Cartagena de Indias, Colombia Cartagena de Indias - Colombia
Miércoles 08 Junio de 2016
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Penal

    Medidas Cautelares sobre bien inmueble en Proceso Penal

    Resumen del caso: 
    Consulta usted si su vivienda puede ser objeto de embargo dentro de un proceso penal que se adelanta contra uno de sus hijos por el delito de Lesiones Personales Dolosas. Aclara que usted colocó la mencionada vivienda a nombre de sus hijos cuando eran menores de edad y que hoy ya todos son mayores de edad pero que siguen estudiando.

    Hurto y Abuso de Confianza

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado dos situaciones que son las siguientes: Primera, que un compañero de trabajo se apoderó de cinco millones de pesos que se encontraban en la oficina de otro compañero de trabajo. Segunda, que ese mismo compañero de trabajo también se apoderó de diez millones que le fueron asignados para la caja de ese día. Consulta usted qué tipo de conducta penal se tipifica para los casos planteados.

    Abuso de Confianza

    Resumen del caso: 
    El consultante manifiesta que entregó a una persona una suma de dinero con el objeto de que esta, se lo guarara a título de depósito, restituyéndolo en el momento pactado. No obstante, con ese dinero, la depositaria adquirió indebidamente un inmueble que inscribió a nombre de la mamá, lo que motivó la denuncia del hecho ante la Fiscalía General de la Nación, para, en una audiencia con la misma y con la contraparte, conciliar con esta, quién se obligó a transferirle la propiedad del inmueble a cambió de que le permitiera vivir 6 meses de manera gratuita.

    DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA

    Resumen del caso: 
    USTED MANIFIESTA QUE TIENE CONOCIMIENTO A TRAVES DE UN TERCERO, QUE EL SEÑOR SAID JOSE BRACHO BRITO, CONTRA EL CUAL SE ADELANTABA PROCESO PENAL POR INASISTENCIA ALIMENTARIA COMO PERSONA AUSENTE EN EL JUZGADO 2 PENAL DE VALLEDUPAR, EN LA ACTUALIDAD RESIDE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR Y TIENE UNA DEUDA DE APROXIMADAMENTE $ 9.000.000 POR LOS ALIMENTOS DE SU MENOR HIJO, DESDE EL 2003 HASTA LA FECHA.

    Denuncia penal por inasistencia alimentaria

    Resumen del caso: 
    Una madre que celebró audiencia de conciliación para fijación de cuota alimentaria con el padre de su hijo menor de 10 años, manifiesta que dicho señor no cumplió el acuerdo, obligándola a tomar la decisión de denunciarlo penalemente por inasistencia alimentaria. No obstante, le preocupa el hecho de que el obligado, al enterarse de la fecha de audiencia ante el Juez penal, le ofreciera la suma de cien mil pesos -la cual recibió-, ya que según ella, eso podría inlfuir en las resultas del proceso.

    TRAMITE PARA MEJORAR EL CUALIFICATIVO DE UN DELITO ANTE LA FISCALIA

    Resumen del caso: 
    USTED HA MANIFESTADO QUE HACE UN AÑO APROXIMADAMENTE FIRMO UN CONTRATO CON UNA EMPRESA DE INGENIERÍA LEGALMENTE REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO, EL CUAL CONSISTÍA EN ENTREGAR UNA CAMIONETA PARA EL DESARROLLO DE UN TRABAJO, LLEGADO EL DÍA DE LA DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO, SIMPLEMENTE NO APARECIERON CON LA CAMIONETA, NI RESPONDIERON LLAMADAS, Y USTED ACUDIÓ A LA OFICINA Y ESTABA DESOCUPADA, PASADO VARIOS DÍAS DENUNCIO ANTES LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EL HURTO DE SU CAMIONETA, EN LA FISCALIA LE MANIFESTARON QUE ESA DELITO ESTA TIPIFICADO COMO ABUSO DE CONFIANZA Y USTED QUIERE SABER QUE TIPO DE TRAMITE PUEDE REALIZAR PARA MEJORAR ESE CALIFICATIVO CON EL FIN DE QUE LA ASEGURADORA LE RECONOZCA EL SEGURO.

    DENUNCIA PENAL

    Resumen del caso: 
    MANIFIESTA LA SEÑORA YACKELIN POLO GONZÁLEZ LO SIGUIENTE: “FUI FAVORECIDA POR UN AUXILIO DE VIVIENDA, LA CUAL ME LA DIERON EL 1 DE OCTUBRE DEL 2007, COMO MI ESPOSO QUEDÓ SIN EMPLEO EL SE FUE PARA CARACAS VENEZUELA Y YO ME VINE A VIVIR DONDE MI MAMA, MI ESPOSO LLEGO HACE 20 DÍAS POR UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO PERO NO HA PODIDO ENTRAR A DICHA EMPRESA PORQUE COLVIVIENDA LO TIENE DENUNCIADO QUEREMOS AYUDA”.

    Legitimados para asistir a conciliación penal y legalidad del acta

    Resumen del caso: 
    La señora madre de un citado a conciliación en la Fiscalía General de la Nación por un asunto derivado de un inconveniente de familia, pregunta si es ajustado a derecho el que el Fiscal encargado de llevar a cabo la diligencia, no la hubiere dejado entrar a la misma, o si ello constiruye "extralimitación de sus funciones". Adicionalmente, aduce que su hijo fue constreñido por el Fiscal a suscribir el acta de conciliación con la cual permitió que la madre de su hija menor de edad saliera de la ciudad rumbo a la capital.

    ESTAFA

    Resumen del caso: 
    Usted manifiesta que un español bajo la fachada de una empresa importadora le ofreció una donación para sus estudios através de su supuesto representante aquí en Colombia y le dijeron que tenía que consignarle através de la cuenta del gerente el 3% del total donado a nombre de una persona natural. Y lo único que tiene como pruebas son los emailes donde le hicieron creer que era una donación y el recibo de consignación con el número de cuenta donde consigno. Manifiesta que puede hacer en este caso para agarrar a esa banda estafadora

    LESIONES PERSONALES DOLOSAS

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que como consecuencia del cobro producto de un arreglo de automotor fue victima de una golpiza, configurándose en este caso el delito de lesiones personales.

    AMENAZAS

    Resumen del caso: 
    Usted ha manifestado que ha sido victima de amenazas de muerte y en consecuencia instauro denuncia.

    Desaparicion forzada y derecho a reparación

    Resumen del caso: 
    La consultante desea saber qué puede hacer para lograr la reparación por la desaparición de su hijo en manos de grupos paramilitares ocurrida en diciembre de 2001. Manifiesta que a pesar de haber denunciado el hecho a la Fiscalía, ésta archivó el expediente por resolución inhibitoria.

    Sentencia penal condenatoria por inasistencia alimentaria

    Resumen del caso: 
    La madre de un menor a quien el padre no le ha cumplido la condena económica derivada de un juicio penal por inasistencia alimentaria -perjuicios materiales y morales- pregunta qué puede hacer para que esta se haga efectiva. Aclara que el padre del menor actualmente se encuentra en libertad bajo compromiso por un periodo de prueba de 2 años, y que sin embargo ha evadido el pago de los alimentos.

    Todos los involucrados en una riña, deben responder penalmente de manera independiente de los daños ocasionados

    Resumen del caso: 
    Manifiesta usted su preocupación por el hecho de que la amante de su esposo, luego de verse inmiscuida con ustedes en una discusión que llegó a los golpes e insultos, la ha denunciado penalmente, por el plausible riesgo de la correspondiente condena que puede ocurrir. La descripción de los hechos realizada por usted en la consulta, nos hace concluir que tanto la amante de su esposo, como él y usted, se vieron envueltos en lo que se denomina “riña” o “reyerta”, término que determina a quienes se lían a golpes de manera recíproca y reiterada, luego de la provocación de uno de los inmiscuidos en ella. El diccionario de la lengua española la define como aquella pelea en que “se acometen varias personas confusa y mudamente, de manera que no cabe distinguir muy fácilmente los actos de cada una” Por tal razón, la consecuencia jurídica de la riña, es que cada uno de los involucrados en ella, debe responder penalmente de los daños que de manera individual le ocasionó a los otros, independientemente de que haya sido cualquiera de ellos el que hubiere iniciado o provocado la reyerta o pelea. En pocas palabras, en el caso de la riña, no vale la excusa de que “la pelea la inició fulanita, y por eso ella es la culpable, y no nosotros”, ni tampoco la de que “es que yo obre en legítima defensa”. Como consecuencia de eso, es claro que todos los involucrados en la pelea en que desgraciadamente ustedes se vieron envueltos, deberán responder con relación a los daños que a título personal le ocasionaron a los otros. Por eso, quizás la provocadora la haya denunciado penalmente a usted por lesiones personales, si usted la golpeó en el momento de la riña, pues tiene pleno derecho a eso. Correlativamente, tanto usted y su esposo, tienen el mismo derecho de poner en conocimiento de la fiscalía mediante denuncia penal, los hechos constitutivos de lesiones personales contra ustedes, en el evento en que la conducta de la mencionada señora el día de la pelea, les hubiera ocasionado algún daño físico y/o moral. Yo de usted me preocuparía más por la puñalada que recibió su marido de un desconocido, que como dijo usted, se “metió” en la pelea, que por el hecho –quizá menos grave-, de la actitud de la señora, ya que la puñalada es penal y jurídicamente hablando, una lesión que puede generar mayor responsabilidad penal en contra del agresor. Por lo anterior, no tiene otra salida jurídica que la de asumir su defensa en el proceso penal iniciado por la señora, e instaurar por otro lado, la correspondiente denuncia contra ella para que a su vez le responda por los daños físicos y morales que le ocasionó, ya que como dije, cada uno de los intervinientes en la riña, debe responder de los daños que le causó a los otros de manera independiente. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena

    PROCESO DE ALIMENTOS

    Resumen del caso: 
    TENGO UNA HIJA MENOR, SU PADRE ACORDÓ UNA CUOTA ALIMENTARIA DE $100.000 MENSUALES, HACE 8 MESES NO CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN, ARGUMENTANDO QUE TIENE DOS HIJOS MENORES MÁS, CADA VEZ QUE LO LLAMO ME DICE QUE LA HAGAMOS LA PRUEBA DE ADN, MI PREGUNTA ES ¿CUÁL ES LA CUOTA QUE TIENE QUE DARLE A MI HIJA?

    Embarazar joven de 14 años es delito en Colombia?

    Resumen del caso: 
    joven mayor de 14 años que quiere quedar embarazada de un señor mayor, pregunta que si se puede configiurar delito

    Delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado

    Resumen del caso: 
    La falsedad en documento privado es una conducta tipificada como delictuosa en nuestro código penal colombiano, en su artículo 289, de la siguiente manera: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba…”. También en el mismo artículo, contempla la sanción a este tipo de conducta: “incurrirá, si lo usa, en prisión de uno a seis años”. Nótese que la particularidad de este artículo, es que resulta reprochable jurídicamente la falsedad en documento privado, cuando se hace el “uso” de acuerdo con su naturaleza, de dicho documento. Por otro lado, el fraude procesal, está consagrado como delito en el artículo 453 del mismo código, que establece: “el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis a doce años, multa de doscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas de cinco a ocho años.” Si alguna persona incurre en uno de estos dos tipos penales legitima a los ofendidos con las conductas mencionadas, para que inicien las acciones penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que una vez demostradas las conductas punibles se impongan a los responsables las sanciones penales que correspondan. MARIO ANDRÉS REVOLLO BLANQUICETH Asesor Jurídico Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Opinión: la ley 906 del 2004

    Resumen del caso: 
    Cuando se anunció el sistema penal acusatorio, los colombianos comenzamos a querer ver una Colombia libre de delitos y de impunidad. Pero se ha visto lo contrario. Todos los días, a través de la prensa escrita y de la televisión, vemos más genocidios, homicidios, delitos sexuales, secuestros, tráfico de estupefacientes, fleteos, delitos contra el patrimonio económico, conductas punibles contra menores de 14 años, hijos que matan a sus padres y viceversa, etc. Los sicarios proliferan, y la mayoría de los homicidios los cometen motorizados de bandas de esta laya que también están multiplicándose. Lo peor es que las víctimas están desamparadas por la parsimonia del sistema en este país, que permite, cuando no hay captura en flagrancia, que el delincuente haga pleno uso del objeto de la estafa, de la extorsión, del abuso de confianza, etc. porque no hay mecanismo para capturarlo antes de que cualquier miembro de la Policía Judicial haga las diligencias que le ordene el fiscal, como tampoco éste está obligado, con un término, a una investigación pronta. La práctica judicial del país se hace en el tiempo que le da la gana, y con la Ley 906 del 2004, hay más mora aún que con la Ley 600 del 2000. Con este sistema, que parece tener poco de acusatorio, si no se arregla ya, los verdaderos abogados penalistas se extinguirán, al menos los que antes se llamaban apoderados de la parte civil. Nada tienen ahora que hacer en el proceso, porque aunque se les den algunas facultades, tienen que esperar el fallo para actuar en el incidente de indemnización si es condenatorio, o para apelar si es absolutorio. Para que este sistema dure, o para que no siga incrementándose el delito y la impunidad, recomendamos: a). Que la persecución penal la hagan varios miembros de la Policía Judicial que sean abogados. Es absurdo que la lleve un solo policial raso que, por regla general, desconoce el mecanismo de la ley 906 del 2004, requiriendo ayuda jurídica de cualquiera de los interesados. El que sean varios evita, entre otras cosas, que en un caso concreto haya soborno. b). Que el fiscal correspondiente tenga un término no prorrogable para la investigar, imputar y archivar. c). Que se modifique el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, y sólo se le rebaje la pena a quien confiese sin haber sido sorprendido en flagrancia. Y que la rebaja no sea hasta la mitad, sino hasta una tercera parte, o menos. d). Que se aumenten las penas, porque las de nuestro código penal son irrisorias, a fin de que las rebajas puedan tener fundamento. e). Que se modifique la norma que permite preclusión a favor de un delincuente por culpa de la mora de dos fiscales, relacionadas con la presentación de la acusación. Esta preclusión no tiene sentido f). Que se permita a la víctima constituirse en tal, con verdaderos derechos desde cuando el imputado adquiere esta condición, para que entre otras cosas, no siga pensando que el del problema es su abogado, convencida de que éste no hace absolutamente nada. g). Y, por último, que se instituya el jurado de conciencia, al menos para delitos graves, porque no es justo que con un sistema llamado acusatorio se ponga la suerte de una persona en manos de un solo funcionario. FABIO LÓPEZ LÓPEZ Director Consultorio Jurídico Universidad de Cartagena

    Entidad de policía judicial que no pone de manera expedita a órdenes del fiscal informe de homicidio

    Resumen del caso: 
    Nuestro Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004) consagra lo siguiente: Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necroscopia médico-legal. Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección, coordinación y control. Es importante aclarar que la Unidad de Reacción Inmediata (URI) cumple funciones de policía judicial, por lo cual el cumplimiento de la normativa anterior es imperiosa para ellos. Recomendamos que se eleve un derecho de petición por escrito a esa entidad, solicitando informe del trámite formal y legal dado a esa actuación. De igual manera a la oficina de asignaciones o la que haga sus veces de la Fiscalía General de la Nación, a fin de verificar si en efecto ya el caso fue repartido a un despacho en particular. PAOLA EMILIANI PACHECO Asesora Jurídica Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    Caso Luis Santiago Lozano ¿pena de muerte o cadena perpetua?

    Resumen del caso: 
    Con ocasión del cruel homicidio del niño Luís Santiago Lozano supuestamente a manos de su padre, amplios sectores de la sociedad civil y entidades públicas solicitan para el supuesto agresor cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Desde el punto de vista jurídico es importante precisar que en Colombia, Estado Social de Derecho, todos los individuos deben ser respetados por el solo hecho de ser persona; por lo tanto, aún el delincuente, goza de garantías mínimas. El Derecho Penal se caracteriza por cumplir una función legitimadora que procura las realizaciones de las garantías penales y la legislación penal vigente, Ley 599 de 2000, establece que la pena tiene funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Sobre la imposición de la pena capital en Colombia con respecto al supuesto agresor, hay que aclarar que Colombia es parte signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en el Artículo 4 inc. 3, consagra que “no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido”, por lo que aquí no se puede imponer dicha sanción penal. Hacerlo implicaría un quebrantamiento al orden jurídico nacional e internacional, pues esa norma es un tratado que forma parte del bloque de constitucionalidad, lo que implica que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno y se rigen por los principios Pacta Sunt Servanda y Buena Fe, los cuales hacen referencia a que ninguna potencia puede modificar obligaciones pactadas sin acuerdo unánime. Por ser la cadena perpetua y la pena de muerte inexistentes en Colombia al momento de la consumación de la conducta punible, es imposible su aplicación. La jurisprudencia ha eliminado la posibilidad de obtener rebajas de penas con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado. En el caso de los delitos cometidos contra niños y adolescentes, el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 también excluyó las rebajas de penas respecto de quienes se allanen a los cargos. La Corte Suprema de Justicia explicó en reciente fallo que esa norma prohíbe cualquier beneficio judicial o administrativo diferente a los beneficios por colaboración, siempre y cuando esta sea efectiva. La violencia intrafamiliar es un problema social y una violación de los Derechos Humanos, en donde el maltrato infantil cobra cada día más víctimas. Casos como el homicidio de Luis Santiago Lozano requieren mayor intervención estatal, no solo desde el ámbito criminal, pues la problemática no se remedia con el incremento punitivo de las penas, sino también en el ámbito sociológico; es decir, de manera integral, buscando el verdadero epicentro del asunto y con ayuda de entidades especializadas tratar este fenómeno para mitigar la problemática de violencia sobre los menores que atraviesa el país. Como pueden notar, el problema no es solo de aumento de penas. Es de raíces más profundas. MILTON JOSÉ PEREIRA BLANCO Estudiante X Semestre de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez sede Cartagena, adscrito al Consultorio Jurídico Área Laboral.

    ¿Qué se debe hacer para presentar una denuncia penal o una querella ante la fiscalía?

    Resumen del caso: 
    Es importante aclarar, que si usted pretende colocar en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación determinados hechos que considera delictivos contra su integridad moral, basta que se dirija a la sala especializada de denuncias de dicha entidad, o su equivalente, para que de manera verbal le reciban la denuncia o querella que pretende instaurar. Para eso la Fiscalía tiene esa dependencia, lo que le ahorraría bastante trabajo "técnico" que más bien le correspondería a un abogado. Recuerde que se denuncian hechos o situaciones de hecho, fácticas, reales, y no -en el estricto sentido jurídico-, personas. En dichos hechos -que deben ser sucintos, claros y numerados-, se deberán mencionar, eso sí, las personas que han llevado a cabo los hechos denunciados, para que el fiscal los vincule al proceso si lo considera pertinente. Esto es importante, por cuanto hacer una imputación delictiva directa hacia una persona, puede generarle luego a usted una investigación penal por falsa denuncia, en el evento en que no logre demostrar fehacientemente los hechos que constituyen la conducta delictiva en cabeza de dicha persona, lo que es un riego siempre posible en los asuntos judiciales que es mejor evitar. Tratándose de conductas punibles contra la integridad moral, dentro de las que se encuentran la Injuria, y la calumnia, es bueno que sepa que hay que narrarle al fiscal al pie de la letra, es decir, literalmente y sin pena, los hechos e imputaciones deshonrosas que la constituyen, así suenen groseras, crudas o vulgares, porque precisamente, le corresponderá al fiscal, y luego al juez, calificar el mérito de esas imputaciones a fin de determinar si en realidad atentan o no contra su integridad moral. Por lo anterior, de manera cordial le sugiero que se dirija a la sala especializada de denuncias, para que ante ella, presente de manera verbal su denuncia o querella, ya que allí estarán en la obligación de levantar por escrito el acta correspondiente y remitirla a la fiscalía competente para que se inicie formalmente el proceso penal. Para finalizar, le sugiero que se asesore en la medida de lo posible, de un abogado titulado, o de un consultorio jurídico de una facultad de derecho, en el caso de que carezca de medios económicos, para que de manera posterior a la presentación de la denuncia o querella, instaure lo que se denomina "demanda de parte civil", ante el fiscal que conozca del proceso penal, con el objeto de que de manera formal solicite la indemnización de perjuicios contra las personas que terminen involucradas en la investigación penal, pudiendo con ella aportar y solicitar las pruebas que considere pertinente para demostrar los hechos que describe en la denuncia o querella. Muy atentamente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura - Cartagena

    El sistema penal que viene

    Resumen del caso: 
    Se avecina a nuestra región caribe a partir del primero de enero próximo –si nada extraordinario acontece- la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que desde principios del 2005, de manera progresiva, entró en vigencia en otras zonas de nuestro país con las mejores intenciones de optimizar el funcionamiento de la rama judicial en materia penal y de ponernos a tono con las últimas tendencias jurídicas. La ley 906 de 2004, que contiene el nuevo código de procedimiento penal y por ende la transición del sistema inquisitorio al acusatorio que se quiere imponer, llegará por estos lados con sendos ajustes incorporados desde su promulgación por la Corte Constitucional, que en ejercicio de su importante control ha declarado la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones, sin dejar de dar el aval a otras tantas. Este nuevo proceso constará –hablando a grandes rasgos- de tres etapas principales: una preparatoria en la que tanto el procesado como su apoderado tendrán la oportunidad de conocer la existencia del proceso a fin de asumir idóneamente la estrategia de defensa durante el juicio; una fase de transición que buscará que acusador y acusado presenten al Juez sus puntos de vista sobre la discusión jurídica, conozcan las pruebas recaudadas en la investigación, definan cuáles de estas son pertinentes o adecuadas para ser expuestas en el juicio y acepten hechos de manera voluntaria, pudiendo llevar al acusado a responsabilizarse de los delitos que se le imputan; y una etapa final de juicio oral en la que se practicarán las pruebas decretadas con anterioridad y se llevarán a cabo los alegatos finales tanto del acusador como del acusado, para convencer jurídicamente al juez del porqué les asiste la razón para que este, en sentencia, condene o absuelva, según sea el caso. Como era de esperarse, el nuevo sistema ha engendrado en las regiones en las que se encuentra implementado algunas percepciones negativas, tanto judiciales como en la opinión pública, siendo aquellas que más se resaltan su aparente poca efectividad práctica -lejana a la que se tenía presupuestada- en aquellos casos en los que no hay capturas en flagrancia, generando aún la temida congestión judicial; la nula disminución de la criminalidad desde su vigencia; la inadecuada cultura jurídica de los actores del nuevo sistema que evita que se amolden a los nuevos esquemas planteados por la ley; la escasa preparación logística y académica de los funcionarios de policía judicial; el insuficiente aprestamiento de jueces, fiscales, defensores y ministerio público en los lineamientos del nuevo sistema, entre otras. Tamaña responsabilidad, entonces, la que tendremos los que de una u otra forma nos involucramos con la administración de justicia en nuestra región, pues el cambio en la jurisdicción penal será tan grande, que merecerá un mayor compromiso de los jueces, fiscales, funcionarios de policía judicial, abogados litigantes y ministerio público con el objeto de subsanar, de entrada, las críticas y falencias que desde un inicio se le han endilgado en las otras regiones que ya cuentan con su observancia. Ahora más que nunca se debe aprender de la experiencia ajena en menesteres de la administración de justicia, como quiera que la coyuntura histórica nos ha permitido la gabela de ser curiosos y pacientes expectantes de su llegada. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena

    Incumplimiento por parte del padre, en el pago de cuota alimentaria de menores pactada en conciliación, faculta para iniciar proceso ejecutivo de alimentos y/o denuncia penal por inasistencia alimentaria

    Resumen del caso: 
    Estimada consultante: Si el padre de sus menores hijos no cumple voluntariamente con la cuota alimentaria que se obligó a aportar y esto consta en un acta de conciliación que reúna los requisitos legales, usted podrá iniciar, con la asesoría de un abogado, un proceso ante los jueces de familia, denominado “proceso ejecutivo alimentario”, para que el juez le ordene el pago de las cuotas mensuales dejadas de pagar hasta el momento de la presentación de la demanda, con sus respectivos intereses de mora, y las cuotas que en lo sucesivo se vayan causando a favor de los niños. Para garantizar esas sumas de dinero, usted podrá solicitar al juez dentro de dicho proceso, que ordene el embargo de las sumas de dinero adeudadas, o de bienes muebles o inmuebles, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que busca “ejecutar” lo que se debe. Sin embargo, es bueno que tenga en cuenta que en la práctica, en algunas oportunidades, se dificulta llevar a cabo la pretensión del embargo dentro del proceso mencionado, principalmente cuando el demandado no tiene trabajo y no devenga sueldo alguno, y/o no tiene bienes muebles o inmuebles a su nombre que puedan garantizar la deuda. Desgraciadamente la cultura del no pago, que es en realidad una incultura campante en nuestro medio, conlleva a que la irresponsabilidad de muchos padres determine incluso que muchos de ellos prefieran renunciar a sus trabajos, o dilapidar sus bienes, antes que cumplir con las obligaciones alimentarias con sus hijos, lo cual es deplorable. Otra vía jurídica, en el caso del incumplimiento absoluto de la obligación del padre con relación a sus hijos menores, es la de la denuncia penal por el delito de inasistencia alimentaria ante la fiscalía general de la nación, para que se le imponga al señor, de ser el caso, la pena privativa de la libertad por sustraerse de sus obligaciones de padre. El hecho de que usted viva con otro señor, no quita para nada las obligaciones del padre de los niños con relación a ellos. Muy cordialmente, CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad San Buenaventura Cartagena

    Adecuada identificación de cuerpo por parte de la fiscalía

    Resumen del caso: 
    Un atento saludo: En atención a su consulta jurídica me permito recomendarle lo siguiente: En nuestro concepto tienen ustedes derecho a que se practiquen todas las pruebas que conlleven a la correcta identificación del cadáver que le dicen es de su hermano, y que se vio envuelto en tan dolorosos e innecesarios hechos. La prueba ideal para descubrir la verdadera identidad del cuerpo es obviamente la de ADN. En nuestro concepto su costo debe correr a cargo del estado, y no de ustedes. Es cierto que existen otras pruebas para la identificación, como las dactilares (huellas digitales), dentales, tatuajes, etc., que generan gran confianza para ello, y quizá en ese se basaron para aclararles que se trataba de su hermano. Sin embargo, si aun les asiste alguna duda al respecto, les recomendamos entonces que presenten un DERECHO DE PETICION dirigido al DIRECTOR GENERAL DE FISCALIAS DE CARTAGENA, OFICINA DE N. N. Y DESAPARECIDOS, ubicada en el barrio Crespo, calle 66, No 4-86, en el que planteen todas las inquietudes que tienen al respecto, con una narración clara de los hechos y una solicitud concreta de lo que pretenden, todo con la finalidad de que les respondan dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. En ese derecho de petición, podrán solicitar a la entidad competente, por ejemplo, que se les certifique la clase de pruebas que se practicaron sobre en cuerpo y el porqué las mismas llevaron a determinar que se trataba de su hermano, al igual que podrá insinuar la práctica de la prueba de ADN, si aun tienen dudas sobre su identificación, obviamente si el estado físico del cuerpo lo permite. Como están en la ciudad de Santa Marta, es posible que el derecho de petición lo remitan por correo a la dirección que acabo de mencionar. Lo ideal es que busque asesoría ya sea de un consultorio jurídico universitario o de la defensoría del pueblo regional santa marta, para que previa explicación de su problema, le redacten con la técnica que merece, su derecho de petición. A la espera de cualquier comentario adicional. Atentamente, JEAN CARLOS RUIZ Estudiante asesor Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura Cartagena

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