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Infanta Cristina, en la mira de la justicia por posible blanqueo

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El juez de Palma de Mallorca que instruye la investigación por presunta corrupción contra el yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, pidió este martes al fisco un nuevo informe sobre su esposa, la infanta Cristina, investigada por blanqueo, informó el tribunal.

Ahondando en una investigación abierta en mayo a la hija menor del rey, de 48 años, el juez José Castro dictó "una providencia en la que libra oficio a la Agencia Tributaria para solicitar información de las operaciones con terceros en las que haya intervenido la Infanta Cristina de Borbón", informó el tribunal.
El 3 de abril, el magistrado había imputado a la infanta por tráfico de influencias en el marco del denominado 'caso Nóos' que implica a Urdangarin, pero tuvo que suspender dicho procedimiento a petición de la fiscalía anticorrupción, a la espera del resultado de la investigación de un "posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero".
Con el objetivo de esclarecer "supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales", Castro había pedido el 24 de mayo al fisco español "un informe sobre las cuentas corrientes que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular".
El nuevo informe solicitado ahora profundiza una investigación que ha contribuido a erosionar la imagen de la familia real española, golpeada por varios escándalos, entre una población asfixiada por la austeridad e indignada por los múltiples casos de corrupción.
Urdangarin, excampeón de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está imputado junto con su exsocio Diego Torres de haber malversado presuntamente 6 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006.
Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España, fue miembro de la junta directiva de Nóos y poseía a medias con su esposo la empresa Aizoón, también bajo investigación por haber cobrado presuntamente servicios inexistentes y que podría haber sido utilizada como sociedad pantalla.
En un intento por preservar del escándalo al entorno más cercado al rey, Urdangarin fue apartado de los actos públicos de la familia real a finales de 2011.
La semana pasada se anunció que la infanta se trasladará próximamente a vivir a Ginebra con sus cuatro hijos por motivos laborales, mientras que su marido, de 45 años, permanecerá en Barcelona, donde residen actualmente.

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