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La minería, opacada por la muerte y la ilegalidad

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Según Ingeominas, en 2004 la mortalidad de los mineros era de un 2 por ciento y en 2009 ascendió a un 8,5%. A la fecha se han expedido 8.828 títulos mineros, terrenos legalmente certificados.

Para muchos expertos el país avanza aceleradamente hacia una bonanza minera, sin embargo, a la par de este crecimiento aumentan las cifras de accidentes fatales en los socavones del país.
Por una parte, se evidencia el importante crecimiento de la última década, donde según el Ministerio de Minas y Energía el Producto Interno Bruto del sector pasó de US$5.922 millones en el 2000 a US$17.498 millones en 2008.
Pero por otro lado, la cantidad de accidentes mineros registrados en 2010 han dejado de luto al sector. Según estadísticas del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, este año han muerto 134 mineros en accidentes laborales. Una cifra que pareciera tener una tendencia a aumentar, pues en 2004 la mortalidad de los mineros era de un 2 por ciento y en 2009 ascendió a un 8,5 por ciento.
Otro grave problema en la minería colombiana implica la vida de los menores de edad. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y datos del Dane, en el 2007 se registraban 8.499 niños trabajando en minas y canteras, explotando oro, esmeraldas, carbón y arcillas.
La Organización Internacional estima que en Suramérica existen alrededor de 500.000 niñas, niños y adolescentes que trabajan en la minería artesanal y más de 135.000 estarían en riesgo de ingresar a esta labor.
Para Guillermo Dema Rey, especialista regional en Trabajo Infantil y Empleo juvenil de la OIT, “es intolerable pensar que un niño puede estar expuesto a los peligros que implica trabajar en las minas”.
La representante a la Cámara por Bogotá Lucero Cortés, quien el pasado 8 de septiembre lideró un debate en la Comisión quinta sobre la minería, denunció que “los niños mineros existen por su situación de pobreza y porque hay demanda en algunas minas, quienes les pagan sueldos irrisorios y los buscan por su estatura baja, ideal para adentrarse en los socavones. El promedio de trabajo de la mayoría de los niños en las minas es de 16 horas diarias. El 42,5 por ciento de los menores trabajadores está desvinculado del sistema escolar, entre estos los mineros, según lo ha establecido la OIT”.

Semana de luto en el sector
Mientras el mundo entero celebraba el exitoso rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina San José de Chile, Colombia vivía un nuevo accidente, en la mina La Esperanza, municipio de Tasco, Boyacá, donde hasta el viernes dos mineros seguían desaparecidos.
En una misma semana dos accidentes más dejaron dos muertos: en el municipio de Tópaga, Boyacá, un minero murió luego de un derrumbe en una mina. Entre tanto, en Marmato, Caldas, falleció un trabajador de mina, al parecer, por manipulación de dinamita.
El pasado 16 de junio Antioquia vivió la peor tragedia minera del país, en la que murieron 73 mineros en el municipio de Amagá. Según la congresista Cortés, estos casos dejan en evidencia la debilidad del Estado en materia de seguridad minera.
La representante Cortés explicó que el problema fundamental está en la poca planificación y seguridad industrial, así como la débil vigilancia y control pese a las exigentes normas.
“La autoridad minera debe propender por efectuar visitas de seguimiento, efectuar capacitaciones y en general ejercer un mayor control de la actividad minera”, agregó.

¿Y los responsables?
La directora de gestión de riesgo del Ministerio del Interior, Luz Amanda Pulido, aseguró que los alcaldes y gobernadores son los responsables de revisar la infraestructura de las minas en las zonas y administrar los recursos que el Ejecutivo destina para evitar accidentes como los ocurridos esta semana.
“Hay una gran responsabilidad de los alcaldes de revisar las condiciones de las minas. Hemos visto minas de oro y carbón en zonas de deslizamientos”, señaló la funcionaria. Pulido solicitó a los mandatarios locales y regionales que creen oportunidades sociales para quienes trabajan en este sector.
En cuanto al tema, la representante Cortés denunció que las falencias administrativas “son las que han llevado a que las famosas Estaciones de Apoyo y Salvamento minero incumplan con las labores de prevención y que se encuentren, además, hoy casi que desaparecidas, integradas por mineros voluntarios y equipadas con los mismos equipos que tenían hace 20 años”.
Según Cortés, casos como el de Amagá pudieron ser evitados “pero las autoridades se lavaron las manos y culparon a la mina cuando ellos no cumplieron con su responsabilidad de controlar la adecuada explotación minera, de exigir los estándares mínimos de seguridad y de otorgar los mecanismos necesarios para un adecuado salvamento y rescate”.
Por los lados del Ministerio de Minas y Energía no se dieron respuestas ante las muertes y accidentes que se han registrado recientemente.
“A manera de reflexión, con la situación ocurrida en Chile el presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia al Director de Sernageomin y anunció la reforma a la institución, mientras que en Colombia a pesar de casi un centenar de muertos, no pasa nada. No se han anunciado las medidas correctivas y preventivas del caso por parte de Ingeominas para reducir o evitar que este tipo de situaciones se repitan”, concluyó la congresista.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en declaraciones desde Santa Marta ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo que “el país no debe cerrar sus posibilidades mineras, pero sí dotarse de normas y disciplina a nivel municipal y departamental para que obligue con severidad para que se use la minería con inteligencia”.
Por su parte, César Díaz Guerrero, Presidente de la Cámara Colombiana de Minería, afirmó que en el tema de seguridad minera tiene que haber un mayor compromiso del sector privado para mejorar las buenas prácticas.
“La responsabilidad de la seguridad minera es obligación del titular de la mina, pero también el gobierno tiene que aumentar la fiscalización que están haciendo en las minas colombianas y deben ser más estrictos y si es necesario suspender trabajos mineros por no garantizar la seguridad de sus trabajadores”, puntualizó Díaz Guerrero.

La persistencia ilegal
Para Aurelio Martínez, presidente del Organismo Latinoamericano de Minería, Olami, la expansión del fenómeno de la minería ilegal es el reflejo de una necesidad de subsistencia en el país. “La gente se va a sobrevivir en explotaciones artesanales”, dijo Martínez.
Alfonso Escobar, presidente de Fenalcarbón, aseguró que el Código Minero busca soluciones para llevar la minería ilegal a la formalidad y resaltó que la competencia está siendo desleal.
“Más que todo, en el interior del país se ve la minería ilegal de carbón”, dijo Escobar, quien hizo un llamado a los consumidores para que no siga existiendo la minería informal.
Ingeominas indicó que se está trabajando en mejorar la fiscalización de las minas del país y confirmó que en Colombia se han expedido hasta la fecha 8.828 títulos mineros, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera.
Sin embargo, en días pasados la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, manifestó que hay 571 títulos mineros ubicados en áreas donde no se pueden desarrollar proyectos mineros.

LA REGLAMENTACIÓN
En Colombia la minería se rige por la Ley 1382 de 2010, que introdujo algunas modificaciones al Estatuto Minero anterior y en la que se establecen parámetros más exigentes para la seguridad en las industrias mineras.
El marco normativo específico en materia de seguridad minera se encuentra definido por la Ley 685 de 2001 o Código de Minas; el Decreto 1335 de 1987 o Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas; el Decreto 2222 de 1993 o Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto; y el Decreto 035 de 1994 sobre medidas de prevención y seguridad en las labores mineras.
Los decretos sobre seguridad e higiene minera regulan los distintos aspectos relacionados con las condiciones de operación en las explotaciones mineras en el país, incluyendo el diseño minero, las condiciones atmosféricas de la minería subterránea, el uso de equipos y medios de transporte, las responsabilidades del explotador como directo responsable de asegurar condiciones aceptables de seguridad en los trabajos mineros, entre otros aspectos.

CREAR SUPERINTENDENCIA
La congresista Lucero Cortés propuso crear la Superintendencia Nacional de Minería “para subsanar algunas falencias que se vienen presentando en el sector, en especial, lo relacionado con el seguimiento, control y seguridad en su operación minera”.
Agregó que “he hecho esta propuesta consciente de la importancia económica que hoy genera el sector minero para el país, al constituirse en una de las locomotoras que impulsan el desarrollo en este gobierno”.
Y agregó: “Debemos aprovechar las facultades extraordinarias que le serán otorgadas al Presidente de la República para crear este organismo y garantizar el fortalecimiento del sector minero”.

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