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Los rumores de golpe

El pasado fin de semana el Canal Capital, de Bogotá, divulgó correos entre oficiales retirados de las Fuerzas Militares.

Inconformes con su régimen pensional y el sueldo de los militares, sugieren que este malestar podría desembocar en coroneles o generales poniendo “las cartas sobre la mesa”, y exigiéndole al presidente cumplir con sus obligaciones y compromisos electorales, “o de lo contrario removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor de 6 meses”.

En un intercambio de correos entre oficiales retirados, semejante afirmación puede verse como un desahogo verbal, inconveniente o incorrecto, pero convertirla en advertencia sobre un supuesto golpe de Estado fraguado por un sector inconforme con el gobierno del presidente Santos es imprudente y especulativo.

Este rumor de conspiración se suma al ambiente polarizado del país, agravado con el aprovechamiento de la indignación y miedo por el atentado contra el exministro Fernando Londoño, para desestimar los esfuerzos estatales contra el terrorismo y la criminalidad, en lugar de cerrar filas por la institucionalidad y contribuir a su eficacia.

Un gran sector de la población se opone con razones legítimas a un proceso de paz con las Farc, porque siguen matando y destruyendo al tiempo que proponen diálogos, una actitud repetida incansablemente por años.

Pero otro sector de los colombianos considera que el diálogo de paz es la única salida para un conflicto demasiado prolongado, contra el que la simple represión militar no basta.

Quienes estimulan el supuesto descontento de los militares, que podrían tener reclamos legítimos sobre su esquema salarial y de prestaciones, asegurando que ese descontento se basa en su desacuerdo con la política de seguridad del presidente Santos, juegan con un fuego peligroso.

Desde cuando el presidente Alberto Lleras ratificó la doctrina de las Fuerzas Militares no deliberantes, recién salido el país de la dictadura militar del general Rojas Pinilla, Colombia ha mantenido incólume este principio fundamental de la democracia.

Lleras Camargo dijo el 9 de mayo de 1958 en el teatro Patria: “Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en función de su disciplina, en sus reglamentos, en su personal”.

Fomentar la deliberación militar al extremo de la insubordinación, con el argumento de que la política de seguridad está fracasando, es casi un delito. Y la emboscada en que murieron ayer a 12 militares en la Guajira seguramente exacerbará esta conducta.

El presidente tiene una política de seguridad, cuyo plan de acción es trazado por la cúpula militar, y es injusto –aunque no ilegal, porque en Colombia hay libertad de expresión–, asegurar que fracasó en su objetivo de contener a la guerrilla, porque tendríamos que decir que la lucha contra la guerrilla fracasó desde hace 60 años, y ese argumento no haría más que reforzar la posición de quienes claman por un diálogo de paz.

Al país no le conviene la radicalización política, sino una discusión democrática profunda y serena.

 

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