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“La minería criminal es el nuevo narcotráfico”: Minambiente

Frank Pearl es uno de los ministros del despacho que no atraviesa momentos de popularidad. Incluso, algunas voces ya se arriesgan a pronosticar un pronto reemplazo en esa cartera.

No es para nada una agenda fácil la que debe manejar quien esté en ese despacho, lo que en parte explica esa situación. Pese a las críticas, Pearl le apunta a un trabajo de largo plazo, con el cual asegura que Colombia cambiará drásticamente la manera de proteger sus recursos ambientales e, incluso, liderará un proceso mundial para comprometer a las naciones con el desarrollo sostenible.

En entrevista con Colprensa, el Ministro de Ambiente habló sobre los procesos para reformar las obligaciones de consulta previa, cambiar la administración de las corporaciones autónomas regionales, controlar la gran minería, luchar contra la ilegal y proteger los parques naturales.

Las consultas previas se han convertido en un obstáculo para el avance de proyectos de ley y una traba para el desarrollo de infraestructura, especialmente en zonas como la Costa Caribe. ¿Qué pretende hacer el Gobierno con ellas consultas?

—El Gobierno cree que hay que perfeccionar las consultas previas, que son instrumentos muy válidos y bien intencionados para entender las perspectivas de las comunidades. Sabemos que se han prestado para abusos y eso es lo que hay que corregir. En el caso específico del Ministerio, tenemos en preconsulta con las comunidades indígenas y las negritudes el proyecto de reforma a las CAR, ahí hubo problemas que ya se superaron y esperamos iniciar pronto las consultas.

Pero es correcto decir que el mensaje del Gobierno es que las consultas deben dejar de ser un obstáculo…

—Las consultas deben cumplir varios requisitos: representar intereses legítimos y, especialmente, incorporar las observaciones sobre los proyectos sin hacer ineficientes los trámites, ni ocasionar abusos de quienes dicen representar grupos y no lo hacen.

Ya habló usted del proceso para reforma las CAR, otro tema que interesa mucho al país. ¿Cómo va ese plan?

—Estamos trabajando en dos vías: el trámite del proyecto de ley, en el que estamos en la preconsulta previa, y metiéndonos a trabajar dentro del sistema; ahí ya logramos un acuerdo en Armenia, en el que las corporaciones se comprometieron a la transparencia, a la eficiencia, a la buena gestión y a tener unos indicadores técnicos, operativos y financieros; todo eso nos permitirá saber cuál es la mejor CAR y con ella jalonar a las demás. Este es un tema que no va a ser fácil y que requiere participación de los ciudadanos. Necesitamos que las comunidades en las regiones estén pendientes del trabajo de las corporaciones, para que nos señalen las cosas que hay que mejorar. La pasada ola invernal nos mostró los costos al país cuando los controles no se implementan adecuadamente. El reto principal de las CAR es dejar de trabajar en las consecuencias de los problemas y empezar a trabajar en las causas; eso evita que, incluso con fenómenos climáticos extremos, la población sufra. Queremos volcar la política ambiental hacia la prevención.

Uno de los grandes pecados del Estado y de la sociedad fue haber permitido que las CAR se volvieran unos feudos políticos que las hicieron corruptas…

—La autonomía de las CAR, siendo una muy buena idea y un concepto que hay que respetar, por Constitución, vino a destiempo. Porque el Estado no tenía los controles y lo que uno necesita balance, porque la autonomía sin control es anarquía. Eso es lo que hay que corregir.

Otra gran preocupación nacional la causa el descontrol de la minería, más cuando esa actividad es un eje prioritario del desarrollo que ha planteado este Gobierno, lo que hace temar que el problema se multiplique…

—Acá hay una ventaja: la visión del Gobierno es una sola y compartida por los ministerios. Nuestros equipos trabajan a puerta cerrada para dirimir las diferencias de enfoque y una vez tomada una decisión nos vamos todos por ahí. Otro aspecto a considerar es que toda actividad de extracción de minerales tiene un impacto ambiental, lo que se debe es hacerla de manera responsable, como lo hacen muchas de las empresas que ya están en el país. Hay otras compañías que están muy mal acostumbradas, por eso hemos venido tomando decisiones como no autorizar ampliaciones ni modificaciones de licencias ambientales, cuando las empresas tienen asuntos pendientes y estamos mirando el esquema de multas, que realmente debe dar una compensación por el daño causado. Hoy, especialmente para las compañías grandes, las multas son significativamente pequeñas, las pagan casi de caja menor. Tiene que haber un sistema que disuada, que le haga ver a la gente cómo actuar por conveniencia, si es que no lo hace por convicción. Vamos a tener un nuevo manual de compensaciones ambientales; hoy una compañía puede actuar durante 20 años y está obligada a hacer compensaciones sólo durante tres de ellos, así que puede extraer 17 años y luego empezar a sembrar árboles; estamos creando un software que analice cada zona de operación y establezca en unidades el impacto biótico y abiótico que ha sufrido, así la compensación se exigirá para la misma zona y en las mismas unidades afectadas; una empresa puede terminar compensando aún durante más tiempo que el de extracción. Eso es bueno para las propias compañías, porque acota las contingencias, es bueno para los ecosistemas que se protegen y dará un mejor balance entre conveniencia económica y sostenibilidad ambiental.

¿Cómo maneja el Ministerio las quejas de los mineros artesanales, afectados por los males generados por la minería ilegal?

—Sabemos que son dos mundos distintos, que requieren soluciones distintas. La minería criminal es el nuevo narcotráfico y es la que está financiando   las Farc, al ELN, a las bacrim; esa minería requiere una estrategia conjunta desde la Presidencia, como parte de la estrategia de consolidación; ya hay trabajos coordinados con la Fiscalía, la Procuraduría y el CTI y hemos entrenado a más de 1.400 funcionarios de la rama judicial para que conozcan la legislación ambiental y los protocolos de detención. Una muy buena noticia es que en la Fiscalía ya lleva cinco meses de trabajo la unidad de delitos ambientales, con 33 fiscales especializados. A los mineros artesanales hay que fortalecerlos y estimularlos para que se conviertan en cooperativas u en otras organizaciones legales, para que tengan acceso a crédito y así hagan parte de la cadena productiva.

En el Valle del Cauca, como en otras partes del país, la principal preocupación es por el desastre de la minería a cielo abierto en Zaragoza y en los Farallones…

—Esas zonas hacen parte de los municipios que tenemos como prioritarios en el plan de consolidación del Gobierno, así que si allí hay mineros artesanales se les dará apoyo y cooperación, pero con los que sean ilegales habrá fuerza y justicia.

En ese departamento también esperan unos Conpes para la reforestación de las cuencas de los ríos Cauca y Dagua…

—Estamos en eso, porque en Colombia estamos deforestando cerca de 280.000 hectáreas al año. Tenemos identificados once puntos calientes de deforestación, cada uno con causas distintas, así que estamos trazando planes específicos. La principal causa de deforestación en Colombia es la ampliación de la frontera agrícola, especialmente desde la ganadería, así que creemos en un modelo que estamos trabajando para aumentar la productividad de la tierra, reducir los tiempos de producción, mejorar el uso de los suelos y proteger la oferta hídrica; eso permitiría reducir en más de cuatro veces la cantidad de tierra que se necesita para la ganadería y recuperar bosques naturales. Tenemos planes en marcha con el Ministerio de Agricultura para la reforestación comercial y un proyecto de ley sobre el tema. Todo eso se aplicará en el Valle, en el Cauca y en otras nueve zonas del país

En Antioquia hay una gran inquietud por si podrá o no construirse el Túnel de Oriente, obra vital que está detenida por los permisos ambientales…

—Ese proceso va muy bien. Infortunadamente teníamos razón, porque los estudios ambientales no estaban completos, lo que no quiere decir que el túnel se licenció mal, sino que los requisitos ambientales hoy son más exigentes, incluso el concesionario nos pidió autorización para completar los estudios de línea base ambiental. El proceso ha sido muy productivo, porque mostró que con los datos de hoy, no se puede continuar la obra. En el Ministerio fijamos dos opciones técnicas, para que con los nuevos criterios, en Antioquia puedan completar los estudios, mirar si las acciones de mitigación son suficientes y continuar la obra.

En Caldas la angustia la generó el proyecto hidroeléctrico La Miel I, que secó unas quebradas…

—Ese es un proyecto de Isagén, es el Túnel de Manso el que ha secado 25 quebradas, de las cuales sólo se han podido recuperar doce, por canalización. La compañía tuvo que comprarles las tierras a los campesinos, pero eso no soluciona el tema, porque hubo desplazamiento y se agotaron las fuentes de agua. Los estudios que se hicieron para esa obra decían que en el peor de los casos las filtraciones podían llegar a 48 litros por segundo; en la realidad las filtraciones fueron diez veces mayores. Eso tiene que ver con lo que dije antes, que ahora las normas ambientales deben ser mucho más exigentes. Con ese antecedente fue que tomamos la competencia para el Túnel de Oriente y que le pusimos ‘tatequieto’ al Túnel de La Línea, junto con la Corporación del Quindío. Este Ministerio está absolutamente comprometido en proteger todas las fuentes hídricas. El mensaje general es el siguiente: el componente ambiental no es algo que se puede resolver de cualquier manera, para todo proyecto debe ser incluido desde el comienzo.

En otros tres puntos del país: Marmato, en Caldas; La Colosa, en Tolima, y Santurbán, en Santander, hay comunidades divididas entre quienes se oponen a la explotación de recursos mineros, que harían multinacionales, y quienes creen que hay que aprovechar esos recursos. ¿Qué les dice a esas comunidades?

—En todos los casos venimos trabajando con el Instituto Von Humboldt, delimitando los páramos, porque hoy los tenemos en una escala 1:100.000 que no es suficiente para determinar si las actividades se pueden hacer o no; vamos a pasar a una escala 1:25.000. Donde haya páramo, no puede haber minería ípunto! Esa es la posición del Gobierno. Tenemos equipos de científicos que tomarán decisiones técnicas y cuando estén los estudios se compartirán, se oirán alternativas, se discutirán y se tomarán decisiones. Lo que la gente puede esperar es que se va a proteger el bien común en los tres casos. En el Tolima hay un factor adicional: la disputa por el agua entre el sector minero y el sector arrocero y hay que aprovechar para decir que el sector arrocero es uno de los más ineficientes en el uso de ese recurso.

¿Qué se va a hacer para proteger a los parques naturales de los daños causados por inversiones privadas dentro de ellos?

—El 30 de junio presentaremos una nueva política de parques naturales, que estamos revisando con criterios de zonificación. Trabajamos en revisar el sistema de financiamiento, para buscar una fuente de largo plazo que nos permita cuidarlos como toca, porque hoy tenemos zonas de un guardia por cada 4.500 hectáreas, mientras hay tecnología satelital para ello; por eso estamos trabajando con un equipo que tiene un proyecto muy ambicioso para meterle tecnología a ese cuidado. Pero lo más importante debe venir de las comunidades, si somos indiferentes y descuidados, al Gobierno le queda muy difícil, el compromiso es de todos.

¿Cómo se prepara Colombia para participar en la próxima cumbre Río+20, donde se hablará del futuro ambiental del mundo?

—Lo que Colombia propondrá es que todos los países del mundo hagan unos compromisos de desarrollo sostenible, en unos temas críticos, que son eficiencia energética, oferta hídrica, océanos, seguridad alimentaria y ciudades sostenibles (que incluye sistemas de transporte, calidad de aire, calidad de agua, eficiencia energética y planeación urbanística). La iniciativa de Colombia es que estos compromisos reemplacen los objetivos del milenio, que están cerca de vencerse. Hemos estado en esa agenda diplomática, porque debe cambiar la forma como se hace el crecimiento.



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