EL Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Cartagena emitió, el pasado viernes, el auto admisorio de la tutela contra el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, Yesid Carrillo, por la presunta violación de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y petición de Danilo Contreras, aspirante no admitido al programa Maestría en Derecho.
La acción judicial tomó curso luego de una dilación de más de un mes debido al conflicto de competencias que se originó por la declaración de impedimento de la misma juez que atiende el caso, argumentando una amistad con la parte demandada. Sin embargo y a pesar de esta declaración el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, donde fue remitido el proceso y el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, consideraron que la argumentación de la funcionaria no fue suficiente y por tal razón, se le ordenó atender la acción jurídica.
Así, Haydeé Hernández, jueza encargada, dispuso vincular a los 120 aspirantes al proceso y citar a ambas partes a declarar. No obstante la solicitud de la medida provisional de Contreras, que consistía en la suspensión del proceso de matrículas del programa de posgrados que inicia clases hoy, fue denegada.
Sin puntajes
La sospecha de fallas en el proceso de admisión de la Maestría comenzó cuando en la publicación de resultados, a través de la página web, no estaban los puntajes de cada participante y era posible leer como admitidos a “Ángel Ángel”y “José Luis José Luis”, los que no corresponden a nombres y apellidos de una persona natural. (Lea aquí: Irregularidades en listado de admitidos en la Universidad de Cartagena)
Por tanto, Contreras solicitó a la facultad de Derecho de la UdeC explicar el por qué de la anomalía, junta a otras solicitudes a través de un derecho de petición.
La facultad respondió, indicando que serían publicados los resultados luego del período de vacaciones, pero no fue así.
“La información que está publicada en la página web la administran otros estamentos de la universidad, desde la facultad nosotros entregamos la información de acuerdo con los requerimientos que ellos nos hacen”, explicó a El Universal Henry Valle, jefe de posgrados de la facultad de Derecho.
Otro derecho de petición
Contreras instauró un segundo derecho de petición el 16 de enero pasado para intentar aclarar otros aspectos, que según él generan algunas dudas, como lo es la vinculación administrativa que tendría con la institución una de las participantes y el posible parentesco entre ella y el decano Carrillo, así como la documentación sobre el rendimiento académico de los admitidos y la precisión de aquellos que anotan sin apellidos, entre otros ítems.
“He venido construyendo una tesis a partir de mi investigación, que estoy intentando corroborar a través del derecho de petición”, señaló el abogado aspirante a la Maestría.
La facultad de Derecho se pronunció frente a la actuación judicial: “Dado a que uno de los aspirantes no admitido en esta cohorte presentó una acción de tutela (...) la facultad de Derecho y Ciencias Políticas dará respuesta dentro de las instancias competentes a las que tenga lugar”, indica la comunicación enviada a este medio.
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