Indicadores económicos
2017-06-29

Dólar (TRM)
$3.023,64
Dólar, Venta
$2.905,00
Dólar, Compra
$2.715,00
Café (Libra)
US$1,45
Euro
$3.439,39
UVR, Ayer
$251,16
UVR, Hoy
$251,18
Petróleo
US$44,74

Estado del tiempo
2017-06-29

marea

Marea min.: -15 cms.

Hora: 10:52

Marea max.: 11 cms.

Hora: 03:48

Dirección viento: Sureste

Intensidad viento: 5 a 19 kms/h

Temp. superficial del mar: 28 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 1.2 a 1.6 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 33 ºC

Pico y placa
2017-06-29

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m

3 - 4
Taxis
5 - 6
Motos
0 - 2 - 4 - 6 - 8

Desigualdad, enorme reto para el Estado: Machado

Absalón Machado nació hace 69 años y toda su vida ha estudiado el campo colombiano, por eso hoy presenta la mayor radiografía hecha en los últimos 40 años en Colombia sobre el sector rural ante el presidente Juan Manuel Santos.

Gracias a su amplia experiencia, no le tiembla la voz cuando propone ideas tan impopulares como cobrar el impuesto predial a quienes acaparan y hacen mal uso de la tierra. El País conversó con un hombre que se declara “esperanzado por el futuro del campo”.



¿Por qué Naciones Unidas decide enfocarse en el sector rural?

—Elegimos el campo por ser el principal escenario del conflicto colombiano. Allí se da el desplazamiento forzado de millones de colombianos, el despojo violento de las tierras y una disputa por la producción entre varios actores, además, la lucha por el control de la población. Es un sector en el que el 64% de sus pobladores están en la pobreza y en donde se violan permanentemente sus derechos. A la par es un sector con un gran potencial de crecimiento desaprovechado, por eso nos preocupamos por mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida.



¿Es posible, mientras hay conflicto, que el sector rural despegue?

—Claramente el informe maneja el convencimiento de que el conflicto armado colombiano seguirá sin resolverse si del amplio abanico de opciones para superarlo se apela exclusivamente a la salida militar o a la negociación política, dejando en el tintero acciones posibles para mitigar sus estragos mientras dure, para acabar la confrontación propiamente dicha y para evitar que una vez superado, se reproduzcan sus causas.

Para Naciones Unidas lo más importante es proteger las vidas humanas contra riesgos graves y previsibles, de una forma congruente con la realización humana de largo plazo. Eso incluye otras opciones de solución del conflicto que pasan por resolver los problemas estructurales del agro y proteger el patrimonio de las víctimas del conflicto y del despojo de tierras.



¿Cuánto es el daño causado por el desplazamiento y el despojo?

—No es posible hacer una cuantificación de los daños, pero el informe utiliza los datos oficiales del Estado donde se estima que el despojo y abandono de tierras ha sido de unos 6,5 millones de hectáreas, y se ha contabilizado, según Acción Social, unos 3,7 millones de desplazados. El daño es evidente, pues cerca de 1,2 millones de hectáreas en producción se afectaron y el 65% de los desplazados son menores de 25 años, es decir del campo se sacó de manera forzada lo mejor del capital humano en formación, lo que afecta su potencial futuro del crecimiento. Pero el peor daño ha sido el sacrifico de innumerables vidas humanas en condiciones de indefensión.



El actual Gobierno se la está jugando a favor del campo. ¿Se está haciendo lo suficiente?

—Los problemas del sector rural son de gran complejidad y la mayoría de carácter estructural. Un gobierno puede iniciar acciones para resolver algunos de ellos, pero es difícil avanzar rápidamente en todos.

El actual Gobierno ha dado unos pasos muy importantes para volver a discutir el tema rural empezando con el despojo de tierras y la reparación a las víctimas, y además ha anunciado una política de desarrollo rural que complementa la política de restitución de tierras. Ello es de un gran significado político y debe apoyarse, pero es claro que no alcanza a tocar todos los problemas.

No es suficiente, siempre faltarán más iniciativas, y sobre todo superar la poca capacidad institucional que tiene el sector para manejar sus problemas. Podría decirse que los anuncios y decisiones del gobierno son la cuota inicial de una apuesta de largo alcance que requiere del apoyo de la sociedad.



El informe propone una reforma rural transformadora. ¿De qué se trata?

—Es una apuesta política por lo rural. Se trata de poner unos referentes para la reflexión del país y su sociedad que conduzcan a identificar propuestas viables para enfrentar cada uno de los problemas críticos del sector rural. Es una transformación de largo plazo para modernizar de manera incluyente el sector rural y utilizar a fondo su potencial sin destruir su patrimonio natural y cultural.

La reforma busca dos objetivos centrales y estructurales: superar la pobreza y resolver el conflicto. Y ello es un compromiso social y político donde las élites tendrán que asumir una actitud que facilite los cambios que requiere la sociedad para modernizarse.



¿Cómo está el tejido social rural?

—El conflicto ha destruido mucho capital social, ha debilitado y eliminado organizaciones sociales, ha sacado la gente del campo, ha destruido los vínculos sociales familiares, ha desarraigado a la población, y ha lanzado a las ciudades a campesinos que no encuentran condiciones dignas de vida.

Por ello el informe plantea la necesidad de reconstruirlo adoptando políticas de inclusión y sobre todo de reconocimiento social y político del campesinado como un sujeto pleno de derechos. Eso indica que la política pública debe contemplar el estímulo de la organización social como pilar del desarrollo y terminar con la estigmatización de éstas y de los campesinos.



El informe muestra un país cuya tierra se concentra en pocas manos...

—La gran desigualdad en el acceso a la tierra, reflejada en que el 1% de la población es dueña del 50% de la tierra, es un desafío enorme para el Estado y la sociedad. Este es un problema estructural vinculado al tema de la distribución del ingreso y la riqueza. El informe señala que esta enorme desigualdad se ha constituido en un obstáculo al desarrollo y es fuente de conflictos y de pobreza rural.

La propuesta combina varios instrumentos para modificar la tenencia de la tierra: usar el impuesto predial para movilizar las tierras al mercado y cambiar su uso, desmontar los factores que propician la acumulación de tierras para valorizarlas, y hacen de la tierra una fuente de poder político; asumir un modelo rural donde la pequeña y mediana propiedad sean el aspecto más dinámico del desarrollo.

En el Valle del Cauca existe una de las más altas concentraciones de la propiedad rural debido al monocultivo de la caña de azúcar, pero este es uno de los mejores circuitos agroindustriales de Colombia...

Si se interpreta el análisis a la luz de una región como el Valle podría decirse que es necesario diversificar el aparato productivo sin destruir el cultivo principal como la caña y no destruir ese circuito agroindustrial.

Es importante analizar con más cuidado cómo el resto del Valle que no está bajo la dinámica de la caña de azúcar participa o no de los beneficios que produce ese complejo agroindustrial, o si allí hay una concentración de ingresos y de control de recursos que excluye a los demás, en el sentido de dejar relativamente abandonadas las otras zonas del departamento.

La Colombia rural

La Colombia rural es de grandes contrastes dice Absalón : tiene sectores muy atrasados en términos sociales y productivos, y otros modernos. La sociedad rural vive en medio de innumerables conflictos y sufre la consecuencia de un abandono histórico del Estado que no le ha dado la importancia por centrarse en un esquema de modernización que fundamenta su dinámica en lo urbano.

En ese sector comparten el territorio los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y las mujeres, cada uno con sus propias problemáticas, limitaciones y posibilidades.

Estos grupos son muy vulnerables en relación con los habitantes urbanos y son las principales víctimas del conflicto. Existe allí una gran diversidad de visiones y proyectos de vida que el resto de la sociedad no reconoce plenamente y que el mismo Estado ha vulnerado con sus políticas y visiones modernizantes.

Si bien los indígenas han accedido a cerca de 32 millones de hectáreas, no más de 4 millones de esas tierras son aptas para la producción agropecuaria, viven en condiciones muy difíciles y ellos, al igual que los demás pobladores, viven asediados por la acción de actores armados. La situación de los afrocolombianos también es muy crítica y las mujeres rurales sufren de una triple discriminación.

El sector rural no tiene un crecimiento adecuado y estable, sufre carencias de inversión, de bienes públicos y de condiciones propicias para que la agricultura sea un negocio atractivo.

El desarrollo humano consiste en ampliar las opciones para la gente, la pregunta es si ese desarrollo alcanzado hasta ahora abre esas posibilidades o las cierra en la región.

Ranking de noticias

DE INTERÉS

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese