El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que el Programa de Formalización de la Propiedad Rural cerró su fase de pilotaje e inicia las acciones para establecer alianzas estratégicas claves para la masificación de la formalización en el país.
El ministro de Agricultura saliente, Rubén Darío Lizarralde, explicó que un marco legal innovador y una nueva institucionalidad judicial y administrativa para su operación; un proyecto para adelantar las actividades de formalización y actualización catastral de manera simultánea, son algunas de las herramientas en construcción.
“El actual marco legal es disperso, complicado y antiguo, dependiente de los jueces administrativos para resolver asuntos agrarios, por ello trabajamos conjuntamente en la elaboración de un proyecto de ley que agilice y garantice los bajos costos o gratuidad en los procedimientos de formalización de la propiedad rural”, manifestó Lizarralde.
Asimismo, el Jefe de la cartera Agropecuaria dijo que se necesita un un derecho agrario autoreferente y ágil para aclarar en un sólo procedimiento la situación jurídica de dos millones de los predios rurales.
De acuerdo con lo anterior, aclaró que estos representan aproximadamente el 58,8 por ciento de predios rurales en Colombia, que se encuentran desactualizados o sin formar catastralmente”.
Dijo que Colombia requiere una institucionalidad especializada y suficiente, con presencia regional y técnica que avance en las tareas de la formalización y coordine su labor con otras entidades clave en la política de tierras.
Indicó que esta iniciativa trabaja articuladamente con el Incoder, la Upra, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, el Consejo Superior de la Judicatura, con el apoyo de Cooperación Internacional.
En cuanto al rol de los entes territoriales, argumentó que el plan avanza en la tarea de empoderar a los alcaldes y gobernadores bajo el propósito de la formalización, teniendo en cuenta que con un espacio ordenado y formalizado, las autoridades pueden planificar su administración, definir espacios aprovechables y fomentar el uso eficiente del suelo.
“Actualmente el programa avanza en la formulación de seis planes municipales; Rosas, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Morales, Popayán en el Cauca, y San Agustín en el departamento del Huila”, señaló el Ministro.
Agregó que a esta iniciativa se han sumado la Gobernación de Nariño, quienes con apoyo del Programa de Formalización, iniciaron la conformación de un equipo técnico interinstitucional.
Adicionalmente, dijo que con la Gobernación de Boyacá se adelanta de manera conjunta un proyecto para realizar el saneamiento y la formalización de la propiedad rural en Ramiriquí.
“Con este proyecto se busca aplicar en el municipio mejores técnicas y tecnologías para llegar hasta la entrega formal de títulos a los campesinos, donde se hace necesario armonizar el trabajo con otras instituciones involucradas en todo el proceso de formalización de la propiedad”, afirmó Minagricultura.
De otra parte, aseguró que en conjunto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se proyecta adelantar labores de formalización de la propiedad rural y actualización catastral por primera vez en la historia del país.
“El plano predial catastral, como insumo para consolidar las transacciones sobre la tierra, es apenas el inicio de la transformación del ciclo que estamos proponiendo. Esperamos este proyecto provea los insumos para una política nacional catastro – registro, para el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia”, concluyó el funcionario.
AVANCE EN CIFRAS
Según Minagricultura, en lo corrido del año el Programa ha recibido 6.833 solicitudes de formalización, para un total de 31.058, las cuales recolectó gracias a la conformación de grupos técnicos de formalización.
Aseguró que a la fecha se han entregado 256 títulos de predios rurales privados, y con el apoyo del Incoder, 472 adjudicaciones de predios baldíos debidamente registrados. Para lo que resta de 2014, la meta es entregar 2.250 títulos de propiedad privada.
Concluyó que cerca de 21 mil familias campesinas se benefician de asesoría social, jurídica y técnica, para formalizar la propiedad de sus tierras y obtener garantías y derechos de Ley.
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