Los desfalcos al sistema de salud denunciados en las últimas semanas avivaron el debate sobre la pertenencia del modelo de aseguramiento que se implementó con la Ley 100 de 1993, que le dio vida a las EPS, unas de las protagonistas de los escándalos de corrupción que hoy se ven al interior del sector.
El martes pasado el senador Jorge Enrique Robledo se atrevió a decir en la plenaria del Senado que La Ley 100 es perversa porque no fue hecha para mejorar la salud de las personas, sino para el negocio de algunos pocos y añadió que esta ley “mata más colombianos que todos los tipos de violencia que nos martirizan”.
Las razones que llevaron a Robledo a dicha conclusión se sustentan en que el modelo que entró en vigencia con la Ley 100 incentivó la intermediación de prestadores del servicio de salud, no ha demostrado la eficiencia que se esperaba en la atención de los usuarios, ni transparencia en la administración de los recursos.
Un ejemplo que da cuenta de esto fue denunciado la semana pasada por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Carlos Pablo Márquez, quien dejó al descubierto que 14 EPS del régimen contributivo, asociadas a Acemi, venían haciendo acuerdos para no prestar servicios de salud a sus afiliados.
También a inicios de esta semana otro desfalco fue denunciado por el mismo Presidente Juan Manuel Santos, que inicialmente involucró a funcionarios del Ministerio de la Protección Social, del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, y también de algunas EPS.
De hecho, el jueves la Procuraduría abrió indagación preliminar a 34 gerentes de EPS que estarían involucrados en los desfalcos, que solo en parte de la modalidad de recobros asciende a 30 mil millones de pesos. Esto sin contar los costos de las tutelas falsas, el cobro de facturas de medicamentos por valores superiores a los observados en el mercado y los recobros de cuentas presentados a nombre de personas fallecidas.
Estos antecedentes, que eran secretos a voces para algunos actores del sistema, han llevado a que la propuesta de Robledo de cambiar la Ley 100 tome fuerza. Los menos radicales proponen que al menos se elimine el sistema de intermediación que prevalece y que incentiva a que el dinero de los contribuyentes pase de mano en mano, una que otra, inescrupulosa.
¿Hay que abolir la Ley 100?
Para el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Germán Peña, la culpa de la corrupción en el sector no es de la Ley 100, sino de la forma como ha sido implementada, de manera en que las empresas intermediarias han asumido un rol dominante y las IPS y los médicos han sido los sometidos.
Por su parte, la directora de la Asociación de Empresas de Estado, Acesi, Olga Lucía Zuluaga, sostiene que el gran problema de la entrada en vigencia de la Ley 100 no solo ha sido la intermediación en el manejo de los recursos sino la falta de vigilancia y control por parte del Estado para asegurarse que los dineros sean usados para lo que se debe.
El director de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, explica que inicialmente se pensó que la entrada de las EPS, como una especie de concesionarios, ayudaría a disminuir la corrupción, porque cada empresa buscaría administrar mejor sus recursos y prestar excelentes servicios en un mercado donde una compite con la otra.
Sin embargo, Giraldo sostiene que el resultado final no fue como se esperaba porque han confluido factores que han creado “un caldo de cultivo” propicio para que manos inescrupulosas se queden con la plata del sistema.
“Hay una gran cantidad de recursos que coexisten con un sistema de información que ha ido muy lento. A la par, las entidades de control, especialmente la Superintendencia de Salud se ha caracterizado por ser débil. La regulación se ha centrado en el tema de nuevas normas, pero muchas de ellas no se han hecho sentir”, enfatizó.
Uno de los primeros que salió en defensa de la Ley 100 fue El Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, quien previo al debate que lideró el senador Robledo, dejó claro que antes de 1993 las cosas eran peores.
“Hay un movimiento que no hace sino decir que la Ley 100 es lo peor que le pasó al país. No sé si todos recuerdan cómo funcionaba el sistema antes de 1993, era una cosa que dejaba mucho que desear, la corrupción que había, la pésima calidad del servicio, hoy parece que se nos olvida. No obstante, estamos de acuerdo en que queremos ajustar el sistema, siempre pensando en el usuario”, afirmó.
Para Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de alto costo, no tiene sentido que el Ministro compare un modelo con otro. “Creo que debemos mirar hacia delante, considerar cómo podemos construir un modelo que se ajuste a las necesidades de este momento, que evite la intermediación, la corrupción y que cumpla el objetivo de mejorar la salud de los colombianos, no solamente dedicado a atender la enfermedad, sino a prevenirla”.
Otra contradictora de lo que afirma el Ministro es la directora de Acesi, para quien se deben analizar los estudios de la época, pues dice que ellos mostraban que pese a la falta de cobertura que tenía el anterior modelo, los pacientes que sí tenían acceso a la salud demostraban estar más satisfechos con la calidad del servicio.
La afirmación del Ministro tampoco le agradó al Presidente de la ACHC.
“No creo que uno pueda recitar el estribillo y decir que el sistema anterior era terrible y que el actual es perfecto. Cada uno de los sistemas ha aportado y este está agotado y debería pensarse cuáles son las alternativas para optimizarlo o cambiarlo”, afirmó.
¿No pasó nada con la reforma a la salud?
Giraldo admite que se dieron pasos importantes con la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reformó el sistema de salud a inicios de este año. Dentro de esos avances está el cambio de enfoque hacia la atención primaria, uno de los focos débiles del pasado modelo. También la creación de redes integrales de servicios y la regulación del gasto administrativo, que necesitarán de algún tiempo para que se vean los resultados.
Sin embargo, para Giraldo, en la reforma no se cambió el esquema de tenencia del dinero del sistema, necesario para quitarles la “golosina” a los adictos al dinero ajeno. Por eso, propuso antes de que fuera aprobada la ley tal y como está, implementar un modelo de administración regulada, que cambie el rol de las EPS, para que la gran masa del dinero que aportan los contribuyentes no pase por manos de intermediarios.
La propuesta no tuvo eco en el Congreso de la República cuando se debatió la ley de reforma a la salud. Según Giraldo, porque el Gobierno y los seguidores de la Ley 100 creen que este modelo es muy joven y que se debe dar más tiempo para ver toda su potencialidad.
Un argumento que no comparten ni el Presidente de la ACHC ni la directora de Acesi. “Llevamos 17 años con la expedición de la Ley 100, no es un modelo joven y nos demuestra que no fue el camino más adecuado. Considero que esperar más muertes, más quiebras de hospitales no se justifica ni para la salud del pueblo ni para las instituciones de salud”, afirmó Zuluaga
Néstor Álvarez coincide en que con la reforma 1438 de 2011 no se solucionó el problema de intermediación del sistema de salud, lo que seguirá incentivando a que más actos de corrupción se presenten, porque el modelo lo permite.
De igual forma, el vocero de los pacientes de alto costo concuerda en que el modelo propuesto en la Ley 100 no necesita más plazo. “El tiempo es importante para medir indicadores y políticas que no se ven a corto plazo, pero una cosa que quedó clara es que la salud no llega a todos los colombianos con calidad. No necesitamos más tiempo para demostrar que la intermediación es corrupta, incrementa costos y disminuye la salud”, concluyó.
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