, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales la capacidad para auto-regularse en aquellas materias específicas que no trasciendan o desborden el interés exclusivamente local o regional.

Como vemos, la autonomía de las entidades territoriales radica entonces en el ejercicio de poder de auto gobierno, auto administración y manejo de los asuntos propios.

En este sentido, nuestra Constitución Política de Colombia, consagra en el Titulo I: De los Principios Fundamentales, artículo 1º que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (Subrayado fuera del texto original). En virtud de este mandato, se le confiere constitucionalmente autonomía a las entidades territoriales.

Ahora bien, el artículo 287 de la Constitución Política, señala los componentes básicos de la autonomía como garantía institucional de las entidades territoriales y dispone que: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales” (Subrayado fuera del texto original).

De lo anterior, observamos que la Carta Magna no solo es garante de la autonomía de las entidades territoriales, sino que también limita este principio, al establecer que las entidades territoriales gozan de autonomía “…dentro de los límites de la Constitución y la Ley…”, para de esa manera preservar el interés social y nuestro Estado Unitario.

Tenemos entonces, la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta, más bien es relativo, porque en el ejercicio de ese poder debe articularse con intereses nacionales, en el marco del sistema constitucional y legal.

En este contexto, nuestra Corte Constitucional por vía jurisprudencia, ha determinado el alcance de este principio, y ha explicado que el legislador no puede hacer uso indiscriminado de sus atribuciones para despojar por completo la autonomía que la propia Constitución, le ha conferido para el manejo de los asuntos de interés local.

En relación con los componentes básicos de la autonomía territorial, consagrados en el artículo 287 de la Constitución, la jurisprudencia ha señalado que “están constituidos en primer término, por aquellos elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y especialmente por los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus propios intereses. Y en segundo lugar, encontramos la inviolabilidad por parte del legislador, de la facultad de las entidades territoriales de gobernarse por autoridades propias.Debe protegerse el derecho de cada entidad territorial a autodirigirse en sus particularidades a través del respeto de la facultad de dirección política que ostentan”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que para que la autonomía territorial pueda llevarse a cabo, “se requiere que al menos una porción razonable de los recursos de las entidades territoriales, puedan ser administrados libremente”, porque de lo contrario “sería imposible hablar de autonomía y estaríamos frente a la figura de vaciamiento de contenido de esta garantía institucional” .
Respecto al límite de la autonomía territorial, la Corte en la Sentencia C-894 de 2003 dijo que: “...Conforme al criterio adoptado por esta Corporación, las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y regionales en materia ambiental, deben estar justificadas en la existencia de un interés superior. La sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue a una autoridad nacional, el conocimiento de un asunto ambiental que no trasciende el contexto local o regional, según sea el caso. Ello equivale a decir que las limitaciones a la autonomía resultan aceptables constitucionalmente, cuando son razonables y proporcionadas. Para determinar la razonabilidad de una limitación de la autonomía de una entidad, es necesario entrar a analizar específicamente la función limitada,…”. (Subrayado fuera de texto original)

De lo antes planteado, cabe resaltar lo concerniente a la limitación del principio de autonomía de las entidades territoriales, en el entendido que solo es admisible constitucionalmente esta cuando las limitaciones son razonables y proporcionadas.

Finalmente, respecto a la jurisprudencia que ha tratado el tema en cuestión, vale le pena, traer a colación la sentencia C-937 de 2010, donde la Corte hizo referencia a la autonomía de las entidades territoriales de acuerdo con las fuentes de financiación, y dijo que: “La relación entre autonomía de las entidades territoriales y su alcance frente al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones debe partir de la distinción entre los denominados recursos de fuente exógena y los de fuente endógena de financiación. Los recursos exógenos son aquellos transferidos o cedidos por la Nación a las entidades territoriales o que se derivan de los derechos de éstas a participar en regalías y compensaciones. Por su parte, los recursos endógenos corresponden a aquellos que en estricto sentido pueden calificarse como propios de las entidades territoriales, por cuanto su origen y recaudo tiene lugar directamente en el nivel local o regional como resultado de decisiones políticas internas.”

En consecuencia, podemos decir que el asunto que nos atañe se trata de recursos endógenos, en entendido que estamos hablando de un “impuesto” creado por la Gobernación de Bolívar.

En este sentido, la sentencia C-219 de 1997, ya había hecho una distinción entre los recursos de fuente exógena y endógena. Y expuso lo siguiente respecto a los recursos de fuente endógena:

“… Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que, en estricto sentido, pueden denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la explotación de los bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias - impuestos, tasas y contribuciones - propias. En estos eventos, se habla de fuentes endógenas de financiación, que resultan mucho más resistentes frente a la intervención del legislador. …” (Subrayado fuera del texto original)

En este orden de ideas se puede concluir, que el legislador puede limitar e intervenir en cómo se van administrar los recursos, cuando estos proviene de fuentes exógenas (por ejemplo, recursos de la nación); pero, su participación del legislador es muy limitada cuando quiere intervenir en la administración de los recursos de fuentes endógenas (por ejemplo, recursos propios de los departamentos y recaudados por estos).

Pero, aún frente a “recursos propios” de las entidades territoriales o de fuente endógena de financiación, la jurisprudencia también ha aceptado la limitación de su autonomía en por lo menos cuatro eventos: cuando la intervención ha sido dispuesta directamente por la Constitución; para conjurar amenazas a la defensa del patrimonio nacional; cuando se hace necesario mantener la estabilidad macroeconómica interna o externa; y cuando los asuntos involucrados trascienden el ámbito estrictamente local. Todo ello, por supuesto, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, para hacer un análisis del caso planteado tratamos de encontrar la normatividad que reglamentaba el impuesto de Contaminación Ambiental para Vehículos creado en febrero de 2012, mencionado por el usuario; pero no encontramos ninguna referencia sobre esa normatividad; recurrimos a la página de la Gobernación de Bolívar y dentro de las normatividad (leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones) no se hacía referencia a Dicho impuesto.

Teniendo, en cuenta lo anterior al respecto daremos unas precisiones con la información suministrada por el usuario.

Podemos decir en principio que, la Gobernación de Bolívar, puede crear impuestos, tasas y contribuciones, para recaudar recursos y cumplir funciones departamentales. Teniendo en cuenta, que el ente encargado para la creación de estos tributos es la Asamblea departamental, por medio de una ordenanza.

No obstante, la única limitación que tendría la creación de estos tributos, es que deben ser ajustados a los términos de la Constitución y la ley.

Si la creación de dicho “impuesto” es inconstitucional, operaria la excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, que tiene su fundamento en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

La Corte Constitucional en la sentencia C-122 de 2011 ha dicho que: “el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa, e incluso particulares, que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto.”

Sugerimos al usuario pedir información a sobre el tema, a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerios de Hacienda y Apoyo Público, en virtud del derecho que le otorga el artículo 17 del Código Contencioso administrativo, que consagra el Derecho a la Información y dispone que: “El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que contempla este capítulo.” Y el artículo 25 del Código Contencioso administrativo, que consagra las Consultas y dispone que: “El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. …”.

Resta decir que los consultorios jurídicos están diseñados para asesorar y orientar de manera gratuita a todas aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para la contratación de un profesional del derecho. En consecuencia es recomendable para el asunto consultado por el usuario virtual, dar uso a esta importante herramienta con el objeto de lograr el acompañamiento que requiere.

GERALDINE ACUÑA LASCARRO
ESTUDIANTE DE X SEMESTRE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA.

Respondida: 
Si

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