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Las invasiones y conflictos frenan obras de hidroeléctricas

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Los conflictos por desplazamiento de personas a zonas donde se van a realizar las grandes hidroeléctricas y los problemas de orden público tienen en `jaque` a cuatro proyectos de generación hídrica en el país y que representan una capacidad instalada de 2.880 megavatios (MW), vitales para la expansión energética del país.



Este es el caso de El Quimbo de la firma Endesa, Hidroituango y Porce IV de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Amoya de Isagén, los cuales han tenido que enfrentar diversos inconvenientes.

En el caso de El Quimbo, Hidroituango y Porce IV su mayor traba tiene que ver con la invasión de terrenos por parte de personas que después de realizar el censo para indemnizar la población que estaba en el área, han tenido que afrontar invasiones de más personas que pretenden ganar jugosas sumas por desalojar.

Y es que tal como lo señala Lucio Rubio Díaz, gerente de Emgesa y director General del Grupo Endesa en Colombia, las invasiones en los terrenos del proyecto El Quimbo no tienen justificación. El directivo explicó que las dificultades se han presentado porque una organización llamada Asoquimbo tiene una ideología política que no están de acuerdo con que se realicen este tipo de proyectos hidráulicos.

Es por esta razón que explicó que por las vías de hecho han venido obstaculizando las obras de forma permanente buscando bloquear el normal desarrollo del proyecto y que por eso han tenido que denunciar estas actividades para que las autoridades tomen las medidas pertinentes.  En el lugar se han bloqueado las vías y han ocupado predios cercanos al río donde se está haciendo la construcción.

Sin embargo, Rubio aseguró que continuarán adelante y que el cronograma para entregar la obra en diciembre de 2014 se mantiene y que seguirán trabajando con la población censada que son 3.000 personas.

El directivo precisó que en el tema de compensaciones se han invertido US$143 millones y que en total se esperan invertir en la obra en general US$837 millones.

La firma que tiene actualmente las mayores pérdidas por el tema de invasiones es EPM. La razón es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) decidió hacer efectiva la garantía que firmó por $23.680 millones por la construcción de Porce IV.

Las directivas de la firma decidieron suspender el proyecto por la difícil problemática social y de orden público de las zonas donde está ubicado el proyecto que no ha tenido avances desde el 7 de diciembre de 2010.

Y si bien la Creg definió que la garantía se firma porque las empresas asumen que tienen riesgos manejables, a la energética alegó que los problemas de Porce IV desbordan la capacidad de gestión de cualquier entidad porque faltan garantías de seguridad por parte del Gobierno. En este caso la invasión pasó  de un arreglo con 2.799 personas a 14.500.



Hidroituango

Según Jorge Mario Pérez Gallón, gerente de Generación de Energía de EPM, las invasiones ilegales dentro de los terrenos del proyecto hidroeléctrico Ituango han hecho que tengan que cambiarse los programas de trabajo y pasar los contratistas a otros frentes lo que les ha generado

dificultades para cumplir el cronograma que esperan igualmente cumplir.

Son 181 familias que deben ser reubicadas y reasentadas, censo que se basó en diferentes fuentes de empresas públicas, como registros del Sisbén, de salud y educación, tanto a nivel municipal como departamental. Así mismo, la empresa debe mitigar y compensar a 1.402 mineros debido a que se les afecta su actividad económica.

La empresa ha hecho un proceso con los representantes de los propietarios y ya cuenta con un manual de valores tanto para el pago de las mejoras de los predios como para los procesos de financiación cuando se les afecta su actividad económica. Pérez indicó que el proceso de negociación y de concertación con las familias se viene haciendo desde hace año y medio. La meta es que en 2012 y 2013 se pueda concluir esa preparación y en los años de 2014 y 2015 se pueda hacer efectiva la reubicación.

“No obstante, al proyecto ha llegado un grupo de personas buscando beneficio de indemnización”, dijo Pérez.

En la zona del proyecto se asentaron 600 personas de manera ilegal, más de 330 de ellas abandonaron los terrenos de manera voluntaria, a través de un trabajo social que emprendió la compañía; otro grupo fue desalojado cumpliendo con los requisitos de ley y teniendo el acompañamiento de la Policía, los alcaldes, entre otros. Pérez indicó que aún quedan 70 personas que están ocupando la zona y esperan que en máximo dos meses se pueda cumplir con el desalojo.

Los conflictos

María Luz Pérez, gerente de proyectos de generación de Isagén, dijo que se han presentado hostigamientos por parte de la Farc en la zona donde se realiza el proyecto Amoya. La firma ha tenido que sortear inconvenientes con sus empleados debido a que han sido amenazados por trabajar en esta obra. La directiva indicó que continúan adelante con la construcción pero que es vital el apoyo de las fuerza pública y evitar que se presenten más hostigamientos. Los últimos ataques en Amoyá han ocurrido en el cañón de Las Hermosas que es un territorio que por tradición han tenido presencia la Farc, pero que desde que se comenzó a realizar no había tenido enfrentamientos, sin embargo el panorama cambió desde finales del año pasado.

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