Cinco años de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concluyeron con una decisión histórica de sancionar a 12 ingenios, tres gremios y 14 personas naturales por cartelización en el sector azucarero.
Los vinculados tendrán que pagar $324.441 millones por impedir el ingreso de nuevos jugadores al mercado nacional. Específicamente, la entidad dirigida por Pablo Felipe Robledo, sostuvo que se obstruyó la importación de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Además, desestimó la investigación que tenía sobre la repartición de cuotas de mercado, que lideró la delegatura para la Protección a la Libre Competencia encabezada por Germán Enrique Bacca, tal y como lo había revelado en exclusiva LR cuando dio a conocer el informe motivado el primero de julio de este año.
Lo que sí reconoció Robledo es que el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa) es un instrumento desnaturalizado de su objeto principal por las decisiones del Consejo Directivo, pero por ser un mecanismo de política pública la entidad tiene restringida su capacidad sancionatoria en este aspecto. Por ello, exoneró de los cargos a los supuestos responsables.
Eso sí, le dio al Gobierno Nacional y al Consejo Directivo del Fepa un plazo de seis meses para modificar el mecanismo para “poner a disposición de la Superindustria las nuevas metodologías para garantizar que el Fepa se haya ajustado a los propósitos establecidos en la ley”, sostuvo Robledo.
Sobre este tema específico ya se había pronunciado en LR Jairo Rubio Escobar, apoderado del Ingenio Carmelita y exsuperintendente de Industria y Comercio, quién sostuvo que la SIC debía apelar a su capacidad de la “abogacía de la competencia” para decirle al Gobierno que revisara sus mecanismos de política pública para evitar la afectación de la libre competencia, tal y como lo hizo ayer.
Para Rubio, no basta que la entidad se dedique a proteger la diversidad de actores en un mercado a través de sanciones sino a poner a tono la política pública que en algún momento ha perdido su rumbo, como al parecer sucedió con el Fepa.
Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña, en declaraciones anteriores a LR, ha defendido ‘a capa y espada’ el Fepa y ha sostenido que no se ha convertido en un órgano de concertación (como lo mostró la SIC en el Informe Motivado), sino que contrario a ello, ha honrado la ley, teniendo en cuenta, inclusive, que es el Ministerio de Agricultura el que lidera el Comité Directivo.
El gerente de Central Tumaco, Santiago Salcedo Borrero, fue el directivo con una sanción más alta por $1.089 millones; seguido por César Augusto Arango, gerente del Ingenio Risaralda, con $998 millones, y Gonzalo Ortiz Aristizábal, gerente del Ingenio Providencia, con $ 875 millones. Londoño Capurro solo deberá responder con una sanción de $ 61,8 millones, y Clemente Carlos Mira, presidente de CI de Azúcares y Mieles S.A. (Ciamsa), de $91,4 millones.
Si se habla de las personas jurídicas vinculadas al proceso, las sanciones más altas las tienen el Ingenio del Cauca (Incauca), con $49.059 millones; el Ingenio Riopaila Castilla, con $40.157 millones así como los dos gremios: Ciamsa, con $36.470 millones, y Asocaña, con $30.445 millones. Las sanciones expuestas en la resolución de la SIC son en primera instancia y los vinculados a las investigaciones podrán hacer uso de los mecanismos que establece la ley para intentar ‘echar para atrás’ las decisiones de la entidad reguladora que son reposición ante la Superintendencia, y demandar ante la instancia contenciosa administrativa.
La entidad reveló que las multas impuestas a los ingenios “no superan 7% de sus ingresos operacionales anuales ni el 7% de su patrimonio” y se tuvo en cuenta como agravante que “algunos de los ingenios y personas naturales sancionadas multados, habían sido declarados responsables en 2010, por cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores”, recalcó el Superintendente.
Tal y como se había expresado en el informe motivado de la SIC, la recomendación de Bacca fue tomada por Robledo y la entidad decidió exonerar a tres altos directivos de las empresas investigadas, al expresidente de Riopaila Castilla entre el 20 de agosto de 2010 y el 13 de febrero de 2013, Alfonso Ocampo Gaviria; a Djalma Teixeira De Lima Filho también presidente de la misma compañía y Wilder Fernando Quintero Parra, presidente del Ingenio María Luisa.
Además, se archivó de la investigación a Luis Augusto Jaramillo Palacio, expresidente de Desarrollos Industriales Y Comerciales S.A. (Dicsa) hoy en liquidación, y quien falleció en el curso del proceso.
AFECTACIONES A EMPRESAS
Las actuaciones que vulneraban la libre competencia se demostraron en hechos tangibles que afectaron a las industrias que requerían el azúcar como insumo, sobre todo en el caso de 27 empresas consultadas en el proceso como la Compañía Nacional de Chocolates, Bimbo, Coca-Cola, Casa Luker, Noel, Nestlé, Proleche, Productos Yupi, Parmalat Colombia y Comestibles Ítalo. Uno de los casos emblemáticos tiene que ver con una supuesta licencia de importación que le fue solicitada a uno de los proveedores de azúcar de Grupo Nutresa que se ubicaba en Costa Rica.
“Una autorización a Asocaña para hacer efectiva la operación, lo cual resulta anticompetitivo en la medida en que no se le ha atribuido ninguna facultad legal para autorizar o no operaciones de importaciones de azúcar en Colombia”, señaló Bacca en el informe motivado.
¿QUÉ ES EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR?
El Fepa fue creado mediante el decreto 569 de 2000, con participación del Gobierno Nacional con los ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio. Lo que compensa son las exportaciones que se hacen a precio internacional (que es menor) con el del mercado nacional en donde venden a un precio más alto. Genera controversia pues es un mecanismo distorsionante del mercado, tal y como sucede con el Sistema Andino de Franja de Precios para el sector agropecuario.
LAS OPINIONES
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria y comercio
“La SIC le ordena al Gobierno que proceda a revisar al Fepa en un término máximo de seis meses para garantizar la libre competencia”.
Jairo Rubio escobar
Exsuperintendente de industria y comercio
“Entre las funciones de la SIC está hacer abogacía de la competencia, lo que implica decir cuándo la regulación restringe la competencia”.
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