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Tras las marchas, educación superior sigue en la búsqueda de ser más integral

Siete años han pasado desde el 2011 cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desde ese entonces el país no sentía una expresión tan contundente en las calles como la que se apreció el 10 de octubre en las principales ciudades del país. 

En esta ocasión, la gran movilización nacional por la financiación digna de la educación superior pública constituyó una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y actores privados que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia sobre la incorporación de nuevos recursos para el funcionamiento e inversión de estas.

Con pancartas, música y lecciones de ética, como la limpieza a los buses de Transmilenio que pintaron en Bogotá en el transcurso de la marcha, la comunidad académica recorrió desde cada región sus ciudades. Una sola cosa predominaba y con el hashtag ‘LaEducaciónEsEsperanza’ el país, una vez más, fue testigo del deseo de una educación garantizada y sostenible ya que la ola de la desfinanciación toma cada vez más fuerza. Por esto COLPRENSA consultó con rectores y analistas sobre lo que viene ahora para las instituciones y las posibles soluciones a corto y largo  plazo con respecto a la crisis.

EL INICIO

La decisión del Gobierno Nacional de reestructurar el programa educativo ‘Ser pilo paga’ puso nuevamente sobre la mesa el tema de la desfinanciación que existe, y que no es nueva, en el sector de la educación pública superior, la cual se ha convertido en un dolor de cabeza para las universidades, que calculan su déficit en más de $18 billones: $3,2 billones para el funcionamiento y $15 billones en infraestructura.

La primera institución en alzar la mano y pedir un S.O.S. para este fenómeno fue la Universidad Nacional de Colombia, liderada por su rectora Dolly Montoya, quien hizo público que el plantel tenía un ‘hueco’ de 60.000 millones de pesos manifestados en la nómina administrativa y el cual debería ser resuelto antes de finalizar el año.

“La marcha demostró que el país está unido y que se necesita con urgencia una reforma al sistema educativo del país. No basta con decir que se le está dando al sector educación el presupuesto más alto de la historia porque eso no soluciona el problema de fondo. El Gobierno Nacional no ha entendido que esto más que ser económico se trata de una voluntad política y social, el querer un cambio para los centros que forman a los profesionales del país”, expresó Montoya.

Desde la mirada del rector de la Fundación Universitaria UniHorizonte, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, quien coincide con la de la rectora de la Universidad Nacional, tras las marchas lo que queda es la necesidad de que se piense en hacer una reforma del sistema de educación superior en el que se integre tanto al sector público como privado y que resuelva el problema contextual de como se está entendiendo la función de la universidad.

“El Gobierno Nacional y la ciudadanía está cometiendo el error de quedarse pensando que la educación superior en el país solo la brinda una universidad, cuando la realidad es otra. En Colombia hay un gran margen de instituciones de educación superior, es decir, también se deben incluir a las instituciones técnicas, tecnológicas y las universidades”, dijo Rodríguez Pulido, quien resaltó que cuando solo se habla de universidades se tienen en cuenta las 32 públicas y las 53 privadas dejando por fuera las demás instituciones de formación académica superior que suman 292 en el Sistema Nacional de Educación.

El rector de la UniHorizonte enfatizó que el Estado debe garantizar como política pública un modelo de financiamiento que permita un mecanismo de transferencia directa para las universidades públicas y para las privadas crear programas que ayuden a financiar la matrícula de los estudiantes de tal manera que haya un equilibrio para las dos partes, así como para las demás que conforman el sector en el país. 

PAÑITOS DE AGUA TIBIA 

El movimiento que se generó el miércoles, trajo consigo dos anuncios por parte del Gobierno Nacional. Uno de ellos 80.000 nuevos cupos estudiantiles gratuitos en las universidades públicas para 2019. El otro anuncio se hizo desde el Ministerio de Hacienda que destinó medio billón de pesos más para las universidades públicas. Sin embargo, las universidades tanto públicas como privadas afirmaron que este monto no responde a los retos que tienen, ni mucho menos a los del sistema educativo en general. 

Para el economista de la Universidad del Rosario, Giovanni Efraín Reyes, el anuncio sobre la adición del medio billón al presupuesto de la educación superior para 2019 no evidencia una voluntad política sino al contrario, muestra un afán de dar “calmantes” a algo que está latente. 

“Lastimosamente el Estado se está haciendo el de la vista gorda al no aceptar que la educación en general tiene menos presupuesto y mayor cobertura y producto, lo que conlleva a que el déficit vaya creciendo aún más.  El planteamiento no es que la universidad quiera más recursos, sino que lo que piden es que se salde la deuda que viene por tantos años, por otra parte, es necesario tener en cuenta que si el recurso humano no tiene educación este país no será competitivo”, agregó el experto.

Reyes explicó que esa “inyección” de recursos, de los 17 billones que se adeudan solo van a pagar 0.5 billones lo que lleva a que la amortización de la deuda, a ese ritmo, sea dentro de 34 años. “Que $500.000 millones solo abonen una pizca a la deuda demuestra que no se está planteando de fondo la situación y peor aún, no están revisando los números, algo que empeora totalmente la situación”, agregó el economista.

El rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, rechazó que la inversión vaya al sector de la educación y no a las 32 universidades públicas directamente. 

“La petición nuestra es muy clara, se trata de que se adicionen $500.000 millones a las 32 universidades públicas del país, no a la educación superior, porque vuelve y pasa lo que ya ha pasado en otras ocasiones que la plata que nosotros reclamamos, la toma el Ministerio de Educación y la reparte a las privadas, a concursos y no llega directamente a las universidades públicas”, expresó Chacón.

El directivo especificó que de la suma anunciada $223.000 millones irán a una bolsa por la que competirán las 32 universidades públicas del país, para proyectos de investigación, bienestar y extensión, y solo $55.000 millones serían para el funcionamiento perdiéndose la petición de $1,5 billones para garantizar la operación de las universidades el 2019.

A su vez, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, afirmó que de esos recursos “solo $1.000 millones llegarían para el financiamiento de la institución, monto insuficiente para terminar el año”.

“Yo siento que el Gobierno ha hecho su mejor esfuerzo, pero esto son pañitos de agua tibia y no resuelve el problema de fondo, el estructural, tampoco son suficientes esos recursos, no se está tomando en cuenta el déficit de este año. Tenemos que sentarnos a mirar al futuro para que cada año no estemos mendigando recursos como siempre, sino que ya tengamos un plan”, dijo Arboleda. 

Frente a esta situación, Alejandro Palacio, representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, el anuncio del Gobierno fue para hacerle “conejo a los estudiantes” ya que, según él, el destino del dinero no aplaca la deuda. 

LA LEY

Junto con el reclamo de una deuda histórica, también se evidenció que otro de los ‘karmas’ de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley pero que sí ha generado una brecha financiera, que las instituciones públicas aseguran no poder soportar a pesar de que en el Presupuesto General de la Nación para el 2018 se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).

Para la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa”, pero con “un error enorme” y es que no fijó un 'techo'.

Veintiséis años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que se refleja en atrasos de nómina e infraestructura, argumenta la rectora de la Nacional. 

“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, sostuvo Montoya, quien junto con las demás universidades estatales del país se han puesto en la tarea de pedir al Gobierno Nacional modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

Este panorama que no es desconocido ni nuevo para las otras 31 universidades públicas del país también toca a las regionales. Una situación similar, pero con un déficit más alto, vive la Universidad de Antioquia, que hasta el día de hoy tiene un ‘hueco’ presupuestal de 68.700 millones de pesos, con menos de cuatro meses por delante para solventarlo.

“Estamos pasando momentos duros, creo que las universidades más golpeadas son las regionales. Al Gobierno se le ha olvidado que nosotros somos los que damos mayor cobertura educativa, llegamos hasta el último rincón para que los estudiantes no se tengan que quedar sin estudio o irse a pasar necesidades a Bogotá por unas clases centralizadas que les saldrán por un ojo de la cara”, contó el rector  Arboleda. 

Señaló que esos recursos les urgen para poder terminar el año “equilibrados”, pues se está afectando el pago a los docentes con mayor preparación académica. “En la institución tenemos docentes con doctorados y grandes especializaciones a los que no les estamos pagando lo que se merecen de ley porque estamos sin dinero y el Gobierno solo está pensando en el 2019 pero y lo de ahora ¿qué?”, dijo el rector, quien añadió que la falta de financiación también está afectando la demanda de estudiantes que buscan un cupo en la educación superior pública.

¿Y AHORA?

La marcha finalmente dejó aún un suspenso frente a las decisiones que se seguirán tomando. Desde la academia los rectores proponen que el problema se trate desde dos tiempos: uno inmediato y otro a futuro. Mientras se va construyendo tejido social. "Nosotros seguimos en pie de fuerza luchando por que la educación superior sea más integral, mientras tanto esperamos que podamos sentarnos con el Gobierno Nacional para hablar sobre esto e implementar acciones que generen cambios a fondo", sostuvo la rectora de la Universidad Nacional.

Así mismo, varias facultades de las universidades públicas han entrado en paro indefinido hasta que no sientan una decisión “real” por parte del Gobierno” algo que, para el representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional, “no solo deja los campus vacíos sino también la educación”. 

De igual forma, se espera que la próxima semana cuatro profesores de instituciones de educación superior vayan a huelga, a partir del 16 de octubre, para exigir apoyo del Estado, ante dicha problemática.

En una carta dirigida al Gobierno Nacional, los docentes universitarios exponen que ha “brillado un extremo mutismo” en la entrega de respuestas a las peticiones presentadas por estudiantes y profesores sobre la crisis.  



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Comentarios

DUQUE EL "PAGANINI"

TODOS LOS SECTORES NECESITAN MÁS RECURSOS SI LUGAR A DUDAS...
POR QUÉ DEJAMOS ACUMULAR LAS COSAS, PERMITIENDO QUE LA "MERMELADA" NOS CIERRE EL ENTENDIMIENTO?
TODO LO "GRATUITO" TIENDE A CONVERTIRSE EN PROBLEMA
NO SIGAMOS CONFUNDIENDO "INSTRUCCIÓN CON EDUCACIÓN". HOY POR HOY, MUY POCOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN "EDUCAN", COMENZANDO POR LAS UNIVERSIDADES.
ESTAS MARCHAS ESTÁN DANDO PRUEBA DE ELLO...

CONTINUANDO...

ESTAS MARCHAS SON SÍ, UNA VOZ DE ALERTA.
SIN EMBARGO: EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN LO CUBRIMOS TODOS LOS COLOMBIANOS CON IMPUESTOS Y ESO PARECE NO LO SABEN MUCHOS DE LOS "EDUCADOS" PROFESORES Y ALUMNOS QUE MARCHAN
MUCHO HAY QUE HACER, PERO VAMOS A TENER QUE COMENZAR POR PENSAR CÓMO HACERLO, PARA QUE NO SE NOS ROMPA EL BOLSILLO CON LOS IMPUESTOS.
NO PODEMOS MARCHAR Y HACER DAÑOS, ES MAL EDUCAR

SIGAMOS

REALMENTE, QUÉ APORTAMOS EN COMPENSACIÓN, QUIENES EGRESAMOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS? LO HEMOS SO PESADO Y REPENSADO?
AHORA QUE SE HABLA TANTO DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, QUÉ HACEN LAS UNIVERSIDADES, PARA AYUDAR A SALIR DE LA SITUACIÓN?
TANTO ESTUDIANTE ALBOROTADO, QUE DEMORA 8-10 AÑOS PARA GRADUARSE, QUE APORTA? CÓMO CONTROLAN LAS UNIVERSIDADES ÉSTO?
ES PROBLEMA DE TODOS, PONGÁMONOS A PRUEBA

EJEMPLOS...

EL FAMOSO "DERECHO DE GRADO", BIEN COSTOSO POR CIERTO,EN QUE SE INVIERTE? DAN INFORME?
LOS DIPLOMADOS PARA GRADUARSE...CUÁNTO APORTAN? SON COSTOSOS
CUÁNTO SE RECIBE POR "INSCRIPCIONES"? SON MILES PARA ACEPTAR SI MUCHO EL 10%.
ANALICEMOS: SON LOS MÁS REVOLTOSOS, BUENOS ESTUDIANTES? CUÁLES SON SUS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, ADEMÁS DE "PEDIR Y EXIGIR"?
SOMOS MAL EDUCADOS HASTA PARA "PEDIR", A PENSAR