La construcción de las vías en Colombia ha sido traumática, en gran parte porque se solían acometer sin todos los diseños. Al tenerlos finalmente, resultaban con unos costos inesperadamente altos, sin que hubiese presupuesto suficiente para terminarlas. Solía venir una cascada de adiciones y otrosíes a los contratos, mal diseñados desde el principio, con las resultas de unas obras caras y de mala calidad.
El ministro de Transporte de este Gobierno, Germán Cardona, se dio la pela de frenar esta mala costumbre y exigir planificación exacta antes de comenzar cualquier obra, y acabó también con los anticipos automáticos en la mayoría de los casos, de tal forma que los contratistas ahora tienen que estar financiados antes de pensar en hacer cualquier obra. Romper con la cultura anterior fue un gran avance, aunque se traumatizaran muchas obras importantes mientras se implementaba la nueva disciplina.
Entre las pocas obras antiguas que han funcionado bien está la Vía del Mar entre Cartagena y Barranquilla, llamada oficialmente la Ruta 90A, cuyo mantenimiento ha sido mayormente adecuado.
Salvo las grietas y derrumbes imprevistos por los dos últimos inviernos, sus concesionarios suelen intervenir la vía antes de que sufra daños y cumplen religiosamente con la limpieza y mantenimiento de cunetas y hombros antes del invierno. Aunque no siempre ponen la señalización en el asfalto nuevo de inmediato, lo suelen hacer en un tiempo razonable comparado con las carreteras a cargo de la Nación, esas sí paquidérmicas.
Ahora la Ruta 90A tendrá una segunda calzada, algunos de cuyos tramos más sencillos están avanzados. Buena parte de ellos, sin embargo, con todos los diseños listos, carecen de los permisos para ejecutarlos y están a la espera de obtenerlos. La segunda calzada sobre la Ciénaga de la Virgen, un viaducto moderno y de poco impacto, por ejemplo, tiene que surtir ahora este proceso.
Esta demora, según Ana Lucía Dugand, gerente de la Concesión Vía al Mar, a cargo de las obras, se debe a la dificultad de la consulta previa con las comunidades aledañas, un prerrequisito para obtener la licencia ambiental. Los contratistas de la doble calzada entre Cartagena y Arjona también tienen la misma queja, y aseguran que de no ser por esta demora, entregarían sus obras mucho antes del plazo estipulado.
Sin infraestructura no se puede hablar ni de comercio nacional, mucho menos de tratados de libre comercio. Convendría que el Gobierno le pusiera atención a estos procesos que eternizan las obras de infraestructura de beneficio colectivo, indispensables para el desarrollo local, regional y nacional, y se diseñara un procedimiento más expedito, con la garantía de no atropellar los derechos de las comunidades.
Se requiere entonces una discusión nacional acerca de estos procesos, liderada quizá por el Ministerio de Transporte, en la que participen contratistas y líderes comunitarios, entre otros expertos, para buscar la manera de agilizarlos, sin que hacerlo –repetimos- implique perjuicio para los derechos bien ganados de las comunidades.
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