El Ministerio de Educación adoptó medidas preventivas y sancionatorias para la Corporación Universitaria Rafael Núñez, y castigó a los directivos de la institución con multas que ascienden a 122 millones de pesos.
La medida se tomó este miércoles luego de revisar la situación en que se encuentra la institución educativa, en donde se constataron irregularidades en aspectos estatutarios, administrativos y especialmente financieros, que ponen en riesgo la prestación del servicio público de educación.
Según el Ministerio, con recursos de la Corporación, que ascienden a más de $6 mil millones, se efectuaron adecuaciones a edificaciones de propiedad de dos sociedades comerciales de la familia Henríquez Emiliani, que a su vez controla la junta directiva de la Universidad, y luego fueron arrendadas a la misma institución por sumas mensuales de hasta $150 millones, violando inclusive los montos que ellos mismos establecían en los contratos de arrendamiento.
Adicional a ello se encontró que el manejo que se la ha dado a la Corporación ha afectado gravemente su situación financiera, especialmente el capital de trabajo y la liquidez, pues no tienen capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo.
De acuerdo con lo anterior, la cartera de Educación procedió a decretar medidas preventivas y de vigilancia especial, en las cuales le exige presentar un plan de mejoramiento en procura de corregir en el menor término los hallazgos encontrados en la visita integral.
Adicionalmente, le solicita constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
Por otra parte, el Ministerio le advirtió a la Corporación Universitaria que no podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos por fuera de la Fiducia, y exige que la administración y gasto de los recursos sólo pueda destinarse a suplir necesidades académicas y financieras.
Le informó también que se hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la Institución, y le comunicó que en caso de que no se cumplan las condiciones exigidas durante la vigilancia, se procederá incluso a remover a los directivos y a enviar un inspector in situ.
La viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, manifestó que "seguirá trabajando de la mano de todas las instituciones de educación superior, para que cada vez más logremos incrementar la calidad en la prestación del servicio educativo, es a través de acciones concretas como estas".
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