Indicadores económicos
2017-12-12

Dólar (TRM)
$3.013,99
Dólar, Venta
$2.810,00
Dólar, Compra
$2.690,00
Café (Libra)
US$1,40
Euro
$3.555,30
UVR, Ayer
$251,13
UVR, Hoy
$252,13
Petróleo
US$57,99

Estado del tiempo
2017-12-12

marea

Marea min.: -15 cms.

Hora: 00:52

Marea max.: 17 cms.

Hora: 08:07

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 05 a 15 kms/h

Temp. superficial del mar: 28 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 1.0 a 1.7 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 25 ºC
Máx. 30 ºC

Pico y placa
2017-12-12

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 9 a.m - 12 p.m a 2 p.m- 5 p.m a 7:30 p.m.

3 - 4
Taxis
9 - 0 - [object Object]
Motos
1 - 3 - 5 - 7 - 9

Lupa a origen de terrenos para restitución de víctimas

El asesinato de la líder social Ana Fabricia Córdoba, el martes pasado, víctima de un atentado a escasas cuadras de su residencia en Medellín, prendió las alarmas frente a lo que les podría esperar a quienes retornen a sus parcelas luego de aprobada la restitución de tierras para los desplazados por el conflicto interno, y que fue consignada en la Ley de Víctimas, sancionada el viernes por el presidente Juan Manuel Santos, en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

Una vez conocida la muerte de Córdoba, de 51 años de edad,  las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con el proceso de restitución de tierras para los afectados por el accionar de grupos ilegales. “Los procesos de restitución se van a hacer independientemente de las amenazas y acciones de los delincuentes”, dijo Vélez.

“La tierra se va a recuperar; es un compromiso del Gobierno y en el caso nuestro lo vamos a hacer”, añadió el funcionario. La advertencia está lejos de ser una broma o una frase de cajón. Por lo menos, así lo demuestra un documento conocido en exclusiva por Colprensa en el que el despacho de Vélez adelanta, a solicitud del Ministerio de Agricultura, un barrido en distintas partes del país para determinar quiénes son los poseedores y propietarios de diferentes predios. Idealmente, busca determinar el origen de cada metro de terreno.

442 páginas hacen parte del primer capítulo de este informe, que se centró en los Montes de María (región Caribe). Allí se afirma que desde los años 90 se dio una fuerte influencia de los paramilitares, auspiciadores de los desbordados deseos de expansión de poderosos empresarios y ganaderos para conseguir mucha más tierra de la que podían tener legalmente. Inclusive en el informe se relaciona a las Auc como “soberanos” en ciertas zonas, para esa época.

El informe indica, sin embargo, que para el 2007 se da cuenta de una disminución de la influencia ilegal no sólo de las Auc, sino también de los frentes 37 y 35 de las Farc y algunas cuadrillas del Eln, gracias a la presencia de la Fuerza Pública.

La investigación

En total fueron ocho los funcionarios del grupo de tierras de la Supernotariado a quienes se les encomendó el análisis pormenorizado de toda la documentación presente en las oficinas de registro de instrumentos públicos de Carmen de Bolívar y Cartagena (Bolívar) y Sincelejo y Corozal (Sucre).

En la investigación, entregada el pasado abril, se escrutaron; entre otros, los municipios de María la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, el Guamo, Zambrano, San Onofre, Coloso, Palmitos, Chalán y Ovejas, de los dos departamentos y donde se presentó el fenómeno de la venta masiva de tierras.

En ese sentido, uno de los objetivos primordiales de este proceso fue determinar qué personas, naturales o jurídicas, adquirieron más de cinco predios en los últimos cinco años. Además, se inspeccionó la manera como se dieron los procesos de compraventa y el levantamiento de las medidas especiales sobre decenas de inmuebles.

Otro de los objetivos trazados fue saber qué sucedió con los bienes entregados en su momento por el Incora y más tarde por el Incoder a campesinos. En esa línea se habla de dos rutas; una colectiva y otra individual.

La primera se encamina a proteger los derechos patrimoniales de predios ubicados en zonas en inminente riesgo de desplazamiento; la segunda está dirigida a la protección individual de las personas desplazadas. Todo esto dentro de lo que se denominó Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (Rupta).

Del análisis también se desprendió la suplantación de personas y los falsos levantamientos de medidas de protección, situaciones que, dice el informe, ya fueron denunciados ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante los diferentes entes de control para las decisiones pertinentes.

En el texto se da cuenta de, por lo menos, 60 grandes predios que suman 37.167 hectáreas. Uno de los aspectos que más llama la atención es, precisamente, el hecho de que muchos pequeños parcelarios debieron abandonar sus tierras, tanto por la presión de grupos ilegales, como por las deudas con entidades como el Incora, Incoder o Sisa.

En la lista de grandes poseedores de terrenos, sin que contra ellos se haga señalamiento alguno específico, figuran: el particular Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, de quien se dice cuenta con 48 propiedades, que suman en total 4.650 hectáreas, seguido, en segundo lugar, por la empresa Agropecuaria Carmen de Bolívar, con 4.567 hectáreas.

En el tercer puesto está la Agropecuaria el Génesis, con 4.051 hectáreas; después la fiduciaria Fiducor, con 2.996, y la Reforestadora del Caribe, con 2.094 hectáreas. Enseguida van los nombres de 55 empresas más con propiedades en extensiones menores a las mencionadas.

Entre los registros uno de los nombres que llama la atención es el del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hoy distintos funcionarios analizan los aspectos que rodearon la compraventa de estos predios para determinar su licitud.

Lo que deja en claro este informe es, precisamente, que el mismo “constituye un insumo para las autoridades administrativas judiciales competentes” y se refuerza esta afirmación con la premisa de que “la propiedad privada es el núcleo esencial del derecho civil y base de la convivencia, la consolidación y crecimiento de la sociedad”.

No en vano su fin principal es “adelantar las acciones correctivas y preventivas que permitan corregir por vía administrativa las irregularidades”.



Ranking de noticias

DE INTERÉS

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese