Cartagena de Indias, Colombia Cartagena de Indias - Colombia
Miércoles 08 Junio de 2016
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El sistema penal que viene



Resumen del caso: 
Se avecina a nuestra región caribe a partir del primero de enero próximo –si nada extraordinario acontece- la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que desde principios del 2005, de manera progresiva, entró en vigencia en otras zonas de nuestro país con las mejores intenciones de optimizar el funcionamiento de la rama judicial en materia penal y de ponernos a tono con las últimas tendencias jurídicas. La ley 906 de 2004, que contiene el nuevo código de procedimiento penal y por ende la transición del sistema inquisitorio al acusatorio que se quiere imponer, llegará por estos lados con sendos ajustes incorporados desde su promulgación por la Corte Constitucional, que en ejercicio de su importante control ha declarado la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones, sin dejar de dar el aval a otras tantas. Este nuevo proceso constará –hablando a grandes rasgos- de tres etapas principales: una preparatoria en la que tanto el procesado como su apoderado tendrán la oportunidad de conocer la existencia del proceso a fin de asumir idóneamente la estrategia de defensa durante el juicio; una fase de transición que buscará que acusador y acusado presenten al Juez sus puntos de vista sobre la discusión jurídica, conozcan las pruebas recaudadas en la investigación, definan cuáles de estas son pertinentes o adecuadas para ser expuestas en el juicio y acepten hechos de manera voluntaria, pudiendo llevar al acusado a responsabilizarse de los delitos que se le imputan; y una etapa final de juicio oral en la que se practicarán las pruebas decretadas con anterioridad y se llevarán a cabo los alegatos finales tanto del acusador como del acusado, para convencer jurídicamente al juez del porqué les asiste la razón para que este, en sentencia, condene o absuelva, según sea el caso. Como era de esperarse, el nuevo sistema ha engendrado en las regiones en las que se encuentra implementado algunas percepciones negativas, tanto judiciales como en la opinión pública, siendo aquellas que más se resaltan su aparente poca efectividad práctica -lejana a la que se tenía presupuestada- en aquellos casos en los que no hay capturas en flagrancia, generando aún la temida congestión judicial; la nula disminución de la criminalidad desde su vigencia; la inadecuada cultura jurídica de los actores del nuevo sistema que evita que se amolden a los nuevos esquemas planteados por la ley; la escasa preparación logística y académica de los funcionarios de policía judicial; el insuficiente aprestamiento de jueces, fiscales, defensores y ministerio público en los lineamientos del nuevo sistema, entre otras. Tamaña responsabilidad, entonces, la que tendremos los que de una u otra forma nos involucramos con la administración de justicia en nuestra región, pues el cambio en la jurisdicción penal será tan grande, que merecerá un mayor compromiso de los jueces, fiscales, funcionarios de policía judicial, abogados litigantes y ministerio público con el objeto de subsanar, de entrada, las críticas y falencias que desde un inicio se le han endilgado en las otras regiones que ya cuentan con su observancia. Ahora más que nunca se debe aprender de la experiencia ajena en menesteres de la administración de justicia, como quiera que la coyuntura histórica nos ha permitido la gabela de ser curiosos y pacientes expectantes de su llegada. CESAR FARID KAFURY BENEDETTI Director General del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena
Respuesta a la consulta: 

Se avecina a nuestra región caribe a partir del primero de enero próximo –si nada extraordinario acontece- la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que desde principios del 2005, de manera progresiva, entró en vigencia en otras zonas de nuestro país con las mejores intenciones de optimizar el funcionamiento de la rama judicial en materia penal y de ponernos a tono con las últimas tendencias jurídicas.

La ley 906 de 2004, que contiene el nuevo código de procedimiento penal y por ende la transición del sistema inquisitorio al acusatorio que se quiere imponer, llegará por estos lados con sendos ajustes incorporados desde su promulgación por la Corte Constitucional, que en ejercicio de su importante control ha declarado la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones, sin dejar de dar el aval a otras tantas.

Este nuevo proceso constará –hablando a grandes rasgos- de tres etapas principales: una preparatoria en la que tanto el procesado como su apoderado tendrán la oportunidad de conocer la existencia del proceso a fin de asumir idóneamente la estrategia de defensa durante el juicio; una fase de transición que buscará que acusador y acusado presenten al Juez sus puntos de vista sobre la discusión jurídica, conozcan las pruebas recaudadas en la investigación, definan cuáles de estas son pertinentes o adecuadas para ser expuestas en el juicio y acepten hechos de manera voluntaria, pudiendo llevar al acusado a responsabilizarse de los delitos que se le imputan; y una etapa final de juicio oral en la que se practicarán las pruebas decretadas con anterioridad y se llevarán a cabo los alegatos finales tanto del acusador como del acusado, para convencer jurídicamente al juez del porqué les asiste la razón para que este, en sentencia, condene o absuelva, según sea el caso.

Como era de esperarse, el nuevo sistema ha engendrado en las regiones en las que se encuentra implementado algunas percepciones negativas, tanto judiciales como en la opinión pública, siendo aquellas que más se resaltan su aparente poca efectividad práctica -lejana a la que se tenía presupuestada- en aquellos casos en los que no hay capturas en flagrancia, generando aún la temida congestión judicial; la nula disminución de la criminalidad desde su vigencia; la inadecuada cultura jurídica de los actores del nuevo sistema que evita que se amolden a los nuevos esquemas planteados por la ley; la escasa preparación logística y académica de los funcionarios de policía judicial; el insuficiente aprestamiento de jueces, fiscales, defensores y ministerio público en los lineamientos del nuevo sistema, entre otras.

Tamaña responsabilidad, entonces, la que tendremos los que de una u otra forma nos involucramos con la administración de justicia en nuestra región, pues el cambio en la jurisdicción penal será tan grande, que merecerá un mayor compromiso de los jueces, fiscales, funcionarios de policía judicial, abogados litigantes y ministerio público con el objeto de subsanar, de entrada, las críticas y falencias que desde un inicio se le han endilgado en las otras regiones que ya cuentan con su observancia.

Ahora más que nunca se debe aprender de la experiencia ajena en menesteres de la administración de justicia, como quiera que la coyuntura histórica nos ha permitido la gabela de ser curiosos y pacientes expectantes de su llegada.

CESAR FARID KAFURY BENEDETTI
Director General del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena

Respondida: 
Si

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