Aunque los criterios para resarcir a los consumidores no se conocen hasta el momento, son $18 mil millones de pesos los que destinaría la compañía para compensar económicamente a sus más de 27 millones de usuarios en prepago y pospago a nivel nacional.
Ante esta medida, el economista Eduardo Sarmiento aseguró que “esa suma es mínima, eso no le significa nada a Claro y eso no compensa, en cierta manera, los perjuicios de los usuarios”.
Dijo, además que “el problema no está en el último corte o trancón, el problema está en un sistema monopólico que se da el lujo de tener niveles de falla mucho mayores que los de cualquier otra actividad o empresa”.
La medida fue tomada luego de la falla técnica que se presentó este miércoles y que dejó a un número de usuarios indeterminados sin servicio de voz y datos y que representó un nuevo golpe a la imagen de la compañía, generando un descontentó viral en los usuarios y alertó a las autoridades. (Lea aquí: Claro tendrá que resarcir económicamente a sus clientes: CRC)
Para Miguel Ángel Herrera, gerente general de Burson-Marsteller Colombia, la decisión de Claro de resarcir a sus usuarios responde, entre otras cosas, a una determinación de tinte político. Según Herrera, en el caso de Claro “ha habido una presión del Gobierno para que la compañía mejore sus prácticas”, y en ese sentido, dicha “presión” a través de los mecanismos de regulación, vigilancia y control "ha surtido efecto", dijo.
“Lo que está haciendo Claro es pasar de una posición intransigente a una posición más política porque le preocupa su reputación y la sostenibilidad de su negocio en el país”, aseguró el experto.
Herrera reconoció, además, el poder que tiene la ciudadanía en la actualidad para reclamar y exigir la prestación de un servicio de calidad, “no me cabe duda que si no hubiera habido el activismo y la viralidad digital que ayer hubo de los miles de usuarios, quizá la compañía no los hubiera decidido compensar”, dijo.
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