Destituido e inhabilitado por 12 años exalcalde de Lorica

Por un período de 12 años fue inhabilitado el exalcalde de Lorica Ulises Sánchez Genes mediante fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación.
El mismo fallo lo destituye pero ello quedaría sin efecto teniendo en cuenta que ya finalizó su período.
El proceso que dio origen a la sanción señala que hubo irregularidades en la liquidación y el pago de un contrato de obras públicas y de interventoría suscritos en el año 2008.
Se trata de la construcción, adecuación y elaboración de los diseños de un hogar múltiple en Lorica cuyo costo era de 1.500 millones de pesos.
También analizó el organismo de control el contrato de interventoría por 12 millones 900 mil pesos, el cual se adjudicó al igual que el primero, sin el lleno de los requisitos legales para tal y se adjudicó a dedo haciendo un esguince a la ley.
El proceso se inició con la denuncia hecha por el interventor del contrato Jesús David Salgado Herrera, quien argumentó irregularidades en la construcción del mismo.
En su momento se suscitó una verdadera polémica porque el abogado del entonces alcalde Sánchez insistía en que había un afán político por parte del procurador regional, Ramiro Nasif, aduciendo que había dejado transcurrir varios meses sin emitir pronunciamiento sobre el caso y que cambió el procedimiento del proceso, pasándolo de ordinario a verbal con un afán injustificado, para que el denunciante no lo atacara por la mora en atender el proceso.
Ante las diferentes posiciones en torno al proceso tuvo que ser trasladado a Bogotá.
La investigación se había iniciado en abril de 2009 debido a las presuntas irregularidades en la contratación de la construcción del hogar múltiple del barrio El Progreso.
El contrato fue suscrito con la Asociación de Municipios de Córdoba, Amucórdoba, pero se venció el plazo de ejecución de la obra sin que esta se hubiera terminado.
Fue entonces cuando el interventor Jesús Salgado Herrera, denunció algunas anomalías como la prórroga y pago de actas superiores a 200 millones de pesos, sin aplicación de una sanción pecuniaria contra Amucordoba, por incumplimientos en los términos de ejecución del contrato fijados para abril de 2009 y que se extendieron por tres meses más.
Denunció además que el contrato fue adjudicado a dedo y que se utilizó el nombre de una asociación para evitar el proceso de licitación requeridos cuando la obra supera ciertos montos.