El próximo 29 de octubre se cumplirá en el municipio de Coveñas, la Agenda Ciudadana convocada por la Comisión Regional de Moralización del departamento de Sucre. Lina Marcela Pérez Petro, coordinadora del programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Sucre, dijo que los miembros de la Comisión escucharán las inquietudes ciudadanas respecto a presuntas irregularidades administrativas en esa localidad. La Agenda Ciudadana tendrá lugar en la institución educativa Ismael Contreras Meneses, a partir de las 9:00 de la mañana. Pérez Petro, informó que las inscripciones de los ciudadanos que participarán en la jornada se cumplieron en las oficinas de los organismos de control y en la Personería Municipal de Coveñas. La Comisión Regional de Moralización está integrada por la Procuraduría Regional de Sucre, Procuraduría Provincial de Sincelejo, Gerencia de la Contraloría General de la República, Dirección Seccional de Fiscalías, Defensoría del Pueblo, Tribunal Superior, Policía Judicial y Contraloría Departamental de Sucre, esta última ejerce la presidencia de la misma. La Coordinadora del Programa Anticorrupción, indicó que la Universidad Pontificia Bolivariana como socio estratégico de la Presidencia de la República en este proceso, tiene gran interés en que la ciudadanía del municipio de Coveñas deposite su confianza en la Comisión Regional de Moralización. Los organismos que convocan a la Agenda, indicaron que las intervenciones de los representantes de la comunidad deberán referirse al objeto de la audiencia y no exceder los 5 minutos, para que todos los asistentes puedan participar. Los miembros de la Comisión Regional de Moralización recibirán las quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas, al igual que los documentos que a bien tengan presentar como sustento a las mismas. La Agenda Ciudadana tendrá una duración de cuatro horas y será evaluada por los miembros de la Comisión el 30 de octubre, en reunión ordinaria. Asimismo, dieron a conocer que las denuncias, quejas o solicitudes de la ciudadanía serán tramitadas de acuerdo a la autonomía e independencia otorgada a las autoridades jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en los artículos 113, 121 y 228 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 5 de la Ley 270 de 1996.
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