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130 mil maestros afectados con una orden de embargo

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Cerca de 130 mil maestros del país se verán afectados con la decisión del juez promiscuo de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardy, quien autorizó el embargo de los recursos de Fiduprevisora para pagar pensiones.

Fiduprevisora S.A, entidad que administra el Fondo de Pensiones del Magisterio (Fomag), indicó que desde el pasado 26 de marzo se empezaron a pagar las más de 130.000 pensiones de los profesores jubilados y sus beneficiarios, correspondientes al mes de marzo de 2012.Señalaron que por orden del Juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba) los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) fueron embargados y que la orden judicial perjudica a más de 41.600 pensionados del magisterio a los que aún no se les ha hecho el pago de su mesada, equivalente a un total de 70 mil 900 millones de pesos.

En un comunicado a la opinión pública advirtieron además que el resto de recursos, es decir 120 mil millones de pesos, lograron ser pagados a los pensionados y a su beneficiarios, en su mayoría a aquellos que son bancarizados, con lo que se redujo el impacto de la medida.

Pese a las dificultades advirtieron que los dineros de su pensión están garantizados y que junto con el Gobierno Nacional se están buscando los mecanismos para hacer el pago de la mesada en el menor tiempo posible.

“Fiduprevisora es respetuosa de las decisiones judiciales y acata las ordenes de los jueces pero deja en claro que los recursos destinados al pago de pensiones son inembargables tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Código de Procedimiento Civil”, señalan directivos de la entidad.

Reiteraron que están ejerciendo las acciones legales pertinentes para contrarrestar las presuntas irregularidades que se vienen cometiendo con esta cadena de decisiones que provocaron el embargo de recursos, que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

 

Interviene procuraduría

Una acción de tutela fue impetrada por la Procuraduría General de la Nación con el fin frenar una decisión del Juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica que ordenó el embargo de recursos de Fiduprevisora por el orden de los 148 mil millones de pesos.

La suma corresponde al Fondo de Prestaciones del Magisterio y tendrían que utilizarse para pagar las pensiones de profesores que no tendrían derecho a las mismas.

Pese a que la administración había hecho una solicitud de revocatoria inmediata de la medida, el juez de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardy Galeano, consideró improcedente negarla y por el contrario ratificó la posibilidad del pago por vía ejecutiva laboral y dispuso el embargo.

Se estableció que la medida se tomó luego de un proceso instaurado por unos docentes en contra de la Fiduciaria La Previsora y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con lo planteado por la Procuraduría las resoluciones empleadas por los actores como títulos ejecutivos carecen de ese mérito y por lo tanto son ineficaces debido a que nunca fueron aprobados por la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Estableció además que conforme al Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto 1101 de 2007 son inembargables las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP.

Se indicó finalmente que sobre el tema de la inembargabilidad de los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social, de rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Participaciones, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, expidió las circulares números 022 de abril de 2010 y 034 de junio de 2010, en virtud de las cuales se exponen las razones jurídicas que fundamentan la inembargabilidad de estos recursos públicos.

Hay que anotar que el juez de Planeta Rica fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura y ante la Fiscalía General de la Nación por el proceso que tiene en vilo los 148 mil millones de pesos.

La denuncia fue instaurada por la delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social de la Procuraduría.

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