La odontóloga María Cristina Ruiz Noriega, fue despedida injustificadamente de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena en el año 2012.
El argumento que le dieron a la mujer, según su apoderado, fue que su contrato era de libre remoción y por tanto su estadía en dicha entidad dependía de la persona que la había nombrado. A partir de esa fecha inició un largo proceso jurídico para que se le restituyeran sus derechos.
El primer recurso que instauró María Cristina, a través de su apoderado ante el Juzgado Octavo Administrativo, falló en su contra. En consecuencia, su representante impugnó la decisión y el 4 de septiembre de este año, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, revocó la anterior sentencia y ordenó que en un plazo de 48 horas, se reintegrara la odontóloga a la entidad y se le pagaran los salarios y prestaciones sociales que había dejado de recibir desde su despido. Esta orden no fue acatada.
En consecuencia, el representante de Ruiz Noriega, el pasado 8 octubre, presentó una solicitud de incidente de desacato en contra de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena por incumplimiento de este fallo de tutela.
Dicho recurso fue fallado el pasado 24 de noviembre por el Juzgado Octavo Administrativo, y ordena a la entidad restituir la tutelante a su cargo anterior o en su defecto a uno similar o superior, pagarle una multa de cinco salarios mínimos vigentes y se condena a tres días de cárcel al representante legal de la entidad, disposiciones que pueden aumentar dependiendo el tiempo que se demoren en acatar el fallo.
“Estamos en proceso de restituirle el cargo a la señora María Cristina, tal y como lo dictamina la orden de desacato, mañana (hoy) nos reunimos con su representante para realizar el proceso”, manifestó Eduardo Sayas, jefe del Departamento Jurídico de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena.
La justificación que hizo la entidad para validar el desacato a la sentencia del pasado 4 de septiembre, fue que no había la disponibilidad física para poder reintegrar a María Cristina. Argumentando que en el cargo que ocupaba antes de ser despedida, ya había una persona contratada, y que no había otro de similar jerarquía. También manifestaron que era imposible realizar una contratación igual a la que la tutelante tenía.
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