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La venta de Isagén, una lucha económica, judicial y política

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Tras más de un año de anuncios, procesos judiciales y más recientemente de luchas y amenazas políticas que amenazan la salida de uno de sus socios políticos de la Unidad Nacional, el próximo 13 de enero el presidente Juan Manuel Santos estaría logrando concretar uno de sus proyectos financieros más importantes: la venta de la participación accionaria que tiene el Estado en Isagén.

Sin embargo, hasta el momento esta enajenación ha dejado más dudas que claridades sobre todo el proceso, y no sólo por lo que tiene que ver con la defensa del Gobierno para la venta de esa participación accionaria, sino también porque quienes se oponen a la misma no se han expresado con toda la verdad.

Lo primero que se debe dejar claro es que el Estado Colombiano es el único dueño de Isagén. La actual composición accionaria señala que el Estado por intermedio del Ministerio de Hacienda tiene el 57.61%, seguido de Empresas Públicas de Medellín, EPM, con el 13,14%; los fondos de pensiones con 12,54%; mientras en el resto del ponqué se lo reparten entre el denominado grupo de ‘minoritarios locales’ con el 9,02 y el de los 'minoritarios extranjeros' con el 7,69%.

Las principales voces de oposición de los actuales socios a la venta se han dado por el grupo EPM y los socios minoritarios locales, entre quienes están parte de los empleados que se han hecho a una pequeña parte accionaria.

Para el senador conservador Juan Diego Gómez, quien es uno de los principales defensores que el proceso se cumpla, acá es donde se ha querido construir parte de las mentiras con las cuales se busca frenar su venta.

“La propiedad de Isagen no es como lo han querido plantear algunas personas, que es un activo estratégico, no es propiamente un activo disponible del Gobierno Nacional. Lo que hay es un paquete accionario que equivale al 57.6% de las acciones de la compañía”, explica el legislador.

Una voz contraria y que fundamenta su defensa a que la empresa siga con los actuales dueños es la senadora liberal Sofía Gaviria, quien sostiene “Isagén es uno de los principales patrimonios energéticos que tiene el Gobierno, cómo va a salir a venderlo”.

Incluso, desde su posición una de las directivas del partido, la senadora Viviane Morales, ha empezado a liderar la posibilidad de que la colectividad se salga de la alianza que apoya políticamente al presidente Santos, la Unidad Nacional.

“La venta de Isagén, además de atentar contra el patrimonio económico, ambiental, social y cultural del país, constituye una medida antidemocrática, pues 80 senadores de la República, firmamos una constancia de rechazo a esa transacción", dice Gaviria.

Su contradictor político y regional, el senador Gómez, sostiene que esa posición es equivocada. “Cuando se plantea que se pone en riesgo la soberanía energética del país no es cierto, a Isagén no se la están llevando del país ni va a apagar las plantas generadoras. El Gobierno Nacional seguirá recibiendo recursos por vía impuestos y también seguirá recibiendo impuestos en las corporaciones autónomas regionales por las transferencias del sector eléctrico”.

En la oposición a la venta de sectores del liberalismo y del mismo uribismo, como por ejemplo el senador Iván Duque, se ha explicado que se atentaría contra el medio ambiente del país porque en terrenos de Isagén existe un gran pulmón verde.

Al respecto, también desde el conservatismo, se ha indicado que no es cierto, “las hectáreas que están en proceso de conservación las tiene que conservar quien adquiera ese paquete accionario”.

LA LUCHA JURÍDICA

La lucha jurídica que debió dar el Gobierno Santos para hacer realidad la subasta de este paquete accionario arrancó prácticamente desde 2013 cuando hizo públicos los decretos 1609 y 2316 con los que inició el trámite de la venta.

De inmediato, sectores de los trabajadores, políticos de izquierda y pequeños propietarios anunciaron que emprenderían esa lucha en los estrados judiciales para que se cayera definitivamente la venta.

Tras algunas demandas, el Consejo de Estado procedió a frenar la enajenación, mientras que evaluaba si realmente el Gobierno estaba poniendo en riesgo el patrimonio energético del país. En septiembre del año pasado falló a favor del Ejecutivo y dijo que no se estaba violando lo ordenado por la Constitución política.

Sin embargo, y ante una demanda presentada por senadores como Sofía Gaviria y Jorge Robledo, entre otros, desestimó a mediados de diciembre dicha recurso legal y ratificó que no hay ningún riesgo para el patrimonio de la nación.

LA BATALLA ECONÓMICA

Desde el primer momento en que se acordó por el consejo de ministros que se vendería esa participación accionaria, el Gobierno informó que el dinero a recaudar sería para la construcción de las vías de cuarta generación, pero no para destinar los recursos a cubrir el hueco fiscal.

Desde la oposición del Centro Democrático, se ha mostrado esa venta como la necesidad de cubrir el déficit de dinero que tiene la Administración Santos, en sus dos mandatos, para cubrir lo que se ha llamado la ‘mermelada’ o pagos a los sectores políticos que le han acompañado.

Esa idea es también muy cuestionada por el senador Juan Diego Gómez. “El Gobierno Nacional tiene allí un activo que representa aproximadamente 6.5 billones de pesos y de acuerdo a la rentabilidad que espera alcance en 2015 es que sea del 5%, de manera que son recursos frescos para la terminación autopistas de cuarta generación, lo que será muy productivo para el país porque permite generar empleo directo, conservar el crecimiento económico”, afirmó el senador Gómez.

En muchas ocasiones el presidente Santos ha defendido la venta, así como lo hizo la presente semana cuando salió a calificarla como un "muy buen negocio" para todos los colombianos.

“Isagen es un activo que produce un dividendo, una rentabilidad, pero esa rentabilidad es muy baja comparado con lo que puede producir ese mismo dinero de los colombianos, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes carreteras, las grandes obras que necesita el país”, afirmó Santos.

El jefe de Estado, además, refutó a sus aliados políticos que le quieren imponer seguir apoyándolo si reversa la venta. “Nada tiene Isagen de estratégico. La energía la puede suministrar el sector público o el sector privado sin afectar a ninguno de los usuarios, porque la energía es una industria altamente regulada. Lo que afecta a los colombianos es la regulación y no quién suministra la energía, de manera que eso no tiene nada de estratégico como algunos están aduciendo”, expresó.

LA SUBASTA

Las condiciones económicas finales con las que se llegará el miércoles a la venta indican que el precio mínimo por acción será de 4.130 pesos, un incremento de 21,5 por ciento frente al valor anterior de 3.399 pesos, publicado en mayo del 2015. Con ello, el valor de la participación de la Nación se elevó a 6,48 billones de pesos.

La puja en la subasta fimalmente estará en manos de dos compañías, BRE Colombia Investments LP, del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, que gestiona más de 225.000 millones de dólares en activos, y el Consorcio del Pacífico, de la empresa de energía chilena Colbun, que cuenta con una capacidad de generación de 3.278 MW.

LO QUE SE HARÍA

De acuerdo a la Presidencia de la República, el dinero que se recoja por la venta de las acciones en Isagén servirá para financiar parte de las siguientes obras viales.

• Doble calzada entre Ibagué y Cajamarca.

Completará el paso de la Cordillera Central en doble calzada y despejará, uno de los grandes cuellos de botella de la geografía colombiana. La obra, que agilizará el tráfico en los 42 kilómetros que separan a las dos ciudades, generará unos 2.400 empleos directos.

• Doble calzada entre Chirajara y Villavicencio.

Mejorará el flujo vehicular entre Bogotá y los Llanos Orientales, dos regiones que, pese a su cercanía física, históricamente han carecido de una buena comunicación por las dificultades que impone el paso de la Cordillera Oriental. La obra sobre los 85,6 kilómetros que separan a los dos municipios generará unos 5.900 empleos.

• Doble calzada entre Barbosa y Cisneros, incluyendo los dos nuevos túneles de La Quiebra.

Comunicará a Medellín con el Magdalena Medio, a la altura de Puerto Berrío, lo que significa una conexión más fluida entre el Valle de Aburrá y la principal arteria fluvial del país.

• Doble calzada entre Galapa y Bayunca.

Con esta obra se terminará la conexión en doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. Será una vía clave para acercar a las dos principales ciudades del Caribe y, en consecuencia, tendrá gran impacto para los desarrollos turísticos e industriales de la región.

• Doble calzada entre Ciénaga y el Puente Pumarejo.

Con esta obra se terminará la doble calzada entre Barranquilla y Santa Marta, dos polos vitales para el desarrollo turístico e industrial de la Costa. 

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