Una instancia de resolución de conflictos determinó que la Autoridad del Canal de Panamá deberá pagar 233 millones de dólares por sobrecostos al grupo de empresas europeas a cargo de la construcción de las nuevas esclusas para la ampliación de la vía interoceánica.
La decisión se refiere al reclamo de los contratistas sobre el tipo de mezcla de concreto y el agregado de basalto, un aspecto de la construcción en el cual el grupo constructor argumentó tuvo costos superiores a los estipulados en el contrato.
El contratista reclamaba en ese caso unos 463 millones de dólares, de los cuales, la junta le reconoce sólo 233 millones de dólares.
La Autoridad del Canal informó sobre la decisión el jueves mediante un comunicado en el que señaló que la junta de resolución de conflictos emitió "su decisión en la que reconoce el pago de una fracción de los montos reclamados por el contratista Grupos Unidos por el Canal S.A.".
La junta también reconoció una extensión de 176 días en el tiempo de entrega, de los 265 que reclama el contratista, un consorcio de cuatro empresas que lideran la española Sacyr y la italiana Impregilo.
La Junta de Resolución de Conflictos es la segunda instancia de reclamos luego de ser presentados ante la ACP.
La parte no satisfecha con la decisión, es decir las autoridades del canal, tienen la opción de elevar el caso ante un Tribunal del Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.
En ese sentido, el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo que este no es necesariamente el final del proceso.
"Aunque en esta instancia hay un reconocimiento parcial en ambas direcciones nos corresponde hacer un análisis profundo técnico y jurídico de esta decisión para dar el paso que más convenga a los intereses del Canal" dijo Quijano.
No se conoció de momento una reacción por parte del grupo constructor.
Hasta el momento, los reclamos interpuestos por el grupo suman unos 2.348 millones de dólares, lo que duplica el precio por el cual se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas, el segmento más importante de la ampliación, que tiene un costo global de 5.250 millones.
Los dos últimos reclamos fueron hechos por el contratista a fines del 2014 por un monto de 748 millones de dólares por supuestos sobrecostos en el costo de la construcción de las nuevas esclusas y hasta por daños de imagen. Esos se sumaron a los que planteó hace un año también por presuntos sobrecostos que totalizaban 1.600 millones de dólares, y que incluían entre otros el recién resuelto por la instancia de resolución de conflictos. Esos reclamos llevaron a una paralización temporal de los trabajos en la ampliación del canal a comienzos del 2014.
La obra se reactivó tras un acuerdo posterior en que el canal y el grupo accedieron a inyectar entre ambos 200 millones de dólares, utilizar 400 millones de una fianza y extender los plazos para el pago de adelantos multimillonarios concedidos por el canal para el arranque de los trabajos.
El grupo cumplió luego de resuelto el conflicto con el traslado de 12 de 16 compuertas que faltaban por trasladar desde Italia a Panamá.
El año pasado la junta de resolución de conflictos decidió a favor del canal en dos reclamos del contratista que alcanzaban casi 130 millones de dólares.
El proyecto tiene un avance general en 84%, de acuerdo con las proyecciones oficiales. El canal ampliado estaría en operación plena en el primer trimestre del 2016, aunque con un retraso de algo más de un año según lo previsto originalmente.
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