Distrito pide revisión del fallo sobre lavadores a la Corte Constitucional

La iniciativa es impulsada por el gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana, Adelfo Doria Franco, que no comparte la idea de incluir a los lavadores en el Registro Único de Vendedores (RUV) porque considera que ejercen una actividad ilegal. La Administración Distrital solicitará a la Corte Constitucional la revisión de un fallo judicial de segunda instancia favorable a los lavadores de carros que laboran en la Carretera La Cordialidad. “No compartimos los argumentos esgrimidos por la Honorable Juez 2ª del Circuito de Cartagena para proteger los derechos al trabajo, libertad de empresa e igualdad de los lavadores de carros porque la actividad de lavado y reparación de vehículos en vía pública no solo es informal sino ilegal y está prohibida expresamente por la ley colombiana”, afirma el funcionario distrital. “Precedente nefasto” Mediante un comunicado Doria agrega que: “Lo grave del fallo es que establece un nefasto precedente al atar de pies y manos a las autoridades públicas y otorgar una carga a la ciudadanía para que con sus impuestos pague la ilegalidad” Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión judicial dice que “las autoridades no pueden pretender erradicar estas prácticas, sino formalizarlas, es decir, tratar que estas personas que obtienen ingresos con esta actividad se organicen bajo un criterio empresarial”. El Gerente de Espacio Público dice que el Distrito respeta la decisión judicial y que “se está estudiando la manera de cumplir el fallo sin lesionar derechos colectivos superiores ni los intereses de la sociedad cartagenera. De ninguna manera pagaremos un solo peso a los favorecidos con el fallo”. “Esperaremos” Yomaira Páez, abogada de los lavadores dice que “esperaremos pacientemente la revisión que el Distrito solicite porque no tenemos afán y queremos que la decisión sea ratificada”. La jurista aclara “estamos esperando que la Alcaldía nos presente las alternativas que tiene para mis clientes, la cual no debe ser necesariamente dinero, ya que no es nuestra única opción”. Páez afirma que “lo que sí queremos es que sean alternativas satisfactorias y que garanticen el trabajo e ingresos económicos para mis clientes”. La abogada aclara que no ha tenido acercamiento ni contacto alguno con los funcionarios del Distrito.