La enorme disparidad social y económica entre Cartagena y sus poblaciones rurales norteñas revelan el atraso educativo de estas comunidades y las consecuencias graves del olvido histórico que siguen padeciendo.
Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar y auspiciado por la empresa Equión Energía Limited que tuvo como objetivo la caracterización económica y fiscal de de Cartagena, Santa Catalina y los corregimientos y veredas de estos entes territoriales que hacen parte del área de influencia del proyecto de perforación exploratoria en los bloques RC4 y RC5, donde actualmente se buscan yacimientos de gas.
Las comunidades rurales estudiadas son: Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena, Tierra Bomba, La Boquilla, Villa Gloria, Mar Linda, Manzanillo del Mar, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, arroyo de las Canoas, Loma Arena, Pueblo Nuevo y Galerazamba.
La investigación revela que tal desigualdad se ve reflejada, en que por ejemplo, las oportunidades de trabajo en estas comunidades son inferiores en un 30% y la incidencia del embarazo adolescente es 70% más elevada en comparación con Cartagena.
“El rápido y reciente crecimiento económico y urbano de Cartagena ha tomado a estas comunidades con pocos recursos y capacidades para aprovechar las oportunidades que podría brindar esta vertiginosa expansión productiva”, precisa un aparte del informe de la investigación.
Características económicas
Entre las causas de la alta pobreza que sufren las comunidades estudiadas está el debilitamiento de la estructura económica, en términos de oportunidades y generación de empleo y el precario nivel de educación de los residentes.
Jorge Alvis Arrieta, director de la investigación y docente de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Bolívar explica que el débil sistema financiero de estas comunidades está soportado, en parte, en los procesos de expansión urbana del sector turístico que ha absorbido una gran porción de las tierras que anteriormente eran usadas al cultivo.
“Esta expansión turística ha disparado el precio de la tierra y muchos nativos han optado por venderlas, lo que ha originado un desplazamiento de actividades tradicionales y de baja productividad como la pesca, la ganadería, la cría de animales, y la agricultura. En cambio los pobladores se están dedicando a actividades de servicios informales de alta vulnerabilidad como el mototaxismo y la oferta turística”, comenta Alvis.
El ingreso promedio mensual de una familia de las comunidades estudiadas está en el orden del millón de pesos, unos 200.000 pesos más bajo que un ingreso promedio de un hogar en Cartagena y además con el agravante que las familias de estas poblaciones son numerosas; tienen una media de 6 ó 7 integrantes, lo que hace que el dinero devengado sea insuficiente para satisfacer todas las necesidades.
Precaria educación
El estudio, también, revela que el promedio de escolaridad de estas comunidades está entre los 7 y 8 años, mientras que el de Cartagena está entre 11 y 12 años; lo que marca una profunda diferencia en la capacidad que tienen los residentes de estas poblaciones para ser mucho más productiva y generar mayores oportunidades y más ingresos económicos.
Sobre esto, Jorge Alvis Arrieta afirma: el nivel de analfabetismo en estas poblaciones supera el 10% y otro indicador aún más contundente es el alto grado de analfabetismo funcional que existe entre estos residentes. Este analfabetismo va más allá de saber leer y escribir, se refiere más bien a las capacidades de estos pobladores para hacer una hoja de vida y presentar una entrevista de trabajo exitosa que le represente una oferta laboral. Esto es delicado porque eso les impide insertarse en el mercado”.
RecomendacionesEl estudio hace tres grandes recomendaciones para jalonar el progreso de las comunidades estudiadas.
El primero es garantizar los medios de vida de las personas, eso tiene que ver con la generación de empleo y el desarrollo de proyectos productivos que pueden mejorar los ingresos de la gente.El segundo componente es el social y requiere de la participación del Estado y de la empresa privada para trabajar en el acceso de la comunidad a servicios, vivienda, salud y educación, los cuales son fundamentales para el mejoramiento del modus vivendi.
Y el tercero es el fortalecimiento de las capacidades a nivel comunitario, es decir qué hacer para empoderar a esas comunidades para que ellas mismas sean gestoras de su propio desarrollo.
“Esto garantizaría tres cosas fundamentales: la equidad para disminuir la desigualdad existente entre lo urbano y lo rural y la sostenibilidad para que las iniciativas que se hagan, se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo”, dice Alvis.
Datos del estudio
El estudio se hizo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013 y se soporta en una encuesta que tiene 6.500 observaciones, la cual fue aplicada a cerca de 3.400 residentes de las poblaciones estudiadas.
