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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podría quebrar al Estado, alertó Contraloría

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La contralora general de la República, Sandra Morelli, reveló que el Estado deberá recuperar entre 3 y 10 millones de hectáreas usurpadas por paramilitares, para restituir a las víctimas y evitar echar mano de los lotes que hacen parte del erario.

Esto ante la posibilidad de que se ponga en riesgo la estabilidad financiera del Estado colombiano.

Morelli respondió a quienes critican la sostenibilidad fiscal de la Ley de Víctimas, señalando que no hay dinero para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto interno. 

“En los cálculos que está haciendo Planeación nadie se ha referido a que son tierras que fueron despojadas y que quien tenía derecho a estas fueron desplazados por poseedores  ilegítimamente. Esas tierras no hay que volverlas a pagar, no tenemos que comprarlas, hay que recuperarlas”, dijo.

En audiencia ante la Corte Constitucional, Morelli señaló que cuando se habla de reparación, la obligación tiene que ser del victimario, como en el caso de Justicia y Paz,  en donde la mayoría de postulados paramilitares no han devuelto lo que despojaron.

“Nuevamente, somos todos los colombianos los que estamos haciendo un esfuerzo fiscal muy importante y por eso aparecen unas cifras que no se saben de donde van a ser financiadas y que van a poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado colombiano cuando tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de recuperación de esas tierras”, señaló.

Morelli se refiere a que dentro de los cálculos del Gobierno para la restitución de tierras y la reparación se estima un cifra “que podría ascender a 50 billones de pesos”, parte de los cuáles estarían normalmente destinados a la salud y a la educación.

Además, “aun no hay claridad sobre once billones de pesos que no se sabe muy bien cual seria la fuente, no están financiados,  y que muy probablemente vendrían de las regalías”.

Según reveló Morelli se estima que las hectáreas abandonadas o despojadas por desplazamiento forzado de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes serían tres millones. Pero también hay –dijo-un catastro alternativo que habla de 10 millones.

La posición de la Contralora Morelli fue ratificada por el magistrado de la Corte Constitucional, Nelson Pinilla, quien indicó que no es la nación ni los colombianos en general los que deben poner los recursos para satisfacer los derechos de las víctimas.

“Aquí es donde se evidencia una falla de la Justicia Penal en el tema de la incautación y de la extinción de dominio. Es poco lo que se ha hecho en este campo”, señaló al referirse también a los dominios que tienen terceros de buena fe.

Riesgo en indemizaciones

Por otro lado, la contralora advirtió de una posible reducción en el monto de la reparación a las víctimas que haría letra muerta la intención de reparar efectivamente a las víctimas. Se trata de una presunta implicación del decreto 4800 de 2010, que establece un monto de recursos que según señala la contralora es reducido en función de un criterio técnico.

“Esto tiene que ver con recursos que no se apropian y no se van a ejecutar porque si bien responde al censo de la población desplazada o de las victimas, no se incluyen por la razón de que no hay una reclamación en concreto o por que no hacen parte de determinadas listas oficiales  de censos que, no lo dice el decreto, serian los que darían lugar al reconcomiendo efectivo de esa indemnización”, explicó.

Es decir, en el criterio de la Contraloría, que los decretos no estarían respondiendo al criterio de la Corte que señala que el tema de reparación es de derechos y no de estar o no en una lista. Esto, además, en un país que siguen en conflicto y hay miedo todavía para denunciar.

Además, de esto, dicho decreto como esta redactado significaría una reducción de la indemnización que recibirían en efecto las víctimas. Esto, en contraposición a la intención inicial de la Ley de Víctimas de que la indemnización sea efectiva y proscriba la posibilidad de demandar para acceder a la reparación.

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