La Directora Nacional del Programa Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación, Olga Lucia Zarate Mantilla, dijo, en Cartagena, al interior del Comité Técnico Distrital de Convivencia Escolar, que la convivencia al interior de la escuela no es un asunto que debe resolver solo el maestro en el aula de clases.
La funcionaria dijo que la puesta en marcha de la Ley 1620 de Convivencia Escolar ha sido un reto para el Gobierno ya que hasta el 11 de marzo los gobernadores y alcaldes del país tenían la obligación de constituir los comités locales, distritales y municipales de convivencia escolar.
Zarate Mantilla subrayó que el proceso implica una articulación comprometida intersectorial e interinstitucional de los actores. “Hay muchas problemáticas sociales que llegan a la escuela y la obligación de los comités es identificar la oportunidad que tienen de trabajar de manera articulada y no aislados”, precisó.
A PROMOCIONAR LA LEY DE CONVIVENCIA EN CARTAGENA
La directora, indicó que tuvo la oportunidad de escuchar a los miembros del comité distrital de Convivencia Escolar en la ciudad, “lo que identificamos como un factor fundamental es que hay que socializar mucho más la ley, pero no contándole los artículos, sino contándole a las familias, niños y rectores que es lo que está contenido al interior de la ley y sobre todo cuáles son sus retos”, detalló, Zarate Mantilla.
La funcionaria dijo que en Cartagena hay buenas iniciativas y que las entidades adelantan procesos con los colegios oficiales, pero que han sido pensadas de manera aislada, “este comité requiere que haya una toma de decisiones desde la cabeza máxima de la ciudad (alcaldía), para ver como se articula de manera integrada las acciones y se crea una sola estrategia”, subrayó.
Hacen parte del comité territorial de Convivencia Escolar en el corralito de piedra, el ICBF, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisarias de Familia, Dadis, IPCC, Secretaría de Educación, Participación y Desarrollo Social, Secretaría del Interior y un representante del los establecimientos educativos oficiales y privados.
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