Proyecto de Ley busca se expidan normas contra la gran corrupción tributaria

21 de noviembre de 2018 06:10 PM

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En días pasados, el senador Jorge Enrique Robledo radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 192 de 2018 de Senado “Por el cual se expiden normas contra la gran corrupción tributaria y se dictan otras disposiciones”.

Esta iniciativa tiene como objeto dictar las medidas en contra de la corrupción tributaria, así como fortalecer la DIAN y dar garantías a los ciudadanos para que los organismos de control no se empleen con fines electorales.

Así mismo, se busca que el contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes o realice cualquier acción que afecte el monto a pagar de su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, sea sancionado con pena privativa de libertad de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa del veinte por ciento (20%) del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente, siempre que su renta o patrimonio sea igual o superior a siete mil doscientos cincuenta (7.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, los asesores tributarios de personas naturales y jurídicas que orienten la evasión de impuestos por valores superiores a siete mil quinientos (7.500) smmlv, serán corresponsables por dichas conductas y tendrán las mismas sanciones previstas para los funcionarios públicos contempladas en el artículo 313 A del Código Penal.

Se crearía el Bloque de Búsqueda contra la evasión, como un grupo élite de la DIAN, especializado, conformado por funcionarios de carrera de las más altas calidades que investigue y sancione los casos de gran evasión y uso de paraísos fiscales.

Adicionalmente, las personas jurídicas involucradas en acciones de corrupción serán sujetas a un proceso de desestimación de la personalidad jurídica. Los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos de corrupción, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.

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