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Colegios no podrán retener documentos por falta de pago

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Los colegios no podrán retener calificaciones, ni ningún documento por la falta del pago de pensiones.

En Córdoba, por ejemplo, si un alumno de un colegio privado no está al día con la pensión el día de la reunión de entrega de informes, este no es entregado a sus padres.

En el marco del inicio del nuevo período legislativo la senadora Nora García Burgos, radicó una iniciativa que proscribe la retención injustificada de títulos académicos por parte de instituciones educativas.

La iniciativa reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos económicos de las instituciones educativas.

“Con esto, se avanza significativamente en la protección de los derechos de los estudiantes y se brindan garantías reales que le permitan continuar con sus estudios o acceder a una instancia educativa superior”, indicó la congresista.

Adicionalmente, el proyecto contempla que el estudiante o a aquel que financie su educación no está exento de la ocurrencia de hechos que le imposibiliten dar cumplimiento a sus obligaciones.  No obstante, lo anterior no es motivo para retener injustificadamente el título académico que se obtiene por la satisfacción de todos los requisitos académicos impuestos por la institución, toda vez que tiene a su disposición una serie de mecanismos legales para lograr el cumplimiento de las mismas. 

La retención de los títulos impide que el estudiante participe en procesos de formación integrales, se le sitúa en un plano de desigualdad para la participación de diversos escenarios como el económico, político, y cultural, se le impide a acceder al mercado laboral, desarrollarse profesionalmente y se complica su situación militar”, señaló la senadora cordobesa.

El proyecto también considera los intereses que asisten a las instituciones educativas y desecha la cultura del no pago al imponer al interesado las obligaciones de acreditar ante la institución educativa, la justa o justas causas que imposibilitan el pago de sus obligaciones y su vez, demostrar que ha adelantado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las mismas.

De esta forma, se consideran los diversos intereses que entran en conflicto y se brinda una salida jurídica para superar los inconvenientes, teniendo como premisa fundamental que lo más importante es avanzar en el fortalecimiento de la educación en Colombia.

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