La Contraloría General informó que Sucre, Bolívar y Córdoba son los departamentos a los que se les ordenó emprender correctivos por los sobrecostos en los kit de ayuda humanitaria que se vienen entregando a los damnificados.
Según la contralora general, Sandra Morelli, desde hace seis meses que se comenzó a hacer un control a los recursos “en tiempo real” se han evitado sobrecostos por 12.000 millones de pesos.
También se adelanta una labor de verificación para que los recursos del Fondo de Reconstrucción sean bien invertidos y que por ejemplo, los planes departamentales de agua no sean utilizados con propósitos electorales o proselitistas.
Entre las irregularidades detectadas y que fueron denunciadas en un Control de Advertencia al gerente del Fondo Nacional de Calamidades, Everardo Trujillo, consiste en que el valor de los kits de mercado que se fijaron entre 240.000 pesos y 330.0000 pesos, y los de aseo tasados entre 40.000 y 60.000 pesos, exceden los topes.
Es más, en algunos casos se encontró que los precios superan los que tendrían los productos comprados en un supermercado sin recibir ningún tipo de descuento, algo que debería operar si se tiene en cuenta las grandes cantidades que se compran.
En Bolívar se encontró que las dos entregas de mercados para 70.145 familias tenían un sobreprecio de 5.735 millones de pesos y el de los kit de aseo era de 162,5 millones de pesos.Aunque las administraciones adujeron que estos incrementos se debían a gastos de transporte, la Contraloría recordó que para este rubro se destinó el cinco por ciento de los gastos administrativos.
Los censos no coinciden
Una de las quejas frecuentes tiene que ver con el tema de los censos de damnificados. El presidente Juan Manuel Santos determinó que estos deberían realizarse con el formato establecido por el Dane, que incluye datos de cada familia, la afectación económica sufrida (ganadería o agricultura) e información sobre muertos, heridos o personas con incapacidad permanente a causa del invierno. Esto, señaló, porque la falta de información veraz era uno de los principales inconvenientes para atender a las víctimas de forma adecuada.
Sin embargo, las quejas de los damnificados sobre el manejo de los censos y su inclusión en los mismos se han extendido por todo el país y tienen puntos comunes: que no fueron visitados, que los censaron y no pueden reclamar ayudas porque no aparecen en la lista o que fueron sacados de los censos y ya no tienen derecho a ayudas.
En Ayapel, Córdoba, algunas personas aseguran que hasta diciembre estaban incluidos en el censo que realizó la Defensa Civil y pudieron recibir ayudas humanitarias. Luego se realizó uno nuevo, encomendado a la Red Juntos -el que exigió el Gobierno- del que muchos salieron. Hay quienes aseguran que los datos fueron manipulados con fines electorales.
Los voceros de la Red Juntos en esa localidad explicaron que en los 15 días que demoró la realización del censo, participaron 26 personas de esa entidad y entre 8 y 10 miembros de la Defensa Civil. “A la gente se le informó que íbamos a las veredas, trabajamos en jornadas que comenzaban a las 5 de la mañana. Los líderes de las comunidades pueden pedir que se incluyan personas que quedaron por fuera y se haga una revisión”.
Cambiaron las reglas
De acuerdo con el reporte de Colombia Humanitaria se han aprobado 2.363 solicitudes de alcaldías y gobernaciones para emprender obras. De ellas, 2.052 corresponden a obras menores, es decir que no alcanzan los 250 millones de pesos; 148 son para obras de más de 250 millones de pesos y 163 para la contención de chorros de agua y boquetes. En estas obras se invertirán 827 mil 112 millones de pesos.
Sin embargo, para el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, el gran problema, que es el de la reparación de vías terciarias, no parece tener una solución a la vista.
Aunque se había llegado a un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos para la asignación de unos 300.000 millones de pesos destinados al mejoramiento de las vías terciarias, el Ministerio de Transporte puso nuevas reglas del juego.
“Se determinó que cada año los ingenieros del Ministerio van a escoger del listado de vías terciarias de cada municipio solo una que consideren prioritaria. Serían cuatro vías por cada localidad. ¿Qué municipio tiene apenas cuatro vías, qué pasa con las que se arreglan y no se les hace mantenimiento, cuál va a ser el criterio para priorizar la elección?”, se lamentó Toro.
Para él, esta decisión perjudicará a los alcaldes si se tiene en cuenta que esta es una época preelectoral y las comunidades no comprenden que la asignación de estos recursos y la elección de las obras no depende de ellos sino del Gobierno Nacional.
“A una alcaldesa del Huila le asignaron recursos para una carretera de 2 kilómetros. íEso no es nada!”, indicó Toro.
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