“¿Los guardas de seguridad del conjunto residencial donde usted vive podrían controlar la seguridad de un partido entre Millonarios y Nacional?”, le preguntó el periodista de Caracol Radio César Augusto Londoño a Iván Mejía en el programa el Pulso del Fútbol. La respuesta “No”.
Esa pregunta refleja una realidad y es que la Policía Nacional, con sus grupos especializados como el Esmad, son los únicos en Colombia capacitados para ofrecer seguridad a la ciudadanía, la misma que se requiere en eventos masivos que, como el fútbol, tienen antecedentes complejos por enfrentamientos entre los aficionados que afectan a la sociedad en general.
Todo se inició el 30 de enero pasado con la expedición del nuevo Código Nacional de Policía, que en su IV Capítulo, regula las “Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas” y las define de la siguiente manera en el artículo 60: “aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla (…), den lugar a riesgos de afectación a la comunidad o a los bienes (…)”.
El primer y único doliente fue la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que cada fin de semana, y en ocasiones cada cuatro días, cumple con 18 eventos de estas características, los 10 partidos de la Liga Águila y los 8 del Torneo Águila, más los eventuales de la Copa Águila, algunos con aglomeraciones complejas y otros no complejas.
“La medida, además de implicar una disminución en las condiciones de seguridad en estos espectáculos públicos, hace inviable la actividad de los clubes profesionales al asumir funciones que son competencia exclusiva de la Policía Nacional”, aseguró Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, quien alertó esta semana con una posible suspensión del fútbol hasta que se aclare la situación.
Después de la alerta de Dimayor, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó todo un apartado del Código de Policía que tiene que ver con el derecho de reunión, que regulaba el derecho a manifestarse en el espacio público, entre otros, por no haberse tramitado por una ley estatutaria.
Sin embargo, “la Corte tomó la determinación, pero lo hizo con alcance diferido, lo que quiere decir, que la norma sigue vigente, pero da la oportunidad para que el Congreso de la República, por vía estatutaria, regule de manera integral esta materia”, sostuvo el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional.
“Estas normas siguen rigiendo, porque la decisión de la Corte, sabiendo que se tratan de un tema sensible, que implica la regulación de aspectos del derecho de reunión y las aglomeraciones complejas y no complejas, no podía tener un vacío normativo, por eso la Corte sostuvo las normas vigentes hasta 2019, con la expectativa de que en este tiempo el legislador expida la ley correspondiente”, dijo Guerrero.
En ese orden de ideas, el Nuevo Código Nacional de Policía sigue vigente y hasta que no se regule, con plazo a dos años, no dejará de operar, situación que pone en vilo la continuidad del fútbol profesional colombiano, sobre todo para sus partidos denominados AAA, los que generaban un cubrimiento policial por encima de los mil efectivos.
LO QUE PIDE DIMAYOR
Dimayor y sus clubes profesionales manifestaron esta semana en comunicado de prensa su preocupación y enfático rechazo ante la obligatoriedad que establece el Código Nacional de Policía en la contratación de empresas de seguridad privada que sustituyan a la Policía Nacional en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el espectáculo del Fútbol Profesional Colombiano.
“El Fútbol Profesional Colombiano deja sentada de manera pública su posición institucional respecto a este asunto después de haber agotado el conducto regular de queja ante la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol sin lograr respuesta alguna”, aseguró la Dimayor.
“En caso de no lograrse una respuesta positiva a las anteriores preocupaciones del Fútbol Profesional Colombiano por parte de las autoridades correspondientes, encargadas de la reglamentación del Código de Policía, la Dimayor y sus clubes adoptarán las medidas que correspondan con miras a conjurar esta problemática, ya que está en riesgo la seguridad de los asistentes (familias, menores de edad y ciudadanos en general) a este espectáculo deportivo de orden nacional sin la presencia de la Policía Nacional”, añadió.
Y es que según Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, “mil 200 policías tendrían que ser reemplazados por 1200 personas de una empresa de seguridad y la logística que la atiende directamente el club, tendría que ser contratada con una empresa, constituida con seis meses de anticipación. Aquí lo fundamental es la seguridad de las personas que asisten a los estadios. Nosotros no podemos permitir que personas particulares garanticen la seguridad del Estadio”.
La preocupación de los clubes es que deberían contratar empresas de logística y seguridad para los partidos, un gasto adicional que no está en el presupuesto del año y que implicaría todo un acondicionamiento de personas que no conocen las tareas que la Policía ya tiene planificadas.
De allí surgió el interrogante sobre los guardas de seguridad de un conjunto residencial, que son quienes operan en las empresas de seguridad privada y a quienes tendrían que contratar los clubes y Dimayor para garantizar el cuidado de las personas al interior y exterior del escenario deportivo.
Además, esta norma no sólo toca al fútbol colombiano, también alcanza eventos multitudinarios como conciertos o, regresando al fútbol, partidos de la Selección Colombia de Mayores, que este año recibirá en Barranquilla a las selecciones de Brasil y Paraguay por la Eliminatoria Suramericana al Mundial de Rusia-2018.
¿CÓMO SE MANEJA EN OTROS PAÍSES?
Al buscar ejemplos de otros países en el manejo de la seguridad en los estadios, no es posible comparar las ligas europeas como España, Inglaterra o Italia, como tampoco los grandes eventos en los Estados Unidos, pues llevan muchos años de adelanto en cuanto a organización, planificación y ejecución de los espectáculos deportivos, por eso hay que mirar escenarios más cercanos a lo que es Colombia, como por ejemplo Argentina, Uruguay o Perú.
En el fútbol argentino, por ejemplo, cada club contrata uno o dos jefes de seguridad, generalmente escoltas de empresas con policías en retiro. Ellos se encargan de coordinar todo el esquema de seguridad de los clubes en concentraciones, entrenamientos y partidos, pero a la hora del espectáculo, de cada juego, la Policía local es la encargada de velar por la seguridad de los aficionados, dentro y fuera de los estadios.
En Uruguay es diferente. La seguridad es mixta, con Policía y entidades privadas contratadas por los clubes. Por ejemplo, “en los partidos Nacional-Peñarol, siempre hay seguridad privada de los clubes, además de la Policía y en los partidos no tan complejos, hay igualmente de los dos, aunque en menor cantidad”, explica Juan Pablo Romero, periodista del Diario El País de Uruguay.
En Perú sí está reglamentado, pues “antes de mediados de 2016, cuando se emitió la ley, toda la seguridad en los estadios era asumida por la Policía, pero a raíz del nuevo Gobierno, impusieron mano dura para comprometer a los clubes en el tema de seguridad, porque vivimos en un país con mucha inseguridad ciudadana, que no se puede dar el lujo de ocupar más de mil policías durante un día entero para un clásico”, contó Carlos Salinas, director del Diario Deportivo Libero de Perú.
Salinas explicó que “la ley organizó todo con dos condiciones principales: que los clásicos se juegan sólo con afición local, y que los clubes ponen una cantidad de efectivos de seguridad y el Ministerio del Interior dispone de otra cantidad”, y esa repartición es que los clubes velan por la seguridad al interior del escenario y la Policía se encarga de los exteriores del escenario deportivo, pero el Código Nacional de Policía en Colombia dice claramente que no prestará el apoyo ni adentro, ni afuera del escenario.
En el Artículo 62 del Capítulo IV del Código se aclara que “la seguridad interna y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla con empresas de vigilancia y seguridad privada y/o empresa de logística legalmente constituidas”.
La determinación del Nuevo Código Nacional de Policía es entonces el centro de la polémica en Colombia. Así las cosas, de llegarse a materializar la determinación de suspender de manera provisional el fútbol colombiano o jugarlo a puerta cerrada, se causarían impactos colaterales como el afectar el empleo para quienes venden bebidas y alimentos en los estadios, así como para las empresas encargadas de contratar la boletería, y ni qué decir de las compañías de logística que hacen parte del espectáculo en cuanto a coordinación externa e interna de accesos y acomodación de los aficionados, entre otros factores. Y claro, sumar a esto el impedimento para que los colombianos puedan asistir a un espectáculo deportivo con la seguridad garantizada.
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