El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, le envió una carta al Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, donde manifestó su preocupación por la crítica situación que se está presentando con el ingreso ilegal de productos lácteos desde Venezuela.
Según Lafaurie, la situación es 'paradójica', pues mientras “para Venezuela es estratégico no salir de sus productos agropecuarios básicos y para Colombia es estratégico no recibir más allá de lo aprobado en acuerdos comerciales, el contrabando hacia nuestro país está afectando el abastecimiento venezolano y los ingresos de los productores colombianos”.
En el documento, el directivo añadió que “es un crimen contra los consumidores venezolanos, que la leche y los quesos que allá se están necesitando, estén siendo enviados a Colombia de contrabando; y es un crimen contra los ganaderos colombianos, que además de las importaciones acordadas en los TLC, el precio de la leche cruda esté siendo afectado a la baja por el contrabando”.
El Presidente de Fedegan dijo, además, que según estimaciones de las organizaciones ganaderas en las regiones, “a Barranquilla llegan entre 3 y 5 toneladas diarias de leche en polvo de varias marcas venezolanas, y no menos de 100.000 kilos de queso cada semana, que son comercializados localmente y cerca del 60% es distribuido hacia el interior del país”.
Recalcó también que “detrás de esta situación está la enorme distorsión cambiaria entre las dos monedas, suficiente para remunerar al comprador ilegal colombiano, y también para el contrabandista venezolano, que convierte sus pesos a dólares y los vende en su país a un precio, hasta siete veces superior al del dólar regulado por el gobierno venezolano”.
De la misma manera denunció que el negocio funciona desde la frontera con Arauca, donde “con la protección y el permiso de las Farc, está ingresando queso en barras en grandes cantidades y a precios irrisorios, de hasta $2.000 el kilo, que es reempacado y enviado luego hacia Bogotá”, indicó.
Por estas razones, el presidente de Fedegan le solicitó al ministro Lizarralde “reactivar los mecanismos interinstitucionales con participación de los gremios, con miras a adoptar medidas de choque contra el contrabando”.
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