El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos –cuyo primer embarque marítimo se origina hoy en Cartagena desde la Sociedad Portuaria Regional (SPRC)-, no es la varita mágica que resolverá la mayor parte de los problemas económicos que tiene Colombia, como pregona con optimismo el Gobierno, ni es una amenaza para el crecimiento del país, como vociferan sus detractores. El TLC representa una oportunidad y aprovecharla depende de los propios empresarios, por una parte, y del apoyo del Gobierno, por la otra.
La responsabilidad que le corresponde al Gobierno es grande y debe ser asumida de inmediato para corregir los obstáculos dentro del país contra la actividad exportadora. El principal de ellos la infraestructura precaria de carreteras, determinante para aprovechar las ventajas del TLC.
También están los trámites todavía engorrosos en las aduanas, y en otras instituciones como Invima, Policía Antinarcóticos y el ICA, que les representan a los productores sobrecostos de hasta el 20%, según calcula Analdex.
Si nos basáramos en la experiencia de los países latinoamericanos que firmaron hace años un TLC con Estados Unidos, no hay duda de que es positivo. Por ejemplo, un año después de entrar en vigencia el tratado, las exportaciones de Costa Rica crecieron 41%; las de Perú, 25%; y las de México, 28%.
En Perú se fundaron en los dos primeros años del TLC más de 1.300 empresas nuevas, casi todas pequeñas y medianas (pymes), lo que propició la creación de miles de nuevos puestos de trabajo.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, advirtió ayer sobre un problema que podría frenar los beneficios del TLC para Colombia: la revaluación del peso, que abarata las importaciones agrícolas y al mismo tiempo dificulta las exportaciones, lo que sería un golpe demoledor para el agro.
En anteriores tratados de Colombia se había incluido la llamada “Cláusula de balanza de pagos”, que no está en el TLC con Estados Unidos, y que permite suspender los compromisos adquiridos si hay una amenaza seria de carácter externo, y orientar las divisas hacia metas prioritarias de desarrollo.
Sin ella, en caso de que el Banco de la República no sea más aguerrido contra la revaluación del peso, como le pidió el ministro Restrepo, y la crisis de los mercados de divisas se agrave, Colombia tendría que aplicar ajustes como los recientes de la Unión Europea y que cada vez más expertos dicen que contribuyen a la recesión en lugar de remediarla.
La incertidumbre de los mercados financieros hace que su liberalización, como la que se pactó en el TLC con Estados Unidos, traiga riesgos para la estabilidad macroeconómica de un país como Colombia. El control sobre los flujos de capitales, imprescindible para prevenir o enfrentar las crisis, sólo tendrá vigencia por un año, pues de ahí en adelante su mantenimiento podría hacernos objeto de demandas de los inversionistas estadounidenses.
En esas condiciones, otra responsabilidad del Gobierno, pero especialmente del Banco de la República, es garantizar la estabilidad cambiaria y unas tasas de interés adecuadas.
Es un gran reto para Colombia el TLC con Estados Unidos, pero es también la mejor oportunidad de crecer siempre y cuando se logren repartir los beneficios de ese crecimiento de manera más equitativa.
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