Superindustria investiga 358 licitaciones públicas por colusión

29 de noviembre de 2015 11:28 AM

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también quiere ponerle el freno a los acuerdos ilegales de las licitaciones públicas.

Es por eso que la entidad tiene en investigación 358 procesos públicos de concurso por colusión. Así lo aseguró el superintendente Pablo Felipe Robledo, en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura que se llevó a cabo en Cartagena.

“Tenemos investigadas 529 empresas, en proceso de selección de contratación estatal, hay 358 procesos vinculados y sumado el presupuesto de lo que está en investigación, el monto asciende a $3,2 billones”, añadió.

La idea, dijo Robledo, es dar un debate que tenga como beneficio a los consumidores colombianos y que incluya la ética en la contratación estatal. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), las adquisiciones de los estados representan, en promedio, 15% del PIB de los países.

“Hay que acabar con los pliegos sastre, se tienen que dejar de ‘carroceriar’ las ofertas o presentar varias ofertas a través de un mismo controlante”, agregó el funcionario.

En enero de este año la SIC había sancionado en primera instancia a Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Gisaico S.A., Estyma S.A., y Pavigas S.A.S y a sus representantes por acuerdos anticompetitivos con un monto superior a los $6.000 millones. La multa fue impuesta por la licitación para repavimentar la vía Circunvalar Galeras realizada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

En todo caso, el superintendente insistió en que se debe discutir en el país sobre la posibilidad de complementar las sanciones que hoy impone la SIC con penas privativas de la libertad por colusión. Pese a que en el caso de las licitaciones públicas los acuerdos anticompetitivos se castigan no solo puniblemente, sino con cárcel, el debate que habrá que darse tiene que ver con que esta situación se extienda a la práctica de cartelización empresarial en general.

Incluso, se espera modificar que las multas no tengan un monto máximo en salarios mínimos, sino que se impongan teniendo en cuenta ingresos operacionales y utilidades de las empresas; así como la posibilidad de inhabilitar a las compañías sancionadas para participar en nuevas licitaciones y a los funcionarios vinculados de ejercer cargos directivos en las compañías castigadas u otras firmas.

Este año, la entidad ha “logrado la suscripción de convenios de colaboración con varios empresarios que decidieron delatar carteles anticompetitivos, seis en total, lo cual marcó un hito importante dentro de la política estatal de protección a la libre competencia”, aseguró el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Sánchez, en la rendición de cuentas.

En lo corrido del año, dijo Robledo, la SIC ha sancionado a empresas por más de $450.000 millones y ha girado a la nación por concepto de recaudo de multas unos $300.000 millones.

ANTECEDENTE

De acuerdo con el Superintendente quienes piden multas menos altas, deben evaluar los casos internacionales en los que la multa económica como sanción máxima ya pasó a un segundo plano. “Los países más importantes abandonaron el sistema que tiene como sanción máxima una suma de dinero a un modelo con patrimonio, ventas e ingresos operacionales para que el Estado no se quede corto frente a la cartelización”.

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