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Caída de emergencia invernal ayudaría a corregir los errores

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La declaratoria de inexequibilidad sobre el Decreto 20 del 2011, en el que el Gobierno anunció la segunda Emergencia Social, el pasado 20 de enero, fue una decisión que sorprendió al Gobierno la semana que termina.

Quedaron sin piso otros 12 decretos que se emitieron bajo el amparo de esta nueva emergencia que decretó el Gobierno y que tenían el propósito de atender la grave calamidad pública por cuenta de la ola invernal que azota al país desde el año pasado y que, según ha informado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se recrudecerá en los próximos meses.

Además del esfuerzo que ha significado para el Gobierno atender una crisis invernal de semejante magnitud, el hecho de que varias de las iniciativas para solventarla hayan quedado invalidadas —al menos temporalmente— ha dado pie para que el Primer Mandatario califique la situación como una tortura: “Esta tragedia ha sido como una tortura china: gota a gota ha venido causando cada vez más daños. Y lo grave y lo que el pueblo colombiano tiene que entender es que esta tragedia no ha cesado ni va a cesar en los próximos meses”.

A raíz de la ola invernal, el Gobierno debió implementar un nuevo sistema para atender el desastre, debido a que —según Santos— “el que tenía Colombia se quedó pequeño y nos ha tocado improvisar uno mucho más grande y un sistema frente a una tragedia que es diferente a otras”.

Con base en este nuevo sistema (que incluyó la creación del Fondo del programa Colombia Humanitaria, y la Junta de los Fondos de Calamidades y de Adaptación) el Gobierno comenzó a ejecutar las estrategias para descentralizar recursos y así ayudar a los más de dos millones 400 mil colombianos afectados.

Sin embargo, el propio Presidente reconoció que ha habido “fallas” en la implementación de las estrategias para contrarrestar la emergencia. Fallas que, según analistas, el Gobierno puede aprovechar para reorientar esas mismas políticas.

Las dificultades

Uno de los aspectos que deberá aprovechar sentarse a analizar el Gobierno, es la designación de los operadores para el manejo de los recursos. Según el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, quedó claro que con esta estrategia “no hubo eficiencia, agilidad, ni una presencia oportuna de los recursos del Estado para ayudarles a los damnificados como debería hacerse”.

“Muchos de los operadores no tienen ni la experiencia, ni la logística suficiente para llegar a todos los damnificados, eso se demostró. Incluso hubo departamentos en donde los operadores privados no solo dejaron que los recursos no se entregaran oportunamente, sino que se estén perdiendo. También hay denuncias de sobrecostos en los recursos que en especie se entregan”, denunció Toro.

Según el director de Fedemunicipios, el Gobierno debe aprovechar este ‘alto en el camino’ para darles la oportunidad a los alcaldes de que manejen los recursos propios, “tal como el Gobierno ya se está empezando a dar cuenta”, dijo.

“Los damnificados están en los municipios del país, no están en ninguna otra parte. El Gobierno municipal conoce su gente, conoce cuál ha sido la aceptación real, cuáles son los damnificados. Por eso, la participación de los alcaldes es fundamental y es lo que hemos venido reclamando y ahora estamos viendo, contrario a lo que pasó en la primera fase. Por fin el Gobierno Nacional y Colombia Humanitaria han entendido que es indispensable la colaboración de los alcaldes y su participación activa”, insistió Toro.

De este tema de los operadores se han desprendido las dificultades para la entrega de las ayudas humanitarias, de manera que —a pesar de que los recursos existen— solamente se le ha podido dar cobertura al 78 por ciento de la población damnificada en el país.

Una tercera situación que se ha generado a raíz de la forma como se está ayudando a los damnificados tiene que ver con el Registro Único de Damnificados que, según algunas denuncias, estaría permitiendo que muchas personas hagan registros dobles, o que simplemente personas que no son damnificadas, se hagan pasar como tal para acceder a los beneficios.

En el Atlántico, por ejemplo, el subsecretario de Gestión del Riesgo de ese departamento denunció ante los medios de comunicación que hay casos en que el esposo registra a su núcleo familiar en una carpa (albergue) y, la esposa hace lo mismo en un albergue provisional de un pueblo cercano. Así como el caso de familias damnificadas que aparecen registrados en dos departamentos a la vez.

El Congreso hará lo suyo

Con la declaratoria de inexequibilidad decidida por la Corte Constitucional quedó claro que el Gobierno debe medir sus alcances y tomar esta experiencia como una enseñanza para no atribuirse decisiones que le competen al Congreso de la República, quien ahora tendrá el deber de aprobar los decretos que fueron tumbados, de manera ordinaria para seguir brindándole el apoyo a los damnificados.

Así lo explicó el exvicepresidente Humberto de la Calle, al aclarar que “la Corte no ha descalificado la pertinencia de las medidas, sino que ha vigilado la capacidad del Gobierno de tomar para sí una competencia legislativa. Si un Gobierno se acostumbra a utilizar estados de excepción, el diseño constitucional empieza a verse modificado en profundidad”.

En tal sentido, le cabe ahora la responsabilidad al Congreso de mirar  con lupa estas iniciativas que se estaban implementando y, de la mano del Gobierno, mirar conjuntamente cuál será la mejor manera de garantizar la subsistencia de los damnificados.

Por su parte, el senador del Movimiento Mira Carlos Alberto Baena manifestó que el Gobierno debe aprovechar esta situación para que en el Congreso se defina “un sistema nacional de riesgo, orientado a la prevención de desastres naturales, que, hoy en día, el país no tiene”.

Dato clave

Según las últimas cifras de la Cruz Roja Colombiana, la ola invernal ha dejado hasta la fecha un total de 2.739.604 personas afectadas, 345 muertos, 68 desaparecidos y 12.058 viviendas destruidas.

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