En el texto de la cuestionada reforma tributaria, que ya está en camino a ser votada por las plenarias del Congreso la otra semana, pasó un grupo de normas que se podrían considerar como una ‘mini reforma’ para incentivar la inversión de los privados en las zonas que fueron afectadas por el conflicto.
Esto hace parte de los compromisos que asumió el Gobierno Nacional en el marco del posconflicto y el acuerdo de la terminación del conflicto con las FARC, el cual ya fue refrendado la semana anterior en el Congreso y que ahora se deberá reglamentar en el mismo.
Unas normas similares ya han sido aprobadas en años anteriores cuando se presentaron catástrofes como la avalancha del Páez.
El capítulo aprobado al respecto se denominó como incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socio-económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac.
La finalidad de las Zomac, que se prevé serán votadas sin dificultad en las plenarias, se busca “fomentar temporalmente el desarrollo económico-social, el empleo y las formas organizadas de los campesinos y productores rurales”.
En tal sentido, se incentivará que pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, a la vez que las nuevas sociedades, dispongan nueva inversión en esas regiones afectadas por la violencia.
Se definan a las Zomac como el conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto, definidos para el efecto por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio –ART–.
Esta posibilidad tributaria no aplicará para las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión.
Entre los beneficios en concreto está que la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean micro y pequeñas empresas, que inicien sus actividades en las ZOMAC por los años 2017 a 2021 será del 0 %; por los años 2022 a 2024 la tarifa será del 25 %, mientras que para los años 2025 a 2027 la tarifa será del 50 % de la tarifa general y en adelante tributarán a la tarifa general.
La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios por los años 2017 a 2021 será del 50 % de la tarifa general del impuesto; por los años 2022 a 2027 la tarifa será del 75 % de la tarifa general; en adelante las nuevas grandes sociedades tributarán a la tarifa general.
Un artículo más aprobado, y que se considera como un mecanismo para financiar proyectos de desarrollo en estas zonas, es la creación de un mecanismo de pago del impuesto sobre la renta de carácter voluntario mediante la cual los contribuyentes con ingresos superiores a casi mil millones de pesos anuales, podrán pagar hasta el 50 % del impuesto liquidado en el periodo mediante un aporte para el desarrollo de proyectos de infraestructura, servicios públicos, salud y educación.
“Estos proyectos deberán ser aprobados por la Agencia de Renovación del Territorio, previo visto bueno del DNP, y cupo anual aprobado por el CONFIS”, dice lo aprobado.
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