El Ministerio de Educación Nacional multará cada 15 días con 200 millones de pesos a la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia, la cual funciona en Montería, y 64 millones al rector, Elías José Villaba, si no acata la resolución de cierre, aduciendo que funciona sin personería jurídica y oferta programas sin registro calificado.
Así lo aseguró la viceministra de Educación, Natalia Ariza Gómez, quien sostuvo que los directivos están engañando a los estudiantes al decirles que solicitaron el registro calificado, pues lo único que han hecho es montar a la plataforma unos papeles que no se ajustan a los requisitos legales y consignar un monto en el banco. “Ellos no han dado clic de solicitud de registro en la plataforma y eso quiere decir que formalmente no la han pedido porque los papeles que tienen en la misma no se ajustan a los requerimientos para la creación de una universidad indígena”, sostuvo la funcionaria.
También negó que en el Ministerio estén pendientes de resolver algún recurso por parte de los directivos. “La universidad no tiene permiso para operar y sus programas no tienen registro calificado, ni lo tienen en trámite. Esa situación no ha cambiado”, indicó aduciendo que tienen que acatar la resolución.
Con relación a la situación de los 732 estudiantes que llevan varios semestres cursados, dijo que desafortunadamente ayer venció un artículo de la ley 1740 en la cual se dejaba abierta la posibilidad de presentar exámenes en otras universidades para que les homologaran las materias, en caso que las hubieran visto en una universidad ilegal. Sin embargo, de esa fecha en adelante es imposible.
“Los estudiantes que no hicieron los trámites hasta el día 23 de diciembre, tendrán que empezar a estudiar de nuevo porque fueron estafados”, dijo la viceministra señalando que no es el Gobierno el que le ha fallado a los estudiantes, sino la universidad que ofertó programas sin tener siquiera personería jurídica.
¿Por qué creció el problema?
Ante el interrogante planteado a la viceministra por no haber advertido a los estudiantes mucho tiempo atrás, para evitar mayores perjuicios, dijo que antes del 23 de diciembre de 2014 el Ministerio de Educación Nacional no podía intervenir sobre la oferta ilegal, sino que lo debía hacer directamente la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, después de la ley 1740 el Gobierno le dio herramientas al Ministerio para hacerlo y desde ese momento empezaron el proceso en la universidad que funciona en la capital cordobesa.
Reiteró que de no acatar la orden, además de la multa económica, también podrían quedar inhabilitados para ofertar programas por un término de 10 años.
Finalmente sostuvo que no es cierto que las universidades indígenas tengan sus propias leyes y que el decreto que permite su creación establece claramente que deben cumplir los requisitos ante el Ministerio.
Comentarios ()