Los analistas ahorrarían esfuerzos para explicar por qué esta región es menos próspera que otras sin tantos atractivos naturales y empresariales, si usaran el “indicador de desobediencia civil”, medido como el irrespeto sistemático de las normas. La más importante es el POT, porque es el “sueño” del entorno que queremos para nuestros hijos; su incumplimiento generalizado y la pasividad de las autoridades para hacerlo respetar vislumbran un futuro peor. Una muestra palpable es Barú, que se repite en el resto de la ciudad y de normas. El POT de Barú (Decreto 977 de Nov/01) obliga a: “un ordenamiento coherente con la conservación de los ecosistemas y su aprovechamiento en actividades ecoturísticas; los suelos de la isla se deben incorporar como suburbanos para desarrollos turísticos y recreacionales de tipo ecológico, predominando la conservación de las características naturales, ambientales y paisajísticas; los proyectos deberán en su fase inicial ser autosuficientes en la provisión de los servicios públicos hasta cuando el sistema del Distrito dé cobertura; podrán desarrollarse proyectos de hotelería, vivienda campestre y/o condominios turísticos con la intensidad de uso autorizada para cada actividad; todos los senderos, caminos, servidumbres y trayectos de uso de los nativos, deben conservarse como públicos.” Este mandato legal tan sano fue modificado por Curi (Decreto 053 de Oct/07), gracias a facultades extraordinarias que le dio un Concejo “generoso”. Ahora en Barú se permiten industrias livianas y puertos (los carboneros fueron prohibidos por oportuna intervención del Presidente Uribe). Veamos las 5 normas de uso de suelo “obligatorias” para Barú: 1) Área mínima para poder construir: 1 hectárea ó 10.000 M2; 2) Índice de ocupación: 10% (máximo 1.000 M2 de construcción por Ha); 3) Retiro mínimo de construcción: 10 metros a linderos y vías; 4) Frente mínimo: 30 a 200 metros y 5) Niveles máximos: 1 a 3 pisos (las dos últimas dependen del área del predio). Estas reglas fueron coherentes con el sueño de un POT eco sostenible pero son burladas por muchos propietarios de las 7.127 hectáreas que tiene Barú. Basta leer el riegue de valorización de la vía para descubrir que, de 939 predios rurales en la isla hay 359 predios con menos de 10.000 M2, o sea ¡2 de cada 5 no podrán construir (salvo que se consoliden con vecinos) o ya lo hicieron sin acatar el POT! Otras perlas prenden las alarmas: el trazado de la nueva vía arrasará el camino real usado desde la Colonia, un sendero ecológico irremplazable; se construyen vías de acceso a lotes sin respetar la fragilidad del suelo y la vegetación; las antenas de telefonía se montan sin contar con los vecinos; y Cholón ya se insinúa como un barrio denso donde muy pocos acogen las 5 normas. Esta “desobediencia civil” desbocada ha sido denunciada en El Universal por varios lectores, con fotos y testimonios, ¡y nadie se pellizca! Las autoridades deberían visitar a Barú más a menudo para corroborarlo. Con el prurito del “desarrollo” podríamos convertir la isla y sus 3 corregimientos en un total caos urbano, en contravía del POT redactado hace 9 años (vence en 2010). ¡Ojo, algunos van a tratar de “relajar” el nuevo POT, como hizo Curi, para convertir el sueño de una mejor calidad de vida para casi 9.000 baruleros en una pesadilla! restrepojaimea@gmail.com
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